Reflexiones sobre raza, necropolítica, y el control de psicoactivos en la construcción de una experiencia negra.
La distribución de la muerte como ejercicio organizado del poder del Estado, las topografías militarizadas donde generaciones enteras pasaron a ser socializadas por la experiencia del entierro precoz de sus semejantes, el vocabulario de homicidio y de matanza en la formación de la experiencia negra desde la infancia en territorios de guerra y la necropolítica que impulsa un conjunto de categorías y emprendimientos racializados y racializantes definen la agenda política, recorren las narrativas televisivas, distribuyen el miedo para comercializar la paz social y caben en el amplio abanico de acciones legitimadas por la idea de la guerra, incluso contra otras poblaciones, bajo otro espectro de la guerra, los llamados efectos colaterales. Y el carácter selectivo de la política de drogas prohibicionista es un ejemplo de instrumento del mantenimiento de un conjunto de injusticias que son fruto de un perverso régimen realizado por medio de una economía de violencias que todavía hoy produce efectos.
Brasil nunca ha lidiado bien con su pasado esclavista. Cuando “la abolición liberó a los blancos del fardo de la esclavitud”,11. Emília Viotti da Costa, A Abolição (São Paulo: Editora Global, 1986). como admite la historiadora Emília Viotti da Costa, se permitió un cambio de régimen de explotación sin llegar a curar ninguna de las fracturas expuestas en el nuevo régimen en construcción. Es en el marco de las disputas emprendidas a principios del siglo XX por los estratos más pobres de la población y por las dinámicas promovidas por el nuevo paisaje de las ciudades, con una inmensa masa de ex esclavos, que ciertas modalidades de actos delictivos pasan a interesar más en los debates de la época y se vuelven objeto de interés de aquellos que pretendían influenciar en el rumbo de la nación. La supervivencia de la esclavitud llevada a cabo mediante los mecanismos oriundos de aquel modelo, si bien actualizados constantemente desde la abolición, produce una posicionalidad negra que es única e incomunicable dentro de la sociedad contemporánea: una posicionalidad cuya principal característica es una violencia gratuita y estructural.
Esa violencia anti negra, como ha registrado el investigador João H. Vargas, es gratuita porque, al contrario de lo que los negros experimentan, “ella no es contingente a la transgresión de la hegemonía de la sociedad civil”, o sea, no es una respuesta del Estado al desvío de la norma establecida. Cuando los no negros protestan, por ejemplo, continua el autor, “la violencia que pueden sufrir es una consecuencia de la protesta, siendo por tanto contingente; en cambio, para las personas negras, la experiencia de la violencia no depende de la protesta o de una actitud explícitamente antagónica: para ellas la violencia está normalizada, es previsible en su imprevisibilidad”.22. João H. Vargas, “Desindentificação: A Lógica de Exclusão Antinegra no Brasil,” en Antinegritude: O Impossível Sujeito Negro na Formação Social Brasileira, orgs. Osmundo Pinho y João H. Vargas (Cruz das Almas: Editora UFRB, 2016; Belo Horizonte: Fino Traço, 2016).
La distribución de la muerte como ejercicio organizado del poder del Estado, las topografías militarizadas donde generaciones pasaron a ser socializadas por la experiencia del entierro precoz de sus semejantes, el vocabulario de homicidio y de matanza en la formación de la experiencia negra desde la infancia en territorios de guerra y la necropolítica que impulsa un conjunto de iniciativas racializadas y racializantes definen la agenda política, recorren las narrativas televisivas, distribuyen el miedo para comercializar la paz social y entran en el amplio abanico de acciones legitimadas por la idea de la guerra, incluso contra otras poblaciones, bajo otro espectro de la guerra, los llamados efectos colaterales. Y el carácter selectivo de la política de drogas prohibicionista es un ejemplo del mantenimiento de un conjunto de injusticias que son fruto de un perverso régimen realizado mediante una economía de violencias que produce efectos todavía hoy.
Desde mediados de 2012, los autores de este artículo actúan en el campo anti prohibicionista por medio de la investigación profesional y militante. En el transcurso de esta actuación, hemos observado el crecimiento en el número de muertes entre personas jóvenes y negras, justificado sobre la base de la lucha contra el crimen organizado en las comunidades pobres de Brasil y del aumento del encarcelamiento por delitos relacionados a las drogas, observaciones que nos indicaban como fundamental la aproximación de las temáticas de políticas y leyes de ese campo con los datos de violencia que encontrábamos entre la juventud pobre y negra.
Hay un discurso muy extendido, profundamente racializado, que debemos enfrentar: aquel que asocia intencionadamente la juventud a las drogas y a la violencia. Es, sin embargo, imprescindible señalar que ciertas acciones del Estado brasileño, justificadas por el paradigma de la guerra, corroboran y acentúan vulnerabilidades y violaciones preexistentes relacionadas a las condiciones de raza, género, generación y clase en Brasil. Una arquitectura punitiva basada en un conjunto de prácticas de control que interactúan en el paradigma prohibicionista, nos trae elementos importantes para observar sus implicaciones en la reproducción de las condiciones de vitalismo y muerte informadas por la filiación racial en los días de hoy.
Los cambios de paradigma en la producción de políticas públicas para la juventud construidas entre los años 2003 y 2016, con la creación de la Secretaría Nacional de Juventud y la aprobación del Estatuto de la Juventud, además de otras políticas sociales desarrolladas en el periodo, aunque provocaron un impacto directo en la vida de millares de personas jóvenes, no fueron capaces de revertir el cuadro dramático de altísima tasa de mortalidad, encarcelación y otras violencias relacionadas, desproporcionados en relación a los demás segmentos de la sociedad brasileña.
Buscando aproximar las conexiones entre las políticas de drogas y la juventud, contribuimos en 2015 a la elaboración de un Grupo de Trabajo sobre política de drogas, establecido en el Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE – órgano de participación social vinculado a la Secretaría Nacional de Juventud), responsable de la realización del seminario “Autonomía, Ciudadanía y Derechos Humanos para la Juventud: La Reinvención Necesaria de las Políticas sobre Drogas”.33. “Conselho Nacional de Juventude Debate Política sobre Drogas,” Brasil, Secretaria Nacional de Juventude, 1 de septiembre de 2014, visitado el 19 de noviembre de 2018, http://juventude.gov.br/juventudeviva/inicial/conselho-nacional-de-juventude-debate-politica-sobre-drogas?lang=es. En ese momento, Luana Malheiro, antropóloga, una de las organizadoras del evento e integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que usan Drogas (LANPUD), declaró que la intención del evento era hacer “un esfuerzo por construir posibilidades de debates con diversos actores jóvenes en el enfrentamiento a la guerra contra las drogas”.
El conjunto de elementos reunidos en el seminario del CONJUVE despertó la necesidad de concebir una organización que movilizase una agenda negra en el ámbito de la política sobre drogas y que desarrollase acciones capaces de incidir en las disputas y en los debates en curso en Brasil. Los datos que emergieron sobre políticas de drogas, sistema de justicia, seguridad pública y atención indigna a los usuarios de drogas nos hicieron darnos cuenta que esa política reúne organizadamente la repetición de mecanismos de Estado que resultan en el acortamiento de las vidas negras que hace siglos ocurre en el país. En este proceso, iniciamos la construcción de la Iniciativa Negra Por Una Nueva Política sobre Drogas (INNPD) como una posibilidad de producir acciones ante los desafíos reconocidos.
Desde la aprobación de la Ley 11.343/2006, conocida como la ley de drogas,44. “Lei nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006,” Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2016, visitado el 19 de noviembre de 2018, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. el número de detenciones sigue aumentando. Según datos del Infopen, en 2016 Brasil se convirtió en el 3er país que más encarcelaba del mundo, ultrapasando la marca de 700 mil personas presas, de las cuales el 64% se declaraba negra. De este total de presos, el 40% no recibió sentencia, o sea, casi la mitad de esos presos podría no estar privada de libertad en caso de haber sido juzgada.55. “Infopen - Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias,” Brasil, Ministério da Justiça, 2017, visitado el 19 de noviembre de 2018, http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias. Asimismo, el aumento de las penas por delitos relacionados a las drogas fue justificado en la intención de disminuir el poder de las organizaciones criminales que también existe en las cárceles. En este sentido, la ley tampoco alcanza su objetivo, pues además de aumentar la carga del Sistema de Justicia y el gasto público con el mantenimiento de las penitenciarias, contribuye indirectamente al fortalecimiento de esas organizaciones al llevar a más personas a las cárceles. Además, todos los años, millares de personas ven como se rompen sus lazos afectivos bruscamente, especialmente mujeres que, en la inmensa mayoría de los casos, son las únicas responsables de sus hijos.
Además, ¿cómo es posible medir el costo social de las más de 60 mil vidas de brasileños que mueren cada año? Los impactos desastrosos en la vida de las familias y personas afectadas es algo muy difícil de contabilizar. Por otro lado, es posible observar los costes económicos de este proceso de guerra. Según datos publicados por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, los costes económicos de la “criminalidad” pasaron, entre 1996 y 2005, de cerca de 113 mil millones de reales a 285 mil millones de reales, un incremento real medio de casi un 4,5% al año. En un estudio realizado en colaboración con el Instituto Igarapé, se concluyeron los siguientes componentes de ese dato, en orden de relevancia: seguridad pública (1,35% del PIB); seguridad privada (0,94% del PIB); seguros y pérdidas materiales (0,8% del PIB); costos judiciales (0,58% del PIB); pérdida de capacidad productiva (0,40% del PIB); encarcelamiento (0,26% del PIB); y costes de los servicios médicos y terapéuticos (0,05% del PIB), alcanzando un total del 4,38% de la renta nacional.66. “Custos Econômicos da Criminalidade no Brasil,” Brasil, Secretaria Geral de Assuntos Estratégicos, junho de 2018, visitado el 19 de noviembre de 2018, http://www.secretariageral.gov.br/estrutura/secretaria_de_assuntos_estrategicos/publicacoes-e-analise/relatorio-de-conjuntura/custos_economicos_criminalidade_brasil.pdf.
Aparte del alto gasto público, esa política también adolece a los servidores públicos; el índice de suicidios entre policías es mayor que la media de otros profesionales, además de las muertes, lesiones graves y bajas por enfermedad. Según una investigación del Grupo de Estudio e Investigación en Suicidio y Prevención (GEPeSP), de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), coordinado por la científica política Dayse Miranda, en colaboración con la Policía Militar fluminense, de 224 policías militares entrevistados, el 10% dijeron haber intentado el suicidio y el 22% afirmaron haber pensado en el suicidio en algún momento.77. Dayse Miranda (org.), Diagnóstico e Prevenção do Comportamento Suicida na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2016), visitado el 19 de noviembre de 2018, http://gepesp.org/wp-content/uploads/2016/03/POR-QUE-POLICIAIS-SE-MATAM.pdf.
Los homicidios en Brasil en los últimos quince años registraron un número mayor que el mismo crimen en ocho países sudamericanos juntos, o que todos los asesinatos registrados en el mismo periodo en los 28 países de la Unión Europea. En cerca del 56% del total de asesinatos hay implicadas personas jóvenes de hasta 29 años y de estas, el 71% son negras. A este panorama hay que sumarle la inexistencia de un sistema de producción de datos seguros sobre las circunstancias de esas muertes, condiciones para determinar ocultamiento de muertes por homicidio y cuántas ocurren por acción directa o indirecta de la policía.
Los resultados desastrosos del combate al crimen organizado y al tráfico de drogas criminalizan además relaciones sociales en territorios “periféricos” enteros, donde las fuerzas de seguridad actúan de manera más ostensible, utilizando prioritariamente la violencia, aparte de la flagrante corrupción de sus agentes. Este modelo de combate ignora completamente la existencia con igual incidencia del uso y la constitución de otras formas de organización del tráfico de drogas en otros estratos sociales, con privilegios de mercado seguro para personas blancas y de clases altas en este circuito. Asimismo, no toma en consideración que no existen extensiones de tierra en las favelas para el cultivo de marihuana u hoja de coca y tampoco fábricas de armas. Es decir, no existe justificación racional para la concentración de recursos y acciones ostensibles en estos lugares, en caso de que el objetivo real sea el desmantelamiento del comercio ilícito de las determinadas substancias.
Por último, es fundamental señalar que muchos programas y políticas gastan parte del presupuesto público persiguiendo el objetivo de “recuperar” personas del vicio de las drogas, de modo que esas personas se queden abstinentes. Se destinan recursos públicos para internaciones en hospitales o comunidades terapéuticas comprometidas con intereses privados, incapaces de alcanzar el objetivo deseado de cuidado con el sufrimiento de quien hace un uso abusivo de determinadas sustancias ilegales, como el crack. Las investigaciones refuerzan que las personas usuarias de drogas en situación de extrema vulnerabilidad no tienen como fuente desorganizadora el uso abusivo de la sustancia, sino la exposición a la violencia o la ausencia de derechos mínimos, como renta, alimentación y vivienda. La oferta de ambientes para tratamiento en régimen cerrado, propuesta como solución de emergencia, se convierte en práctica permanente; innumerables de ellos son denunciados hace años por organizaciones de derechos humanos y anti manicomio, por graves violaciones físicas y psicológicas a las personas internadas y a sus familiares.
La guerra contra las drogas no inventa el racismo en Brasil, sin embargo, su ideología organiza acciones estatales de gran impacto con un amplio consentimiento social que permite que las vidas negras sigan valiendo muy poco. La acción violenta de las fuerzas de seguridad en las periferias y favelas, la encarcelación absurda, el número de muertos en la guerra contra las drogas y el resto de acciones criminales del Estado reúnen un conjunto de motivos suficiente para que nuestro país dedique una acción urgente para buscar soluciones a esta compleja situación. Sin embargo, el letargo para terminar con esta guerra nos ha costado millares de vidas todos los años, sin movilizar investigaciones o estudios, sin producir políticas públicas eficientes, resultado de siglos de racismo que produjo la naturalización de las diversas situaciones de violencia sufridas sobre todo por las personas negras.
La INNPD fue gestada en 2015, con el interés por comprender y proponer cambios que actuasen sobre la naturaleza de las prácticas discriminatorias en Brasil; las cuales, por medio de la guerra contra las drogas, organizan dispositivos de control de racialidad, y sobre la manera como ellas se articulan y retroalimentan o se realinean para cumplir un determinado objetivo estratégico, cara instrumental del proyecto genocida del Estado brasileño actualizado.
Entendemos que la discusión sobre los cambios emprendidos por la nueva Ley de Drogas implica cuestiones profundas y cruciales para pueblo brasileño, y que la discusión puede ser una oportunidad histórica de revisión y reconocimiento de los abismos históricos promovidos por el racismo, reproducidos todavía de formas muy dolorosas sobre nuestro pueblo.
A lo largo de los últimos tres años, la INNPD se ha consolidado como una importante experiencia negra de advocacy en el campo de la política de drogas, organizando investigaciones, datos, seminarios, fórums y productos de comunicación a partir de conexiones producidas entre la políticas como “guerra contra las drogas” y las relaciones raciales en Brasil, con la intención de producir tecnologías de formación e imprimir acciones políticas en el campo de las políticas sobre drogas, con especial atención a los temas relacionados con la encarcelación, Sistema de Justicia y seguridad pública.
Entre los principales puntos de actuación de la INNPD está la elaboración de una estrategia de articulación de agencias negras en diversos ámbitos (personas, movimientos y organizaciones) en torno de cambios en las actuales políticas sobre drogas, organizando redes y promoviendo síntesis entre organizaciones negras y no negras, fomentando la ampliación de la participación de la sociedad civil organizada en las principales agendas nacionales e internacionales, con la intención de contribuir con la marcha de las actuales formulaciones para la reforma de la política de drogas.
En 2016, la INNPD recibió su primera donación de la Open Society Foundations para el fortalecimiento de sus acciones, la organización vivió un periodo de expansión en el campo de la advocacy entre 2016 y 2018. Entre los días 19 y 21 de abril de 2016, participamos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde presentamos la Carta de las Organizaciones Negras Brasileñas ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas. La carta fue firmada por 46 entidades del Movimiento Negro de todo el país. En ella, la INNPD hace un diagnóstico profundo sobre las consecuencias de la actual política antidrogas y afirma que “ese modelo pone en situación de vulnerabilidad en nuestro país sobre todo a la población negra, y que se relaciona de manera directa o indirecta con el mercado de drogas ilícitas, sea en la figura de personas que hacen uso; que trabajan en ese mercado informal; trabajadores y trabajadoras del Estado, sobre todo las fuerzas de seguridad; y comunidades enteras por medio de la militarización de territorios con la justificación del combate al tráfico de drogas”.88. “Innpd Apresenta Carta à ONU Sobre Política de Drogas com o Apoio do Movimento Negro Brasileiro,” Colectivo de Entidades Negras, 18 de abril de 2016, visitado el 19 de noviembre de 2018, http://www.cenbrasil.org.br/innpd-apresenta-carta-a-onu-sobre-politica-de-drogas-com-o-apoio-do-movimento-negro-brasileiro/.
La actuación de la INNPD ha ido siendo producida de manera orgánica por un conjunto organizado en red, a partir de la articulación promovida por sus coordinaciones en Salvador y São Paulo, lo que nos conectó con agendas en diversas regiones del país. Una red que nos permitió producir y conectarnos con la política debatida en diversos ejes de actuación; seguridad pública; reparación racial; política para las mujeres negras; diversidad sexual y de género; descarcelación y combate al genocidio; políticas de cuidado y reducción de daños.
Tras un intenso período de movilización en torno de la denuncia sobre las conexiones entre políticas y racismo, el desafío fundamental a partir de este tercer año de actuación de la INNPD está en desarrollar acciones que busquen la sostenibilidad y la autonomía de sus actuaciones: la formalización de la entidad, la institucionalización de su gobernanza, la optimización de la gestión de recursos para el desarrollo sostenible y la consolidación de una red de agendas y agencias que apoyen a la organización.
Desde ese nuevo momento en adelante, buscamos abrir camino a un punto en que esa actuación en red nos permita construir una agenda común que presente propuestas para la reforma de la política de drogas en Brasil. A partir de la consolidación de la primera organización negra de advocacy en torno de esa pauta, capaz de producir respuestas y fomentar estudios que aporten soluciones para la construcción de nuevas políticas, pues entendemos que discutir políticas de drogas es solo la punta para repensar otras estructuras de Estado que culminan en nuestras muertes.
Los desafíos para la construcción de una agenda nacional de políticas sobre drogas garante de derechos en Brasil son inmensos, pues el cambio de paradigma exige una opción política de no continuidad del modelo belicista actualmente adoptado por el país. Ese cambio solo será posible con una amplia coalición política entre los tres poderes del Estado en conjunto con sectores de la sociedad civil que actúan en esa orientación política. No obstante, ante los resultados de las elecciones generales de 2018, el escenario que se aproxima es otro. El discurso altamente violento y belicista del presidente electo, Jair Bolsonaro, sumado a su acercamiento a los nuevos gobernadores de Río de Janeiro y de São Paulo, alimenta el escenario de un aumento del aparato de guerra.
Aparte del discurso belicista, los nuevos gobernantes encuentran apoyo en el Legislativo para cambios de leyes que endurezcan la legislación penal y que busquen promover incluso menor rigor en la regulación de las acciones de los agentes de seguridad, como es el caso de la promesa de campaña de Bolsonaro de aprobar el excluyente de ilicitud en los casos de homicidios resultantes de acciones policiales. Lo que está amenazado no son apenas las agendas relacionadas a las políticas de drogas, sino también las que se relacionan con la garantía de derechos y disminución de desigualdades como un todo. Incluso una amenaza real de disminución de libertades políticas y actuación de movimientos sociales por medio de cambios en la Ley de Terrorismo99. “Lei nº 13.260, de 16 de Março de 2016,” Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2016, visitado el 19 de noviembre de 2018, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm que está bajo revisión en la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), del Gabinete de Seguridad Institucional.
Frente a este nuevo escenario político, la Iniciativa Negra añade a sus desafíos institucionales la participación en una amplia articulación en red junto a otros sectores que actúan con derechos humanos destinada a la construcción de agendas que permitan seguridad jurídica para la continuidad de sus acciones, y sigue en el camino de reforzar su mensaje central de que solo es posible la construcción de medidas de pacificación social con la ausencia de violencia.
Es cada vez más apremiante reconocer que convivimos con un conflicto altamente bélico, letal, que criminaliza personas, conductas, territorios, corrompe agentes del Estado y entidades privadas y produce una verdadera masacre contra la población brasileña todos los días.
Este reconocimiento y el entendimiento sobre la urgencia de su superación nos permitirán construir compromisos y agendas comunes que puedan y deban ser asumidos por los diversos agentes y que nos impulsen para la implementación, por ejemplo, de mecanismos de actuación bajo la égida de una justicia postconflicto, orientada por un conjunto de medidas que promuevan la reconstrucción y superación de las violencias ocurridas durante la vigencia de la guerra contra las drogas.
Tenemos que abordar los aspectos que van desde la responsabilización de los hechos ocurridos en el transcurso de la ley de drogas y el reconocimientos de las atrocidades de sus demandantes, hasta la reconstrucción de procesos de memoria y verdad, colectivas, compartidas, sobre todo a partir de las experiencias producidas junto a determinados grupos sociales, creando las condiciones de reconstrucción de estas colectividades afectadas, sin la cual no conseguiremos producir procesos de paz. Este proceso es ciertamente un camino ineludible para el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. Podemos, así, a partir de la política de drogas, construir elementos de esta transición que sirvan de instrumento no solamente para hacer justicia con el pasado del país, sino que también permitan caminar en dirección al futuro, en el cual los derechos a la vida y al buen vivir sean por principio garantizados efectivamente a todas y todos.
