Uno de los líderes de la política de drogas en Uruguay expone razones y desafíos para reformar las leyes en el país
En diciembre de 2013 el gobierno uruguayo proclamó la Ley 19.172, la cual permite la producción y venta de marihuana en el país. La ley es resultado de la apuesta del gobierno a una política integral de drogas con enfoque en derechos humanos y salud pública. Desde la experiencia del autor, el artículo presenta un panorama de esta política en el Uruguay.
Uruguay es motivo de noticia en el mundo por su decisión de incorporar, dentro de la integralidad de sus políticas sociales, la regulación del mercado de cannabis. Es una decisión que es coherente con su política integral en materia de drogas, con enfoque de derechos humanos y salud pública, haciendo hincapié en fortalecer la perspectiva de género.
Está siendo comprobado y demostrado que el enfoque que toma como eje la salud pública y los derechos es más efectivo y humano que el prohibicionista y punitivo.
Comienza a formarse un consenso a nivel internacional en reconocer que “la guerra contra las drogas” no ha sido exitosa y se ha demostrado que hace más daños que las propias drogas e incrementa la violencia. La Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de América celebrada en diciembre del 2012 en Cartagena de Indias, le dio un mandato a la OEA para elaborar un Informe sobre Drogas en las Américas. Informe que fuera presentado por su Secretario General en la 43 Asamblea General celebrada en Antigua Guatemala y que revela un paso trascendente para abrir un debate necesario para la región y el mundo.
Uruguay ha defendido en la última década, en los diferentes organismos y foros internacionales, especialmente como Estado miembro de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, un enfoque de derechos. Lo ratificamos en la intervención que realizamos en marzo de 2015 durante la 58ª sesión que fue realizada en Viena, Austria, a propósito de imputaciones improcedentes del entonces Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes – JIFE.
«Comienza a formarse un consenso a nivel internacional en reconocer que “la guerra contra las drogas” no ha sido exitosa»
En 2008 ingresamos como miembros plenos a esta Comisión, integrada por 52 países, órgano político que orienta las políticas de drogas a nivel mundial. Ese año promovimos un proyecto de Declaración que copatrocinaron Argentina, Bolivia, Suiza y Unión Europea de “debida integración de los instrumentos de derechos humanos con la política de fiscalización en drogas” (Resolución 51/1211. UNODC, Commission on Narcotic Drugs, Resolution 51/12, “Strengthening cooperation between the United Nations Office on Drugs and Crime and other United Nations entities for the promotion of human rights in the implementation of the international drug control treaties,” 2008, visitado el 30 de junio de 2015, https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Drug_Resolutions/2000-2009/2008/CND_Res-2008-12e.pdf.). Fue una batalla política y diplomática de gran importancia que dimos en ese momento, y que fue duramente debatida.
Hoy integramos un bloque latinoamericano muy activo, que se está expresando en la OEA, CELAC, MERCOSUR y UNASUR,22. Organización de los Estados Americanos; Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; Mercado Común del Sur y Unión de Naciones Suramericanas, respectivamente. que reclama de la comunidad internacional un debate abierto, franco, sin tabúes ni exclusiones, que incorpore todas las miradas y admita la diversidad en la unidad de acción; incorporando una perspectiva de salud e inclusión social dentro de los nuevos enfoques. La Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas que se realizará en Nueva York en abril del 2016 (UNGASS 2016) concita toda la atención y será, sin dudas, un momento donde todas las agencias de la ONU aportarán su punto de vista, y los Estados junto a la sociedad civil, tendrán la oportunidad de debatir los nuevos enfoques y abrirán las puertas para humanizar las políticas de drogas.
Efectivamente, hay actualmente una corriente mundial que está reclamando un cambio. Uruguay no es ajeno a ello. Por el contrario, defiende el derecho soberano de sus decisiones, pero es ejemplo en materia de integralidad y de compromiso con los derechos en el campo de drogas. La violación de derechos humanos en nombre de la guerra contra las drogas es un tema ineludible. La penalización de la tenencia para consumo personal, lo único que ha producido son cárceles abarrotadas donde se viola el derecho a la salud de personas que en todo caso tienen una adicción. La comunidad internacional debe velar por una proporcionalidad entre la pena y el daño en drogas. Debe desterrarse la pena de muerte, especialmente para delitos vinculados con drogas. El derecho a debatir, junto con todas las agencias –OMS, PNUD, Alto Comisionado DDHH, OIT33. Organización Mundial de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Organización Internacional del Trabajo, respectivamente.– es una necesidad para tener una mirada amplia y no una sesgada que limite nuestra acción.
La regulación del mercado de cannabis es una experiencia que tiene a Uruguay como líder, pero que se está desarrollando con fuerza en varios países, estados o ciudades. Responde a la idea de que la regulación actual, ejercida por la interdicción y la ley penal es perversa y hace daños, empuja a consumidores al mercado ilícito.
Recordamos que nuestro país comenzó a caminar a partir de 2006 en torno a una estrategia diferente basada en la regulación de mercados tanto del tabaco como del cannabis y el alcohol.
El pensamiento estratégico de regular mercados va mucho más allá del control de drogas, aunque en este plano de control de sustancias se justifica más. Esta regulación de mercados constituye un sistema de control más eficaz, que respeta los derechos humanos, protege la salud pública y realiza un acercamiento del Estado a las poblaciones vulnerables y consumidores problemáticos.
Photo by Santiago Mazzarovich
Bolivia hizo su experiencia de regular el mercado de producción de hoja de coca y de la erradicación consensuada socialmente como forma eficaz y coherente con los derechos humanos. El desarrollo alternativo y preventivo de cultivos sustitutivos en varios países de nuestra América es una forma de intervenir en el mercado ilícito y disputarle con productos agrícolas. Es intervenir y regular mercados.
En el año 2006, bajo la primera Presidencia del Dr. Tabaré Vázquez, Uruguay fue líder en la aplicación del Acuerdo Marco sobre Tabaco y avanzó en la regulación del mismo. La evaluación y los beneficios en la salud de la población tras la disminución del consumo de esta sustancia demuestran contundentemente las virtudes de dicha regulación. Estamos empeñados en actuar firmemente para regular el mercado de producción, distribución y dispensación de bebidas alcohólicas. Nuestro enfoque es de reducción de daños y de construcción-gestión compartida de los riesgos. Nuevamente desde un enfoque de salud pública y derechos.
El gobierno anterior, presidido por José Mujica, sancionó en diciembre de 2014 la Ley N° 19.172 que regula la producción, distribución y venta de cannabis, que ha avanzado con su decreto reglamentario y su implementación. También se sancionaron los decretos reglamentarios para la producción de cáñamo y para la utilización de cannabis con fines médicos.
“Insistimos en que no queremos ser modelo para nadie. Es una experiencia uruguaya y como tal la evaluaremos a su debido tiempo”
Se han instalado ya los laboratorios para la producción y la generación de trazabilidad que impiden el desvío y se creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que lleva adelante las guías y el control con el registro obligatorio y excluyente de los cultivadores domésticos y los clubes de membresía.
Actualmente, se están dando los pasos necesarios para la otorgación de las licencias a empresas que producirán en tierras estatales y realizarán su distribución en las farmacias con el diseño de un software especial para el registro de usuarios, respetando la identidad como dato sensible.
Se ha conformado y funciona un Comité Científico Asesor integrado por notables y distinguidos académicos y ex decanos de varias facultades, que han organizado una red de consultas integrada por 119 expertos nacionales e internacionales y que está realizando el monitoreo y evaluación de la aplicación de esta ley y del modelo regulatorio. Este grupo de expertos está abierto para todos aquellos que consideren de interés el seguimiento de esta iniciativa.
Podemos reafirmar que la implementación del mercado regulado del cannabis seguirá a paso firme, tal como está previsto, sin prisa pero con las garantías de que el sistema será eficaz, ya que hemos empeñado el prestigio internacional del país en ello.
Insistimos en que no queremos ser modelo para nadie. Es una experiencia uruguaya y como tal la evaluaremos a su debido tiempo. Pero sí reafirmamos nuestro derecho soberano a emprender este nuevo camino diferente al modelo mundial que ha predominado en las últimas décadas y que solo ha hecho crecer exponencialmente las actividades ilícitas y el consumo.
La fiscalización de drogas, sus convenciones y los lineamientos políticos deben estar al servicio del desarrollo humano, integral, sustentable, justo y equitativo. Ese es el paradigma que ordena la nueva estrategia mundial.
Las Convenciones sobre fiscalización de drogas, Convención Única (1961) sobre Estupefacientes, el Convenio de Sustancias Sicotrópicas (1971) y la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), no tienen una lectura rígida. De hecho hay varias interpretaciones flexibles. Algunas hacen una lectura más represiva, como la de aquellos que aplican pena de muerte, incluso para ofensas menores en drogas. Una interpretación en un sentido más humano es congruente con el derecho internacional de los derechos humanos, que es una fuente tan importante como marco jurídico cuanto lo son Convenciones.
El espíritu de las Convenciones, afirmado rotundamente en su Prólogo, es colaborar con la salud y el bienestar de la humanidad. Garantizar el uso médico y científico de sustancias controladas. También combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y el crimen organizado. Estamos abocados a ello. Los mercados regulados que ya existen son decisiones soberanas de los Estados, en base a su ordenamiento interno. Ellos persiguen los mismos fines de las Convenciones y se inscriben en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Son, por lo tanto, nuevos enfoques que deben incorporarse a un debate internacional y general que nos debemos todos aquellos que trabajamos en el amplio campo del fenómeno complejo de las drogas.
