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El movimiento global de derechos humanos en el siglo XXI11. Agradecemos a Marcela Perelman, Directora del Área de Investigación del CELS, por sus valiosos aportes en la elaboración de este artículo.

Gastón Chillier y Pétalla Brandão Timo

reflexiones desde la perspectiva de una ONG nacional de derechos humanos del Sur

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RESUMEN

El siguiente artículo analiza las transformaciones producidas en las últimas décadas en el movimiento global de derechos humanos, a partir del renovado involucramiento protagonizado por alianzas de organizaciones provenientes de países del Sur Global. Desde la perspectiva de una organización de derechos humanos con trabajo nacional en Argentina, reflexionamos sobre nuestras estrategias y analizamos novedades en los procesos de configuración de agendas internacionales de derechos humanos, efectos sobre los mecanismos e instituciones y sobre la capacidad de implementación de las decisiones alcanzadas. 

Palabras Clave

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1.  Introducción

El movimiento global de derechos humanos (MGDH) ha atravesado notables transformaciones en los últimos 65 años, desde que en 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hito y marco simbólico fundacional de este movimiento. Como resultado de procesos socioeconómicos y geopolíticos, el MGDH ha atravesado cambios y se afianzó a partir de los años sesenta, cuando se fundan un conjunto de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y Europa que, como activistas por las libertades civiles, se constituyen en un actor importante en la escena política (NEIER, 2003). Hasta fines de los 1980 lo que se verificó fue la consolidación de un modelo específico de activismo transnacional, que se plasmaba en una división del trabajo dentro del MGDH, según la cual las organizaciones locales aportaban el trabajo en los países recabando las denuncias, al paso que las organizaciones internacionales las potenciaban en la arena global.

Finalizada la primera década del siglo XXI existe un amplio consenso, entre aquellos que integran el MGDH – organizaciones sociales, académicos y expertos, funcionarios de organizaciones internacionales, etc. – sobre la configuración de un nuevo contexto que ha llevado a repensar el modelo que durante muchos años guió las formas de organización del MGDH, sus tácticas y estrategias.

Por MGDH nos referimos a un conglomerado de actores sociales que se encuentran articulados a partir de valores y discursos comunes y que operan a nivel internacional en pos de un objetivo común: la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, así como también el fortalecimiento de sistemas y mecanismos institucionales para la realización de este propósito. Algunos estudios enfatizan la ausencia de liderazgos verticalistas en el MGDH y lo conceptualizan como una “red de apoyo transnacional”, como un tipo de activismo que se caracteriza por establecer relaciones horizontales, voluntarias, recíprocas y de intercambio.

El crecimiento en cantidad y diversidad de organizaciones que integran el MGDH en los últimos años plantea un escenario más complejo. Por ejemplo, algunas organizaciones nacionales de derechos humanos aumentaron su proyección global, expandieron y fortalecieron su agenda de trabajo a nivel regional e internacional. Organizaciones de larga trayectoria en el uso de los mecanismos internacionales de protección para enfrentar violaciones de derechos humanos al interior de sus propios países, diversificaron sus acciones para asumir nuevos roles en discusiones globales, tanto en la definición de agendas como en los debates sobre institucionalidad.

En el presente artículo buscamos reflexionar, a partir de nuestro trabajo en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sobre el contexto y las experiencias que atravesó esta organización nacional de derechos humanos de Argentina al reformular y ampliar sus acciones de trabajo internacional, como también sobre las implicancias de esta renovación en su trabajo local y global.

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2.  Transformaciones del Movimiento Global de Derechos Humanos

Un panorama muy sucinto sobre el recorrido histórico del MGDH permite caracterizar de modo esquemático cuatro períodos principales: la década de 1950, de 1960 a 1980, la década de 1990 y de 2000 en adelante.

Luego de la adopción de la Declaración Universal, la esfera internacional permaneció dominada por diplomáticos y funcionarios articulados alrededor del ideal de evitar atrocidades como las cometidas durante la aun cercana Segunda Guerra Mundial. A principios de los años sesenta se dio una incipiente apertura a la participación de la sociedad civil, que fue ampliada durante los setenta (POSNER, 1997) con la creación de algunas de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, International Commission of Jurists, Center for Legal and Social Policy, Washington Office for Latin America, y Human Rights Watch. El MGDH asumió un modelo particular de activismo transnacional con predominancia de la acción de dichas organizaciones.

Las acciones centrales eran la elaboración normativa e institucional, que se tradujeron en la incidencia sobre los procesos de codificación y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Las prácticas violatorias de derechos eran expuestas principalmente por medio de informes públicos que denunciaban las situaciones y las responsabilidades de los Estados ante la comunidad internacional, en la lógica de “nombrar y avergonzar.” Este tipo de campañas obedecía a un patrón que Keck y Sikkink (1999) denominaron como “boomerang”, haciendo referencia a una triangulación entre ONG internacionales provenientes del Norte occidental, y actores locales del “Sur subdesarrollado”. Esta dinámica, que apelaba a la presión internacional como modo de condicionar la actuación de los Estados, contribuyó decisivamente a exponer las prácticas masivas y sistemáticas de violación de derechos humanos, por ejemplo aquellas llevadas a cabo por los regímenes dictatoriales, especialmente entre los años 1960 y 1980, en diversos países de la región latino-americana.

Durante los noventa las transformaciones socioeconómicas y geopolíticas posteriores a la Guerra Fría y las preocupaciones socio-ambientales generaron transformaciones importantes en el seno del MGDH. La diferenciación entre derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, fue cuestionada y re-conceptualizada. En América Latina, los años de democracia llevaron a considerar que el análisis y la denuncia de las acciones y omisiones de los Estados debían complementarse con otras dimensiones relevantes, como las condiciones de desigualdad y la acción de actores no estatales. Debe recordarse que estos cambios de paradigma se produjeron alrededor del fortalecimiento de tendencias neoliberales de gobierno que partían de una concepción de Estado mínimo. El énfasis denuncista del MGDH debió contrapesarse con componentes asociados a la prevención de violaciones de derechos humanos y, en tal sentido, a la formulación de políticas públicas orientadas a fortalecer Estados protectores de derechos.

También durante los años noventa operaron transformaciones a nivel de los movimientos sociales locales y este proceso también influenció al MGDH. Tuvieron lugar las “grandes conferencias internacionales”, como la conocida Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, en 1993, con amplia participación de organizaciones no-gubernamentales. En América Latina, en el marco de procesos de recuperación democrática en la región, existió una diversificación y avivamiento de los movimientos sociales y una progresiva organización de la sociedad civil. Esta gradual y continua ampliación de la esfera de participación pública a nivel local y global señalaron oportunidades y necesidades de coordinación y cooperación en varios niveles y entre distintos actores para responder adecuadamente a las complejas problemáticas de derechos humanos.

Una serie de eventos ocurridos a principios de los años 2000 configuraron un nuevo tiempo: las transformaciones en el peso de las economías regionales en el mundo;1 las consecuencias en materia de derechos humanos de la “guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos, y la incorporación intensiva de tecnologías de comunicaciones al trabajo de investigación, documentación y comunicación,2 entre otros factores. Cambios en la distribución de poder en escala mundial generaron presiones sobre las estructuras de gobernanza, suscitando cuestionamientos sobre la legitimidad, representación y participación en un contexto de mayor multipolaridad. Asimismo, principalmente a partir del 11 de septiembre de 2001, también fue objeto de cuestionamiento y tensión geopolítica el liderazgo a nivel global que actores del Norte ejercían en materia de derechos humanos.

Particularmente en América Latina, las últimas décadas significaron un periodo de estabilidad de los regímenes democráticos – aun con matices, tensiones y excepciones – que ha colocado la necesidad de replantear los modos de relación entre los Estados y los órganos internacionales de derechos humanos.3 Además, en nuestra región se dió el asenso de gobiernos con fuertes agendas sociales y con una mirada propia en materia de derechos humanos, lo que se reflejó sobre las prioridades en políticas públicas, así como en términos de desarrollo socioeconómico. Esta impronta estatal generó, consecuentemente, nuevas complejidades para las estrategias y legitimidad del MGDH.

En suma estos factores condicionaron al MGDH en relación con sus sistemas y mecanismos, el tipo de relación que se plantea con los Estados y la legitimidad de sus principales actores. El contexto actual desafía la efectividad del modelo tradicional de intervención en varios niveles. Surgen diversos cuestionamientos que, por un lado, tienen que ver con una legitimidad política en relación con el punto de enunciación de las intervenciones: ¿Desde dónde intervenimos? ¿Con qué alianzas? ¿Con qué historia de participación e interlocución con los actores sobre los que se busca incidir?

Por otro lado, en relación con los modos de configuración de las agendas temáticas y jerarquías de problemas que expresan: ¿Cuáles factores juegan un papel determinante para priorizar temas y/o situaciones en detrimento de otros? ¿Se trata solamente de señalar el desacople entre prioridades “universales” de derechos humanos y lo que se verifica en la realidad? La forma frecuentemente salteada y asimétrica de relación entre las ONG internacionales y los actores locales, en muchos casos, no habilita procesos que integren estrategias, problemáticas y matices propios de los procesos sostenidos localmente.

Finalmente, la necesidad de reflexionar sobre los efectos concretos de las estrategias del MGDH a partir de su comprometimiento con los procesos de implementación a nivel local, necesarios para una transformación de las condiciones para la prevención de violaciones de derechos humanos o para la real protección de tales derechos. En contextos democráticos, las posibilidades de implementación de las decisiones asumidas a nivel internacional dependen de la capacidad de sostener largos y tediosos procesos de ejecución local, de participar en las instancias de definición operativa de los compromisos asumidos en sedes regionales e internacionales, de mantener contacto con los actores y las problemáticas para poder captar las transformaciones que los mismos procesos provocan. Ello principalmente cuando las organizaciones buscan incidir en condiciones estructurales que habilitan patrones de violación de derechos, según estrategias orientadas a la interlocución con miras a fortalecer el rol del Estado como protector de derechos, y que van más allá de la mera denuncia ante situaciones de emergencia o la intervención ante crisis agudas.

Este necesario compromiso en la efectiva realización de los derechos humanos, supone la capacidad de las organizaciones sociales de relacionarse con los actores estatales no exclusivamente desde un lugar de denuncia, sino que también y como interlocutores en los procesos de transformación. Requiere, en este sentido, una comprensión del Estado como entidad heterogénea, llena de contradicciones y fisuras.

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3.  Transformaciones del trabajo internacional de una organización nacional de derechos humanos del Sur

El CELS trabajó desde su creación como actor en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, en alianza con otros actores locales e internacionales con la visión de impulsar cambios hacia el ámbito local. La denuncia y construcción de redes de solidaridad transnacional constituye una de las estrategias primarias de nuestra institución desde su fundación en 1979, en el marco de la preparación de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina, que constituyó un paso decisivo para revelar las violaciones perpetradas por la dictadura militar en el país en ese entonces.

Sin embargo en el escenario de transformaciones del MGDH propio del comienzo de este siglo, algunas acciones internacionales comenzaron a presentar una efectividad limitada para incidir domésticamente. En paralelo, los sistemas internacionales de protección de derechos humanos atraviesan importantes cuestionamientos a su legitimidad –tal como evidenciaron los recientes procesos de reforma y fortalecimiento tanto a nivel interamericano como de la ONU– al paso que el modelo tradicional de actuación del MGDH se mostraba insuficiente y débil para responder a estos planteamientos, así como para hacer frente a las problemáticas contemporáneas de derechos humanos en el terreno.4 Al mismo tiempo, en Argentina el movimiento local de derechos humanos atravesaba cambios desde la crisis económica, social e institucional que impactó en toda la matriz sociopolítica en 2001.

En este marco, para recobrar su eficacia, el trabajo internacional debía responder tanto a las transformaciones globales descriptas antes, como a los modos en que entendimos nuestro activismo en el escenario nacional. El conocimiento acumulado sobre los resultados positivos de las estrategias internacionales mantuvo el interés de la institución en buscar formas novedosas de incidencia para ese trabajo. Percibimos entonces que algunas de estas debilidades podrían ser contrapesadas por un proceso de retroalimentación en que el trabajo nacional y el conocimiento cercano de las problemáticas de derechos humanos nutren a los mecanismos y estándares regionales e internacionales que, a su vez, son utilizados para la incidencia en el ámbito local.

Históricamente, el CELS se fundó con el objetivo de trabajar en el litigio de casos testigo, individuales y colectivos;5 la documentación e investigación de violaciones a derechos humanos y la creación de alianzas con otros actores sociales nacionales e internacionales. A partir del retorno a un sistema democrático en Argentina en 1983, la organización respondió a la necesidad de expandir el alcance de su trabajo hacía la protección y promoción de los derechos humanos en democracia. Además de sostener el trabajo de denuncia, la institución orientó sus objetivos a incidir en los procesos de formulación de políticas públicas, impulsar reformas legales e institucionales para mejorar la calidad institucional y promover el ejercicio de derechos por parte de los sectores más desprotegidos.

Por ende, a su trabajo persistente en reclamo de memoria, verdad y justicia contra la impunidad por los crímenes cometidos durante la última dictadura, el CELS amplió su agenda en dos sentidos. Por un lado, incorporó nuevas problemáticas, tales como: derechos económicos, sociales y culturales; sistema de justicia; migraciones; cárceles y justicia penal; salud mental; y fuerzas armadas. Por el otro, estas temáticas fueron asumidas tanto como ámbito de denuncia, como de incidencia para la transformación de las condiciones que dan lugar a tales problemas. Por ejemplo, las denuncias sobre violencia institucional fueron permanentemente acompañadas por el trabajo sobre las lógicas de funcionamiento de las burocracias a cargo de la seguridad pública, su estudio y la identificación de ámbitos posibles de intervención e incidencia.

En Argentina posterior a la crisis de 2001 se produjeron profundos cambios en los organismos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. Este escenario presentó nuevos desafíos en el modo de construir alianzas y planteó nuevos interrogantes sobre cómo llevar adelante el activismo en derechos humanos en relación con un nuevo gobierno que incorporó en el centro de su agenda la demanda histórica del movimiento nacional de derechos humanos por “verdad y justicia”, y en alianza con varios actores. El posicionamiento en este contexto tuvo impacto en los modos de seleccionar y sostener el litigio estratégico, las formas de acceso al campo y producir conocimiento en las líneas de investigación y, en general, en todas las líneas de trabajo.

El CELS, entonces, amplió y profundizó su trabajo internacional de acuerdo con esta visión de su lugar en el país y en el mundo.

Ello significó también que la organización asumiera institucionalmente la necesidad de trabajar con alianzas estratégicas para re-legitimar y hacer más eficientes los mecanismos internacionales de protección de acuerdo a cómo entendimos los nuevos tiempos. Los procesos de reforma y fortalecimiento tanto a nivel interamericano como de la ONU involucraron gran diversidad de actores e intereses en juego, en los que se entremezclaron críticas sobre los modos de desempeño de los órganos, con propuestas que cuestionaban su alcance y competencias. Al compás de estos procesos, asistimos a la multiplicación de nuevos espacios institucionales de decisión política con potencial impacto en derechos humanos, principalmente a nivel subregional – a ejemplo de los procesos a nivel de MERCOSUR y UNASUR. En paralelo, foros políticos no-especializados se revelaron cada vez más permeables a la retorica de los derechos humanos. En suma estos factores evidenciaron una falta de complementariedad estratégica entre los esfuerzos generados en los distintos foros e instrumentos creados a nivel regional e internacional con mandato en derechos humanos.

La proyección del trabajo internacional del CELS como organización nacional también demanda mayor reflexión acerca de la naturaleza del vínculo entre las problemáticas locales y las que nos comparten aliados de otros países. En algunos casos, se trata de fenómenos trasnacionales o manifestaciones locales de problemáticas globales que requieren lecturas y propuestas de ese nivel – como por ejemplo las migraciones. En otros casos, verificamos regularidades o coincidencias, para las cuales no siempre pueden identificarse ramificaciones causales que las inscriban como parte de procesos convergentes, pero que sí nos convocan a compartir experiencia en el enfrentamiento de problemas semejantes – a ejemplo de las prácticas abusivas por las fuerzas de seguridad. El refinamiento de estos diagnósticos resulta crítico para trazar estrategias efectivas con aliados de otros países, cuyos efectos locales habiliten la posibilidad de resultados reales.

A continuación describimos algunos aspectos y ejemplos de acciones, ilustrativos del proceso más amplio de transformación del trabajo internacional del CELS.

En relación con la definición de la agenda internacional, el CELS hace el esfuerzo de articulación entre el trabajo local –atendiendo la configuración que en cada momento asume el activismo del equipo en Argentina– y la perspectiva regional o internacional construida con pares de otros países, teniendo en cuenta las problemáticas presentes en sus respectivas realidades nacionales, así como los desarrollos normativos y funcionamiento de mecanismos en los sistemas de protección. El trabajo en coaliciones horizontales resulta una modalidad imprescindible en el contexto de multipolaridad, ya que los cambios geopolíticos a los que hicimos referencia en el apartado anterior exigen revisar formas de articulación y coordinación en el seno del MGDH, así como ampliar las voces de organizaciones locales del Sur en las arenas internacionales.

Un paso central en esta dirección fue la decisión en 2010 de establecer conjuntamente con Conectas Derechos Humanos, de Brasil, y Corporación Humanas, de Chile, una representación en Ginebra, para asumir una participación directa en los debates de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU),6 que históricamente había sido mediada por organizaciones globales de derechos humanos. Complementariamente, se decidió participar en una red de organizaciones llamada HRCNet, compuesta por organizaciones internacionales y nacionales de diversas regiones, que se articulan para monitorear e incidir sobre las actividades del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Otro paso importante fue la conformación de la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO, según la sigla en inglés), establecida formalmente en 2012 tras años de reuniones y coordinación entre sus miembros. La INCLO consiste en una iniciativa pionera en congregar diez organizaciones nacionales de derechos humanos de Europa, de América del Sur y del Norte, África y de medio-oriente, que emprenden un trabajo internacional coordinado. Como organizaciones con larga trayectoria en sus respectivos países, cada una de ellas cuenta con trabajo y alianzas locales sostenidos.

En términos sustantivos, un ejemplo de impacto en agenda que trasciende el universo institucional tradicional de los derechos humanos son las contribuciones que impulsamos, principalmente a partir de 2013, junto a Conectas en el proceso de revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,7 encauzado en el ámbito de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU. La participación de organizaciones nacionales con experiencia en la aplicación de estas Reglas en el plano local, puso en evidencia cuestiones que no estaban contempladas en el proceso de revisión de estos estándares, pero que son de extrema relevancia para los sistemas de privación de libertad y justicia penal en Argentina, Brasil y más ampliamente en la región. Entre otros aspectos, cuestiones como el hacinamiento carcelario y las requisas íntimas, lo que muestra la importancia de influir en el proceso de discusión desde la experiencia en la implementación práctica.

El CELS es parte de varios otros procesos de articulación a nivel regional y subregional, como la coordinación entre diversas organizaciones para trabajar temas como justicia transicional y derechos humanos en las fronteras. El trabajo con aliados resulta fundamental para el monitoreo y la incidencia durante los procesos de fortalecimiento institucional, los que acompañamos y a los que aportamos durante los últimos procesos de fortalecimiento de la CIDH a nivel interamericano y de los órganos de tratado a nivel ONU.

La naturaleza del vínculo, los modos de interlocución y construcción de alianzas con otros actores locales – víctimas, movimientos sociales, operadores políticos del Estado – resulta orientadora para el modo de desplegar las estrategias locales e internacionales en forma coordinada. La experiencia y el conocimiento de herramientas específicas como el litigio estratégico y las acciones internacionales constituyen un aporte de nuestra organización en la conformación de alianzas estratégicas con otros actores.

El conocimiento profesional y especializado puede colocar a una organización en un supuesto lugar de liderazgo “perjudicial y contraproducente para lograr el cambio deseado” (BUKOVSKÁ, 2008. p. 8). Por esta razón, es necesario promover construcción colectiva de conocimiento, de estrategias y de objetivos de transformación comunes. En este contexto, en el presente, las relaciones con otros actores, se alejan del abordaje tradicional de “representación legal” en un caso judicial o “fuentes” para la elaboración de un informe, sino también un trabajo coordinado con aliados. En términos concretos, cuando se sostienen acciones internacionales, lo hace mano a mano con sus aliados, pares locales de Argentina y de otros países. Un ejemplo de ese tipo de aproximación a que nos referimos es la relación entre el CELS y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), actual secretaria-ejecutiva de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC- Vía Campesina).8

El trabajo sostenido a nivel local también exige – y habilita – mayor capacidad de interlocución con agencias del Estado. Asimismo, nos permite captar los matices de las situaciones y escapar de generalizaciones que no conducen a cambios reales, orientados a las circunstancias particulares.

Nuestra experiencia desde este lugar concretiza un esfuerzo para lograr trabajar en varios niveles, negociando entre sistemas locales, regionales y globales, con miras a, por un lado, traducir los discursos de la arena del derecho internacional a situaciones reales de vulneración, y por otro lado encuadrar reivindicaciones locales en términos de principios y prácticas globales de derechos humanos. Algunos autores han denominado este procesos como “vernacularización” (MERRY, 2006).

El sentido último por detrás de todas las acciones internacionales del CELS es el impacto en el terreno. Para nosotros el hecho de que una actividad internacional no se justifique aisladamente implica un proceso continuo de construcción colectiva y seguimiento, en interlocución permanente con las autoridades estatales. Ello constituye sin duda un aporte valioso en términos de capacidad de implementación. Un ejemplo simbólico basado en nuestro trabajo activo desde el CELS es el proceso de implementación en Argentina del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.9

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4.  Consideraciones finales

El CELS ha sido, por medio de estrategias diversas, un actor en instancias locales, regionales e internacionales de derechos humanos desde su creación en 1979. Transformaciones globales de diferente tipo han repercutido y puesto en cuestión instancias internacionales de protección de derechos humanos, y parte de esos procesos también han transformado el movimiento local. El CELS ha registrado esos cambios, ha profundizado sus alianzas estratégicas en el país y su trabajo internacional. La expansión del trabajo internacional de nuestra organización también tiene que ver, en ese sentido, con un proceso de necesaria relegitimación de estos espacios internacionales desde una perspectiva nacional del Sur Global.

El MGDH ha mostrado un fuerte poder de resistencia y transformación en el mundo y los actores comprometidos en él debemos aportar a mejorar sus impactos y a reflexionar sobre los mejores roles y estrategias para sus diferentes componentes –organizaciones nacionales, internacionales, mecanismos del sistema, Estados– a fin de sostener las redes más efectivas para la ampliación del ejercicio efectivo de derechos para todas las personas.

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Notas

1. Conforme destacado en el último Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “por primera vez en 150 años, la producción combinada de las tres economías líderes del mundo en desarrollo, Brasil, China e India, es prácticamente igual al [Producto Interno Bruto] PIB combinado de las potencias industriales más consolidadas del Norte,” y si bien “los países más grandes han logrado rápidos avances (…) también se ha registrado un progreso significativo en economías más pequeñas” (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 2013. pp. 1 – 2).

2. La revolución de las tecnologías de telecomunicaciones impacta sobre el MGDH tanto en relación con los modos de investigación y articulación, como en agendas de problemas derivadas de su uso – por ejemplo, la reciente polémica en torno a las revelaciones sobre vigilancia y espionaje en escala global.

3. Ver Kletzel, G.; Timo, P. & Cárdenas, E. (2014) Sistema Interamericano, el principio de subsidiariedad revisitado en el escenario actual de la región. Capítulo del Informe Anual 2014 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Argentina: Editorial Siglo Veintiuno. [en prensa].

4. Podemos afirmar que otros actores coincidieron en una interpretaron similar de este panorama, lo que redundó por ejemplo en cambios en el escenario internacional de financiamiento. Este componente ha posibilitado en términos pragmáticos a la expansión del trabajo internacional del CELS.

5. Ver Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (2008) La lucha por el derecho, 1a ed., Buenos Aires: Siglo XXI. Editores Argentina.

6. En el 2012 el CELS logra el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU.

7. Ver Documento de Aportes del CELS y Conectas para el Proceso de Revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, disponible en: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/EGM-Uploads/IEGM_Brazil_Jan_2014/IEGM_Vienna_25-28-March-2014/CELS-S-VMTG.pdf. Visitado en: sept. 2014.

8. La alianza CELS, MNCI y CLOC-Vía Campesina posibilitó realizar conjuntamente una audiencia temática ante la CIDH, durante su 149 periodo de sesiones, que por primera vez trató de la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las comunidades campesinas en la región de América Latina y el Caribe. Similarmente, otro ejemplo es la coordinación entre 14 organizaciones de la región, incluyendo el CELS y organizaciones de familiares y personas con problemas de salud mental, que logró la realización en el marco del 150 periodo de sesiones de la CIDH de una audiencia temática sobre capacidad jurídica y acceso a la justicia de las personas con discapacidad, en particular psicosocial. Esta audiencia contó con la participación de usuarios del sistema de salud mental quienes expusieron la problemática por primera vez ante este mecanismo regional.

9. Ver Explicación del Proyecto presentado por las organizaciones de la sociedad civil para la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OP-CAT) ratificado por Argentina en 2004, disponible en: http://www.cels.org.ar/common/documentos/opcat_explicacion.pdf. Visitado en: sept. 2014.

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Referencias

Bibliografía y otras fuentes

BUKOVSKÁ, Barbora. 2008. Perpetrating good: unintended consequences of international human rights advocacy. SUR, v. 5, n. 9. Disponible en: http://www.surjournal.org/eng/conteudos/pdf/9/bukovska.pdf. Visitado en: sept. 2014.

KECK, Margaret; SIKKINK, Katrhyn. 1999. Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics. UNESCO: Blackwell Publishers.

MERRY, Sally. 2006. Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle. American Anthropologist, v. 108, n. 1, pp. 38-51.

NEIER, Aryeh. 2003. Taking Liberties: Four Decades in the Struggle for Rights. 1st edition. New York: Public Affairs.

POSNER, Michael. 1997. Human Rights and Non-Governmental Organizations on the Eve of the Next Century. Fordham Law Review, v. 66, n. 2.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 2013. Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_summary_0.pdf. Visitado en: Sep. 2014.

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Gastón Chillier

Gastón Chillier es director-ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina) desde 2006. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y tiene una Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Email: gchillier@cels.org.ar

Original en español.

Recibido en septiembre de 2014.

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Pétalla Brandão Timo

Pétalla Brandão Timo es miembro del Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina). Pétalla es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia, Brasil, y posee Master en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza.

Email: ptimo@cels.org.ar

Original en español.

Recibido en septiembre de 2014.