Voces de dos activistas desde Brasil y Colombia
Este artículo relata las opiniones de dos mujeres latinoamericanas, Representantes Regionales del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), en un contexto de discusión sobre los impactos que tienen las empresas en los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Júlia Neiva, de Brasil, trabajó siete años en el CIEDH, para Brasil, Portugal y los países africanos de habla portuguesa y ahora volvió a Conectas, Amanda Romero cumplió nueve años como representante para América del Sur, cargo que continúa desempeñando en esta institución. Con más preguntas que respuestas, dejan claro que el campo de empresas y derechos humanos está en pleno desarrollo y requiere más esfuerzos colectivos para superar los graves problemas que enfrentan las comunidades.
Este artículo comenta dos experiencias como Representantes Regionales del Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) como mujeres latinoamericanas, en un contexto en donde los discursos feministas y las prácticas de movimientos de mujeres se han ido apropiando cada vez más de la discusión sobre los impactos que tienen las empresas en los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y los derechos de las mujeres.
Amanda inició su trabajo en 2011 como representante de América Latina y el Caribe, a tiempo parcial, cubriendo los temas relacionados con noticias, informes, hechos destacados, avances y retrocesos en el campo de las empresas y los derechos humanos, cargo que cambió en 2013, cuando Julia Neiva se unió al CIEDH, como representante para Brasil y los países de habla portuguesa en otras partes del mundo. Fueron siete años de trabajo juntas en una tarea en la que Júlia regresó a Conectas Direitos Humanos y Amanda continúa a la fecha su trabajo como investigadora senior y representante regional para América del Sur.
Nuestros caminos confluyeron en esta organización desde dos trayectorias distintas: la de Amanda, con más de cuatro décadas como activista y educadora en derechos humanos en Colombia y la región latinoamericana, y Júlia, como abogada y activista afrobrasileña de derechos humanos, ligada al proyecto de transformación social que muchas personas de su país construyeron alrededor de gobiernos de izquierda.
Es, justamente, desde ese encuentro y, a partir de nuestras experiencias mutuas, que estas notas se aproximan al significado que tienen para América Latina y el Caribe, prácticas desde una ONG como el CIEDH en su constante relación con personas, grupos y activistas de organizaciones sociales, de pueblos indígenas, afrodescendientes (y quilombolas), de mujeres, de derechos humanos y ambientales, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
El tema de las empresas no parecía estar en la agenda de las organizaciones de derechos humanos; el interés por los impactos y violaciones de derechos humanos por parte de las empresas se había desarrollado ya desde mediados de la década de los años 70 en torno a los Tribunales Russell,11. Nombrados así para honrar la vida del filósofo británico Bertrand Russell (1872-1970), ganador del Premio Nobel de Literatura (1950), tuvo varias sesiones; la primera, que se ocupó de los crímenes de guerra en Vietnam, se denominó “Tribunal Internacional sobre crímenes de guerra”, “Tribunal Sartre-Russell” o “Tribunal de Estocolmo”, organizada, entre otros, por Russell, junto a Jean-Paul Sartre, Lelio Basso, Ken Coates, Ralph Schoenman y Julio Cortázar. El segundo Tribunal abordó de manera específica los impactos negativos de las empresas multinacionales en América Latina. posteriormente llamados Tribunales de los Pueblos. En efecto, el Tribunal Russell II trató este asunto en tres sesiones distintas (la primera, en Roma, del 30 de marzo al 5 de abril de 1974; la segunda, en Bruselas, del 11 al 18 de enero de 1975 y la tercera, nuevamente en Roma, del 10 al 17 de enero de 1975), logrando la cobertura en muchos medios de comunicación europeos. Su enfoque se basaba en un discurso de derechos humanos, a partir del análisis de la violencia política ejercida en Latinoamérica, desde la crítica de la ciencia política, el derecho y las relaciones internacionales:
A partir de esa violencia, el Tribunal Russell II indagó las formas institucionales comunes a los varios países, la doctrina subyacente a tales formas institucionales, el tipo de Estado al que daban lugar, sus orígenes y sus causas profundas, su relación con las dinámicas económicas y la coyuntura mundial. Pero este importante esfuerzo de investigación y comprensión de la realidad no fue ejercido en el olimpo de la academia o de las grandes instituciones culturales – aun siendo el resultado del empeño conjunto de ilustres académicos y premios Nobel de varias disciplinas – sino recogiendo el gripo de dolor de las víctimas y de todos los que luchaban contra esa violencia, alimentándose de ella.22. Traducción de las autoras. “As Multinacionais na América Latina - Tribunal Russell II,” Ministerio de Justicia de Brasil, 2014, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/anistia/anexos/as-multinacionais-na-al-miolo-final.pdf.
Es decir, trataban los temas de los efectos de las empresas en las personas y las comunidades desde una perspectiva política, relacionando – en especial – la injerencia de las compañías transnacionales en los países del llamado “Tercer Mundo”. Por ejemplo, el informe del Tribunal Russell II establecía las formas como se combinaban las violaciones de “derechos del hombre” con la presencia de empresas multinacionales, en especial norteamericanas,33. Ver la decisión del Tribunal, en sus numerales 5 al 7 sobre contaminación de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. En: “Tribunal Russell II,” Paris at night, 15 de abril de 2008, visitado el 22 de julio de 2020, https://esperanzando-mano.blogspot.com/2008/04/tribunal-russell-ii.html. sentando, así las bases para aspectos que hoy en día se continúan discutiendo en toda la región: instalación de empresas cuyo interés en los recursos naturales implicaban la degradación medioambiental, la explotación de la mano de obra, los beneficios fiscales acordados con los gobiernos huéspedes, así como el excesivo impacto negativo en los pueblos indígenas y consecuentes violaciones de derechos; todo ello, aprovechando el marco de la represión política característica de las dictaduras militares y de las medidas de control social, como el Estado de Sitio casi permanente (como en el caso colombiano), imperantes en ese entonces.
Es, en ese contexto, cuando Amanda inicia su labor en derechos humanos, en 1976, coincidiendo con la promulgación por intelectuales relacionados con el Tribunal Permanente de los Pueblos, de la Declaración de Argel, o Declaración de los Derechos de los Pueblos. Pero es, en ese mismo año, que entran en vigor a nivel mundial los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que permitirían, por vez primera, iniciar un activismo sin precedentes, en especial ante el Comité de Derechos Humanos, establecido para vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en nuestro caso latinoamericano, se combinaría con la posibilidad de acceso a la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978.44. Colombia efectuó su ratificación y aceptación de la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericanas solamente en 1980, mientras que varios países firmaron con declaraciones de reserva. Brasil ratificó aún más tarde que Colombia, solo en 1992. “Convencion Americana sobre Derechos Humanos Suscrita en La Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos (B-32),” Organización de los Estados Americanos, (s.d.), visitado el 22 de julio de 2020, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm.
Sin embargo, las últimas dos décadas del siglo XX mantuvieron el énfasis en las violaciones de derechos civiles y políticos. Con la imposición de medidas de austeridad, dentro de las políticas de privatización, reducción del tamaño del Estado y “tratados de libre comercio”, que se retomarían en la década siguiente las cuestiones alusivas a las graves consecuencias de las empresas en nuestra región. En ese marco, surgiría en 2002 el Business & Human Rights Resource Centre (en español, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos), que, en palabras de su fundador, Chris Avery, seguiría el modelo de Amnistía Internacional, donde él había trabajado. Dicho modelo implica que, para mantener la independencia y poder hacer una crítica a las actuaciones de las empresas en el mundo, el CIEDH no recibe fondos de empresas, fundaciones empresariales o gerentes generales de empresas (CEO).55. Ver en “Nuestro enfoque” acerca de la comprensión de independencia: “Acerca de Nosotros,” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, (s.d), visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/es/acerca-de-nosotros/introducci%C3%B3n.
Pero la trayectoria y el peso de la situación latinoamericana no alcanzaban aún a ocupar un lugar destacado en la labor del CIEDH ni en las maneras como se abordaba el tema en las Naciones Unidas. Tras el lamentablemente fallido proceso de impulsar un documento en el seno de la entonces Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU (2002-2003), el CIEDH inició su labor de incluir en el sitio web algunas situaciones que ocurrían en América Latina. En 2006, gracias a la incorporación de Mauricio Lazala, colombiano, la dimensión de la región en el sitio web y en las metodologías y trabajos del CIEDH comenzaron a tomar más relevancia.
Así, en ese lapso, mientras la ONU discutía el falso dilema de cómo lograr la aprobación por los Estados de un estándar relativo a los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos, sin generar su inmediato rechazo ni el de las empresas, en especial, las radicadas en el Norte Global, el ingreso de Amanda en el CIEDH coincidió con la aprobación, pocos meses después, en 2011, de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y el primer Foro Latinoamericano y del Caribe organizado por el gobierno de Colombia, en 2013, con el arribo de Júlia al CIEDH.
Nuestra amistad se construyó y consolidó con los años, por la coincidencia en la defensa de las comunidades afrodescendientes, de pueblos indígenas y de grupos rurales y sindicales, afectados por las empresas en los países que cubríamos. Fuimos desarrollando encuentros, oportunidades de apoyo mutuo, pero nos fuimos dando cuenta también que teníamos que enfrentar desafíos muy complejos en el trabajo, como señalaremos enseguida.
Uno de los primeros desafíos que hallamos en nuestro camino se refería a la necesidad de abordar a las empresas. Como los cuáqueros le enseñaron a Amanda, es necesario hablarle al poder en la cara con la verdad. Pero a menudo ello es riesgoso, cuando nos enfrentamos a personas que trabajan para las empresas que consideran que las organizaciones de la sociedad civil que las critican son sus enemigas y que quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos tenemos agendas ocultas, queriendo terminar con aquellos lugares cómodos en los que las empresas se mueven, con la anuencia de nuestros gobiernos.
A diario, recibimos denuncias de víctimas de operaciones empresariales. De hecho, nuestros países son, desafortunadamente, campeones de ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos.66. Ver, por ejemplo, el informe de la Relatoría de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos: “Global: Relator sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos (2014-2020) Publica Compendio de Informes,” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2020, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/es/global-relator-sobre-personas-defensoras-de-derechos-humanos-2014-2020-publica-compendio-de-informes; y sobre la situación en Colombia: “Latinoamérica: Análisis sobre Seis de Los Países del Mundo Más Letales para Defensores Ambientales en 2018, Incluyendo Mujeres Colombianas,” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 29 de octubre de 2019, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/es/latinoam%C3%A9rica-an%C3%A1lisis-sobre-seis-de-los-pa%C3%ADses-del-mundo-m%C3%A1s-letales-para-defensores-ambientales-en-2018-incluyendo-mujeres-colombianas. Sobre la situación de Brasil, ver “Deadliest Year on Record for Land & Environmental Defenders: New Global Witness Report Says 207 Activists Killed in 2017,” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2018, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/en/deadliest-year-on-record-for-land-environmental-defenders-new-global-witness-report-says-207-activists-killed-in-2017; y “América Latina: Informe Señala que Sigue Siendo La Región Más Riesgosa para Personas Defensoras del Medio Ambiente,” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2019, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/es/am%C3%A9rica-latina-informe-se%C3%B1ala-que-sigue-siendo-la-regi%C3%B3n-m%C3%A1s-riesgosa-para-personas-defensoras-del-medio-ambiente. El trabajo que aparecía como sencillo, inclusive rutinario, se fue tornando cada vez más triste, lleno de malas noticias, con tragedias anunciadas que podrían haber sido evitadas, como las ocurridas en Brasil con la minera de hierro y carbón, Vale,77. Las tragedias ambientales de responsabilidad de Vale dejaron cientos de víctimas. Sobre Brumadinho: “La Tragedia por El Colapso de Una Presa en Brasil Cumple un Mes y Deja 179 Muertos,” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2019, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/es/brasil-tragedia-por-ruptura-de-dique-de-relaves-de-vale-deja-decenas-de-muertos-y-cientos-de-desaparecidos#c184308; y sobre Rio Doce, incluyendo a BHP, ya que la represa pertencia a Samarco, joint venture de Vale y BHP: “BHP Billiton & Vale Lawsuit (Re Dam collapse in Brazil),” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, (s.d.), visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/en/bhp-billiton-vale-lawsuit-re-dam-collapse-in-brazil. Tras muchos años, sus acciones no han cumplido con las expectativas y los derechos de las víctimas, ver “Série: Brumadinho, Um Ano Depois da Maior Tragédia Socioambiental do País,” Conectas Derechos Humanos, 25 de enero de 2020, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.conectas.org/noticias/serie-brumadinho-um-ano-depois-da-maior-tragedia-socioambiental-do-pais; y “A Situação dos Atingidos, 4 Anos Depois da Tragédia do Rio Doce,” Conectas Derechos Humanos, 5 de noviembre de 2019, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.conectas.org/noticias/4-anos-de-mariana. Por eso, el caso se presentó por un tribunal en Inglaterra: “Reino Unido: Tribunal Julgará Processo Contra a Mineradora BHP por Colapso de Barragem em Mariana,” Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 16 de julio de 2020, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/pt/reino-unido-tribunal-julgar%C3%A1-processo-contra-a-mineradora-bhp-por-colapso-de-barragem-em-mariana. que costaron cientos de vidas, causaron daños en los entornos de docenas de pueblos ribereños y la desazón por la ausencia o demora en la aplicación de justicia contra los responsables. Y ante esto, las comunidades buscaban respuestas que nosotras no teníamos o no tenemos desde el trabajo del CIEDH. ¿Qué puede hacerse, además de llamar la atención mundial sobre los múltiples hechos que conocemos cada día en nuestro trabajo? ¿Cómo evitar que el horror de perderlo todo por la irresponsabilidad del avance de grandes emprendimientos empresariales vuelva a ocurrir, incluso con la complicidad de los Estados? ¿Sería posible cambiar el modus operandi de las empresas en el capitalismo, o ese modus operandi es parte de su esencialidad? ¿Cómo reaccionar al modelo de extractivismo predatorio? ¿Es una nueva forma de colonialidad que, de forma no tan disfrazada, sigue utilizando el mecanismo del racismo para la opresión y desigualdad?
Frente a los discursos del sector privado como actor de progreso, eficiencia, por su oferta de empleos de calidad para que la gente tenga mejores ingresos, nos vimos ante un dilema ético, que toca los fundamentos mismos del capitalismo. ¿No es, acaso, el propio modelo el que implica sus consecuencias? Cuando las empresas latinoamericanas comenzaron a experimentar la pérdida de sus ganancias, debido a la crisis mundial del petróleo y de las energías de combustibles fósiles, en general, la caída de sus beneficios fue inmediatamente compensada con lo que tanto habían anunciado como su mayor contribución: el despido de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, abandonados a su suerte, enfermos y sin posibilidades de obtener un salario digno.
Entonces ¿Cómo dialogar con las empresas cuando sus planteamientos se contradicen a cada paso? ¿Cómo hacerles ver que los derechos humanos no son algo que ellas pueden o no cumplir, sino que son un imperativo moral y legal? Hay mucho de frustración en nuestro quehacer diario. Es necesario que las cosas cambien; que además de declaraciones de buenas intenciones, principios basados en la voluntariedad a discreción e, inclusive, informes bellamente impresos en documentos multicolores, para frenar la destrucción del medio ambiente, en especial de nuestros países, Brasil y Colombia, que coinciden siendo las dos naciones más biodiversas del planeta, se puedan hacer planteamientos sobre la impunidad, sobre la complicidad, sobre la rendición de cuentas. ¿Qué nos quedará al final? ¿Qué volcán estallará en nuestra región por causa de esta debacle? A estos y muchos otros interrogantes sin responder nos hallamos confrontadas cada día.
Mientras tanto, a pesar de las dificultades, mantenemos, como los sindicatos, nuestra apertura a hablar con las empresas, para intentar incidir en un giro en sus comportamientos en la práctica cotidiana. Pero las empresas son estructuras complejas, dependientes de varias capas de jerarquías que, a menudo, no se comunican bien entre sí, con casas matrices más abiertas al diálogo en comparación con las oficinas en nuestra región, puesto que aquí los cargos de alto nivel están en manos de quienes detentan el poder político y económico, muchas veces moviéndose de aquí para allá, entre los puestos públicos y el sector privado. En ocasiones, nos encontramos con mujeres jóvenes, profesionales, que tienen claridad en la materia de las obligaciones de las empresas en derechos humanos, pero ellas mismas se enfrentan a decisiones que vienen de más arriba en la jerarquía empresarial. Por eso, una buena lección aprendida es que los cambios deben provenir de los niveles gerenciales y más aún, de los inversores88. Ver Maurício Angelo, “Investidores que Controlam R$ 76 Trilhões Cobram a Vale e Outras Mineradoras a Garantir a Segurança de Barragens.” Observatório da Mineração, 7 de mayo de 2020, visitado el 22 de julio de 2020, https://observatoriodamineracao.com.br/investidores-que-controlam-r-76-trilhoes-cobram-a-vale-e-outras-mineradoras-a-garantir-a-seguranca-de-barragens/; y Isis Almeida y Sabrina Valle, “Church of England Vende Ações da Vale por ‘Questão Ética’.” UOL, 24 de septiembre de 2019, visitado el 22 de julio de 2020, https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/09/24/church-of-england-vende-acoes-da-vale-por-questao-etica.htm. (reconociendo que deben tener responsabilidad legal y moral por los efectos, violaciones y abusos involucrados a sus inversiones, pero ¿cómo responsabilizarlos?), como demuestra la experiencia brasileña en el caso del Rio Doce99. Ver “Brasil: Atingidos Vão a Londres Buscar Justiça Três Anos Após o Desastre no Rio Doce,” Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos, (s.d), visitado el 22 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/pt/brasil-atingidos-v%C3%A3o-a-londres-buscar-justi%C3%A7a-tr%C3%AAs-anos-ap%C3%B3s-o-desastre-no-rio-doce. y Brumadinho1010. Ver “Vítimas de Mariana e Brumadinho Denunciam Violações a Investidores,” Conectas Derechos Humanos, 4 de diciembre de 2019, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.conectas.org/noticias/na-inglaterra-vitimas-de-mariana-e-brumadinho-denunciam-violacoes-a-investidores-internacionais. y también en el tema de la protección de la Amazonia.1111. Ver Fábio Pupo, “Pressão de Investidores Contra Desmatamento Gera Alerta na Equipe Econômica.” Folha de S.Paulo, 23 de junio de 2020, visitado el 22 de julio de 2020, https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/investidores-pressionam-brasil-para-proteger-amazonia-e-geram-alerta-na-equipe-economica.shtml. Hemos percibido muchas veces que se trata de personas que parecen tener buenas intenciones (al menos, públicamente), parecen creer que van a cambiar sus empresas desde adentro, pero sabemos que eso, en realidad, no es posible. Y nos preguntamos si serían muy ingenuas o conformadas. Nos parece que muchas veces las áreas que tratan de los temas de derechos humanos, utilizando la nomenclatura de área de sustentabilidad (como una forma de evitar hablar de derechos y deberes en derechos humanos, o por ser un término más digerible) existen prioritariamente para mantener las apariencias de importarse con sus obligaciones en esos temas, pero, en realidad, no lo hacen de verdad, funcionando muchas veces como captura corporativa, adoptando el lenguaje de derechos humanos pero sin cambiar efectivamente sus acciones.
Sin embargo, además de constatar, a través de noticias, testimonios, estudios de especialistas, decisiones de órganos internacionales e instituciones de derechos humanos y sentencias judiciales que es preciso transformar las condiciones que generan la asimetría de poder entre las empresas y las comunidades; personas y organizaciones víctimas se sienten desconcertadas porque esperan más de nosotras y no siempre entienden la razón de hablar con las empresas causantes de sus males. Claro está que muchas personas y comunidades conviven con las empresas, puesto que estas están localizadas en sus territorios. Allí, ven desfilar desde profesionales en psicología, en antropología, en trabajo social, hasta ingenieros/as, arquitectos/as, funcionarios/as que representan al Estado pero a veces parecieran representar más a las empresas.
Ante ello, intentamos conectar a la gente con organizaciones, firmas de abogadas/os, instancias gubernamentales e instituciones nacionales y redes internacionales de derechos humanos que puedan ayudarles, en la medida en que el CIEDH no hace defensa legal, ni incidencia directa con los Estados, limitándose a la tarea, no menos importante de documentación de casos, contactar a las empresas y dar visibilidad mundial a las situaciones que afrontan las comunidades, sindicatos y personas. Desde Conectas ha sido posible representar también grupos de afectadas/os en casos frente la Suprema Corte de Brasil, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos o en mecanismos de reclamación como el Punto Focal Nacional de la Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE. Son estrategias complementarias.
Por su parte, la crítica de las organizaciones no gubernamentales a nuestro trabajo también ha sido dura de aceptar. No esperas que las críticas provengan de tu misma gente; pero es una realidad. Para muchas organizaciones de defensa legal, por ejemplo, no es válido, desde ningún punto de vista, hablar con las empresas sobre las denuncias que se interponen en su contra, porque para eso están los tribunales. Allí es donde las herramientas jurídicas para demostrar el daño, para exigir reparación son idóneas; no en un intercambio epistolar. Y tienen razón, por supuesto y su posición es más que legítima. Pero también, en las acciones para mitigar, prevenir y buscar reparación, el tipo de diálogo que se busca obtener de las empresas puede ser muy útil para hacer conciencia en el seno de las instituciones empresariales sobre la gravedad de que ocurran hechos que vulneran los derechos humanos. Así, muchos nos han acusado de estar a favor de las empresas; inclusive en público. Pero nosotras sabemos que no es así, que nuestra opción es a favor de las víctimas, de las comunidades afectadas, desde nuestra convicción como defensoras de derechos humanos. Y la decisión del CIEDH de publicar sin editar las respuestas de las empresas contribuye de muchas maneras a mantener un cierto espacio para la sociedad civil, recordando al sector privado que las alegaciones de las personas afectadas son y seguirán existiendo, porque la realidad es cambiante y muchos efectos que no se vislumbraban al inicio de un proyecto económico surgen al cabo de los años, a veces con consecuencias desastrosas. Es también una oportunidad de exponer internacionalmente las violaciones ocurridas en los territorios, en un sitio web que sea significativo para las víctimas y personas afectadas, y que sea respetado por empresas, gobiernos, organizaciones internacionales y, posiblemente, contribuir para la reparación, justicia para las víctimas y responsabilización de las empresas.
En la discusión sobre los marcos regulatorios y la necesidad de ir más allá de la economía y el derecho, nosotras pensamos que en la lucha por restablecer los derechos afectados por terceros como las empresas, son válidas las perspectivas “indisciplinadas”, es decir, aquellas que, independientemente de los marcos estrechos de una determinada disciplina, emplean las perspectivas, los métodos y los aportes de diversos campos del conocimiento. De ese modo, entendemos las importantes contribuciones de las Ciencias Sociales y su – no siempre fácil – diálogo con las ciencias jurídicas.
Por ejemplo, muchas comunidades se han beneficiado de los estudios académicos de la antropología que, combinados con la historia, recogen mediante la etnografía, memorias de experiencias locales, interpretan con la agronomía y la agroecología, en estrecha relación con la geografía y la geología, la pérdida del acceso al agua o a las tierras ancestrales del campesinado, o los pueblos indígenas y afrodescendientes rurales. También se han beneficiado de las perspectivas de los feminismos latinoamericanos que, mediante las estrategias y metodologías asociativas consiguen organizar a las mujeres y darles espacio para que sus voces sean tomadas en cuenta en el análisis de los impactos empresariales. Sin dejar de reconocer que esos espacios reproducen las asimetrías de poder y el racismo, estructurantes de nuestras sociedades. Y, en fin, de los diálogos epistémicos contemporáneos en nuestra región, que formulan críticas a los modelos sindicales para recuperar otros escenarios posibles de lucha, en los que se asumen como principios la no discriminación por cualquier motivo (de etnia/raza, orientación sexual, discapacidad o género) y proponen una revisión de los enfoques economicistas que continúan con planteamientos de un marxismo eurocéntrico, que no corresponde a los modos como se gestan las resistencias al capital en nuestro medio.
Nuestro trabajo nos convoca a aprender de las nuevas narrativas que se requieren desde discursos contrahegemónicos para lograr la supervivencia de los sectores más vulnerados por el modelo empresarial vigente. Los aportes de nuestra experiencia consideran central la tarea de vincular las luchas de los movimientos de derechos humanos, con los ambientales, sindicales y sociales, en particular a partir de las lógicas de interrogarse (como lo hizo Hall en su momento, respecto de la identidad)1212. Stuart Hall, “Etnicidad: Identidad y Diferencia,” in Sin Garantías. Trayectorias y Problemáticas en Estudios Culturales, 2ª edición,eds. Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich (Popayán: Universidad del Cauca, Envión, 2014). ¿Quién necesita extractivismos?¿Quién necesita energía? (incluso de la clase de energías “renovables”), teniendo como rasero de análisis las agudas transformaciones en la cultura, las tradicionales formas de subsistencia, las geografías y los modos de relacionarse las personas con la naturaleza, que, en medio de la pandemia, nos ha significado mucha mayor reflexión sobre el presente y el futuro de nuestro planeta.
Por último, independientemente de la institución desde donde despleguemos nuestro activismo, creemos que es necesario repensar el papel del trabajo sobre empresas y derechos humanos, o mejor, derechos humanos y empresas. En primer lugar, los derechos humanos como cuerpo teórico siguen siendo un discurso de la Modernidad, que ha ido transformándose gracias a las luchas particulares en el último siglo, entre ellas, las de las mujeres, del antirracismo y la colonialidad y que ha sido adaptado a las necesidades de nuestros pueblos. Pero, precisamente por su genealogía, adolece de mecanismos de sanción explícitos tanto en la esfera nacional como internacional cuando se trata de violaciones de derechos fundamentales por las empresas o de violaciones de derechos humanos cometidos por individuos de empresas en asocio con los militares, la policía o funcionarios civiles del Estado. Como mujeres activistas de derechos humanos y académicas, consideramos que esta articulación ambivalente entre empresas y derechos humanos contiene muchas contradicciones, por las “promesas incumplidas de la Modernidad”, como dice Santos1313. Boaventura de Sousa Santos, “La Transición Posmoderna, Derecho y Política,” Doxa no. 6 (1989): 225, visitado el 22 de julio de 2020, https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Transicion_Postmoderna_Doxa6.PDF., ya que no somos ni iguales, ni fraternos, ni libres, como tampoco es libre el “Libre mercado”. El interés del capital de aumentar las ganancias a toda costa y mantener sus privilegios choca contra las necesidades y las carencias de millones de personas que el modelo va creando.
De allí que tener un instrumento vinculante, como un tratado de la ONU, sería un gran paso, pero retomando los inicios de la discusión de tribunales de opinión, como las sesiones del Tribunal Russell, aún habría mucho por desarrollar en el plano del derecho internacional privado, para hacer que las empresas respeten los derechos humanos. El camino por delante propone una disputa epistémica sobre la crisis civilizatoria de la que hablan muchas personas expertas latinoamericanas, en la que, hasta ahora, el capitalismo -aunque tambaleante- sigue arrasando comunidades enteras, sin que exista la voluntad política estatal de ponerle freno. Y quizás, un esfuerzo pequeño, pero sostenido, en esa disputa, lo constituya la acción decidida de nombrar, avergonzar, desafiar y confrontar a las empresas a través de los medios que la propia sociedad civil construye para sus resistencias.