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¿Son los derechos humanos una herramienta efectiva para el cambio social?

Phil Bloomer

Una perspectiva desde los derechos humanos y el sector empresarial

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RESUMEN

Durante la última década hemos visto la creación de nuevas y diversas coaliciones para impulsar cambios en el comportamiento empresarial. En el presente artículo, el autor analiza si el lenguaje de derechos humanos conserva aún su potencial para el cambio social. Al analizar el movimiento de las empresas y el movimiento de derechos humanos, su respuesta es “sí, pero”. El autor argumenta que los derechos humanos continúan siendo una herramienta clave para el cambio social. Pero, agrega, cuando los movimientos sociales son fortalecidos por una coalición diversa de actores con el fin de alcanzar un objetivo común, entonces las oportunidades para conseguir un cambio transformador y sistémico, se multiplican. A modo de ejemplo, el autor describe el lobby realizado en torno al debate por la Ley sobre minerales de zonas en conflicto Dodd-Frank en Estados Unidos y su especial relevancia para las víctimas de la República Democrática de Congo. Para el autor, muchas veces los derechos humanos prestan un rol inspirador fundamental (al apoyar la justicia de la lucha); un lenguaje poderoso y universal (comprendido nacional y globalmente y que reúne a diferentes intereses), y una justificativa convincente por el trato justo frente a las injusticias.

Palabras Clave

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¿Son los derechos humanos una herramienta efectiva para el cambio? La respuesta debe ser un rotundo “sí, pero”. Los derechos humanos han inspirado y apoyado algunos de los mayores movimientos por el cambio en el mundo. Expresan varias de las más altas aspiraciones de la humanidad. Y sus implicaciones para nuestras sociedades actuales son transformadoras. El “pero” se refiere a la necesidad de que el movimiento por los derechos humanos evolucione y sea relevante para las causas evolutivas de los abusos a los derechos humanos en nuestro mundo. Una que me gustaría considerar aquí, es la creciente desigualdad en nuestras sociedades.

Vivimos en una época de híper-desigualdad: siete de cada diez personas en el mundo, vive en países donde la desigualdad ha crecido en las últimas tres décadas. Oxfam recientemente nos ha sorprendido con el cálculo de que la población de un autobús de dos pisos (85 personas) tiene la misma riqueza que la parte más pobre del mundo (3 billones) (SLATER, 2014).

Este aumento de la desigualdad se da en todo el mundo: En EEUU, luego de una de las más profundas recesiones de su historia, el 1% más rico ha capturado 95% del crecimiento total desde 2009 (SAEZ, 2013).  En India, la riqueza de la comunidad billonaria aumentó en 12 veces en 15 años (INEQUALITY…,2014). Esta misma riqueza podría haber eliminado dos veces la pobreza absoluta en India, pobreza que incluye violación de los derechos básicos como educación, salud, agua, alimento, vivienda. Y en África, según la revista Ventures Africa, el número de billonarios se ha más que duplicado en la última década llegando a 55 billonarios, con una riqueza combinada de U$S 143 billones (THE RICHEST…2013).

Varios líderes han reconocido los peligros de esta híper-desigualdad, por ser insostenible, una fuente de violaciones a los derechos humanos, una pérdida de potencial humano, una ineficiencia económica y una amenaza a la participación política: recientemente el Papa Francisco, el presidente de EEUU Barak Obama, la presidenta brasileña Dilma Rousseff, y el Comité Central del Partido Comunista Chino, han destinado sus discursos y encuentros a la desigualdad. Sin sorpresas, las soluciones propuestas son generalmente anémicas e insípidas, a pesar de que más recientemente la palabra tabú “R” (redistribución) se ha estado escuchando en los pasillos del FMI.

Lo nuevo es que los movimientos por los derechos humanos y aquellos más amplios por la justicia social, están combinando cada vez más sus narrativas para orientar su accionar hacia la desigualdad. Después de todo, la consecución del derecho al sustento, a la salud, a la educación es por lo general, profundamente redistributivo – tanto en términos de riqueza como de poder. Nuestra propia organización, Business & Human Rights Resource Centre, tiene una página destinada a la evasión fiscal desde 2009 – un simple reconocimiento de que si las compañías y elites pueden evadir los impuestos justos, entonces la aspiración estatal de realizar, por ejemplo, el derecho a la salud, educación y agua, muere al nacer.

El aumento de la desigualdad de poder y riqueza se ha desarrollado, no por obra del destino, sino por nuestras ideas y sistemas sociales. Los derechos humanos son los contra-conceptos universales más poderosos y compartidos que tenemos para enfrentar la injusticia y la desigualdad.

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1.  Empresas y derechos humanos

Tradicionalmente, el Estado ha sido visto como quien tiene la obligación primaria, responsable por la realización de los derechos humanos de sus ciudadanos, así como por la protección de estos derechos frente a las violaciones. La mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos están destinados a los Estados. Sin embargo, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos llama a “cada individuo y cada órgano de la sociedad” a promover y respetar los derechos humanos, lo que según el profesor Louis Heinkin, un eminente profesor de derecho internacional, “no excluye a nadie, ni a las empresas, ni al mercado, ni al ciberespacio” (HEINKIN, 1999, p. 25). Los derechos humanos se basan en la dignidad inherente de cada persona; son aquellos derechos básicos y libertades a los cuales tienen derecho todos los seres humanos. Han sido detallados en normas internacionales consensuadas. La comunidad internacional ha declarado que todos los derechos humanos son “universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados”.

No obstante, las empresas son actualmente algunos de los actores más poderosos del mundo. Nuestra economía rápidamente globalizada en los últimos treinta años, ha llevado a muchas corporaciones transnacionales a transformarse en entidades económicas más grandes que los Estados nación. Su poder y riqueza las han puesto cada vez más en el centro de la escena de los derechos humanos. En relación a los derechos humanos, estas empresas no pueden ver y elegir, dentro de una variada selección, aquellos temas con los que se sienten más a gusto.

En diversos sentidos, el Estado continúa siendo quien porta la obligación primaria en cuanto a los derechos humanos, pero un creciente número de empresas nacionales e internacionales, saben que cada vez más deben rendir cuentas por su comportamiento en relación a ellos. Lamentablemente, esta rendición de cuentas se hace básicamente ante el tribunal de la opinión pública, y no tanto en tribunales judiciales.

La responsabilidad legal corporativa por el abuso a los derechos humanos no se ha movido en la dirección correcta. En 2013, la oportunidad para que las víctimas de abusos demanden la responsabilidad corporativa extraterritorial y su remediación, disminuyeron significativamente a través de la decisión de Estados Unidos en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. (UNITED STATES, 2013) y en 2012, con la eliminación de ayuda legal para casos extraterritoriales en el Reino Unido. En el mismo año, vimos a las empresas de vestimenta reaccionar colectivamente, aunque muy tarde, para comenzar a garantizar la seguridad de los trabajadores en la cadena de suministro luego del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh que mató a más de 1.100 personas;1a la Coca-Cola anunciar “tolerancia cero” para el acaparamiento de tierras en su cadena de suministro (complementado en Marzo de 2014 por el anuncio de una política similar de parte de PepsiCo2), y a los gigantes electrónicos continuar con el lobby por medidas que garanticen “minerales libres de conflicto” en su cadena de suministro.3

El tribunal de la opinión pública está íntimamente ligado a la licencia social de la empresa para operar. Y la licencia social está fuertemente ligada al respeto de los derechos humanos por parte de la empresa. Muchas de las principales empresas entienden que necesitan demostrar cada vez más los beneficios públicos que generan en tanto aspectos del bien común, a través de empleos, productos y servicios de buena calidad, y una conducta fiscal apropiada, por ejemplo. Si se ven comprometidos por los bajos salarios y condiciones de trabajo abusivas, evasión fiscal masiva, o accionar irresponsable, su licencia social para operar se ve comprometida. Por ejemplo, en Perú, India y Brasil, las empresas mineras han enfrentado meses de parálisis debido a las protestas por sus prácticas irresponsables que han comprometido su licencia social para operar, con un enorme costo financiero. Igualmente, Google, Starbucks y Amazon han sentido una considerable presión por las revelaciones sobre sus muy creativas formas de evasión fiscal en el Reino Unido.

Cada vez más, las empresas son juzgadas por su trayectoria en cuanto a los derechos humanos, y hay más demandas y acciones pidiendo transparencia en cuanto su accionar al respecto. La página de Business & Human Rights Resource Centre4 monitorea los informes sobre los impactos en los derechos humanos (positivos y negativos) de más de 5.600 empresas en 180 países. La página es actualizada cada hora, y recibe más de 1.5 millones de visitas al mes. Los usuarios incluyen empresas, ONG, firmas de inversión, gobiernos, organizaciones de consumidores y periodistas. También tenemos un creciente número de “rankings” de las empresas en sectores clave: Índice de Acceso a Medicamentos e Índice de Detrás de las Marcas, por nombrar sólo a dos.

La preocupación por el extraordinario poder económico y el alcance de las corporaciones transnacionales, y la necesidad de establecer sus responsabilidades llevó al establecimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en el 2011 (NACIONES UNIDAS, 2011). Estos son principios voluntarios que establecen la obligación de los Estados de “proteger” los derechos humanos, de las empresas de “respetar” los derechos humanos, y de que ambos garanticen que exista un “remedio” adecuado para aquellos cuyos derechos han sido violados. Hay un importante avance en el establecimiento de aquello que se espera de las empresas – el piso más que el techo de los estándares de comportamiento. Han creado una dinámica poderosa en algunas empresas y Estados, lo que ha incitado a defensores internos de los derechos humanos a presionar por un cambio en los modelos de negocios. Sin embargo, es aún decepcionante que, luego de casi tres años desde su adopción, sólo dos Estados (Reino Unido y Holanda) tengan un Plan de Acción Nacional oficial sobre empresas y derechos humanos y sólo muy pocas compañías tengan un plan de implementación (incluyendo Rio Tinto, Adidas y Microsoft). Como expresó John Ruggie en septiembre de 2013, “los riesgos son altos; el tiempo es corto; el costo de actuar mal [empresas y derechos humanos] es incalculable, mientras que las oportunidades de hacerlo bien son numerosas” (RUGGIE, 2013).

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2.  El movimiento por empresas y derechos humanos

Los derechos humanos sólo se convierten en una herramienta de cambio social sustantivo, cuando están en manos de movimientos que lo propugnan. Si el estado actual de las empresas y derechos humanos no es uno de transformación, será necesario un movimiento que cambie la situación. En la última década hemos visto la creación de nuevas y diversas coaliciones para generar el cambio en el comportamiento empresarial. Su fuerza radica generalmente en su enfoque de red, su buen sentido de la comunicación y su agilidad (todos los cuales han sido fortalecidos por las nuevas tecnologías de comunicación).

Un aspecto poderoso de la relación empresas y derechos humanos, es que trae naturalmente un análisis basado en la economía política de los derechos humanos: es decir, comprender cuáles son las fuerzas políticas y económicas que definen nuestro actual camino insostenible y cómo podemos reorientarlo a los objetivos de derechos humanos y prosperidad compartida. De esta forma, el tema de “empresas y derechos humanos” puede contribuir crecientemente a diversos movimientos por el cambio en base a una causa común. Requiere que nuestro movimiento de derechos humanos, sea a veces humilde para trabajar con otros movimientos y a la vez tácticamente creativo para trabajar con los medios y con las redes sociales, así como con los individuos y secciones de las empresas o Estados que comparten ese mismo objetivo específico.

Este enfoque se aplica regularmente para hacer frente a diversas problemáticas: la desposesión de los campesinos a través del acaparamiento de tierras por parte de gobiernos y agro negocios; el daño ambiental causado por la minería; el acceso a los medicamentos para los más pobres frente a algunos gigantes farmacéuticos para reivindicar sus patentes universales; la ausencia de salario digno y de condiciones de trabajo seguras en las cadenas de provisión del sector textil; la complicidad de las empresas de tecnología con los gobiernos represivos para censurar la Internet; y la evasión fiscal de las empresas transnacionales.

Estas mismas problemáticas producen que varios actores se unan, aún si la colaboración entre los mismos no ha sido frecuente anteriormente: sindicatos, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de desarrollo y ambientales; así como organizaciones de base y comunitarias y empresas y gobiernos progresistas.

Un ejemplo reciente sería el esfuerzo para implementar la ley sobre minerales de zonas de conflicto Dodd-Frank (SEC ADOPTS…,2012). Esta revolucionaria ley de Estados Unidos, busca impedir el flujo de recursos a los déspotas de la República Democrática de Congo (RDC). La sección 1502 de la Ley Dodd-Frank requiere que las empresas registradas en la Comisión de Seguridad e Intercambio (SEC) de EEUU demuestren la debida diligencia en su cadena de suministro de cualquier mineral que provenga de la RDC y sus vecinos, uno de los más terribles campos de exterminio en todo el mundo.

La necesidad de tener esta legislación se hizo evidente por el inmenso coraje y resistencia de los activistas de derechos humanos y por la justicia social en la región de Kivu en RDC. La sociedad civil local, trabajando con organizaciones internacionales como Global Witness, dejó ver cómo las minas sustentaban a las milicias. Este mensaje fue amplificado por los medios nacionales e internacionales, generalmente seguidos y alimentados por la sociedad civil. Había un mensaje simple: la región volcánica está bendecida con depósitos de minerales raros, esenciales para los teléfonos celulares y computadoras. Estos minerales deberían ser la plataforma para la prosperidad y seguridad del pueblo de la República Democrática de Congo. Pero las minas donde se explotan estos depósitos son generalmente informales, frecuentemente usan trabajo infantil y esclavo, y a menudo son controlados por tiranos implacables y señores de la guerra que lideran milicias, que depredan las poblaciones locales por medio de la violencia e intimidación. Estos tiranos se han vuelto ricos y han comprado sus arsenales a través de la explotación de turbios acuerdos comerciales en base al comercio desregulado y sin control de los minerales. Pero ahora, con un comercio más regulado y transparente con las empresas de EEUU como determina la Ley Dodd-Frank, su fuente ilícita de riqueza y poder, puede marchitarse y morir.

Como siempre, hubo una amplia y pesada oposición basada en el interés propio en el período de diseñar la implementación de la Ley. La Asociación Nacional de Manufactureros y la Cámara de Comercio de EEUU se opusieron a la implementación, alegando la inviabilidad de la presentación de informes y el potencial daño económico para los pobres de RDC. En mayo de 2012, Global Witness, que condujo buena parte del trabajo internacional sobre conflictos mineros, requirió la participación de Business & Human Rights Resource Centre en la búsqueda de respuesta de 11 empresas, de la Cámara de Comercio y de la Asociación Nacional de Fabricantes que presionaban para socavar la implementación de la sección 1502 de la Ley Dodd-Frank.

Siete empresas y una asociación empresarial respondieron y cuatro se negaron a hacerlo. Microsoft, General Electric y Motorola Solution tomaron posición y se separaron de la Cámara, con respecto a minerales de zonas de conflicto. Querían que sus maquinarias utilizaran minerales libres de conflictos, como parte de su licencia social para operar globalmente, para demostrar su compromiso con la eliminación de los atroces abusos a los derechos humanos en su cadena de suministro. Fue una gran ocasión, por lo tanto, cuando el SEC votó y adoptó reglas para implementar la cláusula en relación a minerales de zonas de conflicto, el 22 de agosto de 2012. En enero de 2014, Intel se sumó y anunció que sus chips serían “libres de conflicto” (refiriéndose a RDC) e invitó a toda la industria a seguirlo. El movimiento audaz de estas importantes empresas para salirse de la posición “business as usual” de sus asociaciones empresariales, fue fundamental. Las empresas han sido elogiadas por esta acción específica y las asociaciones empresariales perdieron credibilidad, pero lo más importante, es que la población del Este de RDC estará un poco más segura en sus comunidades en un futuro no muy lejano. Esta fue una alianza diversa y táctica que ha logrado un cambio transformador y sistémico en cuanto a los minerales de zonas de conflicto en RDC.

El éxito ha inspirado a movimientos similares y más ambiciosos en Europa para demandar la debida diligencia sobre la importación de minerales y maderas de todas las zonas en conflicto del mundo. Nuevamente, esta simple demanda por la transparencia se ha vuelto una batalla real, frente a los intereses mineros organizados para obstaculizar cualquier legislación y que buscan un enfoque débil y poco regulado sobre la transparencia.

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3.  Derechos humanos y los más vulnerables

Para los más pobres y vulnerables del mundo, los derechos humanos representan una de las pocas armas que tienen en sus negociaciones, altamente desiguales, con las grandes empresas y con Estados, por equidad y justicia. He conocido a muchas, muchas comunidades de pobres, vulnerables y desposeídos que no sabían nada de sus derechos básicos y aceptaban el abuso recibido de parte de empresas y Estados como inevitable e inmutable. Igualmente, puedo pensar en muy pocas organizaciones y comunidades pobres y vulnerables que hubieran defendido sus bienes, ganado prosperidad y terminado con la represión, sin haber -por lo menos- sido informados sobre el marco de los derechos humanos. La mayoría ha utilizado a los derechos humanos como una inspiración y justificación para su causa y una herramienta para exigir un mejor trato de parte del gobierno y de las empresas. Los derechos humanos tienen generalmente un importante rol de inspiración (al darle legitimidad a la lucha); un lenguaje poderoso y universal (entendido nacional y globalmente y que unifica a varios intereses); y brindan razones convincentes para un trato justo frente a la injusticia.

Por este simple motivo, los derechos humanos continúan siendo una herramienta vital para el cambio social. Pero cuando estos movimientos sociales son fortalecidos por una coalición diversa de actores, para conseguir un objetivo común, entonces las oportunidades para alcanzar un cambio transformador y sistémico se multiplican ampliamente.

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Notas

1. Ver: https://bangladeshaccord.org/. Visitado en: sept. 2014

2. Ver: http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2014-03-18/pepsico-declares-zero-tolerance-land-grabs-supply-chain. Visitado en: sept. 2014

3. Ver: http://www.globalwitness.org/library/electronics-companies-must-break-us-chamber-conflict-minerals. Visitado en: sept. 2014

4. Ver: http://business-humanrights.org. Visitado en: sept. 2014.

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Referencias

Bibliografía y otras fuentes

HEINKIN, Louis. 1999. The Universal Declaration of Human Rights at 50 and the Challenge of Global Markets. Brooklyn Journal of International Law, v. 25, n. 1.

INEQUALITY increasing globally including in India: Christine Lagarde. 2014. The Economic Times. Feb. 14. Disponible en: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-02-04/news/47004808_1_income-inequality-absolute-poverty-countries. Visitado en: sept. 2014.

THE Richest People in Africa. 2013. Ventures Africa. Oct. 9. Disponible en: http://www.ventures-africa.com/2013/10/richest-people-africa-2013/. Visitado en: sept. 2014.

RUGGIE, John G. 2013. Remarks at Opening Plenary. UN Global Compact Leaders Forum. Harvard University: New York. Disponible en: http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie-opening-gc-leaders-summit-sep-2013.pdf. Visitado en: sept. 2014.

SAEZ, Emmanuel. 2013. Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States (Updated with 2012 preliminary estimates). UC Berkeley. Disponible en: http://eml.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincomes-2012.pdf. Visitado en: sept. 2014.

SEC ADOPTS Rule for Disclosing Use of Conflict Minerals. 2012. U.S Securities and exchanges Commission. Disponible en: http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1365171484002#.VAX_FdddWI9. Visitado en: sept. 2014.

SLATER, Jon. 2014. Rigged rules mean economic growth is increasingly ‘winner takes all’ for rich elites. Oxfam blogs. 20 Jan. Disponible en: http://www.oxfam.org.uk/blogs/2014/01/rigged-rules-mean-economic-growth-is-increasingly-winner-takes-all-for-rich-elites. Visitado en: sept. 2014.

UNITED NATIONS. 2011. Special Representative to the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. Guiding principles on Business and Human Rights – Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy Framework’, UN Doc. A/HRC/17/31, Human Rights Council, 17th Session. Disponible en: http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf. Visitado en: sept. 2014.

Jurisprudencia

UNITED STATES. 2013. Supreme Court. Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co, 133 S.Ct. 1659.

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Phil Bloomer

En septiembre de 2013, Phil Bloomer fue nombrado Director Ejecutivo del Business & Human Rights Resource Centre. Antes de unirse a Resource Center, Bloomer fue Director de Campañas y de Políticas de Oxfam GB. Antes de Oxfam, Bloomer pasó 11 años en América Latina y trabajó sobre derechos humanos en las empresas y conflicto. Su twitter es: @pbloomer.

Original en inglés. Traducido por Maité Llanos.

Recibido en marzo de 2014.