Jennifer es una joven de 30 años, es mormona y trabaja hace 10 años para el Centro de Acción Legal Ambiental y Social en Guatemala -CALAS. Se trata de una organización no gubernamental (ONG) de defensa de derechos humanos ambientales, que apoya a las defensoras y defensores de derechos humanos ambientales criminalizados por poderes del Estado o por poderes vinculados a las empresas extractivas.
Ella es pedagoga, tiene una especialidad en Derechos humanos y actualmente estudia Ciencias Jurídicas y Sociales. Sin embargo, en 2009 cuando empezó a trabajar como voluntaria en esta organización no tenía mucha experiencia ni conocimiento sobre el tema. Durante ese tiempo fue invitada a participar en la investigación para un informe que solo CALAS realiza, el Informe Nacional sobre Violación a Derechos Humanos de Activistas Ambientales en Guatemala. Es ahí que entra en contacto directo con los derechos humanos y que comienza su activismo.
Después de dos años de trabajo y aprendizaje como asistente general, pasa a ser la coordinadora del área de participación política y ciudadana de CALAS, cargo que ocupa hasta hoy. A través del contacto directo con las comunidades, ella se vuelve más consciente de la importancia de luchar por derechos humanos, principalmente en un país que enfrentó 36 años de conflicto armado interno y donde más de la mitad de su población vive en situación de pobreza y de extrema pobreza. Realidad que afecta particularmente a las mujeres guatemaltecas, que como ella afirma, son triplemente discriminadas, “discriminadas por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas”.
Jennifer habla con una voz fuerte y segura sobre la violenta realidad centroamericana. Una de sus frases más impactantes es: “Luchar por derechos humanos en mi país es saber que vas a morir, que te pueden matar”. Infelizmente no se trata de una exageración. Guatemala es, junto a Honduras uno de los países de esta región con el mayor número de defensores y defensoras asesinados en los últimos años. Según informe del CIDH de 2015 sobre derechos humanos en Guatemala, entre 2000 y 2014 fueron registrados 174 asesinatos de defensores.
Defender la vida implica asumir riesgos. Y es sobre y desde esta realidad que ella habla. Los detalles de la violencia que colegas y amigos de Jennifer han sufrido por su trabajo como defensores ambientales son escalofriantes. El 4 de septiembre de 2008, por ejemplo, Yuri Melini, director de CALAS, sufrió un atentado en el cual recibió 16 disparos. Y como él, muchas otras personas ya sufrieron atentados violentos o fueron – y están siendo – amenazados de muerte.
Desde el año 2000 aumentaron en el país las disputas por proyectos mineros, hidroeléctricos y de monocultivo que tienen impactos negativos en los territorios ancestrales y los recursos que allí se encuentran. Y CALAS realiza un importante trabajo monitoreando sectores privados y estatales en Guatemala, defendiendo casos concretos de violación a derechos humanos y ambientales, habiendo logrado, inclusive, suspender algunas actividades mineras. Por esta razón son constantemente amenazados. Actualmente son más de 100 casos que la oficina lleva, con un pequeño equipo de cinco personas.
CALAS actúa en un contexto de fuerte criminalización de defensores de derechos humanos. En septiembre de 2016, Jeremi Barrios, un joven de 21 años y asistente de Yuri Melini fue asesinado con dos disparos en la cabeza. Su muerte fue un duro golpe para el movimiento de derechos humanos en el país, para el trabajo de la organización y principalmente para sus amigos y familiares. “Somos una organización muy vulnerable. Sabemos que en cualquier momento algo nos puede pasar. Cuando mataron a Jeremi me di cuenta de que el trabajo de los jóvenes nunca es reconocido. Tenemos que aprender, como defensoras y como organizaciones de Derechos Humanos, a valorizar a los jóvenes. No tenemos que esperar a que la gente se muera para reconocer su trabajo”, afirmó Jennifer.
Defender el medio ambiente en países centroamericanos implica también una lucha no solo contra empresas mineras extranjeras, sino contra el Estado, que generalmente no respeta la voluntad de las comunidades, ni asume un papel en defensa del bien común nacional, por ejemplo, monitoreando cuidadosamente la concesión de licencias mineras y garantizando la protección de los derechos de sus ciudadanos.
Muchos de los casos que terminan en fuertes conflictos, violencia y prisión para defensores están relacionados con el modus operandi de empresas extractivistas extranjeras que burlan las barreras legales nacionales a través de simulacros de consulta popular o aún peor, a través del engaño inescrupuloso a las comunidades de las cuales necesitan adquirir tierras, o que serán directamente afectadas por su acción.
En la jurisdicción guatemalteca de 1995 está determinada la constitucionalidad de la consulta a los pueblos indígenas. En el artículo 6 del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el Estado defiende la necesidad de “obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previa la realización de explotación de recursos naturales que puedan afectar la subsistencia y modo de vida de las comunidades […]”. Sin embargo, no hay garantías jurídicas reales para que esto se cumpla. Además, no siempre las comunidades expuestas a daños devastadores se reconocen como indígenas, lo que se configura en un impedimento para acceder a la defensa legal de su territorio e implica buscar otros mecanismos de acción.
Es ahí donde la movilización popular toma gran relevancia y donde la religión se ha vuelto, de alguna manera, protagonista en el fortalecimiento de movimientos sociales de resistencia a la destrucción y expropiación de territorios. Para Jennifer, la Iglesia Católica en Guatemala está teniendo una creciente abertura al tema de los Derechos humanos y del medio ambiente. Esto se viabiliza en la creación, por parte de la Diócesis de Santa Rosa de Lima (Municipio de Santa Rosa, Guatemala), de la Comisión Diocesana en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) que es coordinada por la misma gente de la comunidad. “También hay evangélicos que apoyan nuestro trabajo. Es bonito ver como la cosmovisión Maya y la religión occidental se unen en el caso de Jalapa y Santa Rosa (oriente de Guatemala) en relación a conflictos mineros que llegan a la zona».
Además de haberse convertido en referencia en temas ambientales y extractivos, CALAS es una de las pocas organizaciones que lleva casos a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad en casos mineros. “Ninguna organización se atreve a llevar casos tan abiertamente como CALAS y eso nos ha llevado a perder financiamiento… en el 2012 nos quedamos prácticamente sin salarios, nadie nos quería apoyar”, ella relata. Esta situación crítica casi los llevó al cierre después de 18 años de intenso trabajo. Jennifer cuenta que esto también se dio gracias al desprestigio internacional que el entonces gobierno del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) ayudó a difundir fuera del país. La embajada de Holanda en Guatemala y la Unión Europea fueron algunos de los donantes importantes que retiraron su apoyo.
Pero después sucedió algo que ella interpreta desde su fe como siendo un milagro o una bendición divina; La Unión Europea vuelve a apoyarlos financieramente con un pequeño proyecto que “les devuelve la vida”. Y después de esto, varias iglesias europeas comienzan a ofrecer apoyo económico, entre ellas, la Iglesia Luterana, la Iglesia Católica da Irlanda, de Holanda y de Suiza. “Poco a poco ha llegado ayuda de lugares que no esperamos”.
Jennifer es mormona, pero una mormona diferente. “Los mormones somos alejados de los medios, somos conservadores. En la iglesia nunca te hablan del clima, de Derechos Humanos, de política, de esas cosas que son importantes. Solo nos hablan del amor… “La religión es algo importante pero Jesús no se quedaba entre cuatro paredes. La religión es algo que nos debe impulsar a hacer las cosas mejor, a hacerlas bien hechas y a luchar por lo que creemos que es justo”.
Es lo que Jennifer hace en su día a día, luchar por lo que cree durante las muchas horas dedicadas al trabajo comunitario y a la defensa de derechos humanos y ambientales con grupos vulnerables. Divide su tiempo, inclusive sábados y domingos, entre el cuidado de su pequeño hijo de un año, el estudio en la universidad y su activismo como defensora. “Es importante que luchemos. Debemos luchar y no perder la fe por las cosas buenas que tenemos”.
