Entrevista con Gerardo Torres Pérez y María Luisa Aguilar, activistas mexicanos, sobre la desaparición forzada en el país y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Existen hoy en México –de acuerdo a datos oficiales– más de 26 mil personas desaparecidas. Es un número 600 veces superior a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El grupo de jóvenes que se volvió un símbolo de las violaciones de los derechos humanos, luego de haber sufrido una emboscada por parte de fuerzas de seguridad el día 26 de septiembre de 2014, y de desaparecer forzadamente en manos de elementos del Estado en contubernio con el crimen organizado. Las circunstancias del crimen aún no fueron completamente esclarecidas, así como tampoco se tiene certeza de su paradero. Para el gobierno, las investigaciones fueron dadas por concluidas bajo el alegato –de tres personas- de que los estudiantes fueron incinerados en un basural del municipio de Cocula.
La desaparición de los jóvenes estudiantes de un curso de magisterio rural del estado de Guerrero, en el sudoeste mexicano, en septiembre de 2014, inmediatamente desencadenó campañas multitudinarias de solidaridad en todo el mundo. Durante meses, los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fueron buscados bajo la angustiada atención de familiares, prensa y ciudadanos conmovidos con la brutalidad del crimen. Miles de personas salieron a las calles en diversas manifestaciones donde pedían justicia y expresaban solidaridad. En las redes sociales, innumerables publicaciones de indignación mantuvieron encendida, por mucho tiempo, la esperanza de un día encontrar al grupo con vida.
Pero actualmente se apagaron los reflectores de la opinión pública y la oscuridad se ciñó no sólo sobre el destino de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, sino también sobre la suerte de miles de otros mexicanos y mexicanas de los que, como ellos, aún se desconoce el paradero.
Lo que a primera vista parecía una tragedia aislada en un pequeño municipio de Guerrero se reveló de a poco como la punta de un ovillo enrollado que mantiene conectados al Estado mexicano y al crimen organizado, en un entretejido de intereses promiscuo cuyo total alcance sigue siendo desconocido. En todo México, se acumulan casos de personas que fueron engullidas para siempre por un manto oscuro de violencia y silencio. Son personas que, al contrario de los alumnos de la escuela rural, no despiertan el interés de las campañas internacionales de solidaridad.
Gerardo Torres Pérez, de 22 años, era compañero de curso de los 43 desaparecidos. Su hermano más joven estaba con el grupo que fue emboscado aquella noche, pero consiguió escapar. En 2011, tres años antes de esta tragedia de Ayotzinapa, el propio Gerardo cuenta como fue involucrado en un caso similar. Unos policías lo capturaron, torturaron y obligaron a disparar un arma de fuego en un intento de que él produjera pruebas contra sí mismo. La fuerza pública quería hacer que la Justicia mexicana creyera que Gerardo había disparado en medio de una manifestación pacífica de estudiantes, donde fueron ejecutados por elementos del Estado dos de sus compañeros.
Con el apoyo de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, historias como las de Gerardo y de los 43 desaparecidos del Estado de Guerrero están saliendo a la luz. La activista y coordinadora del área internacional de la ONG Tlachinollan, María Luisa Aguilar, espera que el caso de Ayotzinapa “sea un punto de inflexión” en las desapariciones en México. Ella siguió de cerca el trabajo de un grupo de antropólogos forenses venidos de Argentina para dilucidar el caso como peritos independientes de las familias.
Al mismo tiempo, Aguilar se esfuerza para que las medidas cautelares y recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sean adoptadas por el Estado mexicano. Una de estas recomendaciones tuvo como resultado la nominación del Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independientes (GIEI), que desde marzo de 2015 ha elaborado informes11. Más informaciones sobre el último informe del GIEI, – de 29 junio de 2015 - están disponible en: http://www.tlachinollan.org/comunicado-giei-ayotzinapa-avances-y-pendientes/. con recomendaciones para el Estado teniendo como foco cuatro frentes de trabajo: el proceso de búsqueda, la investigación para determinar responsabilidades penales, atención a las víctimas y políticas públicas contra la desaparición forzada.
Aguilar y Torres estuvieron en São Paulo en mayo de 2015, participando en el Coloquio Internacional de Derechos Humanos promovido por Conectas, que contó con la presencia de 130 activistas de 40 países. Durante el encuentro, Gerardo y María Luisa conversaron con la Revista Sur sobre el caso de Ayotzinapa, la situación general de los desaparecidos en México y el vínculo entre las fuerzas estatales y el crimen organizado.
Diversas acciones –desde protestas hasta campañas internacionales– buscan mantener vivo el grito de resistencia de las víctimas de violencia y desaparición forzada en México. Entre marzo y junio de este año, una Caravana de padres y madres de los 43 alumnos, acompañados por otros estudiantes, recorrieron EEUU, Argentina, Brasil y Uruguay con el objetivo de exponer la situación de la Escuela Normal y los avances de la investigación, así como para pedir a los pueblos de América del Sur que no se olviden de la lucha en Ayotzinapa.
Conectas Derechos Humanos • ¿Qué es lo que se ha hecho para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
Gerardo Torres Pérez • Desde la desaparición de los estudiantes, el día 26 de septiembre de 2014, hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta clara y satisfactoria de parte de las autoridades competentes de México. Lo que hicieron, después de un tiempo, fue realizar investigaciones y detener a varias personas que, según ellos, son miembros del crimen organizado. Hicieron que esas personas declaren que nuestros compañeros están muertos. Pero, según dijeron los especialistas forenses que estuvieron en el lugar para hacer las investigaciones pertinentes, nuestros compañeros no pueden sencillamente ser dados por muertos a partir de unas simples declaraciones de algunas personas detenidas. Nosotros, como estudiantes de Ayotzinapa, seguimos diciendo que ellos tienen que entregarnos a nuestros compañeros con vida. Fue el Estado quien los arrancó de nosotros, quien se encargó de esa desaparición y por eso continuamos en esa misma postura. Ellos tienen que entregarnos a nuestros compañeros.
Conectas • ¿Quién cometió ese crimen?
G.T.P. • Según las declaraciones que nuestros compañeros dieron reiteradas veces, fueron principalmente los policías del municipio quienes detuvieron a los estudiantes y los pusieron en coches policiales en los que fueron transportados. No sabemos para dónde los llevaron. Algunos policías detenidos dicen que entregaron a los estudiantes al crimen organizado. O sea, hacen un trabajo conjunto con el crimen. Por eso, nosotros decimos que fue un trabajo conjunto entre el Estado y el crimen organizado. En México, existe una concepción muy clara de cómo funciona el crimen organizado. Simplemente hace el trabajo sucio del Estado – se encarga de desaparecer, matar, violar derechos humanos. De esta forma, el Estado atribuye las violaciones al crimen organizado y queda, él mismo, libre de toda culpa.
Conectas • ¿Por cuánto de esto has pasado tú?
G.T.P. • Yo soy estudiante de Ayotzinapa. Yo no estuve en los hechos ocurridos el 26 de septiembre, pero mi hermano más joven presenció todo. Por suerte, él salió ileso de la masacre.
Conectas • ¿Tú has vivido experiencias semejantes de violencia por parte del Estado o del crimen organizado?
G.T.P. • En 2011, la escuela vivió otra represión por parte del Estado, en la cual dos compañeros fueron asesinados a manos de elementos del Estado. Desde entonces, no hubo detención de ningún autor material o intelectual del crimen. Es algo que quedó completamente impune. Intentaron inculparme. Diciendo que yo había matado a mis propios compañeros. Me obligaron a disparar un arma de fuego, me llevaron, me torturaron, querían sacarme una falsa declaración de que yo había disparado en contra de ellos. No consiguieron culparme de esa manera, pero fui víctima de actos como ese por parte del Estado.
“Mientras que no exista certeza sobre dónde están los jóvenes, la búsqueda en vida de los estudiantes debe continuar”
Conectas • Estamos hablando de casos particulares, pero esto está lejos de ser algo puntual en México, ¿verdad?
María Luisa Aguilar • El caso de Ayotzinapa es muy simbólico porque involucra a un grupo grande de estudiantes muy activos que consiguieron atraer la atención ciudadana mexicana e internacional. Hubo movilizaciones de los padres y madres de los estudiantes, y además el acompañamiento de la sociedad civil, pero este no es un caso aislado. La situación de las fuerzas de seguridad y su vínculo con el crimen organizado, la relación de estas fuerzas con las autoridades civiles y con las autoridades militares es algo que ocurre en todo el país. Tenemos oficialmente más de 26 mil desaparecidos en México. Son personas que nadie sabe donde están y que el Estado no tiene la capacidad de buscar con vida, ni tampoco de decir si son desapariciones forzadas, si son desapariciones cometidas por el crimen organizado o si son personas que simplemente no están en sus casas. Estos son los datos oficiales. Las organizaciones, evidentemente, registran números muy altos y preocupantes. Dentro de este universo, existen también las desapariciones de inmigrantes de América Central. Toda esa situación se da en un contexto de pobreza –el estado de Guerrero tiene una población muy pobre. Este es también el estado que tiene proporcionalmente el índice más alto de homicidios. Está inserto en un contexto de mucha violencia y militarización.
Conectas • ¿Cómo lidian las organizaciones de defensa de derechos humanos con un contexto tan difícil como el que tú describes?
M.L.A • Organizaciones como la nuestra, que acompañan a los estudiantes en Guerrero, tomaron como primer paso hablar con el Equipo Argentino de Antropología Forense, en coordinación con otras organizaciones que actúan en México, para poder llegar a los diferentes niveles de autoridades involucradas. El Equipo Argentino vino compuesto por peritos al servicio de las familias, porque después de tres semanas de lo ocurrido, las autoridades intentaban decirles a las familias que habían encontrado fosas clandestinas y que ahí estaban sus familiares. Eso mostró que la capacidad de las autoridades era demasiado deplorable para que pudieran hacer cualquier tipo de identificación. Además, la falta de confianza de las familias hizo que trajéramos a este grupo de especialistas, para trabajar conjuntamente en diferentes partes de la investigación. Por otro lado, nosotros llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron solicitadas medidas cautelares para los estudiantes desaparecidos y también para los estudiantes que fueron heridos. Uno de ellos se encuentra aún en estado vegetativo, otros dos todavía están en proceso de recuperación. También en ese proceso de medidas cautelares organizaciones junto a las familias exigieron que el Estado solicitara a la CIDH asistencia técnica, lo que se tradujo en la venida del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI), que es un grupo independiente que está haciendo una revisión de la investigación, además de proponer recomendaciones sobre lo que el Estado precisa hacer en ésta y no está haciendo. La primera recomendación, hecha desde el primer día, es de que, mientras que no exista certeza sobre dónde están los jóvenes, la búsqueda en vida de los estudiantes debe continuar. Además, ese grupo debe hacer también recomendaciones concernientes a las colusiones entre el Estado y el crimen organizado, investigación penal y, en un cuadro más amplio, sobre cómo el Estado puede enfrentar una crisis de desapariciones como la que atraviesa México actualmente.
Foto por Antonio Garamendi / CC BY-NC-SA 2.0
Conectas Human Rights • En crisis como esta, la atención de la prensa y de la opinión pública dura un cierto tiempo y desaparece, pero la realidad sigue siendo terrible en el lugar. Ahora que mucha gente dejó de hablar del caso, ¿cómo es la vida para ti y para tus compañeros?
G.T.P. • Sigue siendo lo mismo, lo mismo de antes que todo esto comenzara. Han ocurrido asesinatos y otras violaciones de derechos humanos. El propio Estado se ha encargado de no brindar seguridad. Incluso con la presencia de la policía sigue habiendo asesinatos a diestra y siniestra. De madrugada aparecen los cuerpos sin vida. Nosotros estamos preocupados porque somos los principales involucrados en esa situación: sentimos que, en cualquier momento, podemos ser arrestados o incluso pueden hacernos desaparecer.
“Es una escuela que nunca va a rendirse. Es justamente por eso que el Estado quiere que desaparezca”
Conectas • ¿Por qué esa violencia es dirigida contra ustedes? ¿Es una violencia de origen político?
G.T.P. • Nuestra escuela siempre fue de lucha. Siempre hemos apoyado a los campesinos y a los pobres, a las personas sin recursos. Por el simple hecho de darles educación a personas de escasos recursos tenemos esa conciencia política. El Estado es quien se encarga de mantenernos cada vez más sumisos, cada vez más pobres. Por eso quieren que la escuela desaparezca. Por suerte, tenemos mucho apoyo de la población mexicana, que se dio cuenta de que nuestra escuela es una creadora de profesores, de maestros, de luchadores sociales; es una escuela que nunca va a rendirse. Es justamente por eso que el Estado quiere que desaparezca.
Conectas • ¿Qué esperas de aquí en adelante?
M.L.A. • Que la comunidad internacional deje de ver a México como un país reformado y progresista en la arena internacional de derechos humanos y comprenda la dimensión de lo que ocurre allí adentro. Es preciso que la comunidad internacional siga exigiendo esa rendición de cuentas a México. También esperamos algo de la sociedad mexicana. Este caso despertó mucha conciencia. Lo vimos en las calles, en las diferentes manifestaciones que ocurrieron. Esperamos que esto ayude para el cambio, dentro de México, que es un país muy marcado por la impunidad en cuestiones de derechos humanos.
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Entrevista realizada en mayo de 2015 por Conectas Derechos Humanos. Luz González y Josefina Cicconetti, también de Conectas, ayudaron con la investigación previa a esta entrevista.
