Dossier SUR sobre drogas y derechos humanos

La ONU en 2016: un momento decisivo

Anand Grover

Cómo los Estados Miembros de la ONU pueden cambiar la dirección de la política de drogas internacional hacia una mejor protección de los derechos humanos

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RESUMEN

En vista de la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) en 2016, el autor invita a los representantes nacionales asistentes a la UNGASS a considerar una serie de caminos para hacer que la actual política global de drogas esté en consonancia con los derechos humanos.

Palabras Clave

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El enfoque global predominante en el control de las drogas ha sido y continúa siendo un fracaso innegable.

Los Estados Miembros de la ONU tienen ahora una oportunidad histórica de cambiar este sistema ineficaz en la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), a comienzos de 2016. Las sesiones especiales de la ONU proporcionan un foro para discusiones de alto nivel sobre cuestiones de importancia global. UNGASS 2016 ofrece la oportunidad de emprender una acción decisiva en vistas al objetivo establecido en la última sesión especial sobre drogas en 1998, es decir: eliminar o reducir significativamente la demanda y la oferta de drogas para 2008. Ya ha quedado demostrado que este enfoque prohibicionista es totalmente irrealista.

Las cifras hablan por sí solas. Globalmente han sido invertidos alrededor de un billón y medio de dólares en políticas de drogas represivas durante los últimos cuarenta años. A pesar de esto, entre 2003 y 2012 las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de todo el mundo han confirmado un aumento en el uso personal de drogas y en el tráfico de drogas. El cultivo neto de la adormidera producida en Afganistán ha aumentado más del triple entre 1994 y 2014. Y sólo en México, alrededor de 100,000 personas han muerto desde 2006 en conexión con la “guerra contra las drogas”.

Estadísticas como éstas han llevado a un número creciente de Estados Miembros a cuestionar el valor de la política existente, tanto en términos financieros como prácticos. Planeada originalmente para 2019, México, Colombia y Guatemala pidieron, en una resolución respaldada por otros 95 países, que se adelantase la UNGASS para 2016. Esto muestra como los políticos de las más altas esferas están determinados a tener un debate abierto sobre enfoques alternativos en el control de las drogas; y que debería ser lo antes posible.

La Comisión Global sobre Drogas ha propuesto a los representantes de los países que asisten a la UNGASS considerar los siguientes caminos en sus debates. Estos les permitirán la definición de alternativas viables en el sistema actual, alternativas que deben estar en consonancia con los derechos humanos, la agenda de desarrollo post-2015 y reflejar un verdadero cambio de paradigma.

Photo by Palazzo Chigiz / CC BY-NC-SA 2.0

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En primer lugar, se debe anteponer la salud y la seguridad de las personas a cualquier otra consideración en las políticas. Esto significa invertir en protección comunitaria, prevención, reducción de daños y tratamiento como pilares de la política de drogas. Una política prohibicionista empuja al uso de las drogas a la clandestinidad, lo que resulta en un uso de las drogas peligroso. Por ejemplo, hasta el 40% de los nuevos casos de VIH y Hepatitis C provienen de prácticas poco seguras de inyecciones intravenosas de drogas, sin las debidas precauciones. Esto puede ser traducido en casi 2 millones de años de vidas perdidas por muerte prematura como consecuencia de infección de VIH.

En segundo lugar, el acceso a medicinas esenciales y de control del dolor debe ser garantizado. Límites demasiado estrictos en la posología y los métodos de preparación así como en las prácticas de prescripción y dispensación de medicamentos, supuestamente destinados a prevenir el desvío y la entrada en el mercado ilegal, deben ser eliminados. No hacerlo provoca dolor y sufrimiento innecesario, sobre todo en los países más pobres. La Organización Mundial de la Salud estima que 5,5 mil millones de personas carecen de acceso a las medicinas basadas en opiáceos, incluyendo 5,5 millones de pacientes terminalmente enfermos.

En tercer lugar, la criminalización y la encarcelación de personas que usan drogas debe terminar. Esto es crucial para cualquier política genuinamente enfocada en la salud. La criminalización del consumo de drogas no sólo estigmatiza a las personas que usan drogas como marginados de la sociedad sino que también los desanima a buscar ayuda y acceder a tratamiento. En muchos países, los usuarios de drogas temen ser denunciados a las autoridades e inscritos en los llamados registros de drogas o sometidos a rehabilitación forzada. Estas medidas pueden limitar severamente derechos en áreas como salud, empleo y vida familiar y a menudo son contraproducentes. Las personas que se vuelven dependientes de drogas responden a medidas basadas en el cuidado y la criminalización se interpone en la posibilidad de una respuesta compasiva.

En cuarto lugar, las políticas represivas deberían enfocarse en el crimen organizado. Un control policial más enfocado, restando importancia a los participantes no violentos y menores del mercado, asegurará la paz y la seguridad. Actualmente las políticas punitivas enfocadas en, por ejemplo, cultivadores de drogas y “mulas”, afectan de forma desproporcionada a los más pobres y vulnerables. Esto resulta en hacinamiento carcelario, fomenta la corrupción de los policías locales y amenaza la unidad de la familia y la comunidad sin tener ningún efecto real en la disponibilidad de drogas ilegales.

Finalmente, los mercados de drogas deben ser regulados para que los gobiernos adquieran el control. Hacer esto reducirá los daños sociales y para la salud y restará poder al crimen organizado. Aunque los métodos más efectivos de regulación todavía constituyen una cuestión a ser debatida, la elección entre regulación y desregulación es simple; o bien hay un mercado de drogas controlado por los gobiernos o por bandas criminales. No hay ninguna tercera opción mediante la cual el mercado de drogas pueda simplemente desaparecer.

Mientras que el principio general del actual régimen global de control de drogas es la “salud y bienestar de la humanidad” en realidad ha conducido a incalculables, aunque no intencionadas, violaciones de derechos humanos. Esto es reforzado por el hecho de que los tratados internacionales actuales de control de drogas no hacen referencia alguna a los derechos humanos y sus organismos de implementación han fracasado repetidamente en priorizar los derechos humanos.

Las conferencias internacionales anteriores sobre drogas se han limitado a reafirmar este enfoque. UNGASS 2016 debe representar un momento crucial, definiendo una nueva dirección en la política internacional de drogas con un enfoque centrado de principio a fin en los derechos humanos.

Anand Grover - India

Anand Grover es actualmente miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas (“Global Commission on Drug Policy”, por su nombre original en inglés). Además de ser un renombrado abogado, con vasta experiencia, litiga en la Corte Suprema de la India y es director de proyectos del Colectivo de Abogados de India (Lawyers Collective). Grover también fue Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental, desde agosto de 2008 hasta julio de 2014.

Recibido en julio de 2015.

Original en inglés. Traducido por Sebastián Porrúa Schiess.