Perspectivas

Desafíos para la sostenibilidad de la agenda de derechos humanos en Brasil

Ana Valéria Araújo

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RESUMEN

Trazando un panorama del papel de la sociedad civil organizada en Brasil desde el fin de la dictadura, el presente artículo investiga cuestiones fundamentales del debate sobre los problemas sociales, tales como la vinculación entre violencia y desigualdad. Al constatar que, aunque el desempeño de la economía brasileña haya sido exitoso en los últimos años, estamos lejos de remover las causas de las desigualdades sociales, raciales y de género, el artículo expone las contradicciones de un país que crece al mismo tiempo en que se agravan las violaciones de derechos. El texto incluye también un análisis sobre el aumento de la responsabilidad de las organizaciones de derechos humanos, en función de la posición que el país asume en el escenario internacional y de cómo su fortalecimiento y sostenibilidad son fundamentales para la ampliación de la democracia.

Palabras Clave

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El año 2014 marca los 50 años pasados desde la instauración de la dictadura militar en Brasil, el 31 de marzo de 1964. Puede decirse que el marco legal que clausura este período se dio con la promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988, hace poco más de 25 años. Mientras la dictadura militar se caracterizó por la supresión de las llamadas garantías individuales, como la libre manifestación de pensamiento, además de la brutal represión contra quien se opusiera a los actos gubernamentales, la nueva Constitución no sólo restableció esas garantías democráticas clásicas, sino que se abrió para albergar un mundo de nuevas posibilidades en cuanto al reconocimiento de los derechos de sujetos colectivos, como movimientos sociales, pueblos indígenas y quilombolas.

Sin embargo, como es el caso de muchas democracias emergentes, el fin de la dictadura no puso fin a las violaciones de derechos humanos, que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población. En rigor, estos últimos nunca fueron vistos y percibidos como detentores de derechos. Son invisibles. Y aunque el respeto a los derechos fundamentales constituye el cimiento de la Constitución de 1988, el aparato estatal no ha sido eficaz para impedir la violación de los intereses de estos grupos, que sufren también con las consecuencias de la impunidad, que sigue siendo parte del cotidiano del país.

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1.  Violación de derechos humanos, una constante de nuestra democracia

Cabe preguntar cuál es la razón para que mantengamos tal situación como una condición inherente del llamado proceso de transición democrática en Brasil, y que no se altera, a pesar de los avances que hemos logrado. La respuesta es relativamente simple: la sociedad brasileña no cambió tan rápido como la economía del país. El crecimiento de Brasil en los últimos años lo colocó entre las diez principales economías del mundo, haciéndole ganar por ejemplo, un papel destacado en el área de agricultura, donde ya detenta el puesto del principal productor mundial de proteína animal. Gracias a la gran disponibilidad de tierras cultivables y de agua, el país es considerado como el granero del mundo.

Por otro lado, la corrupción, la violencia y la desigualdad aún persisten como grandes problemas. Sobre todo, no se reconoce que la desigualdad va más allá del aspecto meramente económico y que tiene causas estructurales, fundadas en un legado de discriminación social, racial y de género.

Amplias políticas sociales de distribución de ingresos han retirado a millones de personas de la pobreza y han contribuido para crear la imagen de un país capaz de superar rápidamente la injusticia social, por vías democráticas. No obstante, pese a todos los indicadores positivos, Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, donde la división económica y social encuentra respaldo en factores políticos y culturales. El 10% más rico de la población obtiene la mitad del ingreso total del país, mientras que el 10% más pobre recibe apenas 1,1% de este ingreso. Mientras más de la mitad de la población de Brasil tiene menos del 3% de las propiedades rurales, los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, cuando reivindican tierras para garantizar su supervivencia, son reiteradamente vistos como obstáculos al progreso.

Para Oscar Vilhena Vieira, la fragilidad de nuestro Estado de Derecho está relacionada a la desigualdad, “que moldea nuestras identidades y estructura las relaciones sociales”, distorsionando “la percepción de que todos somos igualmente sujetos de los mismos derechos y obligaciones”. En la práctica, la percepción es la de que algunos son, de hecho, más sujetos de derecho que otros. Según Vieira, otro aspecto es el institucional y tiene que ver con la cultura corporativista y patrimonialista de “nuestros agentes de aplicación de la ley, que parecen estar más preocupados por el avance de sus intereses y prerrogativas de grupo, que por la realización de la misión de las instituciones a las que pertenecen” (VIEIRA, 2014).

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2.  Nuevas dimensiones de la intolerancia con los derechos humanos

De esta forma, la actual situación económica y social del país agrega nuevos desafíos al debate sobre los derechos humanos en Brasil. En primer lugar, hay una creciente contestación frente a los que defienden los derechos humanos, basada en la escalada de violencia urbana en el país, justamente cuando la economía brasileña no anda mal. Aliada a una crisis permanente del sistema de seguridad pública, la combinación aún no debidamente analizada y comprendida entre el aumento de la violencia y buenos indicadores económicos, disparó una nueva espiral de intolerancia para con los defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

En realidad, hay una exacerbación de las posturas conservadoras que buscan en la constatación del bajo índice de desempleo junto con los índices elevados de criminalidad, y en argumentos limitados sobre la solución para el problema de la violencia, justificativas para intentar viabilizar el endurecimiento de leyes y castigos. Lamentablemente, este tipo de visión ha empujado a algunas personas a apoyar el accionar de justicieros, como el episodio ocurrido el 31 de enero de 2014 en la ciudad de Rio de Janeiro, cuando un joven de 15 años fue atado a un poste, no sin antes haber sido fuertemente golpeado. De hecho, la acción sirvió como estímulo para que actos semejantes se propagaran en otros lugares del país de una forma absurda y preocupante.

Es fundamental reflexionar sobre este contexto y sus consecuencias, para garantizar la continuidad legitimada del trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Estos nuevos desafíos exigen abordajes innovadores y diferenciados sobre el problema de la violencia, que vayan más allá de la invocación de los principios básicos y universales de protección de la persona humana. Hay que hacer un firme esfuerzo para revertir la percepción pública sobre qué son los derechos humanos, percepción que está distorsionada aún más en tiempos de aumento de los índices de violencia.

Por ejemplo, es necesario abordar la discusión de que independientemente de cuán exitoso sea el desempeño de la economía brasileña, estamos lejos todavía de remover las causas de nuestras heridas sociales, lo que incluso sirvió como combustible para encender las manifestaciones de junio de 2013 y que insisten en no apagarse. No se puede acceder a servicios públicos de calidad en las áreas de salud, vivienda y transportes, en el mercado privado.

Para tener una adecuada noción de lo que significa el drama de la pésima calidad de los servicios públicos para la población de bajos ingresos, y de cómo eso se refleja en los más variados aspectos de la vida, vale resaltar lo que dicen Aline Kátia Melo y Bianca Pedrina en un artículo denominado “¿Avanzan los derechos para todas las mujeres? No” que retrata la lucha en los barrios periféricos por el acceso a la casa propia:

El derecho a una vivienda adecuada es esencial para que se efectivicen todos los otros derechos destinados a las mujeres. Para aquellas que viven en los suburbios, la distancia hace que el transporte sea angustiante. Andar por las calles sin iluminación transforma el camino en miedo. No tener la casa en su propio nombre es sinónimo de redención al marido agresor o, si no, a los altos precios del alquiler.
(MELO; PEDRINA, 2014).

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3.  Perpetuación de las desigualdades y de la violencia

No se puede postergar el debate sobre si es posible resolver el cuadro de violencia epidémica sin que sean eliminadas las raíces de la desigualdad social, racial y de género existentes en el país. En este escenario, será necesario afirmar que tal desigualdad es también una forma de violencia tan grave como las otras, porque institucionaliza y perpetúa las abismales diferencias entre los distintos segmentos de la población.

Es necesario preguntarnos, incluso, si queremos reducir drásticamente la violencia en toda la sociedad, o si sólo hablamos de mantenerla alejada de los bolsones más privilegiados. La respuesta a esta pregunta nos dirá el tipo de desarrollo que tendremos, al igual que la calidad del proceso civilizatorio que guiará los proyectos de futuro para nuestro país.

Esto nos debe recordar lo que se hacía en Sudáfrica durante el régimen del Apartheid, que mantenía los barrios ocupados por los blancos como islas de tranquilidad, mientras que en los llamados bantustanes, destinados a la población negra, la vida era un infierno de violencia infinita. Falta darnos cuenta que estamos ante una situación similar cuando comparamos el accionar de la policía en un barrio rico de São Paulo con lo que pasa en las callejuelas del barrio Jardim Ângela, en la distante y pobre región sur de la misma ciudad.

También es preciso que hablemos de los impactos económicos de la matanza que se desata sobre los jóvenes negros de las periferias de las grandes ciudades brasileñas, que más allá del sufrimiento y del dolor de sus familias, representa la dilapidación de un capital humano indispensable para el futuro del país. Brasil, a partir de 2020, podrá enfrentar un déficit acentuado en los índices de reposición de su población, lo que producirá problemas tales como escasez de mano de obra, y posiblemente, la necesidad de resolverla restaurando una política de inmigración más favorable a la atracción de extranjeros.

Es necesario mostrar que defender los derechos humanos es también abordar la insensatez de un país que no se preocupa por el exterminio de un sector de su juventud, que genera perjuicios económicos incalculables. Además de ser un país racista, somos además económicamente miopes.

Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) realizado en 2013, intitulado Vidas Perdidas y Racismo en Brasil, analizó en qué medida las diferencias en los índices de muertes violentas pueden estar relacionadas a las disparidades económicas, demográficas, así como con el racismo. El estudio afirma que:

Al considerar únicamente el universo de los individuos victimas de muertes violentas en el país entre 1996 y 2010, se verifica que, además de las características socioeconómicas –como escolaridad, género, edad y estado civil-, el color de la piel, cuando negra o parda, aumenta la probabilidad de que la misma haya sufrido homicidio en ocho puntos porcentuales.
(CERQUEIRA, MOURA, 2013, p. 14).

Al considerar sólo el universo de los individuos que sufrieron muerte violenta entre 1996 y 2010, el Ipea constata que, más allá de las características socioeconómicas –como nivel educativo, género, edad y estado civil–, el color de la piel de la víctima, cuando es negra o parda, hace aumentar la probabilidad de que el mismo haya sufrido homicidio en cerca de ocho puntos porcentuales.

En Alagoas, por ejemplo, los homicidios redujeron en 4 años la expectativa de vida de los hombres negros. Entre los no negros, la pérdida es de tan solo tres meses y medio. El índice de homicidio para la población negra alcanzó, en 2010, la proporción de 80 cada 100 mil individuos. Allí mueren asesinados 17,4 negros por cada víctima de otro color, lo cual convierte a Alagoas en el estado que presentó el peor resultado en todo el país.

Lo que causa mayor impacto cuando se lee el estudio de Ipea es que la “expectativa de vida al nacer es uno de los principales indicadores asociados al desarrollo socioeconómico de los países”. Un país en el que nacer negro agrega a la vida tantos riesgos como estar en medio de una guerra civil en Medio Oriente es un país que aún tiene mucho camino por recorrer en la trayectoria civilizatoria. En este contexto, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es esencial y necesita ser fortalecido.

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4.  La urgencia del ahora

Es por eso que las protestas de junio de 2013 pusieron en el orden del día la urgencia de atender a las exigencias presentadas a los poderes públicos y privados sobre problemas en las más diferentes áreas. La población que salió a las calles demandaba soluciones inmediatas, lo que refleja una especie de sintonía con el discurso legendario de Martin Luther King (I have a dream), pronunciado hace 50 años, que hablaba de la “feroz urgencia del ahora” para dar solución a los problemas raciales de Estados Unidos, diciendo “que no es hora de darse el lujo de enfriar los ánimos o tomar la tranquilizadora droga del gradualismo” (KING, 1963).

Esa parece ser también la percepción de André Singer, cuando afirma que:

Nuevos y viejos movimientos sociales, como el Passe Livre* y los Sin Techo, decidieron que no sirve de nada quedarse esperando. Se dieron cuenta de que el gobierno de centro-izquierda sólo se va a inclinar más hacia el lado de los dominados si existe presión. Animados por los resultados de junio, van a volver a las calles.
(SINGER, 2014).

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5.  El impacto de la economía en los pueblos tradicionales y el medio ambiente

Si el contexto anteriormente presentado trata sobre las nuevas dinámicas de presión sobre la situación de los derechos humanos en sus representaciones más habituales, cabe notar que la recuperación del crecimiento de la economía desencadenó un nuevo ciclo de presiones sobre los pueblos tradicionales y el medio ambiente en el que viven. Esto es un reflejo de la planificación de megaproyectos de infraestructura, especialmente rutas, puertos y grandes hidroeléctricas. A modo de ejemplo, de las 50 principales obras de infraestructuras proyectadas para ser construidas en todo el mundo, 14 están localizadas en nuestro país.

Entre ellas, se desataca la construcción de grandes hidroeléctricas que provocan inmensos daños ambientales y sociales. Actualmente, debido a que no contabilizan los impactos socio-ambientales en su costo de producción, las hidroeléctricas son la fuente de energía más económica del país. En consecuencia, es enorme la presión de los sectores industriales para que el gobierno brasileño acelere la construcción de grandes usinas en la Amazonía, sobre todo porque en el primer semestre de 2014 ha vuelto el debate sobre la necesidad de un nuevo racionamiento de energía, debido a las débiles lluvias que cayeron sobre los reservorios localizados en la región Sudeste.

Como se prevé que buena parte de esas obras provocará impactos significativos, les toca a las organizaciones de la sociedad civil la difícil tarea de identificar, entre las múltiples iniciativas planificadas, cuáles requerirán una atención prioritaria, considerando los recursos limitados, humanos y materiales con los que cuenta la mayoría de dichas organizaciones para su actuación.

El establecimiento de tales prioridades exigirá una lectura compleja de las percepciones que tiene la sociedad brasileña sobre la necesidad de expansión en infraestructura, y que ofrezca herramientas para la definición de estrategias sobre cómo abordar el problema. Es fundamental hacer este trabajo y al mismo tiempo revertir la impresión popular de que esas organizaciones hacen una oposición desmedida a los esfuerzos por corregir las variadas deficiencias del país en el sector de infraestructura.

Las organizaciones que trabajan en ese campo deben estar preparadas para presentar críticas consistentes a los proyectos elaborados por los gobiernos y por las empresas privadas, fundamentadas en estudios que indiquen de manera clara sus efectos negativos y las alternativas disponibles para responder a las necesidades reales de la sociedad, sin perjudicar a las poblaciones tradicionales y al medioambiente. Esto funcionará como antídoto poderoso para bloquear la acusación de que las organizaciones de la sociedad civil son contrarias al progreso del país y enemigas del desarrollo.

Es la calidad de la crítica hecha a los proyectos de infraestructura que violen derechos humanos lo que legitimará ante la sociedad el accionar de las organizaciones de derechos humanos, ya que es parte del juego democrático ejercer el control social sobre las iniciativas de gobiernos y de empresas privadas. Es además lo que permitirá conquistar más adeptos para las causas de derechos humanos. Incluso porque la noción de progreso como un valor absoluto hace tiempo que está siendo relativizada, justamente debido a la crisis ambiental generada por el acelerado proceso de desarrollo experimentado por el mundo a partir de la revolución industrial.

Para Tzvetan Todorov,

el pueblo, la libertad, el progreso son elementos constitutivos de la democracia (…), pero si uno de ellos se emancipa de sus relaciones con los otros, escapando de esa forma a cualquier intento de limitación y erigiéndose en el único y absoluto, se transforman en amenazas: [pasando a constituir los verdaderos] enemigos íntimos de la democracia.
(TESTEMUNHAMOS…,2014)

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6.  La paradoja de un Brasil más autárquico

La expansión de la economía brasileña también hizo que el país buscara dinamizar su presencia en los foros internacionales. En los últimos 10 años, con los gobiernos de Lula y Dilma, una intensa agenda diplomática potenció la influencia del país ante diferentes bloques de países. Eso llevó a Brasil a aumentar exponencialmente su liderazgo, ejemplificado en la elección del embajador brasileño Roberto Azevêdo para la dirección de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A la vez que eso significa que Brasil tiene relevancia como para influir en los debates de los foros multilaterales, también significa que el país, paradójicamente, en razón del aumento de su status internacional, estará menos susceptible a reclamos de otros países para cambiar eventuales posturas que agredan los derechos humanos. Por lo tanto, esto exige que las organizaciones de derechos humanos se fortalezcan internamente para buscar, dentro del país, paralelamente a lo que es realizado en la arena internacional, los cambios de posturas que antes podían ser empujados con la manifestación de inquietud de organismos multilaterales, o de países de Europa y/o Estados Unidos.

Es cierto que esa mayor “autarquización” del país también es impulsada por el nuevo patrón de relaciones comerciales de Brasil, que antes se concentraban en Europa y Estados Unidos, y que ahora se diversifican encontrando en China un aliado económico relevante para sus exportaciones, en especial de productos minerales y agrícolas. La diversificación conlleva como consecuencia la relativización del peso que tenían las ventas de productos agrícolas brasileños a Europa y Estados Unidos, hasta ese entonces, en la balanza comercial. En este sentido, la presión que las organizaciones europeas o norteamericanas podrían ejercer sobre Brasil para alterar posturas contrarias a los derechos humanos tiende a disminuir.

El hecho de que seamos vistos como el granero del mundo, en un momento en que los precios de los alimentos suben y se mantienen en un nivel elevado en razón de la creciente demanda de alimentos, vuelve al país aún más importante y poderoso en el complejo juego de las relaciones comerciales y diplomáticas, puesto que todavía puede pasar mucho tiempo hasta que las organizaciones brasileñas puedan contar con aliados dentro de China, por ejemplo, para denunciar eventuales violaciones de los derechos humanos por parte de empresas que exportan productos hacia dicho país.

Por otra parte, la mayor presencia de empresas brasileñas en el exterior, en especial en África y América Latina, ya le acarrearon a Brasil el costo de ser considerado como un país que hiere los derechos humanos más allá de sus fronteras. Eso aumenta todavía más el peso de la responsabilidad de las organizaciones de derechos humanos de Brasil, pues ahora hay que hacer con los aliados africanos y latinoamericanos aquello que hasta entonces recibíamos de europeos y norteamericanos. Sólo que las organizaciones de derechos humanos, en este momento, enfrentan enormes desafíos de financiamiento para su trabajo y están debilitadas.

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7.  La agenda emergente

El año 2014 será de fundamental importancia para la promoción de los derechos humanos en Brasil, justamente en razón del aumento de la tensión iniciada con las protestas de junio de 2013. Las llamadas “jornadas de junio” sumergieron al país en un torbellino de acontecimientos que dispararon, entre los movimientos sociales, los políticos, la prensa y otros segmentos de la sociedad, un duro y penoso debate que está lejos todavía de generar consensos que permitan la formulación de una agenda de soluciones.

Puede hasta decirse que el país anda más nervioso que lo habitual, como si todos los problemas que estaban escondidos, aparentemente olvidados debido a la mejora de la situación económica, hubieran emergido de una sola vez, desafiándonos a lidiar con todos ellos al mismo tiempo, y tal como en el caso del enigma de la esfinge, amenazando con devorar a aquellos que no los descifren.

En tal escenario de incertidumbres y de nervios a flor de piel –influido por la coyuntura de la disputa presidencial, cuando se renuevan las irrupciones autoritarias que hicieron, por ejemplo, que el Congreso Nacional discuta una ley de excepción para combatir actos terroristas– es preciso actuar de forma aún más intensa para que la sociedad brasileña no acepte que los derechos humanos sean dejados de lado, como un peso indeseable del cual necesitamos liberarnos porque es un obstáculo para el buen desempeño de la economía nacional.

Más que nunca, hace falta exponer la contradicción de que no se puede hablar de un país rico, desarrollado, que sea aceptado como integrante del primer mundo, mientras contamos con la macabra estadística de que cada 90 minutos una mujer es asesinada, ya sea en São Paulo o en las regiones más remotas del país.

Así, se impone la tarea de demostrar que denunciar el racismo que se manifiesta en la desigualdad de ingresos es un eficaz medio para trabajar por el desarrollo del país sobre bases justas y sustentables. Que utilizar las salvaguardas de los derechos humanos para proteger a los que se encuentran en conflicto con la ley, sirve, por ejemplo, para revitalizar y oxigenar el funcionamiento de las instituciones estatales que aseguran el buen funcionamiento de una democracia, como es el caso del Poder Judicial, sin las cuales no existe una nación próspera y fuerte.

Ese es el trabajo que las organizaciones de derechos humanos deben dar a conocer en Brasil, lo cual les garantizará la legitimación de sus fuerzas de acción, asegurando, incluso, que puedan contar con el indispensable apoyo financiero de la población, vital para su funcionamiento de forma independiente. Obviamente, hay un largo camino por recorrer para construir una cultura de donaciones que tenga el foco puesto en las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, ya existen iniciativas exitosas en todo el país que apuntan positivamente a la necesidad de una inversión fuerte, además de experiencias como las de los llamados fondos independientes – Fundo Brasil de Direitos Humanos es un ejemplo – dedicados al fortalecimiento de las organizaciones de defensa de derechos, capaces de conducir el proceso de transformación que nos llevará a ser un país mejor.

El año 2014 marca los 50 años pasados desde la instauración de la dictadura militar en Brasil, el 31 de marzo de 1964. Puede decirse que el marco legal que clausura este período se dio con la promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988, hace poco más de 25 años. Mientras la dictadura militar se caracterizó por la supresión de las llamadas garantías individuales, como la libre manifestación de pensamiento, además de la brutal represión contra quien se opusiera a los actos gubernamentales, la nueva Constitución no sólo restableció esas garantías democráticas clásicas, sino que se abrió para albergar un mundo de nuevas posibilidades en cuanto al reconocimiento de los derechos de sujetos colectivos, como movimientos sociales, pueblos indígenas y quilombolas.

Sin embargo, como es el caso de muchas democracias emergentes, el fin de la dictadura no puso fin a las violaciones de derechos humanos, que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población. En rigor, estos últimos nunca fueron vistos y percibidos como detentores de derechos. Son invisibles. Y aunque el respeto a los derechos fundamentales constituye el cimiento de la Constitución de 1988, el aparato estatal no ha sido eficaz para impedir la violación de los intereses de estos grupos, que sufren también con las consecuencias de la impunidad, que sigue siendo parte del cotidiano del país.

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Referencias

Bibliografía y otras fuentes

CERQUEIRA, Daniel R.C.; MOURA, Rodrigo Leandro de. 2013. Vidas Perdidas e Racismo no Brasil. Brasília: Ipea, nov. (Nota Técnica, n. 10). Disponible en: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/131119_notatecnicadiest10.pdf. Visitado en: jul. 2014

KING, Martin Luther Jr. 1963. I have a dream. Washington, EUA: Lincoln Memorial. Aug. 28.

MELO, Aline Kátia; PEDRINA, Bianca. 2014. Os direitos avançam para todas as mulheres? Não. Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 mar. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1422445-os-direitos-avancam-para-todas-as-mulheres-nao.shtml. Visitado en: jul. 2014.

SINGER, André. 2014. Fogo cruzado e confuso. Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 mar. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/155405-fogo-cruzado-e-confuso.shtml. Visitado en: jul. 2014.

TESTEMUNHAMOS a corrosão mundial da democracia. 2014. Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 fev. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2014/02/1415796-testemunhamos-a-corrosao-mundial-da-democracia-diz-todorov.shtml. Visitado en: jul. 2014.

VIEIRA, Oscar Vilhena. 2014. Incivilidade. Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 fev. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/oscarvilhenavieira/2014/02/1409207-incivilidade.shtml. Visitado en: jul. 2014.

Ana Valéria Araújo

Ana Valéria Araújo es abogada especialista en derechos indígenas y en la defensa de los derechos humanos. Fundadora y miembro del Consejo Directivo del Instituto Socio-ambiental (ISA). Fue Directora Ejecutiva de Rainforest Foundation de EEUU, en Nueva York. Desde 2006, es Coordinadora Ejecutiva de la fundación Fundo Brasil de Direitos Humanos, en São Paulo.

Email: avaraujo@fundodireitoshumanos.org.br

Original en portugués. Traducido por Maité Llanos.

Recibido en marzo de 2014.