Entrevista con Usha Ramanathan
Dirigida por Rafael Zanatta y Juana Kweitel
Usha Ramanathan es una intelectual y activista india que trabaja en la frontera entre la ley, la pobreza y los derechos. Sus líneas de investigación incluyen derechos humanos, desplazamientos, agravios y medio ambiente. Ha publicado extensamente en la India y otros países.
Sus textos se leen en la India en medios como The Wire, The Hindu y The Indian Express. En 2011, en el ensayo A constitutional value for privacy (Un valor constitucional para la privacidad),11. Usha Ramanathan, "A constitutional value for privacy." The Hindu, 30 de julio de 2011, visitado el 9 de diciembre de 2021, https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-constitutional-value-for-privacy/article2306023.ece. Ramanathan defendió la distinción entre un Estado transparente y una ciudadanía privada y criticó el «extraordinario empuje por conocer a la gente de la India» y el proyecto «identificación única» (UID, por su sigla en inglés) anunciado como base de un proceso de convergencia de datos preexistentes y estructurales para que las políticas públicas combatan la pobreza.
Mientras el Banco Mundial, burócratas y grandes inversores celebran la implementación de proyectos de identidad civil digital, Usha ha construido una teoría de la privacidad conectada con las libertades y riesgos de la vigilancia y supervisión política de los ciudadanos. La lucha contra la UID y Aadhaar,22. Cómo se afirma en la página web oficial de la Autoridad de Identificación Única de la India, el número Aadhaar “es un número aleatorio de 12 dígitos emitido por el UIDAI a los residentes de la India tras cumplir el proceso de verificación establecido por la Autoridad. Cualquier individuo, con independencia de la edad o género, que sea residente en la India, puede inscribirse voluntariamente para obtener un número Aadhaar. La persona que desee inscribirse debe proporcionar una mínima información demográfica y biométrica durante el proceso de inscripción que es totalmente gratis. Un individuo tiene que inscribirse para el Aadhaar solo una vez y después de la deduplicación solo se generará un Aadhaar, pues la unicidad es lograda a través del proceso de deduplicación demográfica y biométrica.” Los datos biométricos recogidos consisten de 10 huellas dactilares, dos escaneos de iris y una fotografía facial, mientras que la información demográfica incluye Nombre, Fecha de nacimiento (verificada) o Edad (declarada), Género, Dirección, Teléfono móvil (opcional) y Correo electrónico (opcional); en caso de inscripción basada en un intermediario –Nombre del intermediario y Número Aadhaar del intermediario; en caso de inscripción basada en el cabeza de familia –Nombre del cabeza de familia, Relación y Número Aadhaar del cabeza de familia; en caso de inscripción de un niño –ID de inscripción o número Aadhaar de la madre o el padre, documento de Prueba de la Relación (PoR, por su sigla en inglés). Según el sitio web, es “(...) un instrumento político estratégico para la inclusión social y financiera, reformas de prestación del sector público, gestionar presupuestos fiscales, incrementado la conveniencia y promoviendo una gobernanza centrada en el público libre de complicaciones", que facilita la inclusión de los desfavorecidos y sectores más vulnerables de la sociedad, constituyéndose en una herramienta de justicia distributiva e igualdad. Es uno de los pilares fundamentales de la ‘India digital’ y " (...) ya ha logrado varios hitos y es de largo el sistema de identificación basado en biometría más grande del mundo." que culminó con un fallo histórico en la Corte Suprema India que impone límites en el uso de la biometría por parte del Estado, es un ejemplo del tipo de activismo encabezado por Usha. Es por esto que en 2018 Access Now le otorgó un premio Human Rights Heroes (Héroes de los Derechos Humanos) por su trabajo de promoción política sobre Aadhaar.
En esta entrevista,33. La conversación duró una hora y media y fue editada. Usha Ramanathan analiza la historia de la lucha contra un sistema de identidad unificado en la India, las lecciones aprendidas del proceso de movilización política y jurídica y los límites de la decisión de la Corte Suprema de la India, que generalmente no es comprendida del todo en Brasil y Latinoamérica. Usha también pone en cuestión la narrativa que afirma que la protección de datos personales ofrece soluciones adecuadas a los problemas contemporáneos de violación de derechos en el uso de nuevas tecnologías por el Estado y el sector privado.
Revista Sur • Comencemos con una pregunta muy básica. ¿Qué es el Proyecto de Identificación única en la India y cuáles son los principales riesgos que implica?
Usha Ramanathan • Se decía que el Proyecto UID era un punto de inflexión, pero no había ninguna explicación sobre lo que se suponía que hacía. Fue puesto en marcha en 2009 y no había ninguna ley, ningún estudio de viabilidad; solo una notificación del poder ejecutivo diciendo que estaban creando algo llamado la Autoridad de Identificación Única de la India (UIDAI), que esto iba a crear una base de datos y que la UIDAI sería la “propietaria” de esta base de datos que contendría nuestra información.
Brevemente, la UID intenta hacer dos cosas: asignar un número a cada persona por medio del cual serían identificados de modo “único” y consolidar la UID como necesaria para validar a todas las personas en otros documentos y bases de datos. La UID es el documento de identificación que no tiene propósito propio sino alimentar a distintos documentos de identificación y bases de datos. Cuando indicaron para qué iba a servir la UIDAI, el proyecto dio a entender cosas como un registro nacional de población, que era una desventura política que no había comenzado aún. A través de los años, las ambiciones del proyecto no han parado de cambiar.
Hay tres palabras que han sido clave para comprender las ambiciones del proyecto: “única”, “ubicuo” y “universal”. Único porque pretendía que todas las personas fuesen identificables a través de un único número. Al principio pensábamos que la unicidad era sobre biometría, pero luego comenzaron a aparecer informes, desde dentro de la UIDAI, revelando que no sabían si la biometría podría tan siquiera funcionar en este país. Estaban solo desplegándolo, como un experimento sobre toda la población. Ubicuo, que significa “estar en todas partes”, ya que número único estaría en todas las bases de datos, tales como las que tienen en los bancos, compañías de móviles y ayuda para personas discapacitadas. Si necesitaba gas para cocinar, solo lo podía obtener si ponía mi número UID en aquella base de datos. Una barrera a superar para acceder incluso a las cosas más sencillas. Así, de ser una promesa de inclusión, cambió rápidamente para convertirse en algo que te excluiría si te negabas, o no eras capaz por cualquier motivo, de ser parte de él.
Por ejemplo, el tema biométrico que mencioné recién: descubrimos que ni siquiera habían hecho pruebas con la biometría antes de decidir adoptarla. Un informe publicado en diciembre de 2009 indicó que para inscribirse en esa base de datos, las huellas dactilares no serían suficiente, ya que entre el 2% y el 5% de las 25,000 personas con las que lo habían probado no tenían huellas dactilares que “sirviesen”. Después, tuvieron la idea de utilizar el iris junto con las huellas dactilares, de nuevo sin probarlo antes.
Pero, como su director de misión dijo en una entrevista en 2011, las personas como los trabajadores manuales pueden tener dificultades con sus datos biométricos debido a la naturaleza de su trabajo. La probabilidad de exclusión se sabía ya entonces. En otras palabras, reconocían que podía ser un problema pero nos dijeron simplemente que ya lo resolverían más adelante. Eso todavía no ha ocurrido. La idea era experimentarlo con personas, y creo que eso nos ha molestado a todos.
Hasta 2012, la inscripción era planeada como voluntaria. Pero entonces, el gobierno comenzó a hacer la UID obligatoria. El presidente de la UIDAI afirmó que antes de finalizar su mandato de 5 años, la mitad de la población tenía que estar en la base de datos. Y en la India, eso es mucho. Eso es como 650 millones de personas. A no ser que se pudiese invocar una emergencia, ¿por qué se iba a inscribir la gente? Así que comenzaron a encontrar distintas maneras para empujar a la gente a entrar en la base de datos. Para los pobres, la manera más fácil era negarles las raciones de alimento hasta que se inscribiesen para una UID y vinculasen su número al sistema de racionamiento. El mensaje apenas se disimulaba: “si no te inscribes, no recibes comida”. Realmente, ¿de qué manera estamos viendo la pobreza?
Esa estrategia para hacer la UID obligatoria no funcionó con el resto de la población que no necesitaba de apoyo gubernamental para cubrir sus necesidades básicas. En 2016, 2017, se volvió obligatorio verificar los números de móvil utilizando la UID, lo que significaba que todo el mundo debía vincular sus teléfonos con la base de datos para evitar que sus teléfonos fuesen desconectados. Esto se extendió a las cuentas bancarias y los pagos de impuestos. Así, de ser una promesa de inclusión, rápidamente cambió convirtiéndose en algo que desactivaría servicios, congelaría cuentas y te convertiría en incumplidor si no la tenías.
Ya en 2010, dijeron que la comida, ropa y alojamiento estaban ahora passé, y que el futuro era sobre tres números: la UID, la cuenta bancaria y el teléfono móvil. Así, un número no podría probar la identidad, necesitarías tres. El teléfono móvil se ha convertido en el número del cual depende ahora el UID. Por ejemplo, yo no tengo teléfono móvil, pasa el tiempo y envejezco. Al envejecer, tus datos biométricos se desvanecen, cambian y se vuelven inciertos. En el sistema UID, si tengo que actualizar mi nombre, género, edad, correo electrónico, número de móvil o cualquier otra información en la base de datos, me piden que verifique quien soy con mis datos biométricos. Mis datos biométricos no funcionan. Dicen, “Vale, dame tu número de teléfono móvil que está registrado en la base de datos”. No tengo teléfono móvil. Ya está. Cuando mis datos biométricos no funcionan, y no hay teléfono, dejo de existir. Lo llamamos “muerte civil”. No hay teléfono móvil, los datos biométricos no funcionan, un error en la base de datos que no puede ser corregido o actualizado; ya no existes. Este sistema que dice que eliminará falsificaciones, fantasmas y duplicados; así es como crea fantasmas.
Sur • ¿Cuáles fueron los problemas jurídicos en torno al proyecto Identificación Única? ¿Cómo fue impugnado jurídicamente ante los tribunales?
UR • El caso UID (políticamente, no acepto el término Aadhaar) fue presentado ante los tribunales casi cuatro años después de que el proyecto se hubiese puesto en marcha en 2009. El caso fue presentado ante la Corte Suprema a final de 2012, y en 2013 más gente comenzó a recurrir a la corte para impugnar el proyecto, poniendo el foco en distintos aspectos. Desde el comienzo, básicamente desde 2009, muchos de nosotros comenzamos a preocuparnos porque nadie respondía a las preguntas que estábamos planteando.
El proyecto fue puesto en marcha sin el debido cuidado (todavía creemos que hasta las personas que dirigían el proyecto no eran conscientes de todo su significado). En cierto sentido se desplegó por si solo e, incluso mientras lo hacía, parecía proporcionar al Estado el potencial de reducir su gasto en subsidios. Las posibilidades de vigilancia comenzaron a aparecer, y los intereses comerciales vieron que podían usar la información personal para conseguir beneficios.
En septiembre de 2013, la Corte Suprema dictó una orden prohibiendo la negación de servicios por no tener una UID; es decir, el gobierno fue ordenado a abstenerse de hacer la UID obligatoria mientras el caso estuviese todavía pendiente. La orden fue desobedecida, a diestro y siniestro; aun así, teníamos alguna base desde la que poder resistir.
En su resolución definitiva, la opinión mayoritaria del tribunal dijo básicamente que no hay problema con violar el derecho a la privacidad de los pobres. No dijeron que el proyecto no estuviese violando el derecho, sino que se podía negar el derecho a los pobres. Para los demás, la corte dijo que el gobierno debe demostrar que tiene una razón legítima para menoscabar el derecho, que debería ajustarse a la doctrina de proporcionalidad, e incluso entonces, la restricción del derecho debe estar dentro de una ley. La sentencia sí que apoyó la vinculación de los impuestos a la UID pero tumbó la vinculación de la UID a cuentas bancarias, o a teléfonos móviles por infringir el derecho a la privacidad. Es muy difícil no percatarse de la distinción de clases contenida en cómo la sentencia entendió los derechos. Es una representación de “Rebelión en la granja” de George Orwell: “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.
Nuestra evaluación de la sentencia del caso es que estuvo basada en el pragmatismo. La mayoría sintió que el Estado estaba diciendo que necesitaba esta UID para gobernar, y por tanto, decidieron dejar que tuviese lo que quería, creyendo que el Estado cuidaría que ningún otro derecho fuese violado. Pero, por supuesto, eso era una creencia sin ninguna base pues, de modo trágico, en septiembre de 2017, se registró la primera muerte debido a un fallo en el sistema. Un niño de once años, cuya familia estaba registrada en la base de datos de la UID pero que eran incapaces de vincular el número de la UID a la base de datos de racionamiento, murió de hambre tras pasar ocho días sin comer. Fueron superados por la tecnología.
Fue terrorífico y muchas/os de nosotras/os, debo decir, nos sentimos profundamente culpables, porque sabíamos que algo así podía ocurrir; solo que no sabíamos cómo pararlo. Cuando ocurrió, nos golpeó muy fuerte. Este fue un niño del que tuvimos noticias. No podíamos saber cuánta gente se estaba quedando por el camino. Cuando esto ocurrió, el caso todavía estaba en los tribunales. Nos dijimos, “necesitamos decírselo a la corte. La corte debe saber esto. Los informes de prensa no son suficiente”.
Así que hubo una serie de declaraciones juradas presentadas por una serie de personas de todo el país. Por ejemplo, cuando tuvieron lugar dos muertes y nos enteramos, un activista fue a cada uno de estos lugares, recogió información sobre lo que había ocurrido, lo registró en una declaración jurada y lo presentó ante el tribunal. Hubo gente, por ejemplo, que tenía lepra y cuyos dedos no servían. Estaban perdiendo el apoyo del Estado porque sus datos biométricos no servían. Sus manos estaban dañadas, también sus ojos. ¿Qué podían hacer?
Había una serie de estas “declaraciones juradas de excluidos” que fueron presentadas para hacer saber a la corte lo que le estaba ocurriendo a los más vulnerables debido al proyecto de la UID. La corte reconoció estas declaraciones juradas, pero solo para decir que “los activistas, académicos y otros han recogido estas declaraciones juradas y nos las han enviado, pero el gobierno rebate esto y no estamos en posición de decidir. Así que estamos dejando en manos del gobierno que garantice que esto no ocurra”. Eso es todo.
La corte podría haber hecho más; hay innumerables precedentes. La corte podría haber creado un comité y pedido al comité “ir y comprobar y volver y decirnos la verdad sobre esto”. No lo hicieron. Entre otras cosas, la corte tuvo que dictar su sentencia rápidamente porque el juez presidente, también presente, se iba a jubilar, y el juicio tenía que resolverse antes de que eso ocurriese. Pero, cuando se les pregunta, “¿por qué ignoran las pruebas?”, tu suposición es tan buena como la mía.
Con el paso de los años, hemos encontrado nuestras propias maneras de entender las sentencias de los tribunales. A veces, la sentencia refleja la percepción del tribunal de su poder para hacer lo que cree que debe hacerse. A veces, está basado en un principio discernible. O, puede estar basado en pragmatismo, donde parece que estén diciendo, “el Estado lo necesita. Los tiempos han cambiado. Debemos permitir (por ejemplo) la adquisición de tierras en estos casos, negociaremos un poco aquí y ahí, pero permitiremos que el Estado continúe haciendo lo que tiene que hacer”.
O, puede que sean prejuicios, basados a menudo en lo que creen saber del otro. La sentencia por mayoría, en el caso de la UID, suspendió el derecho a la privacidad para los pobres. La corte dijo que los derechos sociales y económicos son más importantes para la dignidad de la persona que la privacidad. Escogieron por la gente. No preguntaron qué significaba el derecho a la privacidad para aquellos en necesidad de apoyo estatal. Dijeron, “estamos haciendo esta elección porque nosotros sabemos”. Quizá saben, quizá no.
Hay ciertos fenómenos relacionados a la pobreza que he reconocido en los 30 a 40 años que llevo estudiando este campo. Uno es la idea de dispensabilidad. Lo hemos visto es proyectos de desarrollo tales como presas, industrias, minería. Alguna gente, se escucha a menudo, tiene que hacer sacrificios para que el país progrese. Al comienzo, parece que unas pocas personas quedarán marginadas, pero, con el tiempo, hemos vistos que esas pocas se han convertido en multitudes y “desplazamientos en masa” y personas y comunidades afectadas por proyecto son parte del léxico de los proyectos de desarrollo. Se encuentran señales de este fenómeno en el proyecto de la UID.
El otro fenómeno es la invisibilidad, de hecho invisibilizar – es decir, ser hecho invisible. Es impresionante como los datos pueden ser utilizados para hacer que gente y problemas desaparezcan de un modo tan fácil como es hacerlos visibles. Durante la Covid-19, por ejemplo, el parlamento ha sido informado de que no hay datos sobre cuántos migrantes murieron durante su vuelta a casa, no hay datos sobre cuántas personas murieron por falta de oxígeno. No hay datos sobre la cantidad de maneras en que se ha hecho un uso indebido de la UID, o de cuántas maneras la UID ha dificultado a la gente acceder a lo que les corresponde. No solo invisible, sino invisibilizado.
Mientras tanto, a los trabajadores se les exige, por ley, ser visibles, inscribirse en una base de datos para trabajadores informales, que en la India es más del 90% de la población trabajadora, junto con sus UID, teléfonos móviles y números de cuenta bancaria y mantener al Estado actualizado sobre dónde están y lo que están haciendo. A cambio, el Estado puede tener un plan de seguros que les puede incluir; y si se toma la decisión de proporcionar ayuda en tiempos de dificultad, entonces solo aquellos en la base de datos recibirán apoyo estatal. Ahora que trabajadoras/es han comenzado a inscribirse en esta base de datos, se nos dice que la “economía formal” ha crecido. Pero, ¿qué es esta economía formal? Trabajadoras/es informales en bases de datos, personas utilizando transacciones digitales debido a dificultades a la hora de utilizar dinero en metálico, como ocurrió en 2016 debido a la “demonetización”, y más recientemente donde es “inducida por la pandemia”, un régimen de “impuestos sobre bienes y servicios” donde aquellos incapaces de moverse por el mundo digital quedan fuera del mapa.
Y el tercero es redundancia. Incluso hoy, verás que dicen, “la inteligencia artificial, cuando llegue, el 80% de la gente se quedará sin trabajo. No se puede hacer nada”. Esta no es la primera vez en la historia que la tecnología ha hecho que desaparezcan trabajos, pero la escala ahora es distinta. El cambio sistémico debe servir para reducir los problemas de la pobreza y el desvalimiento, no hacer que empeoren.
En cualquier caso, si lees las sentencias de la Corte Suprema en el caso de la UID, verás una sentencia disidente, que reconoce casi todo lo que se ha planteado como importante por los peticionarios. Cuando comenzaron los argumentos en el caso, parecía que el juez disidente no vio de inmediato por qué había tanta oposición al proyecto; pero, creo que cuando vio que el gobierno de hecho no tenía respuestas a las preguntas que se estaban planteando, que ocurrió en algún momento de abril de 2018, comenzó a ver que el proyecto era muy distinto de lo que les habían hecho creer que era.
La sentencia por mayoría forzó el lenguaje del derecho y utilizó el mecanismo de la interpretación para dar legalidad a una ley que era ampliamente reconocida como inconstitucional. Ese es un aspecto. El otro aspecto era sobre la privacidad.
Tenemos un principio aquí, un principio constitucional, según el cual nadie puede renunciar a sus derechos fundamentales. No puedo decir, “No quiero mi derecho a la privacidad, y estoy abandonado ese derecho.” ¿No lo quieres? Todo bien. Puedes no ejercer nunca ese derecho. Pero lo tienes de todos modos. Es inalienable. Eso es lo que el juicio sobre la privacidad, emitido por la Corte Suprema en agosto de 2017, también dijo. Dijo que la privacidad es un derecho fundamental al que no se puede renunciar, ni puede ser quitado por el Estado.
La sentencia por mayoría en el caso de la UID va en contra el juicio sobre la privacidad.
La privacidad ocupó el centro del tablero cuando, en julio de 2015, el fiscal general dijo al tribunal que estaba examinado en caso de la UID que la gente de este país no tiene derecho a la privacidad. No solo no el derecho fundamental a la privacidad; dijeron que no tenían ningún derecho a la privacidad. El Estado puede, por ley, dar y quitar el derecho a la privacidad. En apoyo a esta posición, aportó dos casos, decididos en 1954 y 1962, que hacían referencia al derecho a la privacidad en el contexto de la vigilancia.
El tema aquí es que nuestra lectura de la Constitución cambió entre 1950, cuando fue promulgada, y en 1969. Antes de 1969, la Corte Suprema había interpretado los derechos fundamentales de un modo más bien conservador. Cualquiera esgrimiendo un derecho fundamental tendría que mostrar donde estaba explicitado ese derecho en la Constitución. El resto le correspondía al Estado. Esto cambió en 1969, cuando se amplió la comprensión de los derechos y el poder del Estado fue limitado por los derechos de las personas. Los derechos ya no se veían como islas, y algunos que podían no haber sido nombrados en la Constitución podían estar de todos modos en la penumbra de los derechos. Uno de tales derechos era la privacidad.
Volviendo al pasado reciente, para 2011, el Estado no solo estaba empezando a crear una base de datos de toda la población; estaba buscando aprobar una ley que contemple una base de datos de ADN humano. No todos en el gobierno tenían plena confianza en estos proyectos, y el ministro de ciencia y tecnología estaba suficientemente preocupado como para crear un comité, dirigido por el juez AP Shah y del cual yo fui miembro, para informar sobre las implicaciones a la privacidad de tales proyectos. Al trabajar en el informe, descubrimos que la privacidad era en ese entonces todavía un derecho débil, en el sentido de que se había abierto paso durante las décadas, caso a caso, pero no había adquirido un fuerte fundamento en la jurisprudencia todavía. Y las palabras “derecho a la privacidad” no están en nuestra Constitución. Sí parecía un derecho relativamente débil, pero era aún un derecho importante, que había estado evolucionando durante cuatro décadas y que no era difícil de establecer. El informe identificó nueve principios a ser adoptados si el derecho a la privacidad iba a ser respetado; que en términos de datos, tenía que ver también con lo que recoges, cómo lo almacenas, cómo lo transfieres, cómo de exacto necesita ser y cuándo destruirlo.
Existían pocos intentos de hacer una ley sobre la privacidad. En 2005, por ejemplo, un proyecto de ley sobre la privacidad fue avistado, pero un tiempo después ya no se lo veía por ningún sitio. Así que, cuando en 2015, el fiscal general dijo al tribunal que no hay ningún derecho a la privacidad, la lucha por los derechos iba a ser ardua y dura, sin el apoyo de la ley legislada. Cuando más se tardase en decidir la cuestión sobre el derecho a la privacidad, más tiempo permanecería sin resolución el caso que desafiaba al proyecto de la UID. Como el juicio de 1954 que el fiscal general citó como negando el derecho a la privacidad había sido decidido por un tribunal de 8 magistrados, para una nueva evaluación de la cuestión de la privacidad, al menos 9 jueces tendrían que examinar y decidir el caso. La pendencia de casos es endémica; solo para dar una idea de la escala: la cifra actual de pendencia en la Corte Suprema es cercana a 70,000; y no había manera de saber cuánto tiempo tendría que pasar para que 9 jueces pudiesen quedar liberados de otros casos para examinar este asunto.
En julio de 2017, se estaba celebrando una audiencia sobre el caso de la UID en el tribunal del juez presidente, y se estaba argumentando para el Estado, de nuevo, que el caso tendría que esperar a que se resolviese la cuestión de la privacidad antes de que la impugnación al proyecto de la UID pudiese ser resuelta. Un intento más de dejar la impugnación colgando. De modo bastante inesperado, el juez presidente dijo, “de acuerdo, entonces, voy a constituir un tribunal de 9 magistrados mañana y dejar que el caso de la privacidad sea examinado”.
Así que se constituyó el tribunal. La audiencia duró seis días, y los abogados se entregaron a ella sin descanso. Esa semana, yo iba corriendo de una oficina legal a otra para asistir a todas las sesiones informativas, fue increíble. Los abogados principales, los abogados asociados, todas las personas que trabajaban con ellos en sus oficinas día y noche; creo que no se daban cuenta cuando anochecía o cuando salía el sol de nuevo. E hicieron todo este trabajo no solo de forma gratuita; lo hicieron gastando recursos propios. Costó mucho prepararse para el caso, y los abogados lo pagaron de su bolsillo. No había otros recursos. Y el tiempo. Los abogados rechazaron trabajo que les habría pagado generosamente para seguir implicados sin descanso con el tribunal. Le pregunté a uno de ellos, “Por qué estás haciendo esto?” me dijo, “Si perdemos este caso no habrá más Constitución”.
Sur • ¿Cómo ves la conexión entre privacidad y protección de datos en la sociedad india?
UR • Participo en la discusión de la protección de datos como marco, pero lo hago con cautela, porque para mí, la protección de datos no va a proteger a las personas. La protección de datos es una batalla que hay que luchar, pero no lo veo como un bastión contra esta invasión de la privacidad. En relación con esto estoy en una posición ligeramente distinta de otras personas.
En el contexto de la tecnología, dos axiomas han sido invocados por quienes quieren sacar adelante proyectos invasivos. Uno, que “la privacidad ha muerto”. Desde el momento en que dices que la privacidad ha muerto, ya no tienes que preocuparte de respetarla o protegerla. Dos, que “el consentimiento está roto”. Ya sabes, te dirán que Google te pide que aceptes que recojan y utilicen los datos que generas en tu buscador; ¿sabes acaso que estás aceptando? Cuando El País pregunta, “¿estás de acuerdo en que usemos cookies?”, ¿haces realmente una elección reflexionada? Esto es en lo que se ha convertido el consentimiento, y podemos estar sin él. Hay un tercer punto, donde se dice que las reglas sofocan la innovación. Así, deja que ocurra la innovación y las reglas pueden venir después, alrededor de la innovación. La aspiración es tener la libertad de un Facebook o un Amazon, ¡y ya sabemos las distorsiones que eso ha causado!
A pesar del informe del comité del juez AP Shah en 2012, la resistencia a la ley de protección de datos no dejó que prosperar hasta que el caso de la privacidad hizo difícil ignorarla. En 2017, con un tribunal de 9 magistrados en la Corte Suprema comenzó la audiencia del caso de la privacidad, pronto quedó claro que defenderían el derecho a la privacidad. Ahí fue cuando el fiscal general le dijo al tribunal que el gobierno estaba creando un comité, liderado por el juez Srikrishna, un juez retirado de la Corte Suprema y ampliamente respetado, para trabajar en una ley de protección de datos. Así pues, decían dejarlo en manos de una determinación experta por parte del comité Srikrishna, pidiendo claramente que el tribunal no se pronunciase sobre la cuestión de la privacidad. ¡Afortunadamente, el tribunal simplemente registró la creación del comité y continuó para emitir su veredicto!
Como era de esperar, el comité estaba compuesto por quienes habían expresado su apoyo al proyecto de la UID, incluyendo aquellos que habían acudido al tribunal y argumentado para defender la UIDAI y negar el derecho a la privacidad. La sentencia sobre el derecho a la privacidad se interpuso en su camino, y no podían ignorar que eso había ocurrido. Así que intentaron invertir la idea de la privacidad. La importancia del derecho, dijeron, no está en lo que significa para el titular de derechos, sino en que el derecho es realmente un bien público del que la sociedad en su conjunto disfruta.
No sorprende pues que en el título del informe “Una economía digital libre y justa”; “protegiendo la privacidad”, aparezca después tras dos puntos invisibles.
Ha sido una lucha. La digitización ha sido solo el primer paso en este tipo de ambición tecnológica. Después, fue una ID única que identificaría a cada persona en todas las bases de datos; luego el poder coercitivo del Estado fue utilizado para hacerla ubicua, presionando a todas las personas a inscribirse. Los datos sobre las personas que esto produciría hizo de los datos el siguiente recurso sobre el que se podía construir economía y beneficios y control. De modo sorprendente, sin embargo, la UID ha generado toda una serie de otras IDs, todas con el adjetivo de “única” – ID Única de Salud, de Granjero, de Tierra, y así, ¡con incluso una ID Única para vacas!
La privacidad está siendo asesinada repetidamente. Se está creando un subterfugio para que la privacidad no sea un derecho absoluto. Eso se utiliza después para ignorar el derecho, o negarlo, en una situación tras otra.
Hace ya unos años que se está preparando una ley de protección de datos. Hay pocas dudas sobre la necesidad de que haya una ley, pero no estoy para nada segura de que vaya a proteger los derechos del individuo. Tal y como está, el proyecto de ley exime al Estado de la ley. Así, la UIDAI también está presionando para también ser eximida. Hay una presión para incluir lo que se llama “datos no personales” – información personal que ha sido anonimizada o que es de dominio público – y de abrir espacio para que los negocios usen datos personales. Las compañías tecnológicas están utilizando al Estado para coaccionar a las personas a estar en múltiples bases de datos. A cambio, los proveedores de tecnología para proyectos tales como la UID crean herramientas para que el Estado vigile a las personas. La ley de protección de datos de ningún modo detiene esto. ¿De qué sirve entonces este ejercicio en creación de leyes?
Sur • ¿Cuál es el papel de instituciones globales como el Banco Mundial en el proceso de implementar programas de ID digitales?
UR • El Banco Mundial, especialmente con Estonia y la India como dos grandes experimentos, creó el ID4D. Entonces, Microsoft, la Fundación Rockefeller, Accenture y Gavi, The Vaccine Alliance – y ahí hay un mensaje – creó ID2020 para construir una ID digital global.
Nandan Nilekani es un zar tecnológico que fue el primer director de UIDAI. En una entrevista en 2018, cuando se le preguntó cómo se sentía después de que el sistema que él creó causase la muerte de un chico de 11 años (en septiembre de 2017), así fue la conversación: Entrevistador: “¿La extraña muerte del niño, los extraños datos robados están bien?” Nilekani: “No, creo, al final, sabes, en cualquier sistema hay que minimizar cualquier cosa que no sea lo correcto y después ver en conjunto si proporciona beneficios. En este sentido, la respuesta es un sí inequívoco.” Él es parte de ID4D.
ID4D reunió a su gente pero no comenzó a funcionar hasta que Bill Gates les dio el dinero, y en eso, también, encierra una lección.
Ha habido muchas señales de las ambiciones que este proyecto ha fomentado. En un encuentro que fue celebrado en el Banco Mundial en 2013, Nilekani habló del proyecto UID, cuando Jim Yong Kim era el director del Banco Mundial. Mientras Nilekani explicaba el proyecto, Jim Yong Kim preguntó, muy animado, y estoy parafraseando, “¿me estás diciendo que si alguien en Nairobi que está en un cajero automático, yo puedo estar en Washington, y puedo no saber qué está haciendo en ese cajero automático –no sé si está sacando dinero o ingresando o lo que sea- pero sabré que esa persona está en ese lugar a esa hora?” Nilekani: “sí”.
En un encuentro en el Centro para el Desarrollo Mundial, en la misma época, alguien del público preguntó a Nilekani, “¿Crees que hay cualquier posibilidad de tener un sistema global para el año 2030?” Él respondió, “Tecnológicamente no hay nada que impida tener a toda la población del mundo” en la red.
En cuanto al Banco Mundial, hablando en cuestiones de derecho y pobreza, está claro hace ya algún tiempo que la preocupación del Banco está en reducir los fondos gastados en subsidios. Las imágenes de personas en necesidad de apoyo estatal desviando más de lo que les corresponde han impulsado proyectos como la UID, haciendo de la exclusión un distintivo del proyecto. Que las pérdidas en los subsidios se estén produciendo en otro lugar no es de su incumbencia. El proyecto UID ha sido lanzado al mundo en desarrollo haciendo de los proyectos ID una condición necesaria antes que el Banco Mundial acepte prestar dinero a esos países.
¿Por qué le gustan tanto al Banco Mundial las bases de datos con poblaciones enteras? ¿Cuál es el interés de Bill Gates cuando proporciona fondos a ID4D? ¿Por qué un proyecto que muestra tantas carencias en un país es fomentado para llegar a todas partes? La creación de bases de datos se está convirtiendo en un producto que está en venta. No es solo la UID; la app CoWIN, con datos de vacunación es otra, y esta vez, está alineada con pasaportes de vacunación, otro esfuerzo para tener registrada a toda la población del mundo. ¿Cómo podemos no ver estos proyectos de vigilancia y control? En la India, un artículo reciente explicó que el Banco Mundial ha estado financiando, y “proporcionando asistencia técnica” -¡menudo eufemismo! – para crear sistemas que proporcionaran una visión de 360° de todas las personas en tiempo real, para saber quién eres, donde estás, que estás haciendo, con quién vives – todo.
Ahora hay casas etiquetadas con GPS, con datos sobre cuántas personas viven ahí, su trabajo, educación, estado civil, apoyo del Estado … solo falta el menú. Y cuando tengas la nevera conectada al internet de las cosas, sabrán qué comes, cuánta leche y cuánta agua bebes. Hay un documento, adoptado por las autoridades de defensa del Reino Unido y Alemania, donde hablan de hecho de “Augmented human”. Aumentación humana. Una agenda que está más allá de la agenda del Estado. La agenda global es aumentar a los seres humanos. ¿Han visto los informes? Es alucinante. Dicen, “no podemos planear la aumentación si no sabemos más de las personas”. Por ejemplo, no se sabe suficiente sobre cuánto y cómo dormimos, cuánto y qué bebemos, cuándo y cuánto y con qué frecuencia y dónde comemos. Necesitan tener toda la fisiología y bioquímica y psicología correcta. Ese es el tipo de detalle con que tenemos que ser conocidos. La aumentación humana es para potenciar las capacidades, y para ser el “agente vinculante entre personas y máquinas”. Es como si la historia nunca hubiese ocurrido.
Sur • ¿Cómo describirías los riesgos de la “edad de la tecnología”?
UR • Quizá comenzaré diciendo esto, que la tecnología tiene ambiciones. La tecnología cree que la edad de la producción industrial ya ha pasado, que la edad del petróleo ya ha pasado, y que ahora es la edad de la tecnología. Se debería permitir que la tecnología se desarrollase sin restricciones; sin reglas, sin leyes. Las reglas, y las leyes, sofocan la innovación. Se debe pagar un precio para la conveniencia, y ese precio puede ser un derecho básico. Extrañamente, al comienzo de este siglo, la tecnología estuvo creando artefactos que generaron mucho entusiasmo. Hubo el teléfono móvil, el ordenador, el portátil. Hubo Facebook, Twitter y una multitud de otras plataformas que parecían conectarnos a millones. La comunicación adoptó un nuevo significado. Internet fue increíble. La tecnología ayudó durante la Primavera Árabe, y la gente se reunió, se organizaron resistencias…
Creo que la Primavera Árabe fue la única vez que la tecnología hizo algo que no llevaba también remordimiento. Desde entonces, el teléfono móvil se ha convertido en dos cosas además de un medio para estar en contacto: uno, una herramienta de vigilancia; y dos, cada investigación policial comienza con confiscar el teléfono móvil y hurgar pensamientos y acciones. Como dijo el Sr Nilekani cuando le cuestionaron la UID, ¡el teléfono móvil es incluso más pernicioso!
Los medios sociales y la existencia en una burbuja. Después el odio; tal escalada de odio. La libertad de expresión es tan importante. ¡Cómo se ha vuelto de complicada esa libertad!
Así pues, ¿qué nos ha hecho esto? Con una velocidad sorprendente, rápidamente, estas ambiciones tecnológicas han destruido el entusiasmo, volviéndonos ansiosas/os sobre la tecnología. Eso es lo que veo a mi alrededor ahora. La UID fue, para nosotras/os, uno de los puntos de partida de este declive.
Esta es la nueva fase en la que hemos entrado, y ha sido la tecnología la que nos ha traído aquí. Ninguna otra cosa podría haber hecho que ocurra esto. Ahora puedes mirar la vida de todo el mundo. En un minuto, tu cuenta bancaria podría ser congelada. Tu cuota de comida podría desaparecer. Se te podría denegar atención médica porque tus datos biométricos no encajan con lo que hay en la base de datos. Estas no son situaciones hipotéticas, ya han ocurrido.
Creo que una pregunta que necesita ser planteada al Estado y a los tecnólogos es: “¿es esta la imaginación que quieres imponerle al mundo?”
El episodio Pegasus suscita muchos interrogantes. Una compañía privada encuentra maneras de infiltrar el teléfono y se lo vende a gobiernos de todo el mundo porque dice que los gobiernos necesitan herramientas para lidiar con el terrorismo. Desde 2019, Citizen’s Lab, a quien se unió después Amnistía Internacional, descubrió que teléfonos de personas de muchos países distintos habían sido infectados con el spyware Pegasus; algunos de los cuales eran de la India. En 2021, un esfuerzo masivo de investigación encontró que habían sido afectados los teléfonos de más de 50,000 personas de todos los continentes, y esto incluía periodistas, activistas e incluso jueces. Fue en ese momento que algunas personas llevaron el caso a la Corte Suprema. La corte fue muy frugal en lo que le preguntó al gobierno. Se dice que el gobierno no está tratando el tema seriamente, dijo la corte. Puesto que NSO afirma que vende sus programas solo a gobiernos examinados, algunos gobiernos extranjeros podrían estar utilizándolos para vigilar a personas en la India, o podría estar siendo utilizados en contravención de la ley. Todo lo que los jueces pidieron fue que el gobierno explicase su posicionamiento. Nada que pudiese afectar la seguridad nacional; solamente responder a las preocupaciones planteadas. Básicamente la pregunta fue: ¿reconoce el gobierno lo que había ocurrido y está haciendo algo al respecto? No qué, solo si lo estaba haciendo. El gobierno respondió: “cualquier cosa que dijésemos pondría en peligro la seguridad nacional”, Afortunadamente, la corte no ha aceptado esta negativa y estas cavernas de secretismo que el gobierno está exigiendo para sí, y creó un comité para investigar las alegaciones. Esto podría ser significativo, si el tribunal desarrolla la ley de revisión judicial en temas de vigilancia. Estos usos de la tecnología y estos debates son un signo de nuestros tiempos.
Durante las décadas, primero el estado colonial, y después los estados independientes, afirmaron dominio sobre todos los recursos; tierra, agua, minerales, bosques. Ahora parece que es el turno de los datos, datos personales incluyendo huellas dactilares, escaneos de iris, información facial, ADN. Se ha quitado ya el barniz del “interés público” y la “utilidad pública”. Y cuando el gobierno dice que se le debe entregar el recurso, simplemente tiene que hacerse, sin discusión, sin autonomía.
Uno de los argumentos principales de la Corte Suprema en la impugnación del proyecto UID fue la naturaleza de la relación entre un Estado y su pueblo. La constitución, hemos argumentado, no es sobre el poder del Estado sobre el pueblo. Es sobre los límites del poder del Estado sobre el pueblo. El poder del Estado debe ser entendido de maneras que reconozcan estos límites. La tecnología ha estado vulnerando las normas y traspasando todos los límites.
Tomemos, por ejemplo, las transacciones digitales. Se hace de todo para que sea “nada de dinero, solo transacciones digitales”. Esto generará huellas digitales, que, igual que el lobo en Caperucita Roja, es “para verte mejor”. Si te resistes a mostrarte, entonces te convertirás en no apto para obtener un crédito. Pues, ¿por qué debería alguien confiar en ti si no te conocen y no saben si serás un moroso, o que no eres un despilfarrador, o, que Dios no lo permita, un terrorista? Son las políticas de control a través de las políticas de la sospecha.
Es muy interesante: el gobierno desmonetizó el 86% de la moneda en 2016, y fue un completo desastre. La gente tenía que depositar todo el dinero en metálico que tuviese en los bancos, y el gobierno diría cuánto podían coger después, poco a poco, porque había que sorprender a todo el mundo –incluyendo incluso a los ministros en el gabinete – y no habían impreso suficiente dinero para reemplazar lo que había sido depositado. Es como que se entusiasmaron oliendo la oportunidad. Todo el mundo, incluyendo Nilekani, que estaba dando entrevistas dijo, “esta es la época en la que el gran evento será pasar a que no haya dinero metálico, dinero en papel, presencia”. Se han interesado mucho en la idea de la no presencia. No la persona física; solo la presencia virtual y los datos que eso genera. ¡Datos sin personas, menudo sueño!
No pido a las corporaciones que sean los buenos. Pero cuando toman parte del poder estatal, estamos en una historia bien distinta.
Sur • ¿Cuáles son los principales movimientos resistiendo este proceso?
UR • En India, gran parte de la conciencia sobre lo que esta tecnología está haciendo a la vida de las personas apareció cuando el gobierno hizo obligatoria la UID para varios servicios. Comenzó con el combustible para cocinar, después las raciones, el régimen de garantía de empleo rural, las becas de educación, las pensiones… Se expandió cada vez más. Fue el movimiento por el derecho a la comida y aquellos trabajando en la garantía de empleo rural quienes primero sintieron la posibilidad muy real de exclusión. La resistencia de estos grupos ha sido persistente y vocal.
El movimiento por el derecho a la información (RTI, por su sigla en inglés) ha estado inequívocamente opuesto al proyecto de la UID. Hay pocas dudas de que la petición de un Estado transparente ha sido invertida por este proyecto: en lugar de que el Estado sea transparente al pueblo, el proyecto de la UID trabaja para hacer al pueblo transparente para el Estado y el interés de las corporaciones. Hay una cierta incongruencia que la gente como yo percibe cuando los activistas RTI piden que se suban bases de datos de racionamiento y de garantías de trabajo para ser monitorizadas y asegurar que el sistema está cumpliendo; es demasiado cercano a la sentencia por mayoría en el caso de la UID que dijo que aquellos que reciben asistencia social pueden estar sin el derecho a la privacidad. Esta es una discusión que está actualmente en marcha.
Cuando el fiscal general dijo a la corte, en 2015, que la privacidad no es un derecho del pueblo en India, hubo una oleada de activismo por la privacidad. Fue un momento espectacular.
Entonces, en 2017, el gobierno intentó hacer obligatorio vincular el número de UID con las cuentas bancarias, teléfonos móviles y declaraciones de impuestos. Y, de esa forma, llegó a las clases medias, que hasta entonces habían creído que se trataba de aquellos en necesidad de apoyo estatal para comida y trabajo y demás, consideraban que no iba con ellos. Creo que, con eso, la ingenuidad se desvaneció. Dejó de ser solo alguna ID inocente; la amenaza de perder la conexión telefónica o tener las cuentas bancarias congeladas, o estar en el lado incorrecto de la ley en las presentaciones de declaraciones de impuestos hizo que la gente cumpliese sin poder hacer nada. Esa táctica funcionó. La idea de desobediencia, que Gandhi nos enseñó a practicar cuando vemos que una política pública o ley está mal, no es una lección aprendida. Somos una población muy obediente, que es el motivo por el cual no ha habido ninguna anarquía.
En los últimos años, dos grandes movimientos han participado en el arte de la desobediencia civil: la protesta contra la enmienda de la ley de ciudadanía, donde intentaban segregar solo a los musulmanes como personas que no tenían derecho a la ciudadanía, y el movimiento de granjeros. La enmienda a la ley de ciudadanía suscitó el temor de la exclusión por identidad y arrojó su sombra sobre el proyecto de la UID. Durante la protesta de un año de duración de los granjeros contra tres leyes que habían pasado apresuradamente por el parlamento sin debate ni consultas, el gobierno emitió un documento sobre cómo la tecnología sería introducida en el sector agrícola, llamado AgriStack. Según esto, los granjeros tendrían ID únicos de granjero, cada trozo de tierra tendría un ID único y se crearían bases de datos utilizándolos, lo que provocó una reacción.
Lo que ocurre es que lo que han hecho con la tecnología en este proyecto salpica otros espacios y ha dado lugar a mucha inseguridad. Si preguntas, “¿de dónde viene la resistencia?”, está viniendo de estos movimientos, y también está viniendo de un conjunto de jóvenes que han estado en la batalla por la privacidad y que han invertido un montón de tiempo y energía en el caso de la corte. Cuando Facebook intentó introducir Free Basics en la India, estos jóvenes lucharon por una internet libre. Cuando señalaron cuestiones sobre la UID, fueron troleados por la gente de IndiaStack, una serie de empresarios tutelados por Nilekani que consideraron que su trabajo era hacer que la UID funcionase para ellos y que a menudo se los ve en los pasillos del poder. Esto fue un aprendizaje que los de IndiaStack impartieron a los jóvenes, ¡una lección que no han olvidado!
En un cónclave organizado por la UIDAI entre el 23 y el 25 de noviembre de 2021 para establecer su agenda para la siguiente fase, dos miembros fundadores de la UIDAI – el antiguo director de misión y su colega – junto con el jefe de un comité de expertos del gobierno fueron oídos quejándose de que el proyecto nunca fue destinado (hecho) para el gobierno. Se trata de que “cualquier cosa para impulsar la economía digital no va a ocurrir si es rehén del gobierno”, sus palabras.
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La entrevista fue realizada en noviembre de 2021
Editada por Helena Secaf, Rafael Zanatta y Usha Ramanathan