Laicidad, género y el proceso de paz en Colombia
El enfoque de género fue un aspecto importante en los diálogos entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP y se vio reflejado en el Acuerdo de paz. Sin embargo, fue un asunto que fundamentalistas religiosos y algunas iglesias, especialmente cristianas evangélicas, no aceptaron. Disfrazando el tema tras la mal llamada “ideología de género”, emprendieron una “cruzada” contra la igualdad de género en los Acuerdos de Paz, lo cual se evidenció en la nefasta y mentirosa campaña por el NO a los acuerdos en el plebiscito de 2016. En tal sentido, este artículo provoca una reflexión sobre la injerencia que las iglesias están haciendo en lo político, en la política y en las decisiones del Estado, pues nada más peligroso para un Estado Social y Democrático de Derecho, pluriétnico y multicultural, que la confusión entre política y religión y la vulneración a la laicidad del Estado.
Para Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia, organización laica, conformada en el año 2000 por mujeres católicas feministas, comprometidas con la justicia social y el cambio de paradigmas culturales y religiosos vigentes en la sociedad, reflexionar sobre los derechos humanos de las mujeres en una sociedad democrática y un Estado que se reconoce como laico, es un ejercicio fundamental como parte de nuestro quehacer. En los últimos años el tema ha ocupado un lugar de interés público en la agenda nacional y muy especialmente en el marco de la construcción de paz, al convertirse en un asunto decisivo a partir de la campaña y de los debates suscitados pre y post plebiscito de 2016. En el plebiscito para la paz, se sometió a consideración del pueblo la siguiente pregunta: ¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera? en el que terminó ganando el NO, aunque por un estrecho margen y en cuyos resultados fueron determinantes las mentiras construidas en torno a una supuesta “ideología de género” del que se acusaba el texto del acuerdo final y en lo que las Iglesias y líderes religiosos fungieron como políticos en feroz campaña.11. Ver, por ejemplo: Camilo Gonzalez Posso, “Los Problemas del Si en el Plebiscito.” Indepaz, 19 de octubre de 2016, visitado el 31 de julio de 2019, www.indepaz.org.co/los-problemas-del-plebiscito/; “‘Ideología de Género’: ¿Un Motín Político en las Elecciones de Latinoamérica?,” El Espectador, 13 de diciembre de 2018, visitado el 31 de julio de 2019, https://www.elespectador.com/noticias/nacional/ideologia-de-genero-un-motin-politico-en-las-elecciones-de-latinoamerica-articulo-828914; Olga L. González, “La Otra Subversión: La Emergencia del ‘Género’ en el Proceso de Paz en Colombia,” TraHs Números especiales n°1 (2017), visitado el 31 de julio de 2019, https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=415;; y “Obispo Desmiente ‘Ideología de Género’ en Acuerdos de Paz,” teleSUR, 17 de octubre de 2016, visitado el 31 de julio de 2019, https://www.telesurtv.net/news/Obispo-desmiente-ideologia-de-genero-en-acuerdos-de-paz-en-Colombia-20161017-0039.html.
Los debates generados en el contexto post plebiscito en Colombia, nos plantean sin duda desafíos para continuar fortaleciendo una apuesta justa y colectiva en defensa de la democracia, en la construcción de una paz duradera y estable, pero también, en la construcción de una sociedad en la que se reconozca a las mujeres como sujetos políticos.
Han sido muchos años expresando nuestra esperanza en que este contexto nos permita lograr un Acuerdo de Paz que sirva para poner fin a la barbarie de tantos años y que haga tránsito a una democracia económica, política y social, sin que esto implique el desconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, y mucho menos que en este contexto de construcción de paz, tales derechos sean usados como excusa para retrotraer o demonizar lo que con tanto esfuerzo y luchas hemos alcanzado como mujeres y ciudadanas.
El proceso de diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional que concluyó con la suscripción del Acuerdo Final22. “Texto Completo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,” OACP, 2017, visitado el 31 de julio de 2019, http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx., el resultado del plebiscito y posteriormente la consulta anti corrupción33. La Consulta Popular es un mecanismo constitucional de participación democrática, por medio del cual se somete al pueblo un asunto de interés nacional. En este caso, el 26 de agosto del 2018 se sometieron al escrutinio ciudadano siete asuntos relacionados con la lucha anticorrupción, con el fin de obligar al Legislativo a emitir leyes para endurecer las sanciones y las condiciones en que se debían purgar las penas, prohibiendo los subrogados penales y adecuando los procedimientos para recuperar los recursos públicos objeto de latrocinio. La consulta obtuvo 11.645.000 votos, por lo que no alcanzó el umbral del 33% (faltaron 450 votos para que fuera vinculante) del censo electoral. Pero ante este decidido apoyo popular, todos los partidos políticos y hasta el propio gobierno, se abanderaron del tema y prometieron tramitarlo en el Congreso. Un año después, ninguna iniciativa en esta materia ha sido aprobada y por el contrario, ha contado con la enconada oposición del partido de gobierno y del propio Ejecutivo, el que en las declaraciones públicas dice apoyarlas, pero en los hechos los niega., entre otros acontecimientos de la vida política y jurídica colombiana, han suscitado un sin fin de reacciones, evidenciando una fuerte polarización e incertidumbres en las y los colombianos/as.
En el marco de las fuertes tensiones generadas a partir de dicho proceso, como Católicas por el Derecho a Decidir, centraremos este análisis en los acontecimientos pre y post plebiscito de 2016, fundamentalmente en lo que fue el papel desempeñado por las iglesias, en especial la católica y las cristianas evangélicas como actores políticos y sociales. Estas iglesias influyeron e intervinieron en la opinión de la feligresía a la hora de tomar la decisión de votar, lo que condujo, aunque con precaria mayoría, a que ganara el No. El proceso plebiscitario requería que por lo menos la tercera parte del censo electoral participara en las votaciones (12 millones), que en efecto ocurrió. El 50,2% optaron por el NO, mientras que el 49,7% lo hicieron por el SI. La diferencia en votos fue de 50 mil sufragios. Aún con esta pequeña diferencia, el resultado parecía mostrar que Colombia optaba por la guerra. A pesar de ser otra la realidad, la post verdad cumplió su cometido.44. María Fernanda González, “La «Posverdad» en el Plebiscito por la Paz en Colombia,” Nueva Sociedad no. 269 (mayo-junio de 2017), visitado el 31 de julio de 2019, https://nuso.org/articulo/la-posverdad-en-el-plebiscito-por-la-paz-en-colombia/
Frente a tales resultados fue cuestionable el papel que la jerarquía de la Iglesia Católica asumió en la campaña del Plebiscito por la Paz.55. Hermann Rodríguez, “La Iglesia Católica Frente al Plebiscito.” Jesuitas Colombia, 9 de septiembre de 2016, visitado el 31 de julio de 2019, https://jesuitas.co/la-iglesia-catolica-frente-al-plebiscito-20848; y “‘Iglesia no Induce por el Sí o No en el Plebiscito’: Conferencia Episcopal,” El País, 18 de agosto de 2016, visitado el 31 de julio de 2019, https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/iglesia-no-induce-por-el-si-o-no-en-el-plebiscito-conferencia-episcopal.html. Pues dentro de los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, está el de buscar la Paz y alcanzar el orden justo de la sociedad, incluyendo la promoción de políticas sociales que busquen la igualdad, la justicia social y el respeto a las personas. Contrario a esta doctrina, fue evidente cómo la jerarquía de la Iglesia Católica a partir de las tensiones suscitadas por la posición política que lideraba el NO, asumió una posición de “neutralidad”, alejándose de su compromiso por construir la paz en Colombia, y decidió situarse al “margen” desde una invitación a su feligresía a votar haciendo uso de su libertad de conciencia. Ante esto, cabe preguntarse ¿por qué la jerarquía de la Iglesia Católica asumió esta posición en un momento tan decisivo para el país? Y finalmente, ¿a quién ayudó tal posición?
Causa indignación cómo varias iglesias, especialmente cristianas y actores sociales caracterizados por liderar agendas contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, emprendieron una cruzada llena de mentiras, despropósitos y calumnias para orientar la opinión de creyentes y seguidores en una mezcla de homofobia, misoginia y discriminación contra lo que para ellos es la demonizada “ideología de género”66. Sonia Corrêa, “A ‘Política do Gênero’: Um Comentário Genealógico,” Cadernos Pagu no. 53 (2018), visitado el 31 de julio de 2019, http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332018000200401&script=sci_arttext. en el Acuerdo de Paz. Pero que realmente se trata, como bien lo dice el Acuerdo Final, de un enfoque de derechos humanos que se desarrolla de manera transversal77. Se reconoce en el Acuerdo que “los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interdependientes y deben ser considerados de manera justa y equitativa”. Documento final del Acuerdo, p. 193. y que tiene como finalidad “contribuir a la protección y garantía del goce efectivo de los derechos de todas y todos”. En esencia, lo que busca el acuerdo es eliminar las condiciones de inequidad y desigualdad a las que han estado sometidas las mujeres y grupos considerados como minorías durante la historia del país. Es por ello que contempla en cada uno de los puntos, acciones encaminadas a generar condiciones de igualdad real.
Algunos actores religiosos fundamentalistas, a través de argumentos falsos e imprecisos llevaron a sus seguidores a una total confusión frente a las razones y contenidos reales del texto del Acuerdo. Este tipo de manipulación potencializó la emergencia de una concepción conservadora de sectores sociales que de alguna manera parecía mantenerse guardada.
No obstante, días después de la derrota plebiscitaria, se registró un despertar colectivo en defensa del Acuerdo que incluyó masivas movilizaciones y que alentaron al gobierno para emprender el camino de la refrendación del Acuerdo por la vía Legislativa.
Muchas personas que votaron por el NO en el plebiscito, con el tiempo reconocieron que su voto fue influenciado por pastores, líderes religiosos y guías espirituales que usaron argumentos de moralidad sexual y familiar, cuando en el Acuerdo lo único que se buscaba era terminar con un conflicto que lleva más de 50 años azotando a millones de víctimas en nuestro país.88. “Las Polémicas Revelaciones de Promotor del No sobre Estrategia en el Plebiscito,” El País, 6 de octubre de 2016, visitado el 31 de julio de 2019, https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/las-polemicas-revelaciones-de-promotor-del-no-sobre-estrategia-en-el-plebiscito.html; y Juan Manuel López, “La Política en Colombia es la Capacidad de Manipular Emocionalmente a las Masas.” Las 2 Orillas, 12 de septiembre de 2018, visitado el 31 de julio de 2019, https://www.las2orillas.co/la-politica-en-colombia-es-la-capacidad-de-manipular-emocionalmente-las-masas/.
Como CDD- Colombia, nos preocupa la injerencia que estas iglesias están haciendo en lo político, en la política y en las decisiones del Estado, pues nada más peligroso para un Estado Social y Democrático de Derecho, pluriétnico y multicultural, que esta ordenada confusión entre política y religión. Nos resulta incoherente e inconsecuente que las iglesias estén usando su poder espiritual para mentirle a la gente y para imponer el odio y la discriminación contra sectores poblacionales históricamente excluidos y fuertemente victimizados por los actos de violencia. No hay justificación para presentar mentiras como verdades e intereses personales e institucionales como valores morales universales.
Ante la injerencia de la religión en el Estado, en la política y en las decisiones ciudadanas, recobra hoy más vigencia y sentido la defensa del Estado Laico en Colombia.
La Constitución de Colombia, en su artículo 19, garantiza la libertad de cultos y la igualdad entre las diferentes confesiones religiosas e iglesias. Si bien en su preámbulo se invoca la protección de Dios, tal referencia tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. En nuestra comprensión, se refiere a una divinidad abstracta o general, que ya no es fuente suprema de soberanía o de autoridad y no establece ninguna primacía entre los diferentes cultos.
La Constitución establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico. En efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de asegurar que los poderes públicos garanticen el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas.
Así, la defensa de la Laicidad resulta indispensable si queremos como sociedad avanzar en el reconocimiento y pleno goce de los derechos, en donde las decisiones de las mayorías no impliquen la vulneración de los derechos de las minorías, teniendo como principios iluminadores la diversidad, la multiculturalidad y la plurietnicidad. Estos principios son los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho y son los que se ponen en riesgo cuando un credo o credos particulares buscan imponerse al conjunto de la sociedad.
Considerando la presencia cultural de las religiones en la esfera personal, política, social y económica, el Estado laico se convierte en un tema central del debate político actual. La presencia de la religión en el espacio público es, pues, una realidad que no se puede desconocer ni ocultar. Al mismo tiempo en que es necesario garantizar la convivencia de las diferentes herencias culturales, simbólicas, religiosas, filosóficas, éticas y morales en sociedades plurales, diversas y democráticas. En consecuencia, la laicidad es un “proceso en continuo movimiento, que enfrenta cada día nuevos retos y tiene que encontrar respuestas adecuadas para todos y todas, mirando el interés público”99. Roberto J. Blancarte, El Estado Laico (colección Para Entender) (Ciudad de México: Nostra Ediciones, 2008)..
La laicidad es, sin lugar a dudas, un concepto en permanente proceso de significación que nos enfrenta a desafíos relacionados con libertades y derechos. Supone la autonomía de lo político frente a lo religioso, la igualdad de los individuos y la no discriminación. Mientras que el Estado Laico reclama autonomía frente a las confesiones religiosas, la laicidad demanda la total autonomía de la política frente a lo religioso. De esta manera, supone un importante avance frente al Estado Laico, pues su apuesta es por evitar toda injerencia de lo religioso en la política, en tanto que el Estado Laico solo apunta a la separación Estado/iglesias pero sin preocuparse por la injerencia real que en la política tengan las confesiones religiosas.
A partir de esta mirada, podemos entonces afirmar que el Estado laico es la expresión política de la laicidad, que como instrumento jurídico-político está al servicio de las libertades en una sociedad plural y diversa. Es un Estado que no está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica particular, sino que sirve al interés público, que garantiza el bien común y respeta y realiza integralmente los derechos humanos.
Es importante también afirmar, que cuando hablamos del Estado Laico, no hablamos de indiferencia religiosa, oposición a lo religioso o a las espiritualidades, ni ausencia de creencias religiosas. La laicidad tampoco se construye en medio de la negación de las religiones, no es una lucha contra una iglesia o las iglesias, sino que es una oposición a las ideas teocráticas de la política (gobierno en nombre de Dios), al autoritarismo de los dogmas que se intentan imponer como verdades generales para todos y todas.
Delante del preocupante papel que algunas iglesias y sectores conservadores vienen desempeñado en la esfera pública, resulta de extraordinaria importancia garantizar estados laicos en nuestra región.
Es paradójico que, quienes atacan el laicismo y el Estado laico con base en sus convicciones religiosas particulares, terminan comprometiendo las condiciones jurídicas y políticas que les posibilitaron precisamente el ejercicio de su creencia religiosa. El activismo religioso en materia política representa, en consecuencia, un verdadero riesgo para la democracia, para el Estado Laico y para las libertades fundamentales, incluso para las libertades de las que son titulares las mismas iglesias, sus feligreses y sus jerarcas. Se propone el regreso a los fundamentalismos y a las exclusiones más odiosas y ello no es más que el retorno al oscurantismo.
En el caso colombiano específicamente, validos de argumentos equívocos, estos sectores conservadores influyeron en la opinión de muchas personas creyentes que terminaron apoyando con su voto el No frente al Acuerdo Final entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Del mismo modo, suscitan enorme preocupación las reacciones de los sectores fundamentalistas y conservadores frente al tema de género en el Acuerdo de paz:
La garantía tanto de la libertad de creencias cuanto de la autonomía del Estado en relación a las religiones es amenazada por el papel que algunas iglesias y movimientos religiosos desempeñaron en Colombia en los últimos años al obstaculizar los procesos de construcción de paz, una paz que hoy también es reivindicada como derecho fundamental.
Es necesario preservar la libertad de conciencia y la libertad religiosa en su connotación de derechos fundamentales. Pero son inaceptables prácticas que constituyen abusos de tales derechos, al intentar imponer al conjunto de la sociedad, creencias que sólo son vinculantes para quienes hacen parte de determinadas organizaciones religiosas. Las iglesias y movimientos religiosos deben ser conscientes de que también están llamados a cambiar realidades que en su interior han ayudado a mantener el patriarcado, la violencia contra las mujeres, las abismales diferencias sociales, el abuso sexual contra niñas/os, la discriminación hacia sectores poblacionales y los fanatismos que se traducen en múltiples formas de violencia.
Los derechos de las mujeres no pueden convertirse en moneda de cambio para condicionar la paz, los acuerdos y la democracia. Por el contrario, se debe insistir en el respeto y cumplimiento del Acuerdo, incluido el enfoque de género como un gesto de justicia para que las mujeres, la población LGBTI y demás sectores víctimas del conflicto armado sean resarcidas en su dignidad y se les garantice en condiciones de igualdad el restablecimiento de todos sus derechos.
La organización, la unidad, la movilización y la lucha de las mujeres por sus derechos, muestran el camino para la construcción de sociedades incluyentes, diversas y orientadas hacia la realización de la armonía y el equilibrio con los otros y con el entorno natural.
Finalmente, es importante reafirmar el total rechazo a la tergiversación de algunas iglesias y sectores conservadores al “enfoque de género”, demonizado a través de la maleva expresión “ideología de género”. Así como a la estigmatización de los logros alcanzados históricamente por las mujeres para la garantía de sus derechos como ciudadanas en el ejercicio real de la democracia. El reconocimiento al enfoque diferencial y especialmente el de género, es uno de los mínimos innegociables, impostergables y una de las deudas históricas que el Estado colombiano y las FARC-EP deben tener en cuenta para resarcir a las víctimas de la histórica violencia que ha padecido Colombia.
Para CDD Colombia es bienvenido el debate que ha suscitado el enfoque de género recogido en el Acuerdo de Paz. Estamos prestas para ofrecer argumentos desde un enfoque de derechos y desde el espíritu laico de la Constitución. Es indispensable que la sociedad participe de esta reflexión de una manera argumentada, sin fanatismos ni fundamentalismos de ninguna índole. Importa recordar que en el respeto a la pluralidad y la diversidad, radica la posibilidad de construir una PAZ sostenible y duradera.
