La protección de los derechos LGBTI, un panorama incierto

La Asamblea General de la OEA emitió varias resoluciones (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2008; 2009; 2011) durante el período de seguimiento al informe de 2006, donde se señala que los Estados deben “asegurar una protección adecuada de los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia y violaciones de los derechos humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género” (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2009, párra. 3). Sin embargo, los reportes de agresión -asesinatos, amenazas, criminalización de sus actividades, así como un discurso de desprestigio sobre defensores y defensoras de estos derechos- continúan siendo una de las preocupaciones de las organizaciones LGBTI de la región.

Las deficiencias en la investigación imposibilitan la realización de un análisis detallado de las posibles causas de los crímenes. Amén de ello, la carencia de registros especializados de parte de las poblaciones afectadas revela la situación de vulnerabilidad en que se dan los hechos criminales, y la alta probabilidad de que ante la falta de un aparato de justicia efectivo estos hechos se perpetúen.

Aún así, el incremento de la actividad sistemática de organizaciones LGBTI en todo el mundo, muestra no solo las violaciones que enfrentan cotidianamente, sino también el valor y el compromiso que cada vez más personas asumen para luchar por sus derechos. A pesar de los riesgos, cada vez más se estructuran grupos y organizaciones permitiendo conocer mejor las vejaciones que enfrentan y los desafíos que ofrecen para la despenalización y protección de su condición. Incluso, en lugares donde no es penalizada esta condición, algunas organizaciones han dejado atrás la actuación clandestina, y han logrado adquirir mayor visibilidad, obteniendo personalidad jurídica y realizando negociaciones con las autoridades.

Esta condición ha dado lugar también a que cada vez más, las demandas de las personas discriminadas por su orientación sexual o identidad de género tengan eco, no solo en sus países, como también, y de manera muy importante, en los espacios intergubernamentales. Y como señala Girard (2007) esto no debería sorprendernos, ya que al ser la ONU uno de los recintos más prominentes para la creación de normas y discursos internacionales, este debería ser de manera inevitable un foro fundamental para debatir acerca de la sexualidad. No obstante, esta presencia ha tenido un desarrollo sumamente accidentado.

De hecho, podríamos decir que el debate en torno a la condición de las personas homosexuales se inició, velada o tangencialmente, desde 1994 en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo, donde se trató de introducir el reconocimiento de los derechos sexuales. No obstante, esto no fue posible, ante el temor mostrado por algunos gobiernos y el Vaticano de que se incluyeran aspectos de la homosexualidad. Así, las negociaciones se tornaron difíciles y la oposición a derechos sexuales y reproductivos, por parte del Vaticano y de algunos aliados latinoamericanos, tuvo éxito al lograr que la frase derechos sexuales quedara fuera, aceptando solo derechos reproductivos. La aceptación de estos derechos reproductivos fue resultado también de la apuesta que el feminismo colocó en ellos.

Por otra parte, el rechazo del Vaticano al término género en defensa de la esencia de las categorías binarias (CAREAGA, 1995) mujer-hombre, y de los roles sociales preestablecidos, abrió un debate inesperado que al final podríamos considerar que resultó en un importante antecedente para el reconocimiento de las identidades o expresiones de género fluidas o múltiples -transgénero-; ante la necesidad de fundamentar y discutir el género como una construcción social con distintas representaciones.

Es de destacar que en estas prolongadas negociaciones, Argentina, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú se unieron a la postura biologicista y moralista del Vaticano -para colocar reservas a los derechos reproductivos- y a Estados Unidos -bajo la presión de la carga de la deuda y los ajustes económicos a la ayuda financiera. Al mismo tiempo, la Organización de la Unidad Africana, bajo el liderazgo de Senegal, estuvo de acuerdo en aceptar el lenguaje de los derechos sexuales en una reunión preparatoria regional.

Ya más claramente en la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, una mejor estrategia colocó a los derechos sexuales y la orientación sexual en el centro del debate. Fue un momento muy importante para cambiar la forma de pensar acerca de la sexualidad, así como un intenso y largo proceso dialéctico en el que se desarrollaron conceptos. No obstante, aunque la orientación sexual era explícita en el término de derechos sexuales, activistas de la salud decidieron estratégicamente no realzarla. La intensa discusión que levantó la orientación sexual incluso dio lugar a la extensión no formal de la Conferencia, ya que los debates que se desarrollaron a lo largo de cuatro días terminaron a las cinco de la mañana del día siguiente de la fecha pactada.⁴

Al final, orientación sexual y derechos sexuales fueron eliminados, pero el párrafo 96 (NACIONES UNIDAS, 1995) claramente reconoce el derecho a tener control sobre y decidir libre y responsablemente acerca de los asuntos relacionados con su sexualidad, libre de coerción, discriminación y violencia.
Este resultado fue producto de la sensibilidad alcanzada por el Tribunal de Derechos de las Mujeres organizado en Viena en 1993, acerca de la violencia contra las mujeres, donde se destacaron de manera importante las violaciones con respecto a la sexualidad. También hubo un fuerte apoyo del África subsahariana, especialmente de Sudáfrica y Senegal, así como del Caribe y de varios países latinoamericanos, tales como Brasil y México, conjuntamente con Egipto e Irán (GIRARD, 2007).

Podríamos afirmar que el trabajo sistemático para incluir orientación sexual e identidad de género en la agenda internacional se ha desarrollado desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), donde desde 2003 el gobierno de Brasil planteó la necesidad de llegar a una resolución que reconociera la discriminación que las personas LGBTI viven cotidianamente y que se definieran acciones para enfrentarla. El que un país latinoamericano levantara la voz en este campo marcó precisamente una nueva ruta que hoy podemos identificar en la protección de los derechos de las personas LGBTI. A pesar del gobierno de Brasil haber retirado la propuesta, probablemente por sus negociaciones económicas con el mundo árabe, esto no cerró las oportunidades para la elaboración de nuevas Resoluciones y la presentación de Declaraciones.

Curiosamente, podemos observar que a partir de la ocupación de la silla de la Oficina del Alto Comisionado por mujeres, el debate sobre orientación sexual no solo se ha mantenido, como también ha ido en constante incremento y ha llevado la discusión hasta la Asamblea General para alcanzar una Declaración sostenida por 67 países en 2008, a la que continúan sumándose adhesiones. No obstante, y tal vez precisamente por eso, la elección de una mujer al cargo está hoy en riesgo.

Además, la introducción del debate sobre la condición de las personas por su orientación sexual e identidad de género, no solo ha sido una constante en las negociaciones del CDHNU, sino que también ha dado lugar a la inserción de la discusión en torno a la sexualidad en cada una de las sesiones del Consejo. Al mismo tiempo que ha llevado a la toma de medidas por parte de relatores y de distintas agencias de la ONU para la protección de los derechos de las personas LGBTI.

Pero todavía no podemos cantar victoria. Como señalé antes, el panorama enfrentado cotidianamente las personas LGBTI en el mundo es deplorable y sangriento. Incluso, en las recientes negociaciones para definir la Agenda de Desarrollo post 2015 se observa un reacomodo de las fuerzas conservadoras no solo para impedir avances, sino también para lograr la eliminación de cualquier consideración de que pudieran ser objeto en los planes de desarrollo.

El panorama social, económico y político ha cambiado. La Unión Europea, Norteamérica, América Latina y algunos países de Asia elaboran las propuestas más avanzadas para garantizar los derechos humanos en relación a la sexualidad. Mientras que la Coalición Africana y los países de El Caribe, influenciados por las nuevas religiones, las presiones económicas y los juegos del mercado, han unido sus voces a los intereses de liderazgo de Rusia, y conformado una fuerza junto con el Vaticano y algunos países musulmanes para impedir el reconocimiento de la legitimidad de la defensa de los derechos LGBTI, e incluso para intentar revertir las conquistas en los derechos de las mujeres.

Conclusiones

Las diferentes técnicas para el sometimiento de los cuerpos y la reglamentación de las poblaciones, ha sido un elemento básico del Estado moderno para el desarrollo de los procesos económicos y políticos. Se manifiesta claramente en las distintas formas de control como en los discursos públicos, científicos y legales y en las creencias religiosas, tanto preexistentes como renovadas.

La condición de la población LGBTI, a pesar de haber logrado ocupar el centro de los debates en los espacios intergubernamentales, en muchas ocasiones continúa siendo enmarcada solamente en la sexualidad. Esta visión matizada por el estigma moral y el prejuicio limita de manera importante tratar a las personas LGBTI en su cotidianidad como ciudadanas. Colocándolas en condición de vulnerabilidad, desacreditadas y relegadas del ejercicio de sus derechos fundamentales e incluso siendo criminalizadas.

La introducción de la sexualidad en las regulaciones científicas, legales y religiosas resulta ilustrativa de la forma en la que las autoridades religiosas, y particularmente el Vaticano, y hoy los grupos evangélicos, han utilizado su mirada sobre la sexualidad para la definición de la política internacional.

La importancia de la discusión que se ha impulsado en torno a la sexualidad en los espacios intergubernamentales, deja ver que más que solo ser controlada por el silencio, la sexualidad ha sido construida y regulada mediante diferentes discursos y estrategias de poder. El hecho de analizar los mecanismos a través de los cuales el poder se despliega en el discurso al interior de la ONU, puede conducirnos a una comprensión y a una perspectiva más profundas de las demandas y argumentos en juego entre las fuerzas progresistas como conservadoras.

Los intereses involucrados en el reconocimiento de la sexualidad y los derechos de la población LGBTI son muchos y dinámicos. La lucha por la defensa de estos derechos habrá de estar atenta a las constantes reconfiguraciones económicas y geopolíticas si se pretende algún día alcanzar su protección.