En los últimos años, el mundo ha sido sacudido por protestas, pacíficas y de otros tipos. Los resultados de un reciente estudio indican que la principal causa de las protestas alrededor del mundo, es una amplia gama de reclamos relacionados a las necesidades económicas. Sin embargo, hay una única demanda que supera a todas las otras, se refiere a aquello que impide el avance hacia la justicia económica: la falta de lo que los manifestantes caracterizan cada vez más como democracia “real”. Esto es así, en sistemas políticos de todos los tipos, desde los autoritarios hasta las viejas y nuevas democracias representativas. Sin embargo los reclamos basados en derechos son la fuerza motora detrás de un número significativamente menor de protestas, en tanto las que dominan la escena mundial en los últimos anos, es decir las orientadas por necesidades económicas, y las que demandan justicia económica, no han sido formuladas en el lenguaje de derechos. El presente artículo explora por qué esto sucede de esta forma y cómo los activistas de derechos humanos pueden comprender mejor las causas de la agitación social y la importancia que esto tiene para su trabajo.
En los últimos años, el mundo fue sacudido por protestas, pacíficas y de otros tipos. La primavera árabe, las protestas anti-austeridad en Europa, Occupy y el movimiento de las Plazas en todo el mundo nos resultan familiares por la amplia cobertura mediática internacional que recibieron. Estas protestas fueron en gran medida no violentas, pero también se dieron protestas violentas, particularmente en 2007-08 debido a las revueltas en torno a los precios de los alimentos, que recibieron bastante menos cobertura de los medios internacionales. Complejizando la agitación de los últimos años, donde también perduran algunas áreas de guerra civil y conflicto armado, se ha producido un creciente fracaso de los acuerdos políticos existentes a nivel local, nacional y global, para responder a las demandas presentadas por los manifestantes de forma pacífica, justa y ordenada. Por lo tanto, es de gran importancia entender qué está impulsando las protestas recientes, particularmente a nivel global.
Estos fueron los argumentos que contribuyeron a la realización del estudio “Protestas mundiales 2006-2013”1 que indagó sobre más de 500 fuentes de noticias locales e internacionales disponibles en Internet, para analizar 843 eventos de protesta (tanto violentos como no violentos, organizados y espontáneos), desarrollados entre enero de 2006 y julio de 2013 en 84 países, que cubren al 90% de la población mundial. Los investigadores buscaron evidencias sobre los principales reclamos y demandas, quiénes estaban protestando, qué métodos usaban, a qué se oponían o cuáles eran sus objetivos y cuáles fueron los resultados de las protestas, incluyendo logros y represión. El objetivo del estudio era documentar y caracterizar las manifestaciones de protesta desde el momento anterior al inicio de la reciente crisis económica mundial hasta la actualidad, examinar las tendencias globales, regionales y de acuerdo a los niveles de ingreso de los países, y presentar los principales reclamos y demandas de los manifestantes, a fin de comprender mejor las causales de la agitación social. El objetivo del presente artículo es indagar cómo pueden los resultados del estudio echar luces sobre una de las preguntas existenciales para los derechos humanos, tal como es presentada por los editores de este número conmemorativo del 10º Aniversario de SUR: ¿Son (todavía) los derechos humanos un lenguaje efectivo para producir el cambio social?.
El estudio “Protestas mundiales 2006-2013” señala que la tendencia de indignación y descontento expresada en las protestas puede estar creciendo alrededor del mundo. La principal causa de todas las protestas es un conjunto de reclamos relacionados a la justicia económica y contra las políticas de austeridad, que incluyen demandas de reforma de los servicios públicos y pensiones; creación de empleos dignos y mejores condiciones de trabajo; progresividad en la imposición fiscal y en los gastos públicos; reducir o eliminar las desigualdades; aliviar los bajos estándares de vida; implementar la reforma agraria; y garantizar precios accesibles para alimentos, energía y vivienda. A pesar de que las amplias demandas por justicia económica son numerosas y están generalizadas, sobresalen por sobre todos los reclamos, aquellos que apuntan al fracaso de la representación política. Señalan el tema que impide el avance hacia la justicia económica: la falta de democracia real (Ver el Figura 1 para una lista detallada de reclamos y demandas encontrados en el estudio).
Como exigencia fundamental en una crisis extendida de los sistemas políticos, la demanda por la democracia real es contrapuesta por muchos manifestantes a la democracia formal, cada vez más cuestionada alrededor del mundo, por servir a las elites y a los intereses privados. El estudio encontró demandas no sólo por una mejor gobernanza y por una representación más amplia, sino también por la participación universal directa y una sociedad en la que los principios democráticos –libertad, igualdad, justicia y solidaridad– se encuentren no sólo en las leyes y las instituciones, sino en la vida cotidiana (ERREJÓN, 2013. HARDT; NEGRI, 2004. RANCIÉRE, 2006). Esta demanda proviene de manifestantes de una variedad de sistemas políticos, y los patrones de protesta indican que no sólo los gobiernos autoritarios, sino también las democracias representativas, tanto viejas como nuevas, no consiguen escuchar y responder a las demandas de la mayoría de los ciudadanos.
Los reclamos expresados en base a derechos son uno de los principales grupos identificados en el estudio, pero son significativamente menores en número que aquellos vinculados a la justicia económica. Los reclamos y demandas basados en derechos se encuentran en menor cantidad de protestas en comparación con los vinculados al fracaso de la representación política o a la justicia global. En el estudio, los reclamos basados en derechos están identificados con derechos humanos, civiles y políticos, tales como libertad de asociación, de expresión y de prensa, y también por los derechos sociales y culturales de grupos étnicos, de inmigrantes, indígenas, LGBT, personas privadas de libertad, grupos raciales, religiosos y de mujeres (incluyendo protestas por la revocación de derechos existentes). El estudio también señala que algunas protestas son tanto por derechos económicos como civiles/políticos, principalmente derechos laborales y el derecho a los bienes comunes (digital, tierra, cultural, atmosférico). Sin embargo, las demandas por justicia económica que han dominado las protestas mundiales desde 2006 no han sido principalmente formuladas en el lenguaje de derechos, ni han buscado sus logros principalmente a través de la aplicación nacional de las normas internacionales. ¿Por qué? Tanto la evaluación en términos de realpolitik de los poderes e intereses de ambos lados y una evaluación crítica del encuadramiento de los derechos económicos, si se los compara con los derechos civiles y políticos, ofrecen algunas reflexiones.
En relación al tema de la realpolitik de la dinámica del poder, el estudio encuentra que los manifestantes de clase media de todas las edades, desde estudiantes hasta jubilados, se unen cada vez más a activistas de diferentes movimientos. No sólo en marchas o manifestaciones autorizadas, sino en un nuevo marco de protestas que incluyen actos con más potenciales consecuencias, incluyendo desobediencia civil y acción directa, tales como bloqueo de rutas, ocupaciones de calles en las ciudades y plazas, y eventos de educación popular y ‘happenings’ para concientizar sobre temas como deuda, impuestos justos para los servicios públicos y desigualdad. El impacto de las desigualdades en el sentimiento de las personas no debe ser subestimado cuando se trata de entender qué condujo a mucha gente a movilizarse y manifestarse en los últimos años, especialmente de las clases medias. Incluso en un país que ha tenido éxito en las políticas de combate a las grandes desigualdades, como Brasil, esto no parece ser suficiente para satisfacer las demandas populares, como se vio en junio de 2013 con la evolución de las protestas, desde demandas localizadas por un transporte público accesible, a demandas nacionales por cambios radicales en la protección social, distribución de la riqueza y corrupción gubernamental.
El otro lado de la dinámica de poder, se refiere a quiénes se oponen estas protestas (Tabla 1 “10 principales blancos”). El estudio muestra, de forma no sorpresiva, que el blanco de la mayoría de las protestas es el gobierno nacional en el país donde se desarrolla la protesta.2 Muchas protestas también denuncian explícitamente la política internacional y el sistema económico, la influencia de las corporaciones y el privilegio de las elites, incluyendo al sector financiero. Un gran número de protestas contra la austeridad implican al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo, que son en gran medida vistos como los principales arquitectos y defensores de la austeridad. El desafío que enfrentan los manifestantes, resumido de forma concisa en el Tabla 1, es conseguir no sólo un cambio social, sino justicia social. Y hacerlo en contra de poderosos intereses vinculados a gobiernos poco representativos y de instituciones financieras internacionales capturadas y dominadas por el poder corporativo y las elites financieras, todos los cuales resultan cómplices en el mantenimiento de un sistema económico que produce y reproduce desigualdad (lo que preocupa fuertemente a las clases medias) y privaciones (una preocupación constante de los más pobres del mundo). La represión experimentada por los manifestantes que buscan justicia económica, también ilustra sobre los desafíos que enfrentan y sobre los modos y métodos de protesta que han adoptado. No sólo las revueltas, sino más de la mitad de todas las protestas, vivenciaron algún tipo de represión en términos de arrestos, heridos o muertes en manos de autoridades, o posterior vigilancia de los manifestantes y grupos sospechosos –vigilancia que responden tanto a gobiernos como a corporaciones privadas.
Esta situación ya lleva bastante tiempo. La caída de los salarios y las jubilaciones condujeron a décadas de crecientes desigualdades y de menos oportunidades para el empleo decente y para una participación completa en la sociedad, especialmente de los jóvenes; lo que abrió el camino para que se unieran los manifestantes de clase media con trabajadores desempleados y precarios en todo este período. En cuanto a las protestas vinculadas a la política económica –que se dan como respuesta a la implementación de alguna política o ley o por la demanda de cambios políticos– la mayor cantidad de las mismas, se da en relación a subsidios, típicamente, cuando existe la amenaza de la quita de aquellos destinados a combustible o alimentos (Figura 2). Un gran número de protestas también se vincula a compensación laboral y regulación de la seguridad en el lugar de trabajo, a impuestos y regulación financiera, y a políticas fiscales y de seguridad social. Un menor número, concierne a intentos de regulación no financiera y cooperación fiscal internacional. En gran medida, estas protestas son una respuesta a la desintegración del contrato social que anteriormente vinculaba más fuertemente a las clases medias a nivel global con las políticas de las elites, incluyendo los remanentes del Estado de bienestar. Esta desintegración contribuye al creciente fracaso de los acuerdos políticos existentes a nivel local, nacional y global para tratar con los problemas y con las protestas de forma pacífica y justa. Los pueblos del mundo están movilizados por las necesidades económicas que continúan desatendidas porque son, y nunca en tan gran número, dejados fuera de los procesos políticos en los que se toman las decisiones sobre la economía. Además, son dejados fuera por las elites que se benefician directamente de esas decisiones.
¿Pueden las normas y acuerdos de derechos humanos ser un arma efectiva contra tal adversario, cuando su interés económico está en juego? La desigualdad, al punto que las protestas globales indican que es inaceptable, es la intención declarada del adversario. Este adversario enfrenta todas las objeciones con imperativos: priorizar el crecimiento y la desregulación, bajos índices de deuda en relación al PBI, derecho de los acreedores y el rol privilegiado de los intereses privados en la economía y el gobierno. ¿Puede ser que el éxito del movimiento Occupy e Indignados en cambiar el discurso en torno a la desigualdad se base en su resistencia a formular las demandas como una lista de políticas a ser presentadas a tales autoridades?
Este es el debate de la filósofa Judith Butler en su ensayo de 2012, titulado “¿Y cuáles son las demandas?” refiriéndose a la cuestión que repetidamente se le hacía al movimiento Occupy, que evitó dar una respuesta concreta. Butler señala que incluso la más amplia lista de demandas –incluyendo por ejemplo, empleos para todos, y el fin de las ejecuciones hipotecarias y el perdón de las deudas de los estudiantes, entre otras– no consigue expresar la ambición última del movimiento, que es la de resistir a la desigualdad. Ella argumenta, que esto es así porque esta lista no puede comunicar cómo esas demandas están relacionadas, y además, el fin de la desigualdad no puede ser visto como una demanda más entre otras, sino como el marco general. Por el contario, el problema requiere un enfoque unificador y sistémico (BUTLER, 2012).
Irónicamente, a pesar del principio de que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, el campo de derechos humanos carece de un enfoque que unifique a los derechos económicos, sociales y culturales, por un lado y a los derechos civiles y políticos por otro. El progreso en los derechos civiles y políticos, la así llamada “primera generación” de derechos humanos, tales como el derecho de asociación, de expresión y de religión, se controla verificando la presencia relativamente poco ambigua, o la ausencia, de resultados negativos (por ejemplo, incidencia de encarcelamiento arbitrario o censura), mientras que el progreso de los derechos económicos, sociales y culturales, la “segunda generación” de derechos humanos, monitorea su realización progresiva a lo largo del tiempo (UNITED NATIONS, 2012). En el caso de los derechos económicos, se hace a través de indicadores económicos que muchos manifestantes pensarían que son inaccesibles debido a su naturaleza técnica.
Algunos economistas han realizado un excelente trabajo para repensar la macroeconomía desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo modelos de auditoría para la política económica de EEUU y México, dirigidas por Radhika Balakrishnan, Diane Elson y Raj Patel en 2009 (BALAKRISHNAN; ELSON; PATEL, 2009). A su vez los Resultados, Iniciativas Políticas y Recursos (OPERA sus siglas en inglés) para construir un Marco de Evaluación general, desarrollado en 2012 Center for Economic and Social Rights y organizaciones aliadas, busca crear un esquema general para que militantes y activistas puedan construir una argumentación bien justificada sobre el nivel de cumplimiento del Estado (CORKERY; WAY; WISNIEWSKI, 2012). A pesar de este trabajo, quedan dudas sobre la utilidad de usar a los derechos humanos para enfrentar la injusticia económica, precisamente porque estas son metas legales y políticas que requieren democracias que puedan responder, con participación ciudadana significativa. Sin embargo, este es el problema central que bloquea el progreso hacia sistemas económicos más equitativos. Tal vez, sea por eso que estos economistas que trabajan en base a los derechos humanos tengan metas tan modestas, apuntando menos a un cambio radical que a “orientar la política económica en una mejor dirección, a través de la identificación de políticas que puedan ser inconsistentes con las obligaciones de los derechos humanos” (BALAKRISHNAN; ELSON; PATEL, 2009). Si bien su trabajo es una excelente guía para la política económica en las democracias reales, en tanto que herramienta para el tipo de cambio de sistema que de hecho enfrentaría las desigualdades, su valor queda fuertemente limitado a la voluntad política.
Los resultados del estudio “Protestas Globales 2006-2013” y otras iniciativas de mapeo y de comprensión de los componentes de la protesta global –quién está protestando y dónde, contra qué entidades y con qué métodos, enfrentando qué tipo de represión y cuáles son los resultados–, debería ser de gran interés para aquellos que trabajan en el campo de los derechos humanos. Muestran que muchas de las protestas que sacudieron al mundo en los últimos años, enmarcan sus reclamos en los derechos, pero la mayoría de las protestas y específicamente aquellas que apuntan a cambiar el sistema económico –particularmente la producción y reproducción de desigualdades– no lo hicieron, sino que los presentaron más bien, en términos de justicia económica y en la necesidad de una democracia real. En conclusión, se espera que aquellos que piensen a largo plazo y estratégicamente dentro de estos movimientos de protesta, particularmente aquellos capaces de crear estrategias tanto a nivel nacional como internacional, se den cuenta de que el avance de los derechos humanos es necesario (aunque no suficiente) para alcanzar sus objetivos últimos.
1. Septiembre 2013. Documento de trabajo de Isabel Ortiz, Directora del Programa de Justicia Social Global de Initiative for Policy Dialogue (IDP); Sara Burke, Analista Política para Friedrich-Ebert-Stiftung New York (FES-NY); y asistentes de investigación Mohamed Berrada y Hernán Cortés, doctorandos en economía y relaciones internacionales respectivamente. Este estudio contó con el patrocinio de FES – NY y IPD. El documento completo está disponible en: http://policydialogue.org/files/publications/World_Protests_2006-2013-Complete_and_Final_4282014.pdf. Visitado el: 15 ago. 2014.
2. Nota: Muchas protestas tienen más de un blanco.
Bibliografía y otras fuentes
BALAKRISHNAN, Radhika; ELSON, Diane; PATEL, Raj. 2009. Rethinking Macro Economic Strategies from a Human Rights Perspective. US Human Rights Network.
BUTLER, Judith. 2012. So, What Are the Demands?. Tidal: Occupy Theory, Occupy Strategy. March. Disponible en: https://docs.google.com/file/d/0B8k8g5Bb3BxdbTNjZVJGa1NTXy1pTk4ycE1vTkswQQ/edit?pli=1. Visitado el: 15 ago. 2014.
CORKERY, Allison; WAY, Sally-Anne; WISNIEWSKI O., Victoria. 2012. The Opera Framework: Assessing compliance with the obligation to fulfill economic, social and cultural rights. Center for Economic and Social Rights, Brooklyn, USA.
ERREJÓN G., Íñigo. 2013. The People United Will Never Be Defeated: The M15 movement and the political crisis in Spain. In: PUSCHRA W.; BURKE, S. (Orgs.). The Future We the People Need: Voices from New Social Movements in North Africa, Middle East, Europe & North America. New York: Friedrich-Ebert-Stiftung. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/09610-20130215.pdf. Visitado el: 15 ago. 2014.
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. 2004. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York: Penguin Books.
ORTIZ, Isabel; BURKE, Sara; BERRADA, Mohamed; CORTÉS, Hernán. 2013. World Protest 2006-2013. IPD/FES Working Paper, New York. September. Disponible en: http://www.fes-globalization.org/new_york/wp-content/uploads/2014/03/World-Protests-2006-2013-Complete-and-Final.pdf. Visitado en: Jul. 2014.
RANCIÈRE, Jacques. 2006. Hatred of Democracy. Translation: Corcoran, Steve. 2006. London: Verso.
UNITED NATIONS. 2012. Office of the High Commissioner for Human Rights. Human Rights Indicators: Measurement and Implementation. UN Doc. HR/PUB/12/5/. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf. Visitado el: 15 ago. 2014.
