Cómo las empresas pueden proteger a las defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos a la tierra y a los recursos de las comunidades indígenas
Más de tres personas perdieron la vida cada semana en 2018 por defender pacíficamente su tierra y medio ambiente frente a proyectos de extracción de recursos a gran escala. Para empresas con cadenas de suministro agrícolas, de madera y de minerales y sus inversores, hay un imperativo estratégico y moral de actuar para proteger los derechos humanos de toda la gente defendiendo los derechos de las comunidades a la tierra y a los recursos.
Este artículo presenta un panorama general de la respuesta de los Estados y del sector privado en el respeto y protección de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, incluyendo varios estudios de caso involucrando a empresas. También describe el proceso de diligencia debida que las empresas deberían seguir para identificar y mitigar amenazas contra las defensoras y defensores en su cadena de valor.
A pesar del aumento de la concienciación sobre el papel de las defensoras y defensores de derechos humanos (DDH) en el desarrollo sostenible, quienes defienden la tierra y el medioambiente están siendo cada vez más atacados. En 2012, Global Witness descubrió que más de 711 activistas, periodistas y miembros de comunidades habían sido asesinados en la última década defendiendo los derechos a la tierra, los bosques y los ríos.11. “A Hidden Crisis: Increase in Killings as Tensions Rise Over Land and Forests,” Global Witness, 19 de junio de 2012, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/hidden-crisis/. Para 2018, el número de víctimas había ascendido a más de 1,400.22. “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017,” Global Witness, 24 de julio de 2018, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/. Esto equivale a un promedio de más de tres personas asesinadas cada semana en 2018 en ataques conducidos por industrias como la minera, madereras y el agronegocio. La cifra real es probablemente mucho mayor: es extremadamente difícil encontrar o verificar pruebas fiables, y muchos asesinatos no son denunciados, particularmente en zonas rurales o en países donde el espacio de la sociedad civil está restringido.
Las empresas cuyas cadenas de suministro dependen de la explotación de recursos naturales a menudo dependen de la reconversión de hábitats naturales frágiles, que no solo daña el medio ambiente local y aumenta las emisiones de carbono, sino que también acaba con frecuencia en disputas con las comunidades locales.
La corrupción y la impunidad también están detrás del creciente número de conflictos relacionados con la explotación de la naturaleza y los proyectos de desarrollo a gran escala, debido en parte al hecho de que la mayoría de tales proyectos requiere inversiones financieras enormes, que pueden caer en la corrupción. Esta situación es particularmente evidente en países con procesos de gobernanza deficientes o poco transparentes, un estado de derecho débil y derechos sobre la tierra débiles, que dan lugar a una colusión a expensas del bien público.33. “Situación de los defensores de los derechos humanos,” A/71/281, Asamblea General de las Naciones Unidas, 3 de agosto de 2016, visitado el 7 de julio de 2020, https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/71/281.
Las defensoras y defensores que trabajan en cuestiones relacionadas a la tierra y el medio ambiente se enfrentan a riesgos específicos y elevados porque son vistos como una amenaza al lucro y también al poder. En la amplia mayoría de casos, son asesinadas/os porque han cuestionado o se han opuesto a un negocio empresarial; normalmente vinculado a la extracción de recursos naturales, como la minería, la agricultura a gran escala o la tala de madera. Los datos de Global Witness muestran que en casi todos los casos, una de las razones principales para la pérdida de vidas de defensoras y defensores es su colisión con los intereses políticos, empresariales y criminales que priorizan su saqueo de los recursos naturales por encima de los intereses económicos, sociales y de salud de las comunidades locales y el medio ambiente.
El asesinato de defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente solo es la punta del iceberg. Las defensoras y defensores de los derechos humanos medioambientales se enfrentan a numerosas amenazas y violaciones, incluyendo ataques violentos y amenazas a sus familias, desapariciones forzadas, vigilancia ilegal, prohibición de viajar, extorsión, acoso sexual, acoso judicial y el uso de la fuerza para deshacer protestas pacíficas. Tales violaciones son cometidas por actores estatales y no estatales, y tienen lugar en un contexto de estigmatización general, demonización y deslegitimación de las defensoras y defensores.44. Ibid.
Aunque el asesinato es la amenaza más visible y violenta a la que se enfrentan las defensoras y defensores, las estadísticas sobre asesinatos solo cuentan una parte pequeña de la historia. Lejos del foco de los medios, los gobiernos y empresas utilizan los tribunales y sistemas jurídicos de los países como instrumentos de opresión e intimidación contra quienes amenazan su poder e intereses.
Criminalización se refiere “al proceso a través del cual comportamientos e individuos son transformados en crimen y criminales.” En el contexto de las y los defensores, la criminalización proviene de la “intención de desacreditar, sabotear o impedir el trabajo de los DDH por medio de un uso indebido del sistema jurídico y una manipulación selectiva del discurso público en un país.’55. “Criminalization of Human Rights Defenders Factsheet,” Peace Brigades International, 2019, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.peacebrigades.org/sites/www.peacebrigades.org/files/180911%20pbi%20factsheet%20criminalization.pdf. Es uno de los principales abusos a los que se enfrentan las defensoras y defensores y puede adoptar muchas formas. Las amenazas jurídicas pueden ser utilizadas por gobiernos y empresas para intimidar a defensoras/es, dañar sus reputaciones y enmarañarlos en batallas jurídicas costosas que obstaculizan su trabajo.
Estas batallas jurídicas están por lo general totalmente desequilibradas. Ejércitos de abogados bien pagados se enfrentan a menudo a granjeros y líderes indígenas de comunidades remotas, que pueden tener poca educación formal o conocimiento de sus derechos. Una vez acusadas/os, las/os defensoras y los defensores son estigmatizados y tildados de terroristas o criminales por su gobierno y los medios que a menudo controla.
Conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), los gobiernos tienen el deber primordial de proteger los derechos humanos mientras que las empresas tienen una responsabilidad separada e independiente de respetar los derechos humanos.66. “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos,” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, visitado el 7 de julio de 2020, p. 8; 13, https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf.
Según estos principios, la responsabilidad de las empresas a respetar incluye abstenerse de dañar a defensoras y defensores, restringir sus derechos o interferir con sus actividades. Los PRNU también requieren a las empresas colaborar con los defensores para identificar, mitigar y reparar cualquier violación contra los derechos humanos que puedan surgir de sus operaciones.77. Ibíd., 18-26. En estos casos, las empresas deben ejercer presión a través de sus negocios y relaciones con proveedores para hacer frente al impacto. Además, las empresas de seguridad o contratistas privados actuando para o en nombre de empresas financiadas no deberían estar involucradas en ataques a defensoras/es.88. Ibíd., 29-30.
Un número creciente de empresas se están esforzando por promocionar los derechos humanos en sus cadenas de suministro y en comunidades afectadas por sus operaciones, en particular en respuesta a amenazas a las libertades civiles y defensora/es de derechos humanos.99. Ver informe “Promoviendo el Respeto de las Empresas por los Derechos Humanos. Una Guía para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,” International Service for Human Rights, 2015, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_hrd_toolkit_sp_web.pdf ; y “Human Rights Defenders And Corporate Accountability,” International Service for Human Rights, 2015, visitado el 7 de julio de 2020, http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/business_and_human_rights_monitor_-_english_november_2015-final_last_version-2.pdf. Por ejemplo, en 2015, tres empresas de joyería (que se supone no guardan vínculos directos con Angola), incluyendo Tiffany & Co., publicaron declaraciones instando a Angola a retirar los cargos contra Rafael Marques, un periodista que estaba siendo juzgado por difamación tras exponer abusos en la cadena de suministros en la industria del diamante. Estas empresas mostraron gran interés en que esto fuese visto como una presión colectiva por parte de las empresas para provocar un cambio sistémico y crear “una cadena de suministro de diamantes global libre de abusos de derechos humanos.”1010. “A Human Rights Defender Toolkit…,” 2015, 78; Kerry A. Dolan, “Defamation Trial Of Angolan Journalist Rafael Marques Postponed, Settlement Possible.” Forbes, 24 de abril de 2015, visitado el 19 de febrero de 2020, https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2015/04/24/defamation-trial-of-angolan-journalist-rafael-marques-postponed-settlement-possible/#7ea94b2a1590.
Los PRNU afirman que “toda vez que las actividades de las empresas pueden tener un impacto sobre prácticamente todo el espectro de derechos humanos internacionalmente reconocidos, su responsabilidad de respetar se aplica a todos esos derechos”. Esto incluye respetar los derechos de las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, tal y como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos (DNUDDH).1111. “La declaración de los defensores de los derechos humanos,” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1998, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx. La DNUDDH refuerza los PRNU junto con las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multinacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.1212. Ibíd.; “Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on Multinational Enterprises,” OECD, 2011, visitado el 7 de julio de 2020, https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/; y “About the Sustainable Development Goals,” Naciones Unidas, 2020, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
Además de estos principios rectores sobre la responsabilidad de las corporaciones, también existen normativas nacionales e internacionales para proteger los derechos de los defensores y defensoras. En 2016, Canadá publicó directrices para su gobierno y sus diplomáticos sobre el apoyo a defensores en riesgo.1313. “Voices At Risk: Canada’s Guidelines on Supporting Human Rights Defenders,” Gobierno de Canadá, 2016, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/rights_defenders_guide_defenseurs_droits.aspx?lang=eng. Estas directrices permiten a las embajadas denegar el apoyo al comercio de empresas asociadas con amenazas contra defensores; un paso importante dados los abusos denunciados con frecuencia por los activistas que se oponen a los intereses mineros canadienses.1414. “Shared Space Under Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders,” Business and Human Rights Resource Centre, International Service for Human Rights, 2018, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Shared%20Space%20Under%20Pressure%20-%20Business%20Support%20for%20Civic%20Freedoms%20and%20Human%20Rights%20Defenders_0.pdf.
Francia aprobó recientemente los más completos requisitos de diligencia debida enfocados en los derechos humanos por medio de la Ley sobre el Deber de Vigilancia en febrero de 2017.1515. “LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (1),” Légifrance, 2017, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte. La ley exige que las empresas, incluyendo bancos e inversores, identifiquen y actúen sobre sus exposiciones más graves a abusos de derechos humanos, que pueden incluir amenazas y asesinatos de defensores.
Inversores europeos como bancos, fondos de pensiones y aseguradoras están sujetos ahora a la legislación sobre diligencia debida. Un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo en 2019 hace que los inversores deban desvelar los pasos que han tomado para hacer frente a cualquier impacto social o medioambiental adverso de sus decisiones de inversión.1616. “Global Witness Celebrates Significant Agreement and Shift in Mind-set From the EU on Investor Due Diligence,” Global Witness, 7 de marzo de 2019, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/press-releases/global-witness-celebrates-significant-agreement-and-shift-mind-set-eu-investor-due-diligence/.
Además, Global Witness es parte de una coalición de ONG pidiendo que la UE introduzca una legislación efectiva y robusta que establezca obligaciones de diligencia debida intersectoriales, de derechos humanos, medioambiente y gobernanza para todas las empresas; incluyendo aquellas en el sector financiero, operando en la UE. Esto incluye acceso a reparaciones para las víctimas de abusos empresariales y sanciones efectivas. Como consecuencia, en mayo de este año, el comisario europeo de Justicia se comprometió públicamente a conseguir una nueva legislación de la Unión Europea sobre diligencia debida obligatoria para empresas en materia de derechos humanos, medio ambiente y cuestiones de gobernanza, incluyendo la corrupción, como parte de un Nuevo Pacto Verde Europeo.1717. “Important Step Towards Greater Corporate Accountability As European Commission Commits To New EU Rules To Regulate Supply Chains,” Global Witness, 29 de abril de 2020, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/press-releases/important-step-towards-greater-corporate-accountability-european-commission-commits-new-eu-rules-regulate-supply-chains/.
El año pasado, Global Witness reveló que en 2018, 30 defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en las Filipinas, convirtiéndolo en el país con el mayor número de muertes de este tipo en todo el mundo.1818. “Enemies Of The State? How Governments and Businesses Silence Land and Environmental Defenders,” Global Witness, 30 de julio de 2019, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/. Nuestra investigación de dos años mostró cómo la minería, el agronegocio, la tala y las centrales de carbón están dirigiendo ataques contra activistas medioambientales. Descubrió que empresas internacionalmente reconocidas incluyendo Del Monte Philippines, Corporación San Miguel, Standard Chartered, Dole Philippines, y el Banco Mundial están conectados a ataques contra defensores y defensoras a través de sus actividades empresariales en las Filipinas.1919. “Defending The Philippines: Environmental Activists at the Mercy of Business at All Costs,” Global Witness, 24 de septiembre de 2019, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-philippines/.
En 2016, Gloria Capitán fue asesinada tras oponerse a instalaciones de almacenamiento de carbón y una central eléctrica de carbón propiedad de la Corporación San Miguel, respaldada por Standard Chartered y el Banco Mundial, que estaban contaminando su comunidad en Bataan.2020. Ibid.
Renato Anglao fue asesinado tras haber protestado la expropiación de tierras indígenas en Bukidnon, que un terrateniente local y alcalde utilizaban para producir fruta para Del Monte Philippines hasta 2019. Esto ocurrió después que nuestra investigación anterior, que había mostrado que otra gran empresa agroindustrial, Dole Philippines, había subarrendado tierra para cultivar plátanos de un notorio comerciante de armas acusado de utilizar el fraude y la coerción para obtener derechos sobre tierras indígenas.2121. Ibid.
En declaraciones recientes, Del Monte Philippines, Dole Philippines y la Corporación Financiera Internacional (CFI) relataron medidas positivas adoptadas después de nuestro informe.2222. “Six Months On: Defending The Philippines,” Global Witness, 4 de mayo de 2020, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/en/blog/six-months-defending-philippines/.
Las empresas agroindustriales reconocieron la necesidad de políticas internas claras y concretas para abordar el tema de represalias contra aquellos pronunciándose sobre sus proyectos. Dole Philippines anunció que la empresa ha “emprendido una revisión de sus procesos internos para garantizar que no participa en la… violencia contra defensores medioambientales y/o pueblos indígenas”, y están comprometidos a “diseñar políticas empresariales más concretas”.2323. Ibid.
Del Monte Philippines ha ido más lejos, colaborando con organizaciones de la sociedad civil cuando estas revisan su “evaluación de impacto y procesos de diligencia debida”, mientras “identifican áreas sin concesiones o de tolerancia cero.” La empresa se comprometió a “prevenir y responder a cualquier represalia contra personas que se pronuncian sobre temas relacionados a cualquier negocio en el que nuestra empresa esté involucrado,” y en traducir estos compromisos “en medidas de acción concretas.”2424. Ibid.
El CFI confirmó que, tras su Declaración de Posición sobre las No Represalias de 2018, la entidad crediticia está “desarrollando protocolos internos y guías para el personal sobre investigación, prevención y respuesta de las represalias”. En diciembre, el CFI lanzó una nueva “herramienta de riesgo contextual” que será incluida como parte de los procesos de diligencia debida en todas las inversiones. El CFI le comunicó a Global Witness que la herramienta incluye una “dimensión específica de las represalias… para investigar contextos de proyectos con alto riesgo de represalias y violencia”.2525. Ibid. También anunciaron la creación de un “equipo de Respuesta a Reclamaciones contra Partes Interesadas” que informa directamente al CEO y está comprometido con aportar nuevas orientaciones a las “prácticas de participación de las partes interesadas” y a “involucrarse con sus clientes u otras partes involucradas” cuando aparezcan alegaciones de represalias.2626. Ibid.
El desafío para los tres actores empresariales ahora es utilizar los seis próximos meses para pasar de las intenciones a la acción, incluyendo el asegurar consultas transparentes con un espectro variado de organizaciones de la sociedad civil; informando públicamente sobre la implementación de nuevas políticas en todo el recorrido de sus operaciones, y proporcionando reparación a la victimas de cualquier abuso y daño medioambiental asociado a sus operaciones.
La siguiente es una visión general del proceso de diligencia debida que las empresas deben emprender para abordar riesgos relacionados con las/os defensoras/es en su cadena de valor:
Finalmente, las empresas deberían apoyar los temas de los DTM junto con los gobiernos para lograr resultados positivos para los DTM, presionando para un mayor respeto a sus derechos, apoyándolos en público y presionando a los gobiernos para que garanticen que los responsables de los ataques sean llevados ante la justicia.
El mundo tal y como lo conocemos está cambiando a un ritmo exponencial. El impacto del Covid-19 en la salud mundial y en los sistemas financieros durará décadas.
Se reconoce ampliamente que la deforestación y pérdida de vida silvestre son dos contribuyentes clave del aumento de las enfermedades infecciosas.2727. “COVID-19 y la naturaleza están unidos. La recuperación también debe estarlo,” Foro Económico Mundial, 14 de abril de 2020, visitado el 7 de julio de 2020, https://es.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-y-la-naturaleza-estan-unidos-la-recuperacion-tambien-debe-estarlo/. Para prevenir una futura pandemia, los responsables políticos tendrán que escuchar a los medioambientalistas, líderes indígenas y activistas comunitarios que defienden la naturaleza. Los activistas de primera línea también pueden ser una voz crucial a la hora de abordar las desigualdades que han exacerbado el impacto del virus y proponer modos más sostenibles de hacer negocios en el futuro. Pero solo si gozan de suficiente seguridad para hacerlo.
Como ha ocurrido con otros tipos de defensoras y defensores de derechos humanos, las amenazas y ataques contra los activistas por la tierra y el medioambiente no se han ralentizado en este periodo de crisis del Covid-19. De hecho, parece que se han acelerado.2828. “Los Gobiernos Y Las Empresas Deben Ponerse Del Lado De Las Personas Defensoras De La Tierra Y El Medio Ambiente Ahora, Para Ayudar A Construir Un Futuro Más Resiliente Y Justo Para Nosotros Y Nuestro Planeta,” Global Witness, 7 de mayo de 2020, visitado el 7 de julio de 2020, https://www.globalwitness.org/es/governments-and-business-must-stand-land-and-environmental-defenders-now-so-they-can-help-build-more-resilient-and-fair-future-us-and-our-planet-es/.
Una respuesta sostenible, resiliente y justa a la pandemia será una en la que los derechos son mantenidos y aquellos que los defienden son escuchados, pero la sociedad civil deberá permanecer vigilante.
Inspiradoramente, incluso bajo la mayor presión y restricciones, las organizaciones de derechos humanos y medioambientales de todo el mundo están uniéndose para encontrar respuestas creativas y compartir documentación. ONG están haciendo un seguimiento a las amenazas a las libertades civiles y al impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas, así como a las respuestas a la crisis de las empresas y la Naciones Unidas.
Si queremos construir un planeta más resiliente y más justo una vez pase esta crisis, es crucial que las y los defensores de la tierra y el medio ambiente sean mejor protegidos.
A largo plazo, es crucial que consideremos cómo las empresas responsables pueden operar de un modo que ponga a las comunidades locales y defensora/es en el centro de la toma de decisiones, en lugar de ponerlas en riesgo.
A corto plazo, los gobiernos y negocios deberían:
