Ejemplo de dignidad y esperanza para los movimientos sociales y ambientales de Colombia y América Latina
El texto narra el triunfo de una consulta popular contra la explotación minera en Cajamarca, una pequeña población colombiana que mostró, en marzo de 2017, su capacidad de movilización en defensa del medio ambiente. Además del impacto de esta iniciativa, el texto también muestra los obstáculos que esta región aún enfrenta para que se respete la voluntad popular contra los intereses del extractivismo.
El pasado 26 de marzo (luego de más de 10 años de debates, audiencias, foros, talleres, movilizaciones pacíficas y de lamentables episodios de violaciones a los DDHH), los ciudadanos del municipio de Cajamarca-Tolima, una pequeña población colombiana especializada en agricultura campesina, realizaron la primera Consulta Popular Minera de iniciativa ciudadana en Colombia. Los habitantes manifestaron de manera categórica su rechazo al proyecto minero La Colosa y demás proyectos de explotación minera en su territorio. Frente a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo Sí o No con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras? 6165 personas votaron NO y tan sólo 76 votaron Sí.
El triunfo que dieron las comunidades de Cajamarca fue indiscutible. Ganó la defensa del derecho colectivo al ambiente sano, ganó la vocación agropecuaria, la vida y la cultura campesina. Sin lugar a dudas el triunfo de los promotores del “no” ayudó a fortalecer la esperanza y la dignidad de los colombianos.
Los habitantes de Cajamarca implementaron este mecanismo constitucional ante la pretensión de la multinacional Anglogold Ashanti de ejecutar el proyecto de gran minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro denominado La Colosa. Los estudios técnicos realizados por diferentes investigadores y entes institucionales del Estado colombiano,11. Ver: https://comiteambiental.com/libros/. han constatado que el daño ambiental sería más grande que los beneficios económicos dado que el proyecto se encuentra ubicado en una región agroalimentaria con zonas de ecosistemas frágiles, bosques de niebla, reserva forestal central, complejo de páramos y una cabecera de cuenca hidrográfica que abastece a más de 800 mil habitantes de siete municipios del departamento del Tolima.
Pese al actuar pacífico, democrático y constitucional de los Cajamarcunos el gobierno nacional pretende desconocer los resultados del proceso de la consulta popular y el marco jurídico que la sustenta. Al respecto es importante precisar que la Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana reconocido en la Constitución Política de Colombia, el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, las Leyes estatutarias 134 de 1994 y la 1757 de 2015 y la sentencia de Corte Constitucional T-445/16.
Según el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, (en declaraciones entregadas a los medios de comunicación el día 27 de marzo)
La consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley; no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás. Esta decisión, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo.22. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/consulta-minera-en-cajamarca-no-tiene-la-capacidad-de-cambiar-la-ley-gobierno-articulo-686515.
Nos preocupan las declaraciones del Ministro y el alto gobierno colombiano en la medida que desconocen los derechos ciudadanos y el ordenamiento jurídico del país. El Ministro olvida, intencionalmente, que el proyecto La Colosa Regional no tiene las respectivas autorizaciones para explotar, que en el caso colombiano es la Licencia Ambiental. Sin el otorgamiento de la Licencia Ambiental, la empresa no tiene ningún derecho adquirido. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso democrático de la Consulta Popular no puede ser desconocido, pues como se manifestó en las urnas el 26 de marzo, el proyecto minero no tiene la licencia social de los cajamarcunos.
De igual forma preocupan las sistemáticas amenazas que grupos paramilitares han realizado contra miembros del Comité Ambiental y otras organizaciones sociales y de comunicación que acompañaron el proceso de la Consulta Popular y defensa del derecho colectivo al ambiente sano de los cajamarcunos y tolimenses. Aunque estos hechos ya han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y demás instancias nacionales, nos inquieta que al día de hoy no existan garantizas para el derecho a la vida de quienes promueven y participan de estos procesos democráticos y constitucionales.
Denunciamos que algunos funcionarios de la empresa Anglogold Ashanti han estigmatizado a los opositores del proyecto La Colosa Regional como guerrilleros y “Yihadistas Ambientales”. Este tipo de acciones evidencian que la empresa y sus empleados desconocen y trasgreden los Derechos Humanos y Fundamentales de las comunidades.
Al asumir el mecanismo de la Consulta Popular, las comunidades le dieron cuerpo al derecho fundamental de participación ciudadana para determinar el futuro que queremos construir para nuestros territorios. En lugar de apelar a las acciones violentas y de hecho, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca han venido ejerciendo procesos de convocatoria y movilización pacíficas, no violentas e incluyentes, que han permitido fortalecer la democracia y la prevalencia de los derechos humanos de la sociedad en general. Sin lugar a dudas, este proceso podría ser catalogado como un ejemplo de paz para Colombia, dado que permite, desde el marco democrático, resolver un conflicto socio-ambiental de carácter emblemático para los colombianos.
Lastimosamente el gobierno nacional, en cabeza del presidente y del Ministro de Minas, pretenden desconocer la consulta popular y con ella la democracia, la constitución política y la voluntad del pueblo cajamarcuno. Es lamentable que estos altos gobernantes defiendan a ultranza del extractivismo y traten de imponer un modelo de desarrollo ajeno a la vocación productiva de los territorios, cultura local y querer de las gentes. Mientras el Nobel de Paz33. Nota editorial: En el año 2016, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para colocar fin al conflicto armado. habla de la necesidad de avanzar en el proceso de paz al mismo tiempo impone las nuevas violencias del extractivismo e imposibilita el derecho fundamental de la participación ciudadana de las comunidades. Al desconocer las consultas populares, la democracia y la Constitución Política de Colombia, el presidente le declara la guerra a los territorios, a los líderes sociales, a las presentes y futuras generaciones que exigen su derecho colectivo al ambiente sano. Esperamos que la fuerza del movimiento social siga creciendo y sea capaz de derrotar la codicia y dictadura minera que se impone desde la presidencia y las empresas minero-energéticas.
