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La lucha por los derechos humanos en Indonesia

Haris Azhar

Avances internacionales, obstáculos nacionales

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RESUMEN

Después de la caída del régimen autoritario de Suharto en 1998, los derechos humanos han sido reconocidos sólo de manera formal, en la legislación y en la Constitución en Indonesia. No obstante, la sociedad civil de ese país ha logrado superar su antiguo temor al autoritarismo y ha elevado su voz de forma vibrante, incluso en los medios, en lo que se ha llamado una apertura democrática. En el presente artículo, el autor describe el desafío que representa la impunidad ante las violaciones de derechos humanos en la Indonesia actual. Así como el rol que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional para resistir la perpetuación de las violaciones de derechos humanos. Por último, el autor reflexiona sobre el rol de Indonesia en el escenario internacional como potencia emergente y lo que eso significa para la protección de los derechos humanos en el país.

Palabras Clave

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Los derechos humanos han sido reconocidos sólo de manera formal, en la legislación y en la Constitución en Indonesia, después de la caída del régimen autoritario de Suharto en 1998. La sociedad civil ha logrado superar su antiguo temor al autoritarismo y ha elevado su voz de forma vibrante, incluso en los medios, en lo que se ha llamado una apertura democrática. Varias entidades se han expresado abiertamente ante esta situación, desde organismos gubernamentales hasta ONG y actores internacionales, incluidas las ONG internacionales que han trasladado su foco hacia la cooperación al Sur.

Los logros del gobierno indonesio en materia de derechos humanos se limitan al respeto formal y al reconocimiento de los derechos humanos en la legislación nacional. Esto comenzó durante el proceso de consolidación poco tiempo después del período de transición, en los primeros años posteriores a la caída del régimen de Suharto. Los derechos humanos han sido “re-reconocidos” en una reforma de la Constitución de Indonesia llevada a cabo en el año 2000 (INDONESIA, 2000a).1 Este reconocimiento puede considerarse acorde con la concepción internacional de las normas de derechos humanos en virtud de las cuales el Estado tiene el deber de proteger los derechos de cada uno de los y las ciudadanos/as. Las libertades civiles que nunca habían sido respetadas durante el régimen de Suharto, pasaron a ser “derechos constitucionales”. Esta promesa constitucional ha constituido la columna vertebral y ha enriquecido el establecimiento de la protección de los derechos humanos en Indonesia (SYA’FEI, 2012, p. 687). Indonesia es Estado Parte de ocho tratados internacionales centrales en materia de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) desde 2005 (INDONESIA, 2013). A nivel nacional, se comenzaron a sancionar leyes sobre temas relacionados con los derechos humanos, entre las cuales se destaca una ley básica que es la Ley de Derechos Humanos 39/1999. En el contexto del derecho penal, se sancionó una ley a través de la cual se creó el Tribunal de Derechos Humanos, considerado lex specialis para juzgar genocidios y crímenes de lesa humanidad (INDONESIA, 2000b). En virtud de estas normas, se establecieron [nuevas] instituciones para llevar adelante las políticas de derechos humanos. La Ley 39/1999 otorgó poder y autoridad a la comisión nacional de derechos humanos (Komnas HAM), se estableció un Tribunal Constitucional para proteger los derechos constitucionales de las personas (SYA’FEI, 2012, p. 706), y se crearon otros órganos auxiliares llamados comisiones, como la Comisión Nacional de Policía, la Comisión Nacional de Derecho, etc.

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1.  La impunidad y la recurrencia de las violaciones

Los avances descritos arriba jugaron un papel decisivo en cuanto a los logros de Indonesia en relación con el debate sobre los derechos humanos en la era de la reforma. Fueron en parte una reacción en los primeros años a las violaciones del pasado, cuando cientos de miles de personas sufrieron y fueron sacrificadas desde 1965 por un régimen militar y corrupto en aras del “desarrollo” (INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE; COMMISSION FOR THE DISAPPEARED AND VICTIMS OF VIOLENCE, 2011, p. 11). Sin embargo, tales logros no necesariamente brindan protección a las personas. Confirmaron que la represión, daños y sufrimiento debían repararse. Toda violación, daño o abuso a los derechos individuales y a la justicia social debía ser castigado como dicta la ley. No obstante, esto parece quedar en los papeles y no aplicarse en la práctica. Muchas víctimas de violaciones pasadas o presentes a los derechos humanos han intentado hacer uso de las leyes e instituciones relacionadas con los derechos humanos, pero, lamentablemente, sus esfuerzos no lograron hacer que las instituciones iniciaran procesos legales para la protección de sus derechos. Durante la transición, las leyes y las instituciones fracasaron en abordar el pasado en forma completa (INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE; COMMISSION FOR THE DISAPPEARED AND VICTIMS OF VIOLENCE, 2011, p. 11) y quedaron anuladas por otros actores de la nueva batalla política por confrontar a los violadores de derechos humanos. La reforma legislativa en el período de transición a menudo ignoró leyes que contradicen a las normas de derechos humanos, como ocurre con la represión de los derechos de la mujer.

En la actualidad, los y las civiles tienen el control democrático en el parlamento, pero se comportan de manera irresponsable. Indonesia se enfrenta al dilema de la protección de los derechos humanos ante la existencia de una brecha que separa la política de la práctica. Si bien el país cuenta con leyes de derechos humanos, las violaciones y la violencia han ido en aumento año tras año, sin que existan mecanismos de reparación. La falta de castigo a los autores de las violaciones y el acaparamiento de tierras para beneficio de las empresas es muy generalizada. Residentes locales y grupos indígenas fueron asesinados y encarcelados por su resistencia y oposición. Las minorías están desprotegidas. La corrupción se extiende entre los gobiernos locales. La injusticia es la regla en las áreas en conflicto como Aceh, Papúa y Timor Oriental. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por estas situaciones durante el período de sesiones en el que se evaluó al gobierno indonesio en julio de 2013. El Comité concluyó, entre otras cosas, que el gobierno y los funcionarios indonesios eran incapaces de entender y de referirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por las violaciones de derechos humanos en el país (UNITED NATIONS, 2013). Así, el problema no es sólo que la impunidad deriva de la falta de voluntad del Estado sino que también resulta de su incapacidad.

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2.  Resistencia y bloqueo

El gobierno tiende a olvidarse de muchos aspectos importantes de la protección de los derechos humanos. Cuanto más indebido sea el comportamiento del Estado y más se mantenga la impunidad, más lucha la gente por que se haga justicia por sus derechos violados. Cuando aumenta la cantidad de violaciones –y en consecuencia, la cantidad de víctimas–, se fortalecen la solidaridad, la resistencia y el trabajo de incidencia para lograr una compensación. Existe una decepción generalizada respecto de los funcionarios del gobierno y las decisiones judiciales. La gente recurre a mecanismos legales, compañas masivas y huelgas, incluso campañas en las redes sociales, se cuenta con la presión internacional y con la ayuda de un puñado de periodistas (aunque los grandes medios son, en su mayor parte, indiferentes) con resultados magros o nulos. La contra-incidencia de los autores de las violaciones y del Estado, y las actitudes del gobierno conducen a puntos muertos que propagan la desesperación entre la gente.

El derecho de los derechos humanos y otros derechos conexos proporcionan mecanismos de presentación de demandas, a los que recurren las víctimas para denunciar sus casos o situaciones. Infelizmente, esos mecanismos son deficientes, no funcionan adecuadamente y llevan mucho tiempo.2 En muchas regiones, los tribunales se desempeñan con similar deficiencia. Por otro lado, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y los y las sobrevivientes cuentan con pocos medios para defenderse y a menudo carecen de pruebas concretas. Son muy pocos los resultados satisfactorios. El caso más exitoso fue el del juicio por crímenes de lesa humanidad en Timor Oriental, aunque finalmente los criminales fueron absueltos (INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE; COMMISSION FOR THE DISAPPEARED AND VICTIMS OF VIOLENCE, 2011, p. 49-50).

Otros medios a los que podría recurrirse son los mecanismos internacionales, el lobby y la presión (JESTKE, 1999, p. 148-150). En el “caso Munir”, Suciwati, la esposa del destacado activista por los derechos humanos que murió envenenado en un vuelo de Indonesia a Ámsterdam por una operación de inteligencia en 2004, recibió gran apoyo de gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONG internacionales. El Parlamento Europeo emitió una declaración [Nro.98/2007] (EUROPEAN PARLIAMANT, 2008), al igual que 68 miembros del Congreso de Estados Unidos (2005), presionando al presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, para que se hiciera justicia en el caso.3

Las Naciones Unidas también ofrecen mecanismos alternativos. Durante el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Indonesia, los miembros del Consejo de Derechos Humanos bombardearon al país con incontables preguntas y recomendaciones, incluso relacionadas con la intolerancia religiosa (EVANTY, 2013). El gobierno indonesio respondió y argumentó selectivamente en el foro internacional. Las respuestas cambiaban de tono e intensidad según los intereses del gobierno, que dio desde respuestas activas sobre la intolerancia religiosa, pasando por la orgullosa presentación de la reforma jurídica e institucional implementada en el país, hasta el silencio, que era en general la respuesta ante preguntas relacionadas con los casos de impunidad, como por ejemplo el caso Munir.

La intervención pública también se dio en forma de campañas simbólicas, huelgas masivas, y ocupación de zonas terrestres y marítimas4 por parte de los residentes locales e indígenas. Hubo artistas que participaron de eventos solidarios y grupos artísticos denunciaron los problemas sociales y la injusticia (SARI, 2014). Se usaron las redes sociales como herramienta para difundir eslóganes y exigir cambios. Twitter, Facebook, Instagram y sitios de petición online como Avaaz.org y Change.org ofrecieron más opciones para que las personas expresasen sus preocupaciones. Las redes sociales facilitan la participación en las campañas y Yakarta es la ciudad más activa del mundo en términos de publicaciones en Twitter (LIPMAN, 2012).

Los grupos de trabajadores y trabajadoras o los grupos interesados en temas relacionados con los recursos naturales, como los campesinos y campesinas, los pueblos indígenas o los pescadores y pescadoras, recurrieron a las manifestaciones masivas (KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA, 2013) para llamar la atención del gobierno ante la mala mediación o la negligencia de las instituciones oficiales. La frustración y la falta de respeto han llevado a algunos a hacer uso de la fuerza; hubo quienes reclamaban tierras en disputa, bloquearon grandes buques de una empresa pesquera en la zona marítima tradicional, o llevaron a cabo huelgas en diversas zonas industriales. Lamentablemente, en muchas ocasiones, la policía, el personal de seguridad, matones, o grupos intolerantes se opusieron a las manifestaciones. Los líderes o los seguidores de las acciones fueron criminalizados y considerados como provocadores en el espacio público. Fueron arrestados y sometidos a malos tratos.

A su vez, hace más de siete años, se realiza una manifestación pacífica (YUNIAR, 2014) en la que, con el fin de institucionalizar la memoria, un grupo de personas con camisetas y paraguas negros se paran en silencio frente al palacio presidencial todos los jueves durante una hora, de 16:00 a 17:00. Esta manifestación se conoce como Kamisan (“Kamis” significa “jueves”) y es una protesta en contra de toda una serie de violaciones de derechos humanos, como las matanzas masivas de 1965-66, y la desaparición y asesinato de activistas en 1998, antes de la caída del ex presidente Suharto, en un intento por evitar que la nación se olvide de esas violaciones cometidas en el pasado. Algunas familias también intentan mantener viva la memoria de las violaciones contra los derechos humanos: la familia de Munir abrió un museo de los derechos humanos que cuenta su historia y la de otros activistas desaparecidos o asesinados (HEARMAN, 2014); la madre de Hafidin Royyan, un estudiante que murió de un disparo durante una gran manifestación en la Universidad de Trisakti diez días antes de la renuncia de Suharto en 1998, mantuvo intacto el cuarto de su hijo.

El gobierno y el parlamento han mostrado resistencia adoptando una legislación que limita la libertad y exige “responsabilidad y respeto” por los derechos humanos. Asimismo, se considera que hablar de los derechos humanos es “antirreligioso”. El uso de las redes sociales también enfrenta algunos desafíos. Además de la nueva ley sobre información y transacciones electrónicas (INDONESIA, 2008), el ministro de Comunicación e Información ha mostrado reiteradamente su falta de disposición para acelerar el acceso a Internet (WAHYUDI, 2014). Entonces, desde el punto de vista jurídico y técnico, la información es libre pero el acceso a la misma puede verse impedido.

En cuanto a los medios dominantes, no puede decirse precisamente que se hayan desempeñado como guardianes del público. Sin embargo, muchos periodistas se han visto hostigados o maltratados por la policía o agentes del gobierno, como también por el crimen organizado o empresarios (COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, 2014). De una forma u otra, han logrado que la información forme parte del debate democrático. Los medios juegan un papel clave en la promoción de los derechos humanos, pero, por otro lado, en general también han distorsionado el sentido de los mismos. Hay excepciones, aunque la mayoría de los medios de comunicación funcionan según una lógica empresarial, en apariencia motivados principalmente por el interés comercial. Cada vez más medios están en manos de unos pocos propietarios (NUGROHO, 2012, p. 7, 12).

Los derechos humanos no aparecen en los titulares, pero aún así son un tema de interés. Son el lenguaje y la práctica de muchas personas, en particular aquéllas que se vieron afectadas por las violaciones masivas y persistentes. Son el lenguaje de la libertad y el reclamo de justicia, verdad y reparación. Si bien las personas en general son conscientes de sus derechos, se genera escepticismo cuando los mecanismos de derechos humanos no ofrecen una respuesta urgente y rápida a la situación que así lo exige. Por otro lado, podemos ver a cuántas alternativas han recurrido las víctimas para sobrevivir y mantener viva la esperanza de justicia.

Por el lado del Estado, está bien probado que, en lo que se refiere al establecimiento de normas, aunque se usa el lenguaje universal de “derechos humanos”, en realidad carece de suficiente voluntad y capacidad. Por lo tanto, las obligaciones del Estado como se estipula en muchas convenciones internacionales pierden sentido. Es interesante observar que el actual gobierno no tiene el mismo control de la sociedad que tenía el régimen militar, cuando se cometieron tantas violaciones a los derechos humanos y cuando la privación de los derechos era generalizada. Ahora, en cambio, las violaciones a los derechos se deben menos directamente a las políticas del gobierno central y más a una mentalidad generalizada de corrupción, abuso y violencia entre la sociedad y los funcionarios de alto nivel o de seguridad, lo que puede considerarse una consecuencia de la debilidad o falta de voluntad del gobierno a la hora de respetar los derechos humanos. Aspinnal (2010) señala un desencanto omnipresente respecto “del afianzamiento de actores y prácticas corruptas y autoritarias dentro del nuevo Estado formalmente democrático”.

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3.  Los derechos humanos en Indonesia y las relaciones internacionales

Es importante situar el estado de los derechos humanos en Indonesia en el contexto global de derechos humanos. Mientras que los procesos locales son débiles y lentos, la contribución extranjera es complementaria y bienvenida; los promotores de los derechos humanos indonesios recibieron mucho apoyo a ese nivel. Sin embargo, el país experimentó enormes cambios, con implicaciones en la forma que se lo ve en la esfera internacional, en el tipo de asistencia que recibe, y en la situación de los derechos humanos a nivel interno.

En general, los cambios en Indonesia son vistos a nivel internacional como un desarrollo fascinante del proceso democrático. Se elogia enormemente a los y las sobrevivientes de las violaciones y a las organizaciones de la sociedad civil. Se han contribuido con millones de dólares, experiencia y conocimientos para promover la transición democrática.5 El mundo, a través de la tecnología, se está abriendo para Indonesia.

Esta situación hace que sea más fácil para el gobierno indonesio hablar sobre derechos humanos, sobre todo con diplomáticos en el exterior. Los actores internacionales, como el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, han señalado a Indonesia como un actor clave por ser el país democrático con más musulmanes del mundo. Dentro de la ASEAN, Indonesia lideró el logro de dos objetivos importantes: la adopción de la Carta de la ASEAN y el establecimiento de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos (AICHR). A nivel internacional en las Naciones Unidas, los indonesios gozan de un mayor reconocimiento y algunos han conseguido ser elegidos para ocupar cargos claves: Makarim Wibisono fue elegido presidente del Consejo de Derechos Humanos (2005) con el apoyo de países con antecedentes dudosos en materia de derechos humanos, como China y la India; y otros fueron elegidos para desempeñarse como relatores especiales.

Indonesia adoptó una postura avanzada respecto de cuestiones relacionadas con Birmania y Medio Oriente. El país ha sido reconocido como gran potencia económica y se incorporó al G20, la extensión del G8, junto con México, Sudáfrica, Brasil, Argentina, India y otros países. Estos logros aclamados a nivel internacional eclipsan los problemas relacionados con los derechos humanos. La comprensión y el abordaje de los derechos humanos por parte del gobierno no han cambiado. Al hablar en el foro de los Objetivos de Desarrollo post 2015, el presidente indonesio propuso la idea de una norma internacional para la difamación religiosa. En el foro de la ASEAN, Indonesia firmó la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN, que contiene muchas disposiciones viciadas, sobre seguridad nacional, relativismo cultural, interés nacional, principios del consenso, no injerencia (CIVIL…, 2012). Tales disposiciones socavan la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos.

Dado el creciente peso del país en los asuntos internacionales y su crecimiento económico, pasó de la categoría de pobre a la de país de ingresos medios, el mundo ve a Indonesia como un nuevo actor clave. Cambió el patrón de la asistencia internacional. Los grandes donantes ya no dirigen su asistencia a la sociedad civil sino a los organismos gubernamentales. Algunas ONG extranjeras que operan en Indonesia suelen producir elaborados informes sin tener un trabajo de defensa y promoción influyente en el país, o con una vaga colaboración con entidades locales. Terminan compitiendo con las ONG locales por el apoyo de los donantes.

La impunidad de los abusos y la debilidad del gobierno no atraen la atención internacional. De hecho, en el caso de Indonesia, después de 16 años de transición política, algunas entidades internacionales consideran al gobierno indonesio como un actor clave que podría lidiar con otros en “peor” situación, como Birmania. Cuesta imaginar que Indonesia con su democratización aún no resuelta, debiera exportar su experiencia de transición democrática a otros países. Parecen olvidarse de los millones de víctimas y los sobrevivientes que aún no han obtenido reparación. En el caso de Indonesia, no hay duda alguna de que los derechos de las personas siguen siendo ignorados y desatendidos, tanto en la esfera interna como a nivel internacional.

¿Podemos esperar que una intervención humanitaria ponga fin a la impunidad constante? ¿Cuál sería la mejor manera de mitigar las violaciones no reconocidas, pero persistentes, de los derechos humanos en Indonesia?

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Notas

1. El capítulo XA está dedicado a los derechos humanos.

2. Ver Wiratraman (2014), quien hace una crítica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia.

3. Se sometió a juicio a un sospechoso que resultó condenado, pero la condena se invalidó después. En 2007, un tribunal dictaminó que la línea aérea estatal debía pagarle una compensación a la viuda, pero nunca le pagó.

4. Indonesia es un archipiélago (13.466 islas) en el que 2/3 partes de la jurisdicción son zonas costeras y marítimas. Muchas personas, en su mayoría residentes indígenas, acceden al mar para su supervivencia diaria.

5. Para acceder a una interesante descripción de la asistencia para la democratización de Indonesia, ver Aspinnal (2010).

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Referencias

Bibliografía y otras fuentes

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Haris Azhar

Haris Azhar es el coordinador de KontraS – Commission for Disappearances and Victims of Violence, Indonesia desde 2010. Miembro de la organización desde 1999, Azhar tiene como principales áreas de especialización los derechos humanos y el derecho constitucional en Indonesia, la reforma del sector de la seguridad, la gobernanza de las ONG, la justicia transicional, la resolución de conflictos y las relaciones con ASEAN. Tiene un MA en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Reino Unido, y una Diplomatura en Justicia Transicional del Centro Internacional de Justicia Transicional de Ciudad del Cabo/Nueva York.

Su cuenta de twitter es @haris_azhar.

Original en inglés. Traducido por Florencia Rodríguez.

Recibido en marzo de 2014.