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La Educación en Derechos Humanos en Comunidades en Proceso de Recuperación de Grandes Crisis Sociales11. Si bien éstas son conclusiones mías, agradezco los numerosos intercambios con la Profesora Tracey Holland del Vassar College, quien condujo el reciente proyecto de investigación con fondos principalmente provenientes del Instituto de Paz de EEUU.

J. Paul Martin

Lecciones para Haití

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RESUMEN

En base a lo aprendido en un trabajo de investigación sobre la educación en derechos humanos en comunidades africanas y latinoamericanas que atravesaron situaciones de conflicto, el presente trabajo postula (a) que Haití debe comenzar de inmediato a sentar las bases para una sociedad que mejore significativamente respecto de los últimos doscientos años, (b) que dos de los grupos cruciales en tal proceso serán las mujeres y los jóvenes profesionales y (c) que, por lo tanto, se necesita, entre otras cosas, una educación en derechos humanos de alta calidad para asegurar el empoderamiento político, económico y profesional.

Palabras Clave

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Hace diez años que participo de un estudio sobre el rol de la educación en derechos humanos en las sociedades que atravesaron conflictos, sobre todo, aunque no exclusivamente, en África y América Latina. Dado que muchos de los efectos del terremoto de Haití son comparables con la devastación causada por los conflictos civiles, resulta de utilidad ver si hay lecciones que puedan aplicarse a Haití.

El proyecto de investigación evaluó la importancia y el rol que desempeñan los programas de educación en derechos humanos luego de las grandes crisis sociales provocadas por conflictos civiles, y los factores que hacen a su éxito. Se recurrió especialmente a las opiniones de actores nacionales e internacionales, entre otros, a funcionarios públicos, administradores, docentes y dirigentes locales de derechos humanos.

Dado que el contenido y los formatos de estos programas varían en forma considerable, definimos a la educación en derechos humanos, en forma amplia, como el aprendizaje que promueve el conocimiento, las habilidades, los comportamientos y las actitudes necesarios para promover los derechos humanos y la justicia social. Nuestra evaluación se concentró en el impacto de dicha educación, concretamente, los resultados fuera del aula. Esta definición excluye deliberadamente cualquier teoría sobre prioridades entre los derechos o sobre la relación entre el individuo y la sociedad. También excluye cualquier vinculación con teorías sobre la democracia u otras estructuras políticas, construcción de naciones o estados, identidad política, los principios y prácticas que sustentan el desarrollo económico, y con las relaciones exteriores o asuntos internacionales. Estas categorías fueron más bien usadas como ópticas y criterios para distinguir entre los distintos modelos y enfoques de la educación en derechos humanos.

Las conclusiones son aún tentativas, pero algunas son pertinentes para la situación actual de Haití.

Observamos un fuerte apoyo a la educación en derechos humanos de parte de personas, dirigentes y docentes locales que aspiran a construir una sociedad mejor. También observamos que el apoyo de parte de muchos funcionarios locales e internacionales es mayormente de principio y no se da en la práctica cuando se trata de implementar políticas y hacer las necesarias asignaciones presupuestarias.

La educación en derechos humanos funciona mejor cuando aborda los problemas de la vida real de la población objetivo. Durante situaciones de emergencia importantes, por ejemplo, la mayoría de las poblaciones locales sufren de una sensación de impotencia. En esos casos, la educación en derechos humanos debe mostrar que los principios e instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales son una fuente de empoderamiento, sobre todo respecto de los funcionarios públicos, los militares, la policía local y otros que controlan el acceso a los recursos necesarios para reconstruir sus vidas. En tales situaciones, la educación en derechos humanos debe convencer a la población objetivo de que tienen derechos y de que el gobierno y los funcionarios públicos están obligados por las leyes nacionales e internacionales a proteger dichos derechos.

Nuestra investigación también demostró que la idea de tener derechos no era extraña para los pobladores. A los dirigentes locales, por ejemplo, no les resultó difícil identificar como injustas a actividades que otros no dudarían en llamar violaciones de los derechos humanos. Tampoco les costó identificar las causas de las violaciones, relacionando muchas de ellas con patrones de discriminación y el uso de la violencia y el miedo. Quizás con otras palabras, atribuían las repetidas violaciones a una falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y a una falta de protección frente a las hostilidades de grupos armados privados. Estos son, sin embargo, sólo algunos ejemplos de su sentido de la injusticia. Lo importante es que, para ser efectiva, la educación en derechos humanos debe responder a los problemas reales de la población objetivo.

Los programas de educación en derechos humanos que estudiamos adoptaban diversas formas, desde el estudio de documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el desarrollo de las habilidades necesarias para documentar y denunciar abusos a los derechos humanos. Sin embargo, en la mayoría de los países pobres o en desarrollo, pocos de esos programas duran más de una o dos semanas. Eran, en su mayor parte, mucho más cortos. Prácticamente ninguno estaba integrado al programa de estudios de la educación pública o reforzado con capacitaciones ulteriores y otros sistema de apoyo. Sólo algunos pocos trataban de entender las causas y circunstancias de los problemas cotidianos fuera del aula. Su efectividad dependía principalmente de tres factores: el diseño del programa, la capacitación del personal docente y el acceso a recursos físicos adecuados.

En nuestro análisis de las raíces de los conflictos identificamos a la discriminación y sus construcciones sociales asociadas como así también a los intereses económicos como las causas más comunes de las violaciones de los derechos humanos. Las construcciones sociales se basaban en una o más formas de diferencia y diversidad, en general fenómenos más o menos objetivos como color de piel, religión o idioma. Las construcciones se usan para definir relaciones entre “nosotros” y “ellos”, por lo general en términos negativos o confrontativos. Al mismo tiempo, esas construcciones generaban respuestas y estrategias políticas basadas en premisas poderosas pero implícitas como “dominar o ser dominados”. Esto conduce a jerarquías sociales en las que ciertos grupos desarrollan el poder de actuar en nombre de sus propios intereses sin considerar los de los demás. Si bien los beneficios económicos, la otra causa principal de los abusos de los derechos humanos, pueden ser una fuente de discriminación por sí mismos, en general se superponen con construcciones sociales asociadas a causas biológicas y culturales. Por otro lado, observamos que los beneficios económicos mutuos a menudo pueden acercar a grupos anteriormente enfrentados. La conclusión pertinente a la educación en derechos humanos es la importancia de las estrategias para corregir los patrones más graves de discriminación, de los cuales aquellos basados en el género y la identidad étnica son dos de los más generalizados.

Otra conclusión es que la educación en derechos humanos no es un agregado sino parte del núcleo central de la educación de los ciudadanos, dado que brinda las herramientas necesarias para evitar los conflictos violentos en la familia (violencia doméstica) y en la sociedad en general. En otras palabras, para reducir y, con suerte, evitar abusos, todas las sociedades necesitan valores e instituciones que medien con efectividad en los polifacéticos conflictos que siempre van a surgir entre los diversos intereses y grupos sociales, políticos, económicos, culturales, étnicos, religiosos y otros. Las sociedades pacíficas son aquellas que poseen instituciones efectivas. Las instituciones educativas formales e informales, incluyendo las familias y otros órganos sociales que aculturan a sus miembros para que funcionen dentro del sistema social en su totalidad, cultivan el conocimiento, las actitudes, los comportamientos y las habilidades necesarias para resolver conflictos públicos y privados sin recurso a la violencia. Esto, sin embargo, no equivale a decir que los derechos humanos y el sistema de educación formal sean las únicas formas de obtener estos resultados. Muchas sociedades han desarrollado otras instituciones para reducir la violencia. No obstante, a menudo se han vuelto ineficaces ante situaciones de gran agitación social, desde la competencia por la tierra hasta guerras civiles y cambio climático.

Una educación en derechos humanos efectiva no es una actividad independiente. Funciona mejor cuando se la coordina con otros esfuerzos políticos y económicos que sirvan de apoyo, en especial aquellos que construyen comunidades locales independientes y participativas. La acción coordinada para examinar e identificar las causas previas y permanentes de la discriminación y la desigualdad es un paso crucial, aunque extremadamente difícil, en el camino hacia su eliminación. En este sentido, los participantes de los programas de educación en derechos humanos subrayaban el valor de la capacitación en habilidades tales como pensamiento crítico y gestión de conflictos tanto en la familia como en la esfera pública. Al mismo tiempo, la educación en derechos humanos debe enfatizar la emancipación política y social como forma de alentar y permitir que las personas participen de las decisiones que afectan a sus vidas. Lograr que los sujetos objetivo de la educación en derechos humanos pasen de verse como víctimas a verse como agentes era un objetivo común de la mayoría de los programas que estudiamos.

Las instituciones educativas se encuentran al frente de estos esfuerzos. Lamentablemente, la educación, por su mera ausencia o por los sesgos que se enseñan, también puede contribuir a perpetuar la división social y la falta de preparación de la población para hacer frente a las grandes crisis. Así, luego de una crisis de magnitud, como el terremoto de Haití, cuando las escuelas quedaron aún más desprovistas de materiales y aulas, los docentes se vuelven aún más necesarios para interpretar y lidiar con los problemas sociales que los rodean. Hace falta una educación en derechos humanos si queremos que las personas sientan que tienen el poder de responder a los grandes desafíos que enfrentan, es decir, que dejen de ser víctimas para ser agentes. Eso es algo que sólo pueden lograr si no se sienten impotentes e incapaces de engendrar respuestas positivas de parte de quienes detentan el poder. En nuestra investigación también observamos que la educación en derechos humanos debe comenzar lo antes posible antes de que el sistema vuelva a establecerse en su situación anterior. Los educadores de derechos humanos también recomiendan que la educación en derechos humanos lleve de inmediato actividades fuera del aula.

Uno de los problemas crecientes durante y después de una guerra civil es el aumento de la violencia contra las mujeres, especialmente como arma de guerra. Observamos que como parte de sus respuestas, las mujeres se organizaban para prevenir dicha violencia. Cada vez más, adoptan estrategias que usan un lenguaje de empoderamiento, movilización y agencia. Suelen ser las voces que más se hacen oír en busca de acciones locales e internacionales tendientes a prevenir estas formas de violencia.

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Con todos estos datos como criterio, los acontecimientos recientes en Haití presentan un panorama mixto.

Por el lado positivo, hay una enorme respuesta internacional que, según algunos, hace que haya 10.000 ONG trabajando en el país. Hay también muchos informes de proyectos de reconstrucción individuales y colaboración entre las ONG para el bienestar de los niños. Igualmente significativo es el hecho de que los trabajadores humanitarios experimentados informan comúnmente que a pesar de la tragedia, los ciudadanos haitianos en general son notablemente resilientes y optimistas en comparación con los ciudadanos que han visto en otras partes en situaciones similares.

Por el lado negativo, hay pocas evidencias de actividades que tengan la capacidad de cambiar los patrones sociales generales que se han establecido en los últimos doscientos años posteriores a la independencia de Haití. No hay una visión dominante acerca de cómo el futuro puede ser distinto del pasado. Los políticos ofrecen beneficios de corto plazo. No se habla de reducir los patrones de discriminación que se siguen observando ni del tipo de educación, capacitación y desarrollo de capacidades necesarias para promover un futuro distinto. Las conversaciones se concentran, comprensiblemente, en las enormes necesidades inmediatas como la reconstrucción de las instituciones básicas del estado, incluso todas las instituciones educativas devastadas por el terremoto. Faltan análisis sociales que determinen los objetivos y, especialmente, las estrategias detalladas necesarias para asegurar un futuro distinto para la nación.

Dos de las preocupaciones principales de la educación en derechos humanos son la emancipación política y económica. Juntas engloban muchos derechos individuales. En el caso de Haití, la emancipación tanto política como económica exige que el gobierno implemente más estructuras que recompensen a los ciudadanos por contribuir a la reconstrucción. También requiere la superación de las divisiones sociales que desde hace tiempo privilegian a un grupo sobre otro, y el desarrollo de actividades que alienten a las comunidades a debatir y abordar los problemas que enfrentan a diario. Dichos problemas incluyen el acceso al agua dulce y el alimento, el SIDA y otras enfermedades, las condiciones de salubridad, salud, relaciones comunitarias y, especialmente, el acceso al empleo. La emancipación económica y la emancipación política están intrínsecamente vinculadas. Ambas exigen nuevas ideas que permitan a los jefes de hogar mantener a sus familias. En nuestras investigaciones en otras partes observamos muchas formas en las que las comunidades pobres enfrentan estos y otros problemas comunes en forma cooperativa e independiente. La emancipación política es especialmente necesaria en las sociedades afectadas por profundas divisiones sociales, como Haití, donde hay importantes segmentos de la ciudadanía que ven a otros como privilegiados y a ellos mismos como marginados y subordinados. El grado y el impacto de tal insatisfacción en Haití, sin embargo, aún deben ser evaluados.

En opinión de los educadores, uno de los principales objetivos de la educación en derechos humanos, ya sea en una situación de crisis o no, es ayudar a la sociedad a abordar y resolver sus problemas sin recurrir a la violencia. En una situación como la de Haití luego del terremoto, donde prácticamente no funcionan las instituciones públicas, el objetivo sigue siendo reducir la violencia y resolver los problemas en forma pacífica. ¿Cómo pueden alcanzarse éste y otros objetivos de la educación en derechos humanos?

Hacia el futuro: Cómo responder

Nuestro trabajo de investigación en África y América Latina demostró que la decisión inicial crucial a la hora de promover el desarrollo de capacidades para mejorar los derechos humanos es la elección del grupo o grupos objetivo. La elección de dicho grupo es crucial dado que los recursos disponibles son limitados y corren el peligro de que se los estire demasiado como para asegurar la sostenibilidad. Le elección del grupo objetivo por lo general se basa en principios utilitarios, es decir, cuál es la mejor manera de asegurar el mayor beneficio para la mayor cantidad, y la sostenibilidad de largo plazo. Luego, el contenido y la metodología deben desarrollarse de manera tal que sean pertinentes para la vida cotidiana del grupo objetivo. En Haití, hay numerosos grupos objetivo potenciales: la policía, funcionarios públicos, ONG locales, trabajadores de la salud, fuerzas militares de la ONU, docentes, agencias de ayuda humanitaria, el clero, etc., como así también el público en general. Debe desarrollarse un argumento para cada uno.

Dada la gran cantidad de otros programas diseñados para ayudar a Haití, en su búsqueda de beneficios de largo plazo y para romper los ciclos del pasado, el país debe mirarse a sí mismo y a sus propios recursos que no han sido bien movilizados como líderes, notablemente sus mujeres. Esto no significa sólo proyectos aislados sino un esfuerzo amplio por aumentar la emancipación política y económica de las mujeres. Hay todo tipo de señales que indican que muchas mujeres en Haití son capaces y están dispuestas a enfrentar ese desafío. Lo que faltan son los conocimientos, las habilidades y las estructuras institucionales necesarias. Los esfuerzos por emancipar a las mujeres no deben ser vistos como un proyecto aislado, sino como iniciativas que incorporan nuevos recursos al proyecto mucho mayor de reconstrucción de una nueva Haití. Otro sector clave son los jóvenes profesionales de Haití, que salen a la sociedad desde las academias de policía, universidades, seminarios religiosos, escuelas de enfermería y medicina. Una educación en derechos humanos bien diseñada es uno de los ingredientes necesarios para desarrollar las capacidades de liderazgo de mujeres y jóvenes profesionales, lo que a su vez llevará a nuevas visiones sociales para Haití.

Con estos objetivos en mente para la educación en derechos humanos, la recomendación inmediata es modesta pero urgente: capacitar a los docentes en los conocimientos y habilidades necesarios. Una de las condiciones esenciales para la enseñanza de los derechos humanos es contar con un cuerpo docente capaz de desarrollar en sus estudiantes, grandes y jóvenes, las habilidades y conocimientos básicos necesarios para asegurar la justicia social y la equidad en sus diversas comunidades. De hecho, muchos excelentes programas educativos han fracasado porque los formadores y después los docentes no estaban bien preparados para entender e implementar procesos educativos avanzados como el pensamiento crítico y la gestión de conflictos. Los docentes bien formados son la fuente esencial de sostenibilidad. Los programas para capacitar formadores y docentes deben ofrecer capacitación y práctica en pensamiento crítico y gestión de conflictos y en conocimientos y aplicación de los principios y prácticas de derechos humanos. En el caso de Haití, mientras antes comience tal capacitación para docentes y formadores, mejor. Nuestra investigación demostró que sin docentes preparados específicamente para enseñar derechos humanos, es decir, aprendizaje que promueva el conocimiento, las habilidades, los comportamientos y las actitudes necesarios para promover los derechos humanos y la justicia social fuera del aula, la mera enseñanza sobre derechos humanos tenía poco impacto. Por otro lado, otras investigaciones sobre educación en derechos humanos han demostrado que ésta puede empoderar a mujeres y otros grupos objetivo fuera del aula y conducir a su emancipación política, económica y profesional en la sociedad en general. En el caso de Haití, éste es un proyecto de largo plazo, que crece lenta pero sostenidamente a medida que las mujeres y los jóvenes profesionales van saliendo hacia sus comunidades y conforman un grupo lo suficientemente grande como para promover los derechos humanos en la sociedad en general.

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J. Paul Martin

J. Paul Martin es profesor y director de estudios de derechos humanos del Barnard College, de la escuela de mujeres de Columbia, desde que dejó su puesto como director ejecutivo del Centro para el Estudio de los Derechos Humanos de la Universidad de Columbia después de 27 años. Su trabajo de investigación actual incluye la educación en derechos humanos en zonas que atravesaron conflictos y el post-secularismo. También desarrolló un interés cada vez mayor por los derechos humanos en Haití, donde colabora en el desarrollo de una maestría en derechos humanos para jóvenes profesionales de la enseñanza, la justicia penal, la religión, la defensa social y el derecho. 

E-mail: jpm2@columbia.edu

Original en inglés. Traducido por Florencia Rodríguez

Recibido en diciembre de 2010. Aceptado en mayo de 2011.