La pregunta “¿quién nos representa?” ha perseguido a la comunidad global de derechos humanos durante un tiempo y recientemente ha aparecido una multitud de artículos que cuestionan la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y de otras ONG, al yuxtaponerlos a otros movimientos sociales o de base. Varios autores han señalado que debido a la dependencia de las ONG de los donantes, sus agendas y perspectivas políticas están inevitablemente afectadas e incluso subyugadas y sus conexiones a la comunidad debilitadas. Habiendo participado en estos debates en la región árabe durante más de veinte años y tomando el ejemplo de Palestina, como una sociedad extremadamente dependiente de la ayuda y políticamente volátil, el autor de este artículo se ocupa de algunas de las afirmaciones que se han hecho, ya sean en relación a los derechos humanos o sobre las organizaciones de la sociedad civil en general. En lugar de plantear proposiciones disyuntivas, este artículo plantea que es importante adoptar una actitud más inclusiva que reconozca en la diversidad de perspectivas un enriquecimiento de los componentes creativos y mutuamente solidarios de la sociedad civil. En Palestina, es justamente la multiplicidad y diversidad de la sociedad civil quizás el único rayo de esperanza en un entorno político desalentador.
Una de las preguntas planteadas para esta edición de aniversario de la Revista es “¿a quién representamos?” Esta es una pregunta que ha perseguido a la comunidad global de derechos humanos durante un tiempo y recientemente ha aparecido una multitud de artículos que cuestionan la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y de otras ONG al yuxtaponerlos a otros movimientos sociales o de base y acusarlos de corrupción (DANA, 2013), criticando la “ONG-ización” (JAD, 2014), y ensalzando las virtudes del voluntariado frente al “profesionalismo” (SURESCH, 2014). Los autores señalan que debido a la dependencia de las ONG de los donantes, sus agendas y perspectivas políticas están inevitablemente afectadas e incluso subyugadas y sus conexiones a la comunidad debilitadas. Proponen que la sociedad civil se aleje de la “ONG-ización” y vaya hacia alguna forma idealizada y más “políticamente correcta” de movimiento movilizado de base para ganar legitimidad. Resulta interesante que casi todos estos artículos se centran en los esfuerzos de la sociedad civil en el Sur Global.1
Habiendo participado en estos debates en la región árabe durante más de veinte años, voy a ocuparme de algunas de las afirmaciones que se han hecho, ya sean en relación a los derechos humanos o sobre las organizaciones sociales en general. Esta discusión se enfocará sobre todo en las experiencias de Palestina; una sociedad extremadamente dependiente de la ayuda y políticamente volátil, donde estas preocupaciones adquieren una importancia exacerbada y donde la defensa de los derechos humanos está íntimamente ligada a las políticas de resistencia y liberación. En lugar de plantear proposiciones disyuntivas, este artículo plantea que es importante adoptar una actitud más inclusiva que reconozca en la diversidad de perspectivas un enriquecimiento de los componentes creativos y mutuamente solidarios de la sociedad civil. En Palestina, es justamente la multiplicidad y variedad de la sociedad civil quizás el único rayo de esperanza en un entorno político desalentador.
En Palestina, un asunto que se plantea a menudo es que uno de los resultados de la firma de los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1993 fue un desplazamiento en las organizaciones de la sociedad civil, desde los comités de base “profundamente enraizados en el movimiento de liberación nacional” hacia las ONG como intermediarios dependientes de ayuda entre lo global y lo local (DANA, 2013). Este esbozo, sin embargo, tiene más matices y es más complejo, y nuestra comprensión del mismo debe comenzar por cuestionar si los movimientos de masas idealizados eran realmente de masas y representaban una agenda popular nacional o más bien la de los actores políticos en competencia detrás de ellos.
Las ONG ya estaban activas mucho antes de Oslo. Gran parte de las ONG de desarrollo, derechos humanos y derechos de las mujeres se establecieron a comienzos de los ’80 y ya estaban haciendo un muy buen trabajo mucho antes del aumento de fondos que tuvo lugar después de Oslo. El fenómeno del “comité popular” palestino de los años ’70 y ’80, como los comités voluntarios iniciados por la Universidad Birzeit, los comités de Asistencia Médica y Ayuda Agrícola entre otros, también hicieron un excelente trabajo y ayudaron a preparar el terreno para la primera Intifada popular. Los actores políticos, especialmente el Partido Comunista, iniciaron muchos de esos comités, pero con el tiempo también los diversos partidos políticos de la OLP establecieron comités rivales. En cierto momento teníamos tres comités de asistencia médica y tres comités populares de mujeres, así como otros en otras áreas. A pesar del buen trabajo que realizaron estos comités, no estaban exentos de elitismo político ni de manipulación de sentimientos nacionalistas para conseguir movilizaciones partidistas. Es más, el éxito de esos esfuerzos de movilización también puede ser cuestionado, evidenciado por el débil estado en que se encuentran hoy en día esos movimientos. Las razones de esta debilidad deben ser estudiados en el contexto de su propia historia y modos de funcionamiento, en lugar de simplemente culpar a la proliferación de ONG mejor financiadas.
Una pregunta más difícil, dada la actual fragmentación política de la sociedad palestina, es si hay o no una “agenda nacional” unitaria o coherente más allá de lo que todos aprueban en general: la liberación de la ocupación. Las diversas corrientes y fuerzas políticas en la sociedad palestina, incluyendo Fatah en Cisjordania, Hamas en Gaza, la izquierda en general o incluso la “nueva élite globalizada,” no comparten necesariamente la misma visión de la futura sociedad palestina. Deberían ser capaces sin duda de articular sus visiones de forma similar y ofrecer a la opinión pública en general las distintas agendas y los caminos para lograrlas. En ese sentido, los defensores de derechos humanos o el sector público también deberían tener el derecho de adherirse o no a cualquiera de esas interpretaciones de una “agenda nacional”. Algunos actores políticos pueden no estar de acuerdo con una visión de futuro basada en los derechos humanos, donde las normas universales de derechos humanos reconocidas internacionalmente y el Estado de Derecho puedan entrar en conflicto con definiciones más estrechas de los derechos y las libertades basadas en otros criterios.
Por otro lado, existe la crítica de que las ONG tienen estructuras jerárquicas donde el poder está concentrado en manos de unos pocos individuos que sólo deben rendir cuentas a sus consejos (si de hecho existen los consejos y funcionan como deberían) y no a su comunidad. Este no es un fenómeno nuevo en Palestina, ni en la región por lo que a ella respecta, y no se limita a las ONG. Las sociedades civiles casi siempre reproducen los modelos de liderazgo a los que están acostumbrados. En Palestina y en otros lugares, no son sólo los directores de muchas ONG los que han estado en el mismo puesto durante 30 años, sino también el jefe de Estado o de un comité o consejo local, partido político, u organización de trabajadores, entre otros. Ver esto como un problema únicamente de las ONG es inapropiado.
La hipótesis de que los movimientos sociales pueden de alguna forma estar libres de la manipulación política y operar sencillamente con razones éticas o morales más elevadas no está necesariamente bien fundado. En la región árabe, muchos grupos de derechos humanos comenzaron como organizaciones asociativas siguiendo un modelo de movimiento social. En poco tiempo, y probablemente debido a la falta de participación política real en la región, tuvieron lugar luchas por el control político dentro de esas organizaciones, llevándolas a la parálisis y a la ineficacia.
Ocasionalmente se lanzan acusaciones a las ONG por corrupción, malversación de fondos o gasto excesivo en salarios y costes administrativos, en lugar de “ayudar a la víctima de una violación o a un superviviente de tortura” (SURESH, 2014). La corrupción ocurre y requiere vigilancia diaria, pero no es un problema sólo de las organizaciones profesionalizadas dependientes de fondos extranjeros. Lo vemos en movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos (por supuesto), organizaciones de base para el desarrollo y, sí, en organizaciones donantes también (LEBANON DEBATE, 2013). La corrupción es un rasgo humano que debe ser combatido con rasgos éticos más elevados y con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Pero señalar con el dedo a las organizaciones dependientes de donantes y tildarlas sólo a ellas como endémicamente corruptas parece injusto.
Otra yuxtaposición sobre-simplificada es contrastar las agendas de las ONG supuestamente dirigidas por los donantes con la (también supuestamente) agenda nacional más local de los movimientos sociales populares. Ha habido sin duda muchísimas cuestiones asociadas a la financiación extranjera de esfuerzos locales, incluyendo la concordancia de las prioridades de los donantes y las nacionales, las “listas negras” establecidas por los Estados Unidos, una dependencia creciente y muchas otras, y la financiación puede por supuesto tener un efecto, ya que los donantes vienen con sus propias agendas y prioridades.
Sin duda hay política en la filantropía para la justicia social (AZZAM, 2005), lo que motivó en parte que, hace cinco años, algunos de nosotros estableciéramos el Arab Human Rights Fund; el primero de tales fondos filantrópicos de propiedad regional para los derechos humanos, que invierte los fondos de acuerdo con las preocupaciones sobre el terreno y también busca educar a los donantes internacionales.2 Hasta la fecha, sin embargo, todavía no somos capaces de alcanzar ninguna cifra parecida a la de los fondos provistos por los donantes europeos y norte americanos, ya que los potenciales donantes nacionales continúan temiendo ser asociados con lo que se percibe como un tema “político”. En muchos países de nuestra región, se requiere la autorización del gobierno hasta para recaudar fondos locales, ya no digamos del exterior. Estas cuestiones, no obstante, son síntomas de problemas sociales y políticos más amplios, no de las organizaciones en sí.
Los donantes a menudo deciden sus prioridades por sus propios motivos, algunos de los cuales son estratégicos, otros programáticos y algunos incluso políticos, y esto afecta a que ciertos temas reciben fondos en un año determinado. Sin duda, las ONG deben averiguar las prioridades de las organizaciones donantes antes de enviarles sus propuestas y muchas toman decisiones a partir de esa información. Lamentablemente, no todas las ONG son capaces de negociar con sus donantes para obtener apoyo para los temas que consideran prioritarios. Pero decir que las prioridades de los donantes erosionaron la capacidad de las ONG palestinas de producir planes basados en prioridades nacionales –de nuevo, asumiendo que tenemos las mismas prioridades nacionales- es injusto y desprecia el compromiso y duro trabajo de las ONG palestinas. Por dar solo un ejemplo, ¿cómo puede ser una agenda extrajera para el Palestinian Center for Human Rights en Gaza y el Al-Haq en Ramala usar fondos extranjeros para presentar casos de crímenes de guerra contra oficiales israelís en Europa? Debido a los esfuerzos creativos y valientes de ONG palestinas al respecto, y a pesar de que diplomáticos cobardes y tribunales en Gran Bretaña y otros lugares cambien sus leyes para evitar casos de crímenes de guerra, los oficiales israelís cancelan viajes con frecuencia por miedo a la interposición de una orden judicial (PFEFFER, 2012).
De hecho, el poder de los donantes para imponer activamente sus propias prioridades o perspectivas al trabajo de las ONG es más limitado de lo que se supone habitualmente. A las organizaciones de donantes se las condena si hacen, porque hacen, y si no hacen, porque no hacen (WAHL, 2014). Si los donantes son poco estrictos ante la falta de rendición de cuentas institucional, son acusados de apoyar a la ineficacia, estructuras no democráticas de las ONG y elitismo. Pero si por otro lado se vuelven demasiado insistentes o exigentes, se los acusa de interferir en el trabajo de las ONG nacionales y de imponer su agenda. Nuestra atención debería centrarse en hacer hincapié en la responsabilidad de las propias organizaciones para rendir cuentas y operar de un modo efectivo y eficiente y ser claras e insistentes con su propia agenda.
El argumento de que las ONG se vuelven implementadores de agendas extranjeras, y que esto ocurre a expensas de otras formas más locales de formación de la sociedad civil, requiere pruebas mucho más concluyentes; una conexión causa-efecto no es tan fácil de discernir. Es verdad que algunas personas escogen ir tras el dinero creando ONG, pero eso no quiere decir que todas las ONG sean creadas con ese fin, ni explica porque miles de otros no se han unido o han abandonado “movimientos de masas.”
No hay duda de que la ayuda a la que Palestina se ha vuelto dependiente es una cruda realidad y las consecuencias que esto ha tenido en el discurso y la dirección del desarrollo y la política merece mucha investigación basada en evidencia real. Sin embargo, necesitamos examinar más a fondo si la despolitización de proyectos específicos financiados conduce necesariamente a la despolitización de ONG o de la sociedad palestina tomada en su conjunto, tal y como se ha afirmado (DANA, 2013), o si el discurso de desarrollo internacional o de adhesión a una universalidad de normas, como requieren los derechos humanos, deslegitima inevitablemente lo que debería ser un discurso y unas prioridades específicamente palestinas.
Las organizaciones de derechos humanos han sido objeto de muchas de esas críticas, pero la evidencia indica lo contrario. Esto es debido precisamente a que su punto de partida es la universalidad y las normas internacionales de derechos y el poder moral y legal para reivindicarlos frente a la ocupación Israelí, la Autoridad Palestina y Hamas. ¿Deberían subordinarse las reivindicaciones por la igualdad de la mujer a la lucha nacional por la liberación (el típico “ahora no, tenemos que luchar contra la ocupación”), o se acusará a las organizaciones de derechos de las mujeres de “despolitización” si emprenden un proyecto –financiado por un donante internacional- de armonizar las prácticas palestinas con las normas internacionales sobre los derechos de las mujeres?
Incluso aunque algunas ONG se despoliticen –y esto no es ipso facto algo malo- no quiere decir que toda la sociedad también lo haga. El trabajo y sacrificios del International Solidarity Movement (Movimiento Internacional de Solidaridad) inspirado por palestinos, o las organizaciones documentando las violaciones de los asentamientos y colonos o las demoliciones de casas y los efectos del Muro Israelí de Cisjordania, todos financiados por donantes internacionales, avalan otra cosa.
A veces se afirma que la producción de conocimiento también se ha desplazado hacia una “domesticación” neoliberal o neocolonial de la sociedad palestina hacia una aceptación del proceso de paz, y que necesitamos revigorizar la investigación “anti-colonial” y liberadora. El conocimiento es crucial, y cuánto más se pueda producir para informar las políticas y construir perspectivas liberadoras y metodologías de resistencia, mejor. Pero necesitamos ser cuidadosos con nuestros juicios de valor. El conocimiento debe basarse en la verdad y en análisis creíbles, sean estos análisis basados en marcos coloniales, anti-coloniales o neo-coloniales. Exigir que la producción de conocimiento e investigación sea dirigida o siga un modelo o análisis particular es un serio error y una forma de supresión y limitación de la investigación libre. El mundo de las ideas y del debate requiere una creatividad que sólo puede venir de una investigación científica libre, apartada de los requisitos ideológicos prescriptivos.
La crítica a las ONG tiene buenas intenciones y muchas veces, es correcta. El deseo de ver organizaciones de la sociedad civil centradas en las personas, participativas, democráticas y representativas de una forma legítima y sostenible es loable y merece apoyo. Pero es inexacto e injusto pintar a todos los componentes de la sociedad civil del mismo color y desestimar a las ONG “profesionales” como simples herramientas en manos de financiadores e implementadores de una agenda política post-Oslo. La alternativa de idealizar a los “movimientos populares,” sin examinar con seriedad algunas de las cuestiones políticas y organizativas que han tenido, es verdaderamente problemático. Someter a las ONG a un examen más histórico y empírico es una idea correcta e importante (JAD, 2014) pero también debería aplicarse a los movimientos populares. Hay mucho que aprender de la historia de esos movimientos y la realidad de su trabajo actual, y si podemos aprender esas lecciones, quizá podamos entonces construir movimientos sociales que puedan representar y defender los intereses de sus comunidades, libres de manipulación política y sin financiación.
Las organizaciones de la sociedad civil no deberían estar sometidas a tales análisis binarios o a soluciones prescriptivas. La lucha por la justicia social puede ser fortalecida cuando los movimientos sociales de base toman los derechos humanos como herramientas de advocacy para la justicia social, la democratización y un orden social más justo y equilibrado. Sin duda, tal perspectiva de movimiento social puede existir junto a defensores de derechos humanos más “profesionalizados” trabajando en casos específicos de tortura, derechos a la tierra, desalojos forzados, violencia contra las mujeres o libertad de expresión. Desempeñan papeles diferentes y complementarios.
Sin embargo, esperar que las organizaciones de derechos humanos se conviertan en movimientos sociales puede ser más difícil. Lo que distingue a los derechos humanos de otras formas de trabajo y sistemas morales, políticos, religiosos o sociales es que se acogen a la ley. Requieren leyes e incidencia legal en la defensa de individuos y comunidades. Mientras que es sin duda importante inculcar los valores de los derechos humanos en todos los aspectos de la vida social y política, lo que los convierte en derechos es la ley y la rendición de cuentas, sin tener en cuenta las perspectivas políticas personales de los defensores ni de las autoridades. Esto requiere una serie de habilidades distintas, que son igual de importantes que las habilidades para movilizar a la sociedad. Decir que cualquier conjunto de habilidades es mejor, más legítimo o más importante que otro está fundamentalmente equivocado. Escogemos donde enfocarnos basándonos en nuestras propensiones y preferencias, juicios personales sobre lo que es más efectivo y sí, incluso en base a nuestras opiniones políticas.
Hay espacio, y hay de hecho una necesidad apremiante, para una variedad de enfoques. Los actores de la sociedad civil no tienen que ser todos iguales o tener el mismo objetivo, perspectivas políticas, o métodos de trabajo. Más bien, las ideas y soluciones creativas para los problemas políticos, económicos, legales y sociales, extremadamente complicados de hoy en día pueden proceder de diferentes espacios, diferentes metodologías y del debate abierto, especialmente entre puntos de vista en conflicto.
Deberíamos confiar en el poder de las ideas y el ponerlas en práctica desvelará lo que tiene más sentido y lo que funciona mejor en cada momento determinado. El éxito del Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS) –Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones- es que unas pocas personas tuvieron un gran idea y se ha convertido en un movimiento global por el poder de esa idea.3 Sin embargo, decir ahora que esa o cualquier otra idea es la única manera de liberar Palestina, y que el trabajo de ONG “institucionalizadas” en áreas como la investigación legal, litigio, desarrollo o construcción de capacidades son simplemente el producto de agendas inspiradas por donantes, no sólo está mal sino que es un error serio. El malestar y fracaso de la política nacional palestina y de las estrategias de movilización no debería ser atribuido a otros; ni a los donantes foráneos que hacen lo que hacen ni a las organizaciones nacionales que pueden ser apoyadas por ellos.
Los actores palestinos en materia de derechos humanos optaron por el modelo institucional “profesional”, con su consejo de administradores o directores escogido por cooptación, en el que pueden hacer su trabajo libre de interferencias político partidarias. A pesar de realizar un muy buen trabajo, continúan los debates acerca de su “fracaso” a la hora de establecer o motivar movimientos sociales a favor de los derechos humanos. Al mismo tiempo, hemos visto cada vez más organizaciones de desarrollo a nivel regional, como la Arab NGO Network for Development, adoptando el lenguaje de derechos humanos y una perspectiva basada en los derechos.4
Las revueltas árabes desde comienzos de 2011 han revigorizado los movimientos sociales y políticos de la región, particularmente con la participación de la juventud y de las herramientas tecnológicas que han traído. Estos movimientos, sin embargo, aún no han logrado crear una alternativa democrática a las dictaduras del pasado, aunque todavía lo están intentando. Al contrario, han estado bajo una amenaza creciente y sus líderes están siendo encarcelados por expresarse públicamente y manifestarse, particularmente en Egipto (REUTERS, 2014). Mientras tanto, las organizaciones “profesionales” de derechos humanos continúan defendiéndoles y articulando una visión basada en la ley de la justicia social, política y legal. Son “organizaciones profesionales” y pueden no estar a la altura de la capacidad de movilización de los movimientos sociales, pero aun así proporcionan análisis y apoyo legal necesario para los movimientos sociales. Los movimientos sociales necesitan aliarse a estas organizaciones, en lugar de competir con ellas; se necesitan unas a otras.
Un compromiso auto-crítico con las preguntas planteadas es necesario pero me parece que algunas (no todas) de las críticas están mal dirigidas y de hecho contradicen otros valores que deberíamos querer conservar: la libertad de expresar puntos de vista y operar de la manera que consideremos mejor para servir a nuestras comunidades, y confiar en el poder de las ideas para provocar cambios así como cultura pública. La legitimidad debería ser obtenida como resultado natural de lo que uno hace, no de algún criterio impuesto o de una serie de nociones representacionales que dictan una forma u otra de cómo la aceptación debería ser concedida. No deberíamos tener que “representar” a alguien para obtener legitimidad o para dedicarnos a trabajar por el bien común a través de los derechos humanos o de otros ámbitos de desempeño.
1. Por lo que yo sé, nadie ha cuestionado la legitimidad respresentativa de Human Rights Watch, por ejemplo, o el Artículo 19, o al Center for Constitutional Rights , excepto quizá algunos gobiernos airados.
2. Ver The Arab Human Rights Fund, disponible en: www.ahrfund.org. Visitado el: 31 jul. 2014.
3. Ver Boycott, Divestment and Sanctions Movement, disponible en: . Visitado el: 31 jul. 2014.
4. Ver ANND, disponible en: . Visitado el: 31 jul. 2014.
Bibliografía y otras fuentes
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