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Apoyar a las organizaciones locales

Ana Paula Hernández

el trabajo del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales en México

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RESUMEN

A través de ejemplos concretos del programa de subvenciones del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales en México, el artículo discute la importancia tanto de apoyar a grandes organizaciones de alcance nacional e internacional, como a grupos locales que tienen contacto directo y permanente con las comunidades afectadas por las violaciones de los derechos humanos. Las organizaciones locales enfrentan una creciente batalla por la obtención de recursos, a la vez que tienen un rol fundamental en 1) identificar y responder a las necesidades de la comunidad, 2) permitir que las comunidades afectadas aboguen en su propio nombre, 3) fortalecer las campañas a nivel nacional e internacional al movilizar a sus bases y monitorear la implementación de la protección de los derechos humanos. La diversificación de los recursos y la garantía que los recursos lleguen tanto a los activistas de organizaciones sobre el terreno como a las organizaciones más grandes, contribuye a una sociedad civil más eficaz y nos acerca al cambio social fundamental por el que nuestras organizaciones fueron creadas para dar apoyo. 

Palabras Clave

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1.  Introducción

Como organizaciones internacionales, los cooperantes y activistas, estamos buscando las formas más efectivas de catalizar el cambio social. Quienes estamos en el campo de los derechos humanos trabajamos para transformar los temas estructurales que están en el corazón de los abusos a los derechos humanos: impunidad, corrupción, desigualdad, falta de transparencia y accountability, discriminación y racismo, entre otros. Para este fin, nuestra meta es fortalecer los estándares y mecanismos internacionales y regionales que promueven y protegen los derechos, mientras que a nivel nacional, presionamos para un cambio de políticas, que reconozcan e implementen esos estándares. Lo más importante para este trabajo es el desarrollo de las bases locales con 1) la credibilidad para informar sobre el desarrollo de políticas y prácticas que respondan a las necesidades de la comunidad, y 2) el amplio poder de las bases para exigir cambios y vigilar su implementación. Es vital que apoyemos y nutramos a estos movimientos en el territorio, para que asuman este rol.

Aquellas organizaciones con más recursos, más visibles, continúan teniendo necesidades adicionales de financiamiento, pero cuentan con el beneficio de tener presupuestos mayores y de tener personal dedicado a la captación de recursos, que han tenido un éxito considerable en garantizar la captación de recursos internacionales. Con personal dedicado a la redacción de proyectos de financiamiento e informes financieros, pudiendo mantener los vínculos con los cooperantes, estas organizaciones mayores pueden tanto garantizar un financiamiento significativo como demostrar a los cooperantes su capacidad de administrar efectivamente grandes presupuestos. Esto los posiciona en el camino para el crecimiento de largo plazo, ya que la mayoría de los cooperantes valora el tamaño de los presupuestos organizacionales y la capacidad para garantizar que existan otras fuentes de financiamiento.

Para las organizaciones menores, de nivel estadual o comunitario, obtener financiamiento continúa siendo una creciente batalla. Les faltan los recursos iniciales para retener al personal que realice las principales actividades; muchas veces una sola persona hace el trabajo de tres o más. Con muy poco personal, estas organizaciones tienen el desafío de hacer que la captación de recursos sea una prioridad, a la vez que enfrentan las continuas emergencias en términos de derechos humanos, que demandan una respuesta. Ya que sus presupuestos no crecen, pierden la oportunidad de mostrar a los cooperantes que son capaces de administrar grandes proyectos y les resulta difícil presentar informes de seguimiento. Pocos cooperantes tienen la voluntad de asumir el riesgo de brindarle a estos grupos el financiamiento inicial para que comiencen a revertir el ciclo, y raramente entran en el camino del crecimiento.

Como oficial de programa para América Latina del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales, con sede en México, describiré en las siguientes secciones, nuestra experiencia de asignación de subsidios en México para demostrar la importancia de apoyar a grupos locales más pequeños, y cómo hemos podido incorporarlos en nuestros programas de cooperación en el país.

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2.  El trabajo del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales en México

El Fondo para los Derechos Humanos Mundiales (en adelante, el Fondo) es una organización internacional de derechos humanos que brinda financiamiento, recursos técnicos y apoyo estratégico a organizaciones que están en la línea de frente en la lucha por los derechos humanos en dieciocho países en el mundo. Nacido de la creencia que el activismo local es la piedra angular sobre la que se construye el respeto a los derechos humanos, el Fondo comenzó con el enfoque simple pero innovador, de orientar los recursos financieros a los grupos de derechos localmente arraigados, y desde 2003 hemos destinado más de $45 millones en subsidios a más de 200 grupos. Cuando el Fondo entró en funcionamiento, pocos recursos eran destinados a los grupos de base en el terreno. La mayoría de los primeros subsidios fueron destinados a organizaciones relativamente establecidas y con sede en ciudades capitales, que no tenían los recursos necesarios para implementar sus programas. En respuesta a las necesidades y oportunidades emergentes, rápidamente expandimos nuestro porfolio para llegar a más grupos de base y enraizados en las comunidades, muchos de los que tenían poca o ninguna experiencia en la captación de recursos. Ambos tipos de organizaciones son fundamentales para hacer avanzar los derechos humanos, pero mientras que las organizaciones emblemáticas pueden acceder relativamente fácil a los recursos, los grupos de base luchan por obtener el financiamiento necesario para expandir sus iniciativas e impacto.

Puesto que todo el sector de esos grupos de base continúa con menos recursos que los necesarios, es urgente que nos movamos a fin de responder a esta necesidad. Cuando el Fondo comenzó su programa de financiamiento en México en 2003, el país ya tenía una comunidad muy activa de derechos humanos que había emergido a fines de los 80s. Para inicios de los 2000, el movimiento fue desafiado a adaptarse a una apertura sin precedentes para el trabajo con el gobierno luego de que un partido de oposición, el Partido de Acción Nacional (PAN), ganara la presidencia luego de setenta y un años de gobierno de un único partido, el Partido Revolucionario Institucional – PRI. Muchas de las primeras subvenciones fueron asignadas a organizaciones relativamente establecidas, los recursos generales del Fondo fueron destinados a presionar por la reforma legislativa y para mejorar las políticas de derechos humanos.

Desde el inicio del desarrollo de nuestros programas de apoyo, el Fondo dio la misma importancia a las organizaciones locales, expandiendo nuestro portfolio para llegar a grupos menores, de base, y comunitarios fuera de la ciudad de México en estados que sufrieron particularmente altos índices de violaciones a los derechos humanos como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua. Una de las varias razones para apoyar a estas organizaciones es romper el ciclo en el que los grupos no consiguen demostrar adecuadamente su historial de impacto a los cooperantes, lo que les permitiría posicionarse para el crecimiento institucional.

Sobre todo, sin embargo, hemos incorporados a grupos locales en nuestra estrategia de asignación de recursos debido al rol fundamental que desarrollan en tres aspectos: primero, al identificar y responder a las necesidades de las comunidades; segundo, al permitir que las comunidades afectadas puedan abogar en su propio nombre, y finalmente, al fortalecer las campañas sobre políticas nacionales e internacionales, mediante la movilización de sus bases y el monitoreo de la implementación de la protección de los derechos humanos. En las secciones siguientes, desarrollaremos de manera separada cada uno de estos roles, a pesar de que están extremamente interrelacionados en la práctica.

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3.  Identificar y responder a las necesidades de las comunidades: la experiencia del Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan

Las organizaciones locales tiene un contacto directo y permanente con las comunidades afectadas por las violaciones a los derechos humanos. Su proximidad y las relaciones con las comunidades locales, les proporciona un análisis preciso de la situación, así como la capacidad de identificar las necesidades apremiantes. Recientemente, en el estado de Guerrero, una tormenta tropical combinada con un huracán devastaron la ya marginalizada Región Montaña del estado, hogar de los dos municipios más pobres del país, con una población que es 90% indígena. La destrucción de casas, carreteras, escuelas y clínicas llevará muchos años para ser reparada, pero la principal devastación involucró la destrucción de cientos de hectáreas de cultivos de las cuales más de 20mil familias dependían para su supervivencia.1 El gobierno federal y estadual enfocaron sus iniciativas de ayuda para la reconstrucción del centro turístico de Acapulco, continuando así, el patrón de no prestar atención ni brindar recursos a la Región de Montaña.

El Centro de Derechos Humanos2 de Tlachinollan, que recibe apoyo del Fondo, es una organización local que ha estado trabajando para promover y defender los derechos indígenas en la municipalidad de Tlapa de Comonfort, localizada en el corazón de la Región Montaña de Guerrero. Luego de la tormenta, su personal caminó por días para evaluar el daño, para ver las condiciones en que quedaron las comunidades, y para comenzar a formular planes de corto y largo plazo para responder a la emergencia. El grupo de Tlachinollan montó una campaña ambiciosa en los medios para llamar la atención sobre la devastación de la Región Montaña; su trabajo fue exitoso al llamar la atención nacional e internacional sobre está área generalmente relegada. En los meses posteriores a la tormenta, han estado trabajando con sesenta comunidades, ayudándolas a reunirse para conformar un Consejo de Comunidades Afectadas de la Región Montaña. Tlachinollan rápidamente percibió que la amenaza inminente para la región sería el hambre y malnutrición, debido a la destrucción de los cultivos. El Consejo, con la tutela y asistencia de Tlachinollan exigió que el gobierno garantizase su derecho a la alimentación y negoció un programa especial para brindarle a esas familias el maíz suficiente, principal componente de su dieta, para los siguientes seis meses.

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4.  Permitir que las comunidades locales aboguen en su propio nombre: la experiencia de los Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)

Las organizaciones sobre el terreno también están en condiciones de fortalecer a las comunidades que luchan por su propia supervivencia, salud y seguridad. Dichas organizaciones permiten que las comunidades se vuelvan los principales actores del proceso, generando más posibilidades para que estas comunidades sostengan la unidad en los procesos de litigio y en las luchas políticas, que generalmente llevan muchos años para producir resultados tangibles. A medida que el Fondo ha aumentado su apoyo para la defensa del derecho a la tierra y a los recursos, cada vez más violados no sólo por los estados sino por actores del sector privado, incluyendo grandes empresas transnacionales, la importancia de apoyar a las organizaciones locales que tienen contacto directo y permanente con las comunidades, se ha hecho aún más que evidente.

La compañía canadiense Goldcorp ha operado en la mina de oro Los Filos en el estado de Guerrero desde 2005, lo que ha impactado en la salud y el sustento de la comunidad local de Carrizalillo. Los recursos asignados a los Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) una pequeña organización que trabaja directamente con las comunidades en los estados de Guerrero y Oaxaca, ha brindado asistencia técnica a las autoridades de la comunidad y ejidales de Carrizalillo, en los últimos cinco años. Formularon un plan de desarrollo comunitario a través de un proceso participativo con autoridades y miembros de la comunidad, que les permitió establecer las bases para su contrato con Goldcorp, estableciendo no sólo precios justos para el arrendamiento de sus tierras, sino otros aspectos como que los miembros de la comunidad serían contratados para trabajar en la mina, con plena garantía de los derechos laborales. Rápidamente los miembros de la comunidad comenzaron a enfermar y culparon a las operaciones de minería a cielo abierto, que contaminan agua, tierra y aire. La comunidad sufre actualmente de altos índices de muerte prematura, lesiones cutáneas y problemas respiratorios y de la vista.3

El año pasado, el personal de PIAP pasó meses en Carrizalillo formando a los miembros de la comunidad para documentar estos riesgos para la salud. Trabajaron con la asamblea ejidal de la comunidad, la autoridad para la toma de decisión sobre los temas agrícolas de la comunidad, oficialmente reconocida por la legislación mexicana, para establecer el derecho a la salud como una prioridad en las negociaciones por la renovación del contrato con Goldcorp. En abril de 2014, la asamblea demandó que Goldcorp reconociera los riesgos para la salud de sus operaciones, trabajó con la comunidad para prevenir futuros daños y para que pague por los daños causados, y para que aumente apropiadamente el pago por arrendamiento de tierras.4 Cuando la compañía se negó, ellos bloquearon la entrada de la mina e impidieron temporariamente las operaciones. Si la compañía se niega a aceptar los términos presentados por la comunidad, se procederá a demandar legalmente a Goldcorp por la devolución de las tierras a la comunidad y para comenzar la implementación de un plan de cierre de la mina.

La formación, asistencia técnica, y tutela provista por PIAP fue clave para fortalecer a la comunidad, para poder defender su territorio y exigir sus derechos, a pesar del enorme poder económico del actor privado que enfrentan. Redacción alternativa: En la medida que el Fondo compaña procesos similares no sólo en México sino en otros países en la región, incluyendo a Guatemala y Honduras, nos resulta cada vez más evidente que para la defensa del territorio y de los recursos es clave que las comunidades conozcan sus derechos y tengan una voz unificada en relación al desarrollo futuro de sus pueblos. Esto es clave para el mantenimiento de la unidad, para enfrentar las amenazas, acosos, campañas de difamación y el uso de sobornos para intentar dividir a la comunidad y comprar el apoyo de sus autoridades, siendo todas estas las estrategias usuales, que los activistas locales han visto ser implementadas por las compañías mineras en toda Mesoamérica.

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5.  Fortalecimiento de las campañas a nivel nacional e internacional: La experiencia del Proyecto de Responsabilización Corporativa (CAP, su sigla en inglés) del Fondo

El trabajo de estas organizaciones sobre el terreno es vital, pero muchas veces pueden ser limitado en cuanto a su alcance, precisamente por su enfoque local. Para obtener un posible impacto más amplio, este trabajo puede ser amplificado por las organizaciones de alcance nacional, regional e internacional. Esta es una de las razones por las que el Fondo continúa apoyando una serie de organizaciones grandes y emblemáticas que fueron las primeras incorporadas en nuestro portfolio. En los últimos años, por ejemplo, el Proceso Integral de Autodeterminación de los Pueblos (PIAP), anteriormente mencionado, se ha asociado con otro beneficiario del Fondo, PODER5, una organización de la ciudad de México, con una vasta experiencia en investigación de las corporaciones, que busca informar a los miembros de la comunidad sobre las prácticas corporativas de Goldcorp y establecer patrones de abuso contra los derechos humanos que podrían ser útiles en las negociaciones, para una mayor protección de los derechos. Además, el Fondo ha apoyado a PIAP en su participación en el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), una coalición catalizada hace dos años por el Proyecto de Responsabilización Corporativa (CAP) del Fondo.

Desde su concepción, CAP ha buscado aumentar el impacto de los defensores de derechos humanos en los territorios, que trabajan en la defensa de sus tierras y recursos que se ven amenazados por proyectos de desarrollo orientados por las corporaciones, particularmente para la extracción de recursos naturales. El desafío que enfrentan las comunidades afectadas es enorme, debido el tremendo poder económico de estas empresas y al fuerte apoyo que reciben de parte de los gobiernos que han adaptado la legislación nacional para favorecerlos. Desde el inicio, el Fondo reconoció que las organizaciones de derechos humanos y grupos locales han estado enfrentando estas batallas comunidad por comunidad.

Se están desarrollando dos líneas de trabajo. En primer lugar, organizaciones locales y organizaciones comunitarias sobre el terreno, fueron informando a las comunidades sobre los efectos de la minería y empoderándolas para que exijan ser consultadas y para que tengan la posibilidad de tomar decisiones informadas en relación a los proyectos de minería en sus territorios – el ejemplo más claro es el de más de 60 consultas comunitarias que se desarrollaron en Guatemala, donde más de un millón de personas dijeron que no querían minería en sus territorios. En segundo lugar, organizaciones mayores con alcance regional e internacional estuvieron empleando un amplio abanico de estrategias legales e internacionales – tales como presentar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haciendo cabildeo con los accionistas de las empresas – para responsabilizar a las empresas. Mientras que hubo algunos casos exitosos, los activistas sobre el terreno no pueden transformar fácilmente esa concientización y empoderamiento de las comunidades en decisiones vinculantes, con estándares de respeto a los derechos, y que responsabilicen por los abusos a quienes los cometieron. De igual modo, las organizaciones regionales e internacionales no pudieron garantizar que sus logros fueran efectivamente implementados y que tuvieran un efecto positivo para las luchas en los territorios, que las comunidades libran contra las compañías.

Con este proyecto, el Fondo buscó conectar estas líneas de trabajo y fortalecer los importantes y continuos esfuerzos por brindar recursos a los grupos que trabajan en diferentes niveles, para el desarrollo de acciones conjuntas. Comprometimos a los activistas a nivel local y comunitario, así como a las organizaciones nacionales e internacionales a trabajar juntas en la identificación e implementación de soluciones integrales, campañas y tácticas que combatan el abuso en los territorios y para construir estándares de respeto a los derechos a nivel global y nacional. El Fondo, comenzó el proyecto en México y Guatemala, y el trabajo creció rápidamente y orgánicamente para incluir a Panamá, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, resultando en la creación del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), anteriormente mencionado. En los últimos dos años, el proyecto evolucionó, pasando de la conducción del Fondo al liderazgo de los grupos sobre el terreno en la gestión de la coalición que apoya el trabajo de sus miembros a través de las fronteras, de modo que el éxito nacional pueda tener frutos a nivel internacional. Actualmente, los miembros están trabajando dentro de la coalición formal para realizar actividades conjuntas y para apoyar el trabajo de unos y otros.

El año pasado, el M4 concentró sus esfuerzos en la campaña por responsabilizar a la empresa Goldcorp por las violaciones al derecho a la salud en las comunidades donde tres de las minas están localizadas: la mina de San Martín en Honduras, la mina Los Filos en México y la mina Marlin en Guatemala.6 Para generar cobertura de prensa y concientizar sobre las violaciones masivas al derecho a la salud, asociadas con estas tres minas de Goldcorp, el M4 organizó un “tribunal” de los pueblos con más de 600 personas, en los que personalidades de los derechos humanos hicieron de “jueces”, escuchando testimonios de miembros de la comunidad y evaluando las evidencias sobre los efectos de la contaminación en la salud. El panel de jueces, determinó que Goldcorp, Canadá, y a los estados donde operan las minas eran culpables y recomendó que los participantes se organicen pacíficamente para frenar las operaciones de Goldcorp, a través de la acción comunitaria y la utilización de la legislación nacional e internacional.7

En 2014, M4 desarrollará herramientas comunes para documentar los daños para la salud en las comunidades aledañas a estas tres minas, para reunir evidencia sólida que servirá de apoyo a un reclamo legal contra Goldcorp. En este sentido y a través de su participación en el M4, la formación de promotores comunitarios a través del PIAP en Carrizalillo para documentar los daños a la salud no apunta sólo a negociar la renovación del contrato de la comunidad con Goldcorp, sino a trabajar con beneficiarios del Fondo que documentarán los daños a la salud en Honduras y Guatemala. En conjunto, el grupo va a desarrollar estrategias para utilizar la información para responsabilizar a Goldcorp por las violaciones al derecho a la salud. Van a trabajar junto a la organización canadiense Mining Watch,8 un aliado importante de M4 desde su creación, en la exploración de estrategias con los accionistas e inversores y el uso de mecanismos presentes en los acuerdos comerciales y de libre comercio. También explorarán estrategias innovadoras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la fundación Due Process of Law (DPLF),9 que en 2013 encabezó la primera audiencia temática en la CIDH sobre “Derechos Humanos de los Pueblos Afectados por la Minería en las Américas y la Responsabilidad de las Compañías, y los Estados de origen y de acción.”10 Esperamos, que la audiencia sea el primer paso hacia la admisión de parte de la CIDH de un caso concreto sobre este tema. En el futuro, M4 explorará las posibilidades, junto con DPLF, de evaluar si este caso de las violaciones al derecho a la salud perpetradas por Goldcorp en sus minas en México, Honduras y Guatemala, podría ser presentado ante la CIDH.

El M4 nos brinda un ejemplo poderoso de lo que puede conseguirse cuando varias organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en diferentes niveles tienen los recursos para coordinar campañas a nivel comunitario, nacional e internacional. El trabajo en Mesoamérica, ha sido incluso más exitoso que lo esperado, precisamente debido a que aprovecha el momento y brinda los recursos y la orientación necesaria para llevar la campaña a otro nivel. Creemos que ha ampliado y organizado exitosamente la respuesta a nivel territorial para responsabilizar a las corporaciones por los abusos vinculados a los derechos a los recursos y a la justicia ambiental, a la vez que conecta esos esfuerzos para la realización de un advocacy regional y global.

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6.  Conclusión

El desarrollo del programa CAP del Fondo, así como las otras experiencias anteriormente descriptas, ha resaltado la importancia de alinear el programa de asignación de subsidios y la asistencia técnica del Fondo con las prioridades y estrategias de los activistas que están en los territorios y las comunidades afectadas. Siendo que los fondos se vuelven cada vez más escasos, es crucial que los cooperantes recuerden el rol fundamental que pueden cumplir las organizaciones locales en la identificación y respuesta a las necesidades comunitarias, permitiendo a las comunidades afectadas que actúen en su propio nombre. Aún más importante, es que estas organizaciones puedan garantizar la efectividad del trabajo para establecer y fortalecer estándares a nivel regional e internacional, fortaleciéndolo a través de sus bases que pueden presionar para el paso a una implementación significativa. Diversificar el financiamiento y garantizar que los recursos lleguen a los activistas en el territorio, así como a las organizaciones mayores, ambos contribuyen a una sociedad civil más fuerte y nos acerca al cambio social critico, por el que nuestras organizaciones fueron creadas para dar apoyo.

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Notas

1. Ver: http://www.tlachinollan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2295%3Apara-que-llueva-maiz-en-la-montana&catid=350%3Adesastre-natural-2013&Itemid=663&lang=es. Visitado el: 12 ago. 2014.

2. Ver: www.tlachinollan.org. Visitado el: 12 ago. 2014.

3. A través de un censo desarrollado por el staff médico local y por promotores de salud en Carrizalillo, PIAP ha documentado que 27% de la población sufre de nausea, diarrea y parásitos; 39% de migraña y fatiga; 45% de dolor, irritación y/o inflamación de garganta; 57% de resfríos, tos, bronquitis, asma o neumonía y un número alto no identificado de casos de lesiones cutáneas y enfermedades debidas al acido cianhídrico producido como resultado de la evaporación de cianuro utilizado en la filtración con cianuro para la extracción del oro. Los datos están en un documento en posesión de la autora.

4. Ver: http://www.miningwatch.ca/blog/local-community-shuts-down-goldcorps-los-filos-mine-mexico-company-claims-it-was-suspended-purp. Visitado el: 12 ago. 2014.

5. Ver: www.rindecuentas.org. Visitado el: 12 ago. 2014.

6. Ver: http://www.movimientom4.org/gold-corp-me-enferma and http://www.movimientom4.org/wp-content/docs/accion-denuncia-goldcorp-ingles.pdf. Visitado el: 12 ago. 2014.

7. Ver: http://tribunaldesalud.org/veredicto. Visitado el: 12 ago. 2014.

8. Ver: www.miningwatch.ca. Visitado el: 12 ago. 2014.

9. Ver: www.dplf.org. Visitado el: 12 ago. 2014.

10. Ver: http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_audiencia_mineria.pdf. Visitado el: 12 ago. 2014.

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Ana Paula Hernández

Ana Paula Hernández es Oficial de Programas para América Latina del Fondo para los Derechos Humanos Mundiales. Ella coordina el programa de subvenciones en México, Honduras y Guatemala y el Proyecto de Responsabilización de las Empresas (Corporate Accountability Project) en Mesoamérica. Tiene una Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en 2010 fue nominada como Yale Fellow.

Email: ahernandez@globalhumanrights.org

Original en inglés. Traducido por Maité Llanos.

Recibido en mayo de 2014.