Imaginando respuestas de inspiración local a las atrocidades massivas que se cometieron
Este artículo intenta defender tres propuestas. En primer lugar, es muy improbable que las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya (informalmente conocidas como los Juicios de los Jémeres Rojos) consigan alcanzar alguno de los objetivos fundamentales fijados por sus partidarios. En segundo lugar, la Corte corre el riesgo de hacer daño también. En tercer lugar, otros procesos de mayor especificidad cultural tendrán mayores posibilidades de influir a largo plazo y de satisfacer a las víctimas.
El 17 de abril de 1975 y el 7 de enero de 1979 señalan el comienzo y el final oficiales del régimen camboyano autodenominado “Kampuchea Democrática”, más conocido como Jémeres Rojos (Khmer Rouge). Los camboyanos lo llaman “el régimen de los tres años, ocho meses y 20 días”, como si cada momento de dicho periodo hubiese quedado marcado a fuego para siempre en sus memorias. Bajo el control de la Kampuchea Democrática, se calcula que murieron alrededor de dos millones de personas debido a los asesinatos, la hambruna, el exceso de trabajo y las enfermedades.2
En 2005 se estableció dentro de los tribunales de Camboya un nuevo tribunal penal conocido como las Cámaras Extraordinarias (en adelante, “Cámaras Extraordinarias” o “la Corte”) para juzgar a los líderes de la Kampuchea Democrática y a los máximos responsables de las atrocidades cometidas. La Corte fue creada conjuntamente por la ONU y por el gobierno camboyano, y utiliza una estructura compleja de toma de decisiones para garantizar en las sentencias la participación tanto de la ONU como de los jueces camboyanos.
El trabajo de la Fiscalía comenzó en junio de 2006. En junio de 2007 los fiscales acusaron formalmente ante los jueces de instrucción a cinco personas, según los procedimientos basados en el derecho civil que se siguieron en los juicios. Desde dicha presentación, se hizo público sólo un nombre de los acusados, el de Kaing Guek Eav, que es el único sospechoso actualmente bajo custodia.
Este nuevo tribunal híbrido marca un avance en el modo de practicar justicia internacional permitiendo un control local mayor que en el pasado. De hecho, el papel que debían desempeñar los jueces y las instituciones camboyanos fue una de las principales trabas durante los diez largos años de negociaciones para establecer la Corte. A pesar de las largas demoras para llegar a este punto, las acciones recientes de los fiscales indican que la Corte finalmente está progresando.
Este artículo es el resultado de dos años de trabajo en el que se analizó a la Corte en tierra camboyana, desde mayo de 2005 hasta abril de 2007. La investigación que llevó a cabo mi equipo, y que se desarrollará en estas páginas, sugiere que mucho de lo que se demanda a la Corte, no se basa en conocimientos concretos acerca de la justicia internacional en general y en Camboya en particular. Los expertos, por ejemplo, se refieren al papel que puede tener esta Corte para promover la reconciliación y el Estado de Derecho y para suministrar justicia a las víctimas. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la posibilidad real de que estas demandas o los mecanismos mediante los cuales éstas se llevarían a cabo puedan concretarse.
La necesidad de objetivos y justificaciones verosímiles para esta Corte son de particular importancia, a la luz de la investigación de Eric Stover, Harvey Weinstein y otros sobre los tribunales ad hoc, la cual ha documentado su fracaso para lograr un efecto transformador en la sociedad local.3
Este artículo trata de defender tres propuestas: En primer lugar, es muy improbable que las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya consigan alcanzar alguno de los tres objetivos fundamentales fijados por sus partidarios: afianzar un Estado de Derecho en Camboya, brindar justicia a las víctimas y propiciar la reconciliación. En segundo lugar, sea cual fuere la contribución de la Corte, ésta también corre el riesgo de hacer daño; en particular es preocupante la posibilidad de que consolide el concepto erróneo de que sólo los líderes son responsables de las atrocidades y se aíslen los crímenes de la Kampuchea Democrática de su contexto histórico, limitando nuestra comprensión de la causa subyacente del conflicto. En tercer lugar, una vez que se despejen las expectativas no realistas de un proceso legal, se hará evidente que otros procesos de mayor especificidad cultural, arraigados en los deseos del pueblo camboyano, tendrán mayores posibilidades de influir a largo plazo y de satisfacer a las víctimas, sin correr tales riesgos.
A lo largo de este análisis me basaré en mi propia experiencia e investigación en Camboya así como en investigaciones sociales realizadas por otras personas. Entre junio y diciembre de 2005 trabajé con un equipo camboyano en un proyecto de investigación que buscaba identificar formas para acercar a los camboyanos a la misión de las Cámaras Extraordinarias.4 Dicha investigación incluyó entrevistas minuciosas a 117 personas en las áreas rurales de Camboya.5 En 2006, se pusieron en práctica los resultados de dichas entrevistas por parte de una ONG camboyana, The Khmer Institute of Democracy, que capacitó a más de 100 representantes para desarrollar actividades cuidadosamente diseñadas y de gran alcance en las Cámaras Extraordinarias de siete provincias por todo el país. El equipo también preparó y exhibió un documental para alentar a los jóvenes camboyanos a creer en los relatos que escuchan sobre el pasado y a comprometerse con la historia de ese periodo. El monitoreo de dichas actividades a largo plazo, combinadas con la investigación previa, brinda una de las miradas más abarcativas de las perspectivas de los camboyanos sobre la Corte que se tienen.
Las Cámaras Extraordinarias son uno de los pocos tribunales penales híbridos que existen: se trata de tribunales en los que se sientan juntos los funcionarios jurídicos locales y los juristas internacionales. Los investigadores han alentado dichas cortes por su potencial para evitar las falencias de los tribunales ad hoc.6 Se ha sostenido que estos nuevos tribunales híbridos están más conectados con la sociedad local y, por ende, tienen la oportunidad de dejar un “legado” más positivo.
En esta sección trataré los tres postulados que se presentan comúnmente como el legado que deben dejar las Cámaras Extraordinarias: afianzar un Estado de Derecho en Camboya, brindar justicia a las víctimas y propiciar la reconciliación.7
Este apartado sostiene que la realidad en Camboya es mucho más compleja de lo que sugiere la retórica que rodea a la Corte. Si se prestara más atención a los mecanismos concretos mediante los cuales la Corte espera influir sobre la sociedad, se advertiría que, en el mejor de los casos, el vínculo entre ésta y sus objetivos es tenue.
Esta sección presentará estudios que proponen que las relaciones de poder en el gobierno camboyano, caracterizadas por niveles extremos de control ejecutivo y por diferencias culturales en la resolución de conflictos, obstaculizan la capacidad de la Corte para incidir sobre el Estado de Derecho. Más aún, nuestro trabajo demuestra que las nociones predominantes de justicia en Camboya difieren significativamente de lo que se espera que logre la Corte. Finalmente, hay pocas pruebas de que los camboyanos tengan dificultades para coexistir unos con otros debido a tensiones originadas en el periodo de la Kampuchea Democrática; pero aún habiendo una necesidad real de reconciliación, no es claro cómo podrá influir la Corte en la dinámica de las aldeas.
El embajador japonés en Camboya, Takahashi Fumiaki, sostuvo que “[Las Cámaras Extraordinarias] pueden desempeñar un papel importante como catalizador para fortalecer el sistema jurídico general de Camboya, proveyendo un buen modelo para los procedimientos legales, basado en el debido proceso, y en un sistema de administración y de apoyo judicial eficiente.8
De igual modo, James Goldston de Open Society Justice Initiative ha propuesto que las Cámaras Extraordinarias se usen para “apoyar esfuerzos de reforma jurídica más amplios en Camboya”.9 Si algo resulta claro, dice Goldston, es que “la actuación de las [Cámaras Extraordinarias] tendrá una mayor influencia tanto en Camboya como en el futuro de la justicia internacional”.10
Esta sección espera ubicar el impacto deseado de las Cámaras Extraordinarias dentro del contexto de los esfuerzos actuales de reforma del Estado de Derecho en Camboya.
La oficina del Banco Mundial en Phnom Penh consideró que “el sistema de justicia de Camboya ha demostrado ser fácil de criticar pero difícil de reformar”.11 Los esfuerzos de reforma legal post coloniales en Camboya tienen más de diez años, habiendo comenzado en 1993 con la primera misión mundial de paz de la ONU: la Autoridad Transicional de Naciones Unidas para Camboya (ATNUC).12
Hoy en día todavía hay financiadoras que gastan decenas de millones de dólares al año para promover el Estado de Derecho en Camboya, pero siguen sin lograr desarticular la estructura de poder que impide juicios justos.13 Los fracasos de los esfuerzos anteriores forman un telón de fondo importante para comprender lo que las Cámaras Extraordinarias podrían conseguir.
Son muchos los factores que interactúan para crear la actual situación del sistema judicial camboyano. Entre los obstáculos que impiden la reforma se mencionan: la (falta de) capacidad, la fuerza del poder ejecutivo en relación con el poder judicial, y las diferencias culturales en la resolución de conflictos.
En general no se discute que los jueces camboyanos carecen de capacidad para desempeñar sus funciones efectivamente. Los defensores del Estado de Derecho señalan por lo general problemas relativos a los recursos y a la capacidad del sistema jurídico camboyano.14
De acuerdo con el gobierno camboyano: “de los aproximadamente 120 jueces activamente empleados en Camboya, sólo un puñado tiene formación legal adecuada”.15
De hecho, en la solicitud original de ayuda a la ONU para establecer un tribunal para los Jémeres Rojos, los entonces Primeros Ministros Hun Sen y Norodom Ranariddh reconocieron que “Camboya no tiene ni los recursos ni la formación para llevar adelante un proceso de tanta importancia”.16 Más recientemente, el Presidente del Colegio de Abogados Camboyanos expresó su preocupación sobre la capacidad de los abogados camboyanos para brindar una defensa adecuada ante las Cámaras Extraordinarias, y consideró que es una “necesidad” que los abogados defensores camboyanos cuenten con la ayuda de, al menos, un abogado extranjero.17
Si bien pocos, por no decir nadie, dudan de que la falta de capacidad es un problema importante que enfrentan los jueces camboyanos, las próximas secciones intentarán demostrar que éste es sólo uno de los tantos obstáculos para lograr una reforma del Estado de Derecho en Camboya.
Los jueces en Camboya actúan casi abiertamente como subordinados al Ejecutivo.18 Durante la ATNUC, los funcionarios de la ONU observaron que “si bien los tribunales eran técnicamente independientes de los brazos ejecutivos del gobierno, permanecían totalmente sujetos a la dirección del ejecutivo”.19 Durante ese periodo, el Ministro de Justicia explicó a los funcionarios de la ATNUC que los jueces que no seguían sus instrucciones y por lo tanto “desobedecían la ley” debían ser castigados.20
Si bien hoy en día es poco común que los funcionarios del poder ejecutivo hablen tan abiertamente, casi nada ha cambiado. En su informe del 2005 a la Comisión de Derechos Humanos, el Representante Especial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Camboya, Peter Leuprecht, sostuvo que era “cada vez más obvio” que la impunidad no sólo era el resultado de la poca capacidad de las instituciones que deben hacer cumplir la ley y de un poder judicial débil sino que dicho poder judicial seguía sujeto a la interferencia del ejecutivo y abierto a la corrupción”.21 Ese mismo experto manifestó que “los esfuerzos para reformar el poder judicial en la última década no lograron avances significativos para la administración de la justicia”.22
¿Por qué ha sido tan difícil arrebatar al poder judicial de manos del ejecutivo? Una respuesta puede ser el modo como se entiende y se practica el poder en Camboya.23 A diferencia de las burocracias legales occidentales que, idealmente, funcionan según las normas generales, el sistema patrimonial camboyano se basa en lazos personales de lealtad entre los superiores y quienes les son leales.24 Si bien las normas legales escritas pueden parecer similares a las de otras naciones, la realidad es que el gobierno en Camboya opera por medio de “relaciones patrón-cliente” —relaciones de ayuda mutua entre los que detentan el poder y su entorno de dependientes—, que actuan de manera piramidal. Hinton observa que “varios funcionarios de alto rango pueden tener cadenas de poder y unidades militares que les son leales (así como también servicios personales civil)”. 25
Los patrones de estatus más alto protegen y ofrecen recursos a sus clientes que, a su vez, pagan su deuda por medio de apoyo, respeto y obediencia. Los camboyanos se refieren a esta relación usando expresiones familiares, a menudo diciendo que los niños (clientes) deben obedecer a sus padres (patrones).26 El respeto a los superiores es incuestionable, ya que los patrones son considerados individuos poderosos que deben ser temidos.27
Los jueces camboyanos fueron designados por otros funcionarios más poderosos y por lo tanto se consideran, casi con seguridad, como subordinados (o clientes) de dichos funcionarios del poder ejecutivo.28 Estas relaciones con frecuencia se remontan a la creación del poder judicial en los años ’80.29 Durante esa época, el gobierno camboyano estaba aislado políticamente de Occidente, de China y de la ONU, de modo tal que los estudiantes camboyanos en general sólo podían obtener capacitación legal en las facultades soviéticas. Se elegía a los candidatos que podían estudiar en el exterior como una recompensa a la lealtad hacia el partido dominante en Phnom Penh.30 Como consecuencia de esto, es lógico que algunos de los abogados más viejos y mejor capacitados de Camboya sean también los más cercanos y leales al partido gobernante. Cuando se lo comprende de este modo, no sorprende la imposibilidad de que el poder judicial actúe de modo independiente.
Lo que sí sorprende a muchos, de todas maneras, es que esta perspectiva de gobierno basada en la relación patrón-cliente sea aceptada por el pueblo camboyano. En una encuesta nacional, la Fundación Asia advirtió que la mayoría de los camboyanos está a favor de un gobierno local feudal o paternalista por encima de otras formas, ya sean democráticas o autoritarias. 56% de los camboyanos dijeron que el gobierno local “es como un padre y el pueblo como un hijo”.31 La gente espera que el gobierno actue como en un esquema de asistencia mutua, como los niños que obedecen a sus padres y los padres que cuidan de sus hijos.
En síntesis, la noción de división de poderes es absolutamente extraña al modo de concebir el gobierno entre los camboyanos, el que se basa en lazos personales de poder entre los funcionarios del gobierno. Como tal, el control ejecutivo del poder judicial será un obstáculo enorme a cualquier intento de reformar los tribunales de Camboya.
Además del modo como se estructura el poder, hay otros compromisos culturales que complicarán cualquier esfuerzo de cambio del Estado de Derecho.
La Profesora Rosa Ehrenreich-Brooks escribe: “[el] Estado de Derecho no es algo que existe ‘más allá de la cultura’ y que pueda agregarse a una cultura ya existente con el único requisito de crear estructuras formales y reformular constituciones y estatutos”.32 Dicha crítica puede aplicarse perfectamente a Camboya. Las reformas en el Derecho escrito y la elaboración de la Constitución no han llevado a un cumplimiento imparcial del Derecho ni han creado una cultura de Estado de Derecho de tipo occidental. Parte de la razón puede ser que muchas leyes y procedimientos no nacieron de la sociedad camboyana, sino que fueron importados como parte de un esfuerzo más grande de desarrollo. Esta sección discutirá las diferencias culturales y los principios y procedimientos para la resolución de conflictos que no pueden ignorarse al analizar proyectos como el de las Cámaras Extraordinarias.
Tomemos, por ejemplo, el principio de igualdad. Los conceptos de igualdad de las personas y de igualdad ante la ley son absolutamente fundamentales para la justicia occidental. Sin embargo, en Camboya, ese mismo concepto tiene un significado muy distinto. Las personas no se consideran unas iguales a otras, sino que se mide constantemente la importancia relativa de los individuos.33 Según los antropólogos camboyanos: “las relaciones sociales en Camboya, como en todo el Sudeste Asiático, son jerárquicas. Nadie se considera igual a nadie”. De hecho, Ledgerwood y Vijghen sostienen que “la noción idealizada de equivalencia moral quizá nunca estuvo presente en la sociedad jémer”.34
Más aún, el principio de igualdad para algunos camboyanos se ha equiparado con las políticas de la Kampuchea Democrática, cuando a la gente le quitaban todas sus posesiones y se la hacía trabajar “como iguales” en los campos.35 En la mente de algunos camboyanos “igualdad” se ha convertido en una mala palabra.
Los principios de justicia también asumen otros significados en Camboya. Ledgerwood y Vijghen se refieren a una anciana en una aldea camboyana que no recibió ayuda para el desarrollo, si bien era pobre, porque el jefe de la aldea favoreció a su propia familia y amigos en la distribución y ella no era parte de su grupo de patronazgo. Ambos autores explican: “contrariamente a los conceptos occidentales, a los ojos de los aldeanos esta condición no se considera injusta ni poco equitativa […] se supone que uno ayudará a los amigos y familiares, de otro modo se estarían descuidando los intereses de los parientes […] en tal sentido es ‘justo’ favorecer a la clientela propia”.
Incluso, un análisis de las prácticas de resolución de conflictos desde el punto de vista cultural revela diferencias importantes entre las teorías de la resolución de conflictos que evolucionaron en occidente y las que evolucionaron en el sudeste asiático.36 Los franceses introdujeron un sistema jurídico occidental para dirimir litigios en Camboya durante el periodo colonial,37 pero en realidad éstos nunca desplazaron los métodos indígenas de resolución de conflictos conocidos como somroh-somruel, procesos que cuentan “con la asistencia de un tercero para dirimir la negociación o la mediación”.38
El objetivo de la mediación somroh-somruel en una aldea es lograr el acuerdo de una disputa que consiga el fortalecimiento positivo de la relación entre las partes en litigio. No se ve al conflicto particular como un hecho aislado ni como una lucha de intereses intrínsecamente incompatibles. Antes bien, la actitud tradicional camboyana hacia el somroh-somruel considera al conflicto como un suceso que fortalece las relaciones a largo término con naturalidad.39
Aparentemente el Somroh-somruel refleja las únicas preferencias culturales de los camboyanos cuando se trata de resolución de conflictos. Por ejemplo, si bien las tradiciones occidentales valoran un árbitro imparcial, los camboyanos a menudo buscan mediadores que conozcan a la comunidad y a los querellantes. El Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) descubrió que “los individuos prefieren instituciones y autoridades con las que tengan la posibilidad de negociar y de participar en la resolución de la disputa. De ahí que haya una preferencia por las autoridades locales”.
También hay elementos religiosos entrelazados con la resolución de los conflictos. El 95% de los camboyanos son budistas Theravada.40 El especialista del budismo Ian Harris señala que “el ideal del patricio culto en Oriente (históricamente ha sido) el del caballero que logra la paz, no el del defensor hábil que gana un juicio en nombre de otros ante un tribunal”.41 “La evidencia sugiere que los budistas Theravada del sudeste asiático son menos enérgicos en su reclamo de ‘derechos’ en virtud de una perspectiva religiosa que conecta tales reclamos con intentos ilusorios de agrandar exageradamente el yo”.42 Marija de Wijn añade que “los aldeanos a menudo prefieren tipos de justicia restauradora en la que la gente ‘vuelve a hacerse amiga’”.43
En esencia, la resolución tradicional de conflictos en Camboya actúa bajo principios fundamentalmente distintos de los del sistema jurídico occidental. Sin embargo, los tribunales ordinarios camboyanos y las Cámaras Extraordinarias se basan en un enfoque fundamentalmente occidental.44
El esfuerzo por lograr apoyo a las sensibilidades occidentales no exige nada menos que un cambio de paradigma; lo cual es mucho pedir a la mayoría de los camboyanos que han tenido muy poco contacto —en el mejor de los casos— con las ideas jurídicas occidentales.45 Como sugiere Ehrenriech-Brooks, las condiciones para un cambio de ese tipo (y de hecho el deseo de que ocurra) no es algo que se comprende bien.
Tomados como un todo, factores tales como una formación deficiente de los profesionales del Derecho y sistemas de poder que pasan por vínculos personales de lealtad y diferencias culturales respecto de los principios legales, apuntan a una batería complicada de impedimentos que rodean el respaldo al Estado de Derecho en Camboya. En la próxima sección se discutirá si las Cámaras Extraordinarias podrían contribuir significativamente para conseguir un apoyo mayor a los principios jurídicos de Occidente, aún si éste fuera un propósito correcto.
Esta sección analizará la idea de que las Cámaras Extraordinarias pueden fortalecer el Estado de Derecho, a la luz de los impedimentos discutidos en la sección anterior y del creciente cuerpo de trabajos doctrinarios que sugieren que las reformas al Estado de Derecho, en especial las iniciativas técnicas como la aprobación de leyes nuevas y la capacitación de los jueces locales, no dan la impresión de generar un progreso.
Es posible postular dos teorías generales acerca de cómo pueden influir las Cámaras Extraordinarias sobre las iniciativas de reformas legales: (1) en tanto el poder judicial carece de educación y de capacitación, la Corte puede capacitar a los miembros del poder judicial y a la comunidad jurídica de modo tal que se los ayude a desempeñar mejor sus funciones cuando la de la Corte termine, y (2) como el pueblo camboyano carece de información acerca de los procesos legales, la Corte podría modelar un tribunal que funcione bien para ellos con el fin de que puedan comprender mejor cómo trabajan los tribunales y exigir un trato similar cuando tengan conflictos futuros que requieran solución.
Analizaremos cada una de dichas teorías por vez:
Un tema común en la doctrina que respalda a los tribunales híbridos es que en las sociedades que han atravesado conflictos, los jueces y los profesionales del Derecho carecen de capacitación; entonces, suministrarles educación adicional y experiencia probada mejorará la adhesión al Estado de Derecho.46
Thomas Carothers, un gran estudioso del desarrollo del Estado de Derecho ante el Carnegie Endowment, sostiene que “los abogados experimentados han señalado reiteradamente […] que la capacitación jurídica, si bien busca ayudar a las agencias, a menudo abunda en imperfecciones y rara vez hace demasiado bien”.
Éste es ciertamente el caso de Camboya. Evan Gottesman, asesor legal en Camboya del Colegio de Abogados Estadounidense, a comienzos de la década del noventa, escribió lo siguiente sobre sus experiencias: “Lo que descubrí, y no me sorprendió, fue que los tribunales, la policía, la legislatura y los ministerios respondían a presiones políticas y económicas instaladas mucho antes de mi llegada”.47 Agregó: “los principales líderes de Camboya conocían bien los conceptos de derechos humanos y de Estado de Derecho. Después de revisar sus opciones políticas y legales y de hacer lo que sentían que eran elecciones de políticas bien fundadas, no tenían intenciones de cambiar el modo como gobernaban su país sólo para responder a los asesores occidentales”.48
Gottesman llegó a Camboya en 1994. Sin embargo, a pesar de los cinco a siete mil millones de dólares americanos gastados en ayuda a Camboya durante la última década,49 con cientos de millones potencialmente gastados en reformas al Estado de Derecho,50 hoy puede afirmarse lo mismo.51
Si se analiza más detenidamente, la teoría de que las Cámaras Extraordinarias afianzarán el Estado de Derecho mediante la capacitación se basa en el supuesto de que la falta de capacitación es uno de los mayores impedimentos para el funcionamiento adecuado del proceso jurídico en Camboya.52 Sin embargo, como se ha visto, la capacitación sólo se refiere a una pequeña porción del panorama del Estado de Derecho. Mientras el poder ejecutivo mantenga el control sobre los tribunales, y prevalezcan las diferencias culturales en la resolución de los conflictos, la promoción del Estado de Derecho por medio de la capacitación no arrojará mejoras significativas en el sistema judicial de Camboya.53 De hecho, la capacitación simplemente beneficia a los miembros del partido gobernante.
Los que proponen recurrir a cortes internacionalizadas para favorecer el Estado de Derecho, a menudo sostienen que la Corte modelará un proceso legal a la medida de la sociedad local y que, al hacerlo, tal vez proporcione un objetivo por el que la gente quiera luchar.54 Se construyeron muchas suposiciones en torno a esta teoría: (1) la Corte funcionará correctamente; (2) los tribunales internacionalizados son un buen vehículo para enseñar acerca de un sistema jurídico; (3) una vez que se muestra cómo es el sistema jurídico occidental, la gente lo preferirá y, por ende, lo reclamará en los tribunales comunes. Dada la falta de información acerca del funcionamiento de las Cámaras Extraordinarias, me abocaré sólo a los últimos dos elementos.
Es indudable que las Cámaras Extraordinarias son un punto de partida particularmente problemático mediante el cual presentar sistemas jurídicos. No sólo las palabras “Cámaras Extraordinarias” son ya difíciles de comprender en idioma jémer (ong chumnum chumria vikseaman knong tholakaa kampuchea), sino que la estructura y los esquemas de toma de decisiones en la Corte son muy complicados y diferentes incluso desde estructuras jurídicas existentes.55 Los nombres de los delitos en el Acuerdo de las Cámaras Extraordinarias56 incluyen palabras que muchos camboyanos jamás escucharon como “crímenes de lesa humanidad”.
Éstos son desafíos importantes en una sociedad plagada por la pobreza y con una alfabetización muy baja. En Camboya, el 25% de los hombres y el 45% de las mujeres son completamente analfabetos, y el 71% de las mujeres y el 50% de los hombres son funcionalmente analfabetos.57
Como ya se expuso, muchos de los presupuestos construidos dentro de un sistema legal son desconocidos para los camboyanos. Por ejemplo, muchos camboyanos oirán por primera vez el concepto de derecho de defensa en el contexto de los derechos de a quienes consideran responsables de la muerte de sus familiares. No es el tipo de presentación que permitirá ganar adeptos a una nueva forma de pensar los procesos penales. La igualdad ante la ley, la duda razonable, el mérito de la prueba, los elementos del tipo penal, son todos conceptos legales absolutamente extraños al pueblo camboyano.
Uno de los proyectos que llevamos a cabo como ONG local fue enseñar conceptos y procedimientos legales extremadamente simplificados por medio de una serie guiada de dibujos presentados por un maestro local. Si bien los aldeanos nos agradecieron con amabilidad por llegar tan lejos, en general, casi no mostraban interés en aprender lo que para ellos eran normas arcanas acerca de quiénes son los jueces y cómo progresa un caso ante un tribunal. A muchos directamente no les parecía importante en sus vidas cotidianas como cultivadores de arroz que luchan por ganarse el sustento.
Por estas razones cabe preguntarse si las Cámaras Extraordinarias son el ámbito adecuado para estructurar un nuevo sistema jurídico occidental.
En reuniones alrededor de Phnom Penh, se sugirió que los tribunales internacionalizados como las Cámaras Extraordinarias pueden desencadenar un cambio social —una vez que la gente vea cómo funcionan adecuadamente, comprenderán cuán disfuncionales son los tribunales nacionales y exigirán un cambio—.
Sin embargo, la gente en Camboya ya reconoce que el sistema de los tribunales locales es profundamente corrupto. La encuesta realizada en 2003 por el Center for Advanced Study (CAS) mostró que “los camboyanos tienen poca o ninguna confianza en los tribunales como instituciones de justicia. Del mismo modo, los encuestados identificaban a los jueces y a los fiscales como a los funcionarios públicos en quienes menos se podía confiar”.58 Según Collins, hay algunos dichos camboyanos populares tales como “ve a la Corte y hazte pobre” o “ante la Corte el rico gana y el pobre pierde”.59
La gente no precisa ir a las Cámaras Extraordinarias para iluminar por contraste las ineptitudes de los tribunales camboyanos. Sin embargo, a pesar de este problema ampliamente reconocido, la falta de tribunales que funcionen adecuadamente no ha sido objeto de campañas a favor de la reforma. La investigación de estudios de casos realizada por el Banco Mundial sostiene que los impedimentos culturales al activismo social en Camboya son extremadamente fuertes. Los mandatos culturales fomentan que la gente se incline o se someta ante un conflicto que involucra a una persona más rica o más poderosa.60
La investigación del Banco Mundial descubrió que dichas barreras culturales pueden superarse en aquellas situaciones en las que están en juego medios de subsistencia futuros, pero rara vez en otras situaciones.61 Por lo tanto, mientras Camboya recién ahora está empezando a armar una organización de base en torno al problema de las expropiaciones ilegales de tierras (la tierra es un medio fundamental de subsistencia en una nación de agricultores), es poco probable que exista un activismo que promueva una reforma jurídica. Ello no debería sorprender, dado que los camboyanos ya resuelven la mayor parte de sus conflictos, incluyendo algunos penales, fuera de la esfera legal.62
En síntesis. La comunidad internacional ha intentado apoyar el Estado de Derecho en Camboya desde el inicio de los ’90, con poco éxito. Los impedimentos para lograr un Estado de Derecho están profundamente enraizados, y es improbable que las Cámaras Extraordinarias puedan afectarlos. Como tales, sería extraño que las Cámaras Extraordinarias puedan hacer un aporte importante hacia el tipo de cambio social necesario para crear una “cultura de Estado de Derecho”.
Una de las justificaciones más utilizadas para defender a las Cámaras Extraordinarias es que éstas proveerán justicia para las víctimas.63 La mayoría de las víctimas con las que hablamos en nuestra investigación estuvo de acuerdo con esa idea.
Solía sufrir; mataron a mis padres y a mis cuatro hermanos. Antes me sentía triste y lloraba cuando hablaba de la época de los Jémeres Rojos, pero ahora siento alivio. No puedo hablar por los otros pero lo que siento es que me daría alivio que lo de la Corte sucediera (Kampot, funcionaria del gobierno local, 7mo. grado, mujer de alrededor de cincuenta años de edad).
De hecho, el alcance de la victimización en Camboya es escalofriante. Mataron a más del 20% de la población durante el periodo de la Kampuchea Democrática y todos los habitantes del país en ese momento fueron afectados de alguna manera —millones padecieron el exceso de trabajo y la pérdida de sus bienes personales—.64 En toda mi investigación y mis viajes no encontré ni un solo adulto mayor de 30 años que no tuviera recuerdos dolorosos de esa época. Es una situación que pide justicia a gritos.
Sin embargo, esta sección mostrará que las Cámaras Extraordinarias no están diseñadas como para suministrar lo que los camboyanos entienden por justicia.65 Nuestro trabajo ofrece una visión interesante para ver cómo difiere el modo de considerar la justicia según los juristas internacionales respecto de lo que esperan los camboyanos.66
Esta preocupación de que los camboyanos se desilusionarán de la capacidad de las Cámaras Extraordinarias para suministrar “justicia”, se refuerza por la investigación en otros contextos. En la ex Yugoslavia, Eric Stover descubrió que la gente hablaba de “justicia como algo altamente íntimo, idiosincrático y por momentos, efímero”. Advirtió que para los testigos ante la ICTY (Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia), la “justicia plena” abarcaba mucho más que los juicios penales y los pronunciamientos ex cathedra de los jueces extranjeros en La Haya”.67
Esta sección describe algunos de los modos como los camboyanos que dicen querer que la Corte provea justicia, están, de hecho, mal informados respecto de lo que hará la Corte.
Aunque Pol Pot esté muerto habría que llevarlo a juicio porque es importante hacer un registro histórico y que se dicte una sentencia en su contra (Svay Rieng, Atchaa, líder religioso comunitario laico de 68 años, con 3er. grado).
Creo que Pol Pot es la persona más importante para decir exactamente qué pasó en esa época. Pero estoy muy triste de que haya muerto y no pueda ofrecer evidencia para el caso. En mi opinión, sin embargo, quiero que la Corte lo sentencie por todos los crímenes que la Corte pueda y asiente eso en los libros de historia (Kampong Thom, funcionario del gobierno local de más de 50 años, con nivel secundario).
Para mí quiero tener la Corte para Pol Pot porque hizo cosas terribles y siguió la política comunista […]. También quiero que este tribunal lleve a juicio a la política que Pol Pot siguió en esa época […]. Tenemos que poner el nombre de Pol Pot en la cárcel aunque haya muerto (Kampong Thom, campesina de 50 años con 3er. grado).
Mi propuesta es que la Corte ponga los nombres de los principales líderes en el registro histórico después de dictar sentencia para que las nuevas generaciones sepan que esta gente es muy peligrosa y que de ninguna manera deben seguir sus acciones (Banteay Meanchay, Entrevista grupal, maestro primario de 39 años, con 6to. grado).
El gobierno o las ONG deberían mostrar una foto de Pol Pot en algunos lugares para decirle a la gente que ése es Pol Pot, el principal líder del régimen Pol Pot y que ahora se murió. Más aún, que Pol Pot es el que estableció la política para matar a mucha gente. Entonces haríamos esto para brindar justicia a las víctimas, aunque ya se murió, y también para mostrarle a la nueva generación que lo castigamos por lo que hizo. Más aún, para las nuevas generaciones de las que saldrán nuevos líderes y quizá quieran hacer lo mismo que hizo Pol Pot porque nunca castigamos a los principales líderes (Kampot, Primer Representante Jefe de la Comuna de 62 años, con 7mo. grado).
Uno de los problemas más difíciles que encontrábamos en nuestras charlas sobre las Cámaras Extraordinarias era el tema del juzgamiento a las personas que ya están muertas, incluyendo a líderes conocidos como Pol Pot y Ta Mok. Mucha gente cree que los líderes muertos van a ser juzgados. A pesar de nuestros intentos denodados por explicarles, los camboyanos del campo no podían creer que no fuese posible juzgar a un muerto por sus crímenes.
Ello no debería sorprender ya que el budismo Theravada incluye la enseñanza del karma, según la cual los castigos y las consecuencias pueden llevarse hacia otras vidas. Además, los camboyanos creen que los espíritus toman una forma corpórea y pueden encontrarse deambulando por la tierra.68 Estas creencias religiosas, unidas a las brechas de comprensión jurídica y al gran analfabetismo, hacen que el discurso legal acerca del derecho de presentar testigos en procesos in absentia sea extraordinariamente difícil de entender para el grueso del pueblo camboyano.
La gente quiere ver una consecuencia para el espíritu de Pol Pot, para su nombre o para su foto. Una mujer con la que hablamos propuso desenterrar los cuerpos de los perpetradores muertos, ponerle cadenas a sus huesos y volver a enterrarlos. Otra gente hablaba de colgar sus fotos en una cárcel o de construir una estatua de los líderes con las manos esposadas para exhibirlas en un lugar público. Para algunos, encarcelar el nombre de una persona, su foto o sus huesos significaría que su espíritu permanecería en una especie de purgatorio, creando un equivalente del castigo en esta vida.
Evidentemente sería imposible que la Corte se ocupara de este tipo de actividades; son inconsistentes con la justicia en un marco legal occidental. Sin embargo, que no haya ninguna consecuencia para los principales perpetradores que murieron dificulta el hecho de que los camboyanos sientan que los procesos han hecho justicia. Si no hay consecuencias para los perpetradores muertos es como si no hubiera ninguna consecuencia.
Seguramente hubo países poderosos involucrados con ese régimen, como China, Vietnam, EE.UU., etc. ¿Procesará la Corte para los Jémeres Rojos a esos países poderosos? Me pregunto si la Corte se ha demorado y demorado debido a esos otros países y seguirá demorándose hasta que los viejos líderes Jémeres Rojos se mueran y entonces todo el caso se olvide (Kampot, ex funcionario del gobierno local, de 60 años, con 7mo. grado).
En el periodo de los Jémeres Rojos tenían espías de la CIA de los Estados Unidos. Por eso sabemos que había algo relacionado con los Estados Unidos y también relacionado con otros países que solían apoyar a los Jémeres Rojos. Así que quizá los Jémeres Rojos se crearon gracias a ese apoyo. Así que para condenarlos, también tenemos que condenar a los que los apoyaron (Banteay Meanchay, hombre joven en la exhibición de una película).
Ahora tengo 65 años. Recuerdo claramente lo que me pasó. Me arrestaron y me obligaron a matar porque tenía tanto hambre y me comí una papa que le pertenecía a Angka (la “organización”, el nombre del partido de la Kampuchea Democrática). Me torturaron mucho. Me duele cuando hablo de esto. Creo que este régimen existió sólo por las ideologías extranjeras (Phnom Penh, anciano en la exhibición de una película).
Tengo una pregunta. ¿Por qué los jémeres mataron a los jémeres? ¿Por qué no mataron a los extranjeros o a los chinos? […] Pol Pot, Ieng Sary son todos jémeres, entonces ¿cómo pudieron matar a los jémeres? A lo mejor había alguien detrás de ellos, por ejemplo extranjeros [franceses] o chinos (Pailin, jovencita en la exhibición de una película).
El pueblo camboyano a menudo pregunta si las naciones extranjeras serán juzgadas por la Corte. No queda claro en el estatuto si los fiscales adjuntos tienen mandato para acusar a extranjeros responsables por los crímenes ocurridos durante el periodo específico. Sin embargo, dado el tiempo limitado en el que la Corte funcionará y el presupuesto acotado, es poco probable que se juzgue a no camboyanos.
Sin embargo, descubrimos que muchos camboyanos piensan que el haber dado apoyo a los perpetradores (apoyo político o financiero, por ejemplo) es suficiente para convertirse en responsable por lo sucedido y por lo tanto pasible de ser inculpado ante las Cámaras Extraordinarias. Algunos camboyanos escolarizados han dicho que esto debería incluir a los profesores en Francia, que inculcaron “ideas equivocadas” a los líderes de la Kampuchea Democrática cuando estudiaban allí en su juventud.
Quizá en estas teorías esté presente el deseo natural de echar la culpa a otro grupo que no sea el propio. La falta de información en Camboya acerca de la historia de ese periodo hace más plausible pasar la culpa. En la década del ’80 se enseñó una versión muy politizada de la historia (cada facción en guerra enseñaba su propia versión de la cosa); desde la ATNUC sólo un número limitado de estudiantes, que llegan al 9no. o 12do. grado, reciben una breve instrucción, limitada a dos frases insertadas en su texto.69
Los adultos que recuerdan la época saben lo que les pasó en sus propias aldeas, pero muchos no tienen idea del conflicto más amplio, de las alianzas globales ni de las fuerzas políticas en juego. Por lo tanto, sabiendo vagamente que los chinos tuvieron alguna participación, sin saber cuál fue, los lleva a la situación peligrosa de absolver de toda responsabilidad a su propio grupo camboyano.
Una teoría de las cortes internacionales es que éstas pueden brindar una interpretación “autorizada” de la verdad, abordando algunos de estos conceptos erróneos de la historia o de la responsabilidad.70 Sin embargo, Fletcher y Weinstein cuestionaron dicha afirmación, dada la predisposición de la gente para negar la culpa. Vieron que en los juicios, los “individuos, sobre todo los defensores de un grupo que cometió crímenes pueden no estar preparados para aceptar la estigmatización que los juicios tienen la intención de conferir”. 71
En cualquier circunstancia es difícil superar la predisposición a negar la culpa. Pero ello puede ser especialmente cierto en Camboya donde los que merecen cargar con la culpa a los ojos de la gente, no se enfrentarán a juicio. Sin la responsabilidad por el papel de otras naciones, aunque más no sea para absolver a dichas naciones o a los individuos, cuesta imaginar de qué manera podrán ayudar las Cámaras Extraordinarias a que los camboyanos lleguen a aceptar la responsabilidad que les cabe. Más aún, es posible que muchos camboyanos sientan que el proceso sólo busca un chivo expiatorio en ellos sin descubrir a “los que estaban detrás de los líderes”.
No darle ninguna responsabilidad a los extranjeros es otro modo en que las Cámaras Extraordinarias no estén a la altura de las nociones camboyanas de justicia.
Si hay una corte para los Jémeres Rojos, creo que solamente los líderes de más bajo nivel deberían hacer frente al juicio porque los más importantes en ese momento no sabían qué estaban haciendo los líderes de la comuna o de la aldea. Los líderes más importantes a lo mejor no le ordenaron a la gente a hacer cosas tan estúpidas en esa época, pero las hicieron como una venganza debida a los celos que sentían los líderes más bajos (Stung Treng, pescador de 30 años, con educación primaria incompleta).
Creo que es una buena idea llevar a los líderes de bajo rango a juicio porque la gente que perdió a sus familiares por culpa de ellos estará contenta de ver a esa persona ante la Corte (Kampot, Director de escuela primaria, ex defensor de la RK, 34 años).
Antes tenía miedo de no poder responder a la gente si me preguntaban: ¿por qué la Corte no va a procesar a los líderes de rango más bajo? Porque la gente nunca vio a Pol Pot matar a nadie, solamente vieron a los líderes de bajo rango cometer crímenes. Pero ahora entiendo. La gente se entristece cuando se da cuenta de que la Corte será solamente para los líderes principales, pero después que les doy muchas razones, entienden (Svay Rieng, integrante de una ONG en una aldea, capacitadora de las Cámaras Extraordinarias, de edad no estipulada).
Hay una percepción común de que los camboyanos no estarán satisfechos con las Cámaras Extraordinarias porque los perpetradores locales, de bajo rango, no serán llevados a juicio. Encontramos a mucha gente que pensaba así.
De hecho, es un problema con el que vienen lidiando los expertos en justicia nacional desde hace un tiempo. El alcance del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad a menudo hace imposible juzgar a todo el que estuvo involucrado en la perpetración de esos crímenes. Con frecuencia se suelta del anzuelo a “los gatilladores” para poder pescar a los arquitectos de los crímenes. Sin embargo, ello puede dejar a la Corte en una situación de peligro de credibilidad porque los individuos a los que todos vieron cometer atrocidades terribles no reciben castigo.
Sin embargo, para ser justos, en Camboya mucha gente se siente satisfecha con la Corte porque la idea de cumplir órdenes de un superior tiene un sentido intrínseco en una sociedad organizada alrededor de relaciones jerárquicas patrón-cliente.
Para mí creo que es bueno llevar a juicio sólo a los líderes Jémeres Rojos de rango más alto porque los otros hicieron lo que sus líderes les ordenaron. Claro que existe la posibilidad de que los de rango bajo duplicaran lo que les decían. Pero los que crearon una ideología tan idiota son los mayores responsables por la matanza (Kampot, campesino y maestro jubilado de escuela primaria de 60 años, con 7mo. grado).
Creo que todavía puede haber justicia, aunque la Corte mande a prisión sólo a los líderes más altos, porque los de rango más bajo en esa época necesitaban cumplir las órdenes de sus superiores porque, si no lo hacían, los mataban (Svay Rieng, maestra de escuela primaria de 55 años).
Las nociones de jerarquía, tan engarzadas en la sociedad camboyana, hacen que sea más fácil para muchos comprender la noción de responsabilidad superior. Pero también lleva a pensar que cumplir órdenes es una excusa para cometer atrocidades. Este problema se tratará con mayor detalle en la tercera parte.
Creo que la pena de muerte es un castigo correcto para ellos porque mis dos hijos, a los que amaba, murieron en esa época (campesina de 51 años con 5to. grado).
Yo también quiero la pena de muerte porque me enojo mucho si hablo de esto o si me lo recuerdan otra vez, casi no puedo evitar llorar. Si hablo más, voy a llorar otra vez. Saben que muchos de mis familiares murieron como animales, como gatos o perros, no como seres humanos porque en (la mente de los líderes) ellos no eran humanos sino animales (Stung Treng, campesina de 45 años, solo con educación para adultos).
Necesitamos que la Corte le haga a esos líderes lo mismo que nos hacían a nosotros: por ejemplo golpearlos con el palo igual como nos hacían a nosotros (Kampong Thom, campesino de 45 años con primer grado) (comentarios apoyados por el grupo).
Quiero la pena de muerte porque quiero ver a la Corte hacer sufrir y lastimar a los culpables igual que como ellos lo hicieron con mi madre. Si los juicios a la República de Kampuchea tienen lugar, yo iré a la Corte porque quiero ver con mis propios ojos si van a darles los mismos castigos que Pol Pot le dio al pueblo (Kampong Thom, campesino de 57 años con 3er. grado).
Una cosa que oímos a menudo es que la falta de pena de muerte y de tortura como forma de castigo hace que la gente sienta que no habrá justicia en la Corte. Para muchos camboyanos la cadena perpetua equivale al “perdón”.
Ello no debe sorprender dada la magnitud de los crímenes de la Kampuchea Democrática y el flamante desarrollo de las normas internacionales que prohíben la pena de muerte. Una y otra vez, para el común de los camboyanos, surgía el presupuesto de que las Cámaras Extraordinarias aplicarían la pena de muerte.
Lo mismo se encontró dentro de la minoría Cham (comunidad musulmana) de Camboya, que sufrió mucho bajo los Jémeres Rojos. Un periódico de Phnom Penh informa que un hakem, o imam dijo, “Según el Corán, si nos matan, debemos matarlos”. Cuando se le preguntó si los líderes de los Jémeres Rojos debían ser ejecutados, dijo: “Sí”.72
Se vieron problemas similares también en otros contextos. Sobre Ruanda, un investigador escribió que “la falta de pena de muerte elevó la sospecha de la moral imperialista, sobre todo a la luz del hecho de que los culpables en Nuremberg recibieron la pena de muerte”.73
Dentro del budismo, los textos que hablan acerca de terminar con los ciclos de violencia podrían resultar útiles si la Corte se comprometiera a impulsar una campaña de gran alcance sobre este tema. Sin embargo, la falta de pena de muerte será una razón fundamental por la que los camboyanos no se interesarán en la Corte, porque no sentirán que se les hizo justicia.
Hasta ahora hemos tratado algunas de las áreas en las que el mandato de la Corte puede chocar con las expectativas de la mayoría de la gente que en general la apoya. Si bien nuestra investigación no se basó en una muestra azarosa, estadísticamente relevente, cerca de una persona de cada cinco con la que hablamos expresó su resistencia a comprometerse con la Corte. Por más que ello representa una minoría en nuestro muestreo, es importante, y podría indicar un problema mayor sobre las percepciones de la Corte.
En consonancia con las nociones de jerarquía que se discutieron antes, mucha gente a la que entrevistamos sentía que la Corte estaba por encima de ellos, o que no era asunto de ellos.
Durante los juicios a los Jémeres Rojos, aún si alguien me pide que vaya a la Corte, no iré porque soy muy pequeño. No sabemos nada del gobierno y no necesitamos saber sobre el trabajo de la Corte. Es el trabajo de las autoridades (Stung Treng, pescador de 30 años).
Oí sobre los juicios a la República de Kampuchea durante muchos años pero no se hizo nada hasta ahora. Crear un tribunal o no crearlo es la obligación del gobierno. La gente siempre sigue al gobierno. No tengo la menor idea sobre este tribunal ni tengo compromiso con él (Kampot, campesino de 51 años).
A mí no me importa. Es problema del gobierno. Por mí, no puedo decir “Necesito esta Corte”, porque aunque diga mil veces “Necesito esta Corte”, igual no va a pasar porque no tengo el poder para crearla. Solamente el gobierno lo puede hacer (Stung Treng, campesina de 55 años).
Yo no sé sobre los juicios a la RK. Es la obligación del gobierno. No tengo conocimiento sobre eso. Soy un monje budista. No quiero meter las narices en los asuntos del gobierno (Kampot, monje budista de 68 años).
Algunos sentían que debían expresar apoyo a la Corte porque era su obligación apoyar los planes del gobierno.
Cuando oigo acerca de esta Corte pienso: la creación de este tribunal es tarea del gobierno. Nosotros somos el pueblo simple que tiene que apoyar los planes del gobierno (Banteay Meanchay, campesino de 55 años).
Pienso que es una buena idea crear esta Corte porque queremos justicia para las víctimas que murieron bajo ese régimen y la gente va a pensar que nuestro gobierno siempre piensa en el pueblo que vive bajo su control —el gobierno es como el padre que necesita cuidar de sus hijos— con estos juicios la gente también tendrá más confianza en nuestro gobierno (Kampot, campesina de 47 años).
Estos comentarios iluminan un fenómeno importante en Camboya: el sentido que la gente tiene del lugar que ocupa en la sociedad, de la “gente grande” (que incluye al gobierno) y de la “gente pequeña”. Esta gente sentía que las Cámaras Extraordinarias pertenecen al reino de los que están más altos en la jerarquía del poder. La investigadora de Camboya Fabienne Luco escribe que
Bajo el amparo de la tradición, cada uno acepta su lugar y condición sin siquiera cuestionar el sistema. ‘Tam pi propeyni’[…] (uno no debe desafiar el orden establecido). Se espera que la gente permanezca en su lugar o que afronte el castigo.74
Debido a lo profundo que ha calado la noción de “lugar” en Camboya, y a cuán estrechamente se asocian las Cámaras Extraordinarias con el gobierno, es difícil imaginar cómo podría la Corte desvincularse de la política y bajar al nivel del pueblo común. Haría falta un fuerte mensaje de que la Corte es independiente del gobierno y existe para el pueblo. A menos que el enfoque sea radicalmente distinto, como tal, una cantidad importante de gente ni siquiera se animará a considerarla, y mucho menos a experimentar un sentido de justicia.
En última instancia, estas conversaciones con los camboyanos demuestran que la justicia es un sentimiento, y un sentimiento que no se detona automáticamente por medio de un juicio justo. No sorprende, por lo tanto, que las Cámaras Extraordinarias tengan problemas en cumplir con las expectativas de justicia de la gente.
Si bien los expertos internacionales en Camboya hablan siempre acerca de la importancia de “manejar las expectativas del pueblo” llevando adelante campañas que preparen a la gente para la realidad del juicio, se pasa por alto el error fundamental en el diseño del proceso: que no fue creado para llegar al nivel de la gente ni para proveer soluciones que coincidan con sus sentimientos de justicia. Las Cámaras Extraordinarias fueron siempre un juicio con el molde occidental, cuyo propósito primordial fue cumplir con los estándares internacionales del debido proceso.
Otra observación común acerca de las Cámaras Extraordinarias es que promoverán la reconciliación en Camboya.75 Sin embargo, defender la reconciliación presupone un problema de malestar evidente. Además, presupone —a pesar de que la experiencia de otros tribunales internacionales ha demostrado lo contrario— que los tribunales son adecuadoss para abordar los problemas de las sociedades no reconciliadas.
Antes de analizar el reclamo de que las Cámaras Extraordinarias contribuyan a la reconciliación, es importante definir el término.76 Suzannah Linton determina que la reconciliación, “involucra el proceso simple de aprender a co-existir y trabajar con gente que a uno no le gusta o que no nos acepta, hacer las paces con la negatividad personal acerca de nuestras experiencias, ya sea que seamos víctimas o perpetradores […] para que todos podamos llevar vidas lo más normales posible”.77
Esta noción de co-existencia refleja la comprensión camboyana normal del término. De hecho, a menudo reconciliación se traduce como somroh-somruel (el proceso de mediación que se usa para resolver conflictos en las aldeas) —solucionar un conflicto para que la comunidad pueda seguir adelante—. Pero la definición de Linton también incluye el sentido de un “hacer las paces” con el pasado a nivel individual, para lo cual la mejor traducción en jémer parece ser “reducir el calor de tu ira” —aunque no tendría una traducción perfecta—.78 Por lo tanto, esta sección analizará ambos significados: la co-existencia y la reducción de la ira.
Mi limitada investigación no develó problemas de co-existencia en las aldeas camboyanas. Y no ha habido un estudio sistemático de las aldeas jémeres para determinar cuán extendido está el problema de la animosidad entre víctima y perpetrador dentro de ellas.
Cuando veo a una persona que solía ser un Jémer Rojo recuerdo lo cruel que fue conmigo […]. Antes lo recordaba todo el tiempo, pero ahora he perdonado: es como un vaso de agua de mar, cuando se agrega más y más agua dulce, al final termina siendo solo agua (Kampot, campesina de edad indeterminada, antigua líder de los Jémeres Rojos).
Creo que en esta zona nunca tenemos problemas con los ex- soldados Jémeres Rojos porque queremos vivir en paz y también porque ese régimen ya quedó en el pasado, así que sólo necesitamos pensar en el presente. A veces hacemos una fiesta con los ex-soldados Jémeres Rojos, bebemos cerveza o vino de arroz. Tenemos una buena relación no sólo con los ex-soldados Jémeres Rojos ricos sino con los pobres porque no vamos a dejar que alguien muera porque no tiene comida. Para mí, yo les doy comida —es mejor que dársela a los monjes porque creo que los monjes tienen comida suficiente de los aldeanos de alrededor de la pagoda—, así que les doy comida a los pobres y eso significa que hago una buena acción. Todos somos jémeres y necesitamos ayudarnos (Kampot, campesino mayor de 60 años que vive en una zona gubernamental donde los Jémeres Rojos lucharon contra el gobierno hasta fines de los ‘90).
En esta zona teníamos ex soldados Jémeres Rojos pero ahora la mayoría se casó y luego se mudó a otra zona. Creo que los ex-soldados Jémeres Rojos ahora tienen una buena relación con la aldea y nunca tenemos conflictos (Svay Rieng, bibliotecaria de escuela primaria de 55 años).
Muchos ex-soldados Jémeres Rojos viven en esta zona, pero la gente no piensa en eso. La gente se preocupa por su trabajo y por ganarse el sustento (Banteay Meanchay, funcionario del gobierno local de 58 años).
Más aún, los esfuerzos de reintegración se vienen llevando adelante desde hace un tiempo. Las ONG como Buddhism for Development (BFD) utilizan el lenguaje culturalmente específico del budismo acerca de la tolerancia para ayudar a reunir a las comunidades fracturadas.79 Según su Director Ejecutivo, BFD ha tenido un éxito increíble en la reintegración de las comunidades de Jémeres Rojos con el resto del país hasta el punto en que ha habido matrimonios entre comunidades que estaban previamente en conflicto, y al menos un esfuerzo conjunto para construir una pagoda.80 El Director Ejecutivo de BFD no ve la necesidad de determinar responsabilidades para impulsar un proceso de reconciliación.81
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, mucha gente aún conserva sentimientos de ira.
Aún tenemos Jémeres Rojos que viven en esta zona y no hay conflictos. Sin embargo, seguimos con rabia con ellos porque mataron a nuestros familiares. (Preguntamos: tal vez cuando llegue la Corte, se despertarán los sentimientos malos —¿usted piensa que eso va a pasar o no?—). Si la Corte llega, no causará problemas porque ahora vivimos bajo el control de la ley y dejamos que la ley decida. También, aunque sintamos dolor en el corazón, no podemos recuperar a nuestros familiares (Kampong Thom, grupo de hombres y mujeres campesinos entre 45 y 57 años).
Si bien este comentario sugiere que la gente aún guarda fuertes sentimientos de ira, lograr que hablen acerca de ella o que “la procesen” de modo terapéutico puede ser difícil.
La antropóloga Fabienne Luco advierte que en Camboya “se aconseja a la gente que dependa de sí misma y mantenga sus problemas dentro del hogar”. Luco cita un proverbio que dice que el corazón es como un hogar, que debe mantenerse escondido de la vista de los de afuera: “Tercera causa del mal: cuando la gente entra y sale por la puerta y se olvida de cerrarla. Por negligencia o por error se olvidan de cerrar la puerta de modo que se puede ver todo en el interior. Es igual que sostener una antorcha cuando hay ladrones que te roban todas tus pertenencias”.82 Barreras culturales como éstas presentan un desafío a los extranjeros que quieren ayudar a los camboyanos a “hacer las paces” con su pasado.
Sin embargo, suponiendo incluso que haya problemas de co-existencia y de ira pendientes, y que se debería volver sobre ellos en este momento, aún no queda claro de qué manera puede contribuir la Corte.
Como ha escrito el antropólogo camboyano Alexander Hinton: “al final, la reconciliación requerirá más que un juicio […] cada camboyano (debe) decidir qué hacer con su ‘nodo’ de malicia que lo/la ata con ira contra los Jémeres Rojos”.83 La reconciliación es un objetivo profundamente personal.
Ya se ha hecho una investigación exhaustiva en Ruanda y en la ex Yugoslavia, lo cual sugiere que las cortes internacionales contribuyen poco, por no decir nada, a la reconciliación. Stover y Weinstein lo ponen en términos muy duros: sugieren “que no hay conexión directa entre los juicios penales […] y la reconciliación […]”.84
Por lo tanto, si bien la gente se refiera a que la Corte puede fomentar la reconciliación, no existe información suficiente para evaluar dicha afirmación. No es claro en qué sentido se usa el término, qué grupos están en conflicto, qué gente necesita “hacer las paces con el pasado”, de qué modo un proceso jurídico alcanzaría esos objetivos, ni si conviene pedirle a los camboyanos que revivan esos sentimientos en este momento. Todas estas preguntas existen contra un telón de fondo de investigaciones profundas sobre los tribunales ad hoc que demuestran lo poco o nada que han contribuido estas cortes al proceso de reconciliación.
Como se trató anteriormente, hay razones para ser escépticos sobre lo que la Corte efectivamente puede contribuir a afianzar el Estado de Derecho, el sentido de justicia de las víctimas o la reconciliación dentro de la sociedad camboyana. En esta sección propongo que hay razones para preocuparse por el daño real que la Corte podría hacer. Se han hecho algunas opciones estratégicas para que esta Corte sea políticamente viable, las cuales podrían acarrear a un dañino efecto dominó.
Las dos preocupaciones principales son: (a) que la Corte refuerce la noción errónea de que sólo los líderes son responsables de las atrocidades; y (b) que la Corte aísle los crímenes de la Kampuchea Democrática de su contexto histórico, dañando el mayor proyecto de responsabilidad internacional al ignorar el rol de las naciones poderosas en las atrocidades cometidas en Camboya.
En las secciones previas sobre las relaciones de poder y Estado de Derecho, este artículo trató la naturaleza fundamentalmente jerárquica de la sociedad camboyana; el mismo concepto surgió otra vez en la sección sobre los sentimientos de justicia, observando el rechazo de la gente a comprometerse con la Corte porque la sentía por encima de ellos. Ésos son sólo dos ejemplos de cómo la noción piramidal del poder en Camboya opera en el nivel del gobierno y a lo largo de toda la vida cotidiana camboyana. Y, como notamos anteriormente, la jerarquía va acompañada de una noción fuertemente reforzada de quedarse en su lugar. Esta sección analizará cómo esta mentalidad de “quedarse en su lugar” tiene implicancias para la visión de los camboyanos sobre la autoridad y la responsabilidad por las atrocidades masivas.
Según la Oficina del Banco Mundial en Camboya, “Las estructuras sociales jerárquicas que caracterizan la vida aldeana sostienen una cultura de la condescendencia. Los estudios sobre toma de decisiones en este nivel demuestran una tendencia de la gente a evitar el conflicto abierto con los que ven como más poderosos que ellos, por miedo a ser tildados de buscapleitos”.85
Consideremos estos comentarios a la luz de lo que escribió Miklos Biros sobre la ex Yugoslavia: “En una sociedad así, una perspectiva autoritaria va acompañada de una profunda pasividad, en tanto que los soldados rasos esperan instrucciones acerca de cómo pensar y cómo comportarse según lo que estipula la élite de poder”.86 Biros encuentra que el carácter autoritario de la sociedad yugoslava anterior al conflicto creó “una población lista para obedecer a la autoridad sin reservas ni críticas”; el resultado, ahora bien documentado, fue espantoso.
¿Hasta qué punto la estructura social jerárquica de Camboya juega un rol que facilitó los crímenes de la Kampuchea Democrática? El antropólogo camboyano Alexander Hinton descubrió que “al preguntarle a muchos ex líderes de los Jémeres Rojos por qué cometían tales abusos durante la KD (Kampuchea Democrática), al igual que todos los perpetradores genocidas del mundo entero, se justificaban diciendo que simplemente estaban cumpliendo órdenes”.87 Si bien Hinton descubre que los factores motivadores son más complicados que una mera explicación, la obediencia a la autoridad “subraya una dinámica clave involucrada en el genocidio”.88
Una mujer nos explicó la razón por la cual los líderes de menor rango de los Jémeres Rojos tenían que seguir a sus superiores:
i (Banteay Meanchay, campesina de edad no determinada).
En mi opinión, los líderes son como grandes elefantes y si los elefantes se atacan entre sí, lo único que se muere es el pasto, no los elefantes —este ejemplo es como la vida real: si los líderes luchan unos contra otros sólo se muere la gente simple o la gente normal (Stung Treng, campesino de 53 años).
La percepción general es que los camboyanos estarán disconformes con las Cámaras Extraordinarias porque los perpetradores locales de bajo rango no serán juzgados. Esto se aplica a muchos, pero muchos otros se sienten satisfechos con la Corte porque la idea de cumplir órdenes de un superior tiene un sentido intrínseco en una sociedad organizada en torno a patrones de relación patrón-cliente, superior-inferior.
Si los tribunales condenan sólo a los líderes más altos y a los máximos responsables de ese régimen, apoyo la idea porque los líderes Jémeres Rojos de rango inferior son los padres, los hijos y los parientes de los aldeanos, y sobre todo, son todos jémer. Son inocentes. Ahora quieren vivir en paz como los otros en la comunidad. La ideología de ese régimen les enseñó a ir por el camino equivocado; también ellos son víctimas de la ideología de los Jémeres Rojos (Kampot, campesino de 60 años).
La Corte no debería procesar a las autoridades de bajo rango de los distritos, municipalidades o aldeas. Es igual que con el régimen actual, las autoridades inferiores sólo son seguidores (Svay Rieng, monja mayor de 60 años).
Una persona encuestada en un estudio realizado por Suzannah Linton contestó que: “en el pasado Camboya era insegura y en guerra porque los grupos de liderazgo estaban separados, calumniándose entre sí y haciendo propaganda para que la gente apoyara a uno u a otro. Al final hubo guerra, y las víctimas fueron el pueblo inocente que no entendía nada y que seguía a sus líderes y según los llevaba el viento”.89
Estas citas indican un peligro potencial para un tribunal que se centra sólo en el liderazgo: puede reforzar la personalidad autoritaria de la sociedad, llevando a pensar que cumplir con las órdenes recibidas es una justificación para cometer atrocidades. Si no se presta mucha atención a este problema, las Cámaras Extraordinarias pueden transmitir como mensaje que es correcto cumplir órdenes, y reafirmar que los líderes son los únicos realmente responsables por los crímenes.
De hecho, en una reunión con ONG locales, el funcionario más antiguo de Relaciones Públicas de la ONU ante las Cámaras Extraordinarias, Peter Foster, explicó que su afiche de campaña de ayuda fue diseñado en parte para “garantizarles” a los líderes Jémeres Rojos de bajo rango que no estarían en la mira.90 El Instituto Jémer para la Democracia (Khmer Institute of Democracy), una ONG camboyana local, al comienzo también encaró una campaña de apoyo con fondos de occidente, con el fin de reasegurar que los perpetradores de bajo rango no serán responsabilizados.
Este mensaje no sólo es peligroso para la sociedad camboyana, sino que también se opone a los objetivos de la justicia internacional. El derecho internacional claramente establece que las órdenes de superiores no son una justificación para el genocidio ni para los crímenes de lesa humanidad.91 Si bien en la práctica, pueda no ser posible juzgar a todos los culpables, los tribunales penales internacionales, al menos, deberían intentar promover el espíritu de la ley, que condena incluso a aquéllos que cumplieron órdenes para cometer atrocidades en masa.92
Uno de los peligros que presentan las Cámaras Extraordinarias es que sancionando sólo a los que dieron las órdenes, reforzará la percepción incorrecta: los que siguieron a sus superiores, sea cual fuese la órden, carecen de culpa. Hay razones para creer que fue justamente este tipo de ideología lo que permitió que ocurrieran los crímenes.
El mandato temporal de la jurisdicción de las Cámaras Extraordinarias comienza el día en que la Kampuchea Democrática toma Phnom Penh, y termina el día en que las tropas vietnamitas toman la ciudad en 1979. Al limitar los poderes de la Corte de tal manera, la jurisdicción efectivamente elimina la posibilidad de juzgar los delitos cometidos durante la guerra más prolongada que precedió y siguió al periodo de la KD.
Suponiendo que no habrá nuevos intentos —además de las Cámaras Extraordinarias— para perseguir a los que quedaron fuera de la jurisdicción de la Corte, las limitaciones de ésta podrían socavar el desafío más abarcativo de justicia internacional. Descartar a algunos perpetradores, sobre todo a los de las naciones poderosas que cometieron personalmente delitos serios, puede dar la impresión de que las normas internacionales se aplican sólo a los que carecen del poder para poder incumplirlas.
Podría afirmarse que la guerra en realidad comenzó el 4 de octubre de 1965 cuando las fuerzas estadounidenses iniciaron una campaña de bombardeos secretos en Camboya, como parte de su conflicto con Vietnam. Durante casi ocho años, Estados Unidos arrojó 2.756.941 toneladas de bombas sobre 113.710 blancos en Camboya.93 Para verlo en perspectiva, los Aliados arrojaron más de 2 millones de toneladas de bombas durante toda la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue la casi total destrucción de Camboya.94
Ben Kiernan había calculado que entre 50.000 y 150.000 civiles camboyanos murieron como resultado de los bombardeos ilegales estadounidenses; a la luz de una reciente publicación de datos del gobierno estadounidense, ahora sugiere que el número es seguramente mayor.95 La Comisión Finlandesa de Investigación sobre Kampuchea calcula que unos 600.000 camboyanos (o sea el 10% de la población) murieron como resultado de la filtración de la Guerra de Vietnam en Camboya.96 Otros dos millones más se convirtieron en refugiados y el 75% de los animales domésticos (cruciales en una sociedad básicamente agrícola) fue destruido.
Kiernan también denuncia que los bombardeos tuvieron un papel directo para facilitar el advenimiento de los Jémeres Rojos. Este autor reproduce una historia relatada por el periodista Bruce Palling, quien le preguntó a un antiguo oficial de los Jémeres Rojos si sus fuerzas habían usado el bombardeo como propaganda anti-estadounidense. El oficial de los Jémeres Rojos respondió:
Cada vez que había un bombardeo, llevaban a la gente a ver los cráteres, para que vieran lo grandes y profundos que eran, para que vieran cómo se había abierto la tierra y cuánto se había quemado […]. La gente común a veces se cagaba literalmente en los pantalones cuando llegaban las bombas y las minas grandes. Se les congelaba la mente y andaban por ahí mudos por tres o cuatro días. Aterrorizados y medio locos, todos estaban listos para creer lo que les contaban.97
Cuando terminó la Guerra de Vietnam, continuó la guerra “civil” en Camboya entre las fuerzas Lon Nol apoyadas por los estadounidenses y las fuerzas anti-estadounidenses de los Jémeres Rojos, con apoyo de Vietnam y de China. Finalmente los estadounidenses salieron de Camboya dejando que los Jémeres Rojos se apropiaran de la capital unos días más tarde.98
Durante el reinado de la Kampuchea Democrática, China era sin duda el apoyo más importante de la nación. El gobierno chino invirtió enormes sumas en ayuda militar y económica para el flamante gobierno. El historiador Phillip Short detalla la larga lista de equipamiento militar, ayuda económica y recursos personales ofrecidos por los chinos —con un total quizás superior a los 3.400 millones de dólares en dinero de hoy—.99
Una vez que los vietnamitas invadieron Camboya para derrocar la Kampuchea Democrática a finales de 1978, la política internacional había dado un giro. Los estadounidenses, que una vez habían luchado contra Kampuchea Democrática, ahora salieron en su defensa. Apoyaron a la KD contra la “agresión vietnamita”, haciendo la vista gorda a la enorme cantidad de evidencias de asesinatos en masa y hambruna.100 La ONU, Occidente y China mantuvieron su apoyo a los líderes de la KD durante toda la Guerra Fría, hasta la ATNUC en la década del ‘90.101
Sin embargo, incluso después de la ATNUC, continuaron las escaramuzas dentro de Camboya hasta que el actual gobierno camboyano alrededor de 1998 debilitó lo suficiente a las fuerzas de la guerrilla. En total, se trata de una guerra de 33 años, de la cual los tres años y medio del reinado de la Kampuchea Democrática fueron, lejos, los peores.
Al analizar la política que subyace a las Cámaras Extraordinarias, la editorial del New York Times una vez observó que: “Todos los miembros del Consejo de Seguridad, por ejemplo, podrían ahorrarse pasar vergüenza si restringieran el alcance del juzgamiento a los crímenes cometidos dentro de Camboya durante los cuatro años espantosos del gobierno de los Jémeres Rojos”.102
De hecho, eso es lo que pasó. La jurisdicción de la Corte ha garantizado que las naciones poderosas se ahorren la vergüenza, y eviten evaluar sus roles respectivos a lo largo de toda la guerra. El resultado es un gran peligro de que esta Corte limitada reemplace la posiblidad de que se determinen las responsabilidades de manera abarcativa.
Para que no queden dudas, la causa más frecuente de las muertes de la mayoría de la gente durante toda la guerra fue el régimen de la Kampuchea Democrática, que asesinó a casi dos millones de personas.103 Pero, ¿no debería ser el objetivo de los defensores de la justicia internacional hacer una investigación exhaustiva de las causas de la atrocidad y de la responsabilidad contundente por todos los crímenes y de todos los participantes? Cualquier restricción amenaza con arruinar este proceso relativamente nuevo de justicia penal internacional, haciéndolo aparecer como selectivo. Existe un caso en el que Estados Unidos por sí solo cometió graves violaciones a las Convenciones de Ginebra, bombardeando sistemáticamente objetivos civiles conocidos.
Los camboyanos escolarizados ya sienten la desilusión. Heng Monychenda, el Director Ejecutivo de la ONG camboyana local de Buddhism for Development, dijo “vi a los chinos en esa época [durante la Kampuchea Democrática], vi películas de los chinos en los campos”. Se siente “desilusionado” y quiere saber “por qué no están comprometidos los chinos [en el proceso de la Corte]; ¿por qué no están comprometidos los estadounidenses?”104 Para líderes inteligentes como Monychenda no se trata de negar la culpa, sino de compartirla con justicia.
Pero un proyecto más amplio de justicia podría lograr asimismo que los camboyanos comunes aceptaran el rol de Camboya en lo sucedido. Sin una investigación abarcativa, se deja abierta la puerta para que los camboyanos le asignen la culpa a los extraños, rechazando las decisiones de las Cámaras Extraordinarias.
En defensa de la Corte, podría esgrimirse que la asignación de responsabilidad de una parte de los crímenes es mejor que nada. Pero al permitir que la “comunidad internacional” participe en el juicio a la Kampuchea Democrática sin comprometerse en ningún proceso de reflexión propia, las Cámaras Extraordinarias corren el riesgo de deslegitimar los juicios penales internacionales y quizá hasta de promover la impunidad.105
Hasta ahora, el presente artículo ha sostenido que las Cámaras Extraordinarias no son adecuadas para cumplir con los tres objetivos principales que se le adjudicaron: promover el Estado de Derecho, suministrar justicia y propiciar la reconciliación. El artículo también ha afirmado que hay algunos daños potenciales asociados al diseño de este proceso.
De hecho, cuando estos objetivos se analizan a la luz de la situación real de Camboya, empiezan a parecer justificaciones post-hoc para un juicio occidental.106 Las Cámaras Extraordinarias están tan mal diseñadas para suministrar un sentido de justicia, promover el Estado de Derecho o propiciar la reconciliación que es difícil imaginar que hayan sido creadas, de hecho, para cumplir con dichos objetivos.
¿Cuáles son las verdaderas razones que subyacen al apoyo de este juicio? Se puede especular al respecto. Para el gobierno camboyano puede ser el deseo de acentuar la legitimidad que obtiene al recordarle al pueblo el rol que le cupo al terminar con el régimen de la Kampuchea Democrática.107 Es probable que cada nación donante considere, a su vez, su propia política nacional. Las Naciones Unidas pueden sentir culpa institucional, por el reconocimiento que le dieron a la Kampuchea Democrática en los ’80. Es imposible saberlo a ciencia cierta.
Pero mientras la retórica de estas cortes internacionales, como las Cámaras Extraordinarias, es cada vez más fuerte, las Cortes, en sí mismas, pueden distraerse de lo que realísticamente pueden conseguir.108
En última instancia, los tribunales penales internacionales son simplemente tribunales penales en un escenario más grande. Éstos deben operar dentro de los confines estrictamente impersonales del derecho penal.109 Desde hace mucho los filósofos identifican al derecho penal como aquél que se centra en un daño cometido y en la pregunta de quién debe ser condenado —si es que hay alguien— y castigado por dicho daño.110 Cualquier otro propósito que se le adscriba a dichos juicios internacionales queda fuera del ámbito de lo que ellos, como cualquier otro juicio penal, están destinados a hacer.111
De hecho, muchas de las agendas pendientes de las cortes penales internacionales son exactamente el tipo de cosa por la que se critica al derecho penal de no hacer: curar a las víctimas, propiciar la reconciliación y desarrollar una comprensión común del pasado.112 Los defensores de la justicia reparadora hace mucho que critican al derecho penal porque transfiere problemas a un contexto profesionalizado de la justicia penal en el que ni la víctima ni el criminal tienen la verdadera posibilidad de participar.113 Malcolm Gladwell sostiene: “la impersonalidad de los códigos es lo que hace justa a la ley. Pero también es lo que puede hacer que el sistema jurídico sea tan doloroso para las víctimas, que no encuentran un lugar para sus voces, para su ira y para sus experiencias. Los códigos castigan, pero no pueden curar”.114
Las Cámaras Extraordinarias padecen este tipo de expectativas inadecuadas. En lugar de intentar meter una pieza cuadrada (el sentido de justicia y de reconciliación de la víctima) en un agujero redondo (el proceso penal de estilo occidental), quizá las expectativas de la Corte deberían alinearse con el tipo de cosas que los tribunales penales hacen normalmente (buscar y castigar a los criminales). En ese caso, la Corte debería evaluarse según logre identificar y procesar justamente a esos individuos que caen dentro de su mandato. Y si encarcelar a algunos pocos ancianos por los pocos años que les quedan suena poco satisfactorio, entonces ésa es la señal de que deben estudiarse otros juicios, especialmente diseñados en función de las víctimas. Crear una percepción correcta de lo que un tribunal puede lograr en términos realistas es un primer paso hacia el suministro de justicia para las víctimas camboyanas.
Hay cada vez más autores que proponen que frente a las atrocidades masivas, en muchos casos las soluciones legales son menos deseables que otros procesos que resuenan mejor en la sociedad local.115 Fletcher y Weinstein sostienen que el “énfasis en los juicios penales eclipsa la atención en otras opciones, para alcanzar estos mismos fines. Además, el énfasis legal ignora la amplia literatura sobre la violencia colectiva”.116
El Profesor Mark Drumbl afirmó que “dadas la importantes características peculiares de cada genocidio y las diferencias entre los genocidios, las modalidades para garantizar la responsabilidad y para fomentar la curación deben variar en cada caso en particular. Por ende, puede haber muchas respuestas políticas al genocidio, y la eficacia de cada una depende de la situación que se tenga entre manos”.117
¿Cuáles serían las respuestas no jurídicas al periodo de la Kampuchea Democrática que contribuirían al Estado de Derecho, a los sentimientos de justicia o a la reconciliación?
Propiciar el Estado de Derecho en Camboya empieza con un análisis de los obstáculos a dicho Estado de Derecho y con una reflexión acerca de si esfuerzos tales como una capacitación al poder judicial son en realidad efectivos, o si, por el contrario, atrincheran y recompensan a los miembros del partido gobernante. Como ya se trató brevemente, para obtener una cultura de Estado de Derecho de estilo occidental en Camboya, lo mejor es promover el cambio social que desbarranque las dinámicas resguardadas del poder. Pero las insurrecciones de poder en Camboya —sobre todo las provocadas por los extranjeros—, estuvieron siempre acompañadas por una violencia terrible. Si un cambio social tan profundo es, en verdad, lo mejor para Camboya, o si los actores extranjeros deberían o no participar en tales actividades, es un tema que merece un ulterior debate.
Asimismo, para comenzar un proceso de verdadera justicia, se podría empezar por identificar los elementos más importantes de la justicia según la percepción de los camboyanos. Una investigación más profunda podría entender el interés en castigar a los muertos, como han sugerido algunas víctimas: poniendo cadenas en la tumba de Pol Pot, construyendo una prisión para los nombres y las fotos de los líderes de la Kampuchea Democrática, u oficiando ceremonias budistas para refrenar los espíritus de esos líderes muertos y conmemorar así a las víctimas.
Tal vez, un proceso basado en el somroh-somruel podría darle al pueblo la oportunidad de relatar sus historias y quizá tratar la culpabilidad de los perpetradores de más bajo rango y sus defensores que aún viven en las aldeas camboyanas junto con las víctimas. Pero queda por verse si un proceso así concita el interés del pueblo común.
Además, es importante empezar a estudiar los tipos de educación sobre la historia que influirán más sobre la nueva generación joven, que actualmente halla difícil creer las historias de sus padres sobre el pasado.118 Un estudio reciente sobre la perspectiva de la generación joven sobre el genocidio observó específicamente que es necesario enseñar historia “de tal modo que se propicie la aceptación de la responsabilidad y el hacer las paces con el genocidio, en lugar de negar que los jémeres mataron a los jémeres y que la influencia extranjera fue lo que lo ocasionó”.119
Por otra parte, sería útil encarar estudios más profundos sobre la relación camboyana con la autoridad y cómo evitar que las generaciones futuras sigan a sus líderes por el camino de las masacres masivas. Un tema con tantos matices y de tanta sensibilidad cultural merece una exploración cuidadosa así como programas de seguimiento elaborados por los camboyanos.
Además deberían impulsarse otros procesos menos legales para analizar la responsabilidad extranjera en Camboya, incluyendo la campaña estadounidense de bombardeos. El mero hecho de que un tribunal internacional tal vez no sea viable políticamente para juzgar delitos cometidos por estadounidenses o chinos, sugiere que deberían encararse esfuerzos no legales. Los esfuerzos por remover las minas y las campañas de educación pública podrían centrar la atención en los daños actuales de dichos crímenes y reconocer a sus víctimas. Llevar las historias de los bombardeos al territorio estadounidense también podría cumplir un propósito importante.
En esencia, los que buscan responder a las atrocidades sistemáticas suelen considerar la posibilidad de abordar las necesidades de la sociedad desde la perspectiva de la gente que vive en ella. Esto no es un concepto original. Ariel Dorfman sostiene que debemos pensar “desde abajo hacia arriba” y tener “confianza en que los que más fueron lastimados son los que mejor saben cómo reparar la destrucción”.120 Ello también puede incluir la voluntad de reconocer que la gente no quiera lidiar con el pasado.121
Éste es el desafío que enfrenta el personal de las Cámaras Extraordinarias. Una vez que se reconozcan las limitaciones de un proceso legal, ¿se dedicarán los Estados donantes, la comunidad internacional y las ONG internacionales a escuchar a los camboyanos, y a llevar adelante la agenda del pueblo con la misma energía y pasión con la que se han abocado a un juicio que cumple con los estándares internacionales del debido proceso? ¿Y se hará cargo el gobierno camboyano de las voluntades del pueblo con el mismo fervor con el que ha usado el turbulento pasado de la nación para ganar ventaja política?
Tal como están, la retórica y las prioridades de las Cámaras Extraordinarias parecen alejadas de las prioridades del pueblo. Sin embargo, si bien llevó más de una década alcanzar este punto, los acusados son bastante ancianos, la mayoría de los camboyanos son jóvenes y aún hay tiempo para reenfocar.
Los acontecimientos de la última década muestran que los juicios penales internacionales rápidamente se están convirtiendo en la respuesta predilecta a las atrocidades masivas.122 Pero tal como se citó en este artículo, Stover, Fletcher, Weinstein y otros están enviando sus investigaciones a la ICTY y a la ICTR, a modo de prevención, ya que no encuentran “un vínculo directo entre los juicios penales y la reconciliación” y porque “para los sobrevivientes de guerras étnicas y de genocidios la idea de ‘justicia’ conlleva más que juicios penales”.123 La investigación sobre Camboya presentada aquí sugiere que con las Cámaras Extraordinarias podría darse una reacción similar. Sin embargo, los juicios parecen progresar con poca reflexión sobre dichos hallazgos.
La comunidad internacional ha hecho una inversión importante en las Cámaras Extraordinarias. La inversión de fondos extranjeros, que ha superado los 50 millones de dólares en tres años, es sólo una gota en un balde comparado con lo invertido en desarrollo para Camboya.124 Pero la inversión política ha sido enorme: las negociaciones para crear la Corte duraron más de diez años. La reflexión es que hemos llegado tan lejos que no podemos dejar que este proceso se interrumpa ahora.
Las Cámaras Extraordinarias bien pueden haber alcanzado un punto sin retorno. Pero hay lecciones en esta historia. En primer lugar, el trabajo de lidiar con la herencia de la Kampuchea Democrática no acabará con los últimos juicios ante las Cámaras Extraordinarias. Los próximos pasos, si están motivados por el pueblo camboyano, quizá tengan lugar fuera de la esfera legal, pero necesitarán la misma seriedad, compromiso y fondos que un proceso jurídico.
En segundo lugar, cuando los futuros expertos internacionales debatan sobre las respuestas adecuadas a nuevas atrocidades, sería bueno que aprendieran de las experiencias del pasado y se comprometieran con un análisis cultural detallado del papel que los juicios penales pueden desempeñar con realismo y abordar así, con la mente abierta, las propuestas del pueblo. Una buena manera de empezar a obtener respuestas futuras podría ser indagando: ¿qué quieren los miembros de la sociedad? Por lo que sé, nadie formuló nunca esa pregunta en Camboya.125
1. La autora agradece especialmente a Vichhra Muoyly, Vireak Kong, y Va Nou por su contribución a la investigación de campo y por su ayuda en la elaboración de este análisis. También a Henry Hwang y a Heather Ryan por su apoyo.
2. A. Hinton, Why Did They Kill? Camboya in the Shadow of Genocide, Berkeley, University of California Press, 2005, p. 1 (en adelante, Hinton).
3. E. Stover y H. Weinstein, “Introduction” en E. Stover & H. Weinstein (eds.), My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity, United Kingdom, Cambridge University Press, 2004 (en adelante, My neighbor, my enemy). Ver también L. Fletcher y H. Weinstein, “Violence and social repair: rethinking the contribution of justice to reconciliation”, Human Rights Quarterly, vol. 243, 2002, pp. 573-639 y p. 578. Allí se sostiene que “el mecanismo predominante para responder a la violencia masiva se centra en los perpetradores individuales de los crímenes de guerra y en otras violaciones graves al Derecho Internacional. Con frecuencia, los defensores de dicho modelo proponen que los juicios internacionales pueden ser la única respuesta apropiada frente la violencia comunitaria” (en adelante: Fletcher y Weinstein). Ver también Kritz, “Progress and humility: the ongoing search for post-conflict justice” en M. Cherif Bassiouni (ed.), Post conflict justice, Ardsley, Nueva York, Transnational Publishers, 2002, p.75; y R. Zacklin, “The failings of ad hoc international tribunales”, Journal of International Criminal Justicia, vol. 2, 2004, pp. 541-545.
4. Esta investigación fue desarrollada por Open Society Justice Initiative; y se agradece profundamente su apoyo. Las conclusiones esbozadas aquí no reflejan de modo alguno la perspectiva de Justice Initiative ni de Open Society Institute.
5. Las entrevistas duraron entre media hora y más de dos horas. Si bien el equipo inicialmente trató de hacer entrevistas individuales, la naturaleza de la vida en Camboya hizo que muchas veces fuera inevitable tener entrevistas grupales. La muestra no respondió al azar estadísticamente. En cada lugar el equipo trató de hablar con distintos miembros de la comunidad; por lo tanto, el grupo de entrevistas representa de modo desproporcionado la perspectiva de las autoridades del gobierno local. Los entrevistados se seleccionaron arbitrariamente entre la gente que estaba en su hogar durante el día en que se realizaron las entrevistas. No se hicieron entrevistas en las ciudades (porque el propósito de la investigación fue identificar problemáticas relacionadas con las áreas rurales) —el 80% de la población camboyana vive en áreas rurales—.
6. Ver Laura A. Dickinson, “The promise of hybrid courts”, American Journal of International Law, vol. 97, p. 2003, 295-310 (en adelante, Dickinson).
7. Ver por ej. J. Goldston, “Foreword: an extraordinary experiment in transitional justice” en Justice Initiatives, primavera de 2006, pp.1-6, disponible en: , actualizado el 25 de agosto de 2007 (en adelante, Goldston) que sostiene específicamente que si funcionaran bien las cosas, las Cámaras Extraordinarias “contribuirán al sentido de justicia por los crímenes de los Jémeres Rojos, apoyarán mayores esfuerzos de reforma legal en Camboya y ayudarán a confirmar tribunales nacionales e internacionales mixtos como un modelo para el futuro”. Ver también International Bar Association, Camboya: IBA in consultation with Bar Association of the Kingdom of Camboya, 13 de diciembre de 2005, disponible en <http://www.ibanet.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007, que sostiene que las Cámaras Extraordinarias jugarán un “papel fundamental en el establecimiento de una tradición jurídica para Camboya basada en la justicia, la responsabilidad y el Estado de derecho”. Ver también L. McGrew, “The Legacy of the Khmer Rouge Trials Needs to be Planned”, Letter to editor, Phnom Penh Post, vol. 15, número 17, septiembre de 2006, p. 7; S. Huntington, “The Khmer Rouge Tribunal as an Opportunity for More Than Answers”, Searching for the Truth Magazine, n. 80, Debate, agosto de 2006, y E. Kinetz, “Tribunal’s justice and judicial legacy at odds”, The Camboya Daily, 16 de noviembre de 2006.
8. Ver en general, Cat Barton, KR trial holds promise for court reform, 10-23 de marzo de 2006.
9. Goldston, pp. 1-2.
10. Ibid.
11. Center for Advanced Study and World Bank Phnom Penh, Justice for the Poor? An Exploratory Study of Collective Grievances over Land and Local Governance in Camboya, Camboya, 2006, p. 2 (en adelante Justice for the Poor?). Ver también, Departamento de Estado de Estados Unidos, Informe por país sobre Prácticas de Derechos Humano,,Camboya, 2006, disponible en <http://www.state.gov>, actualizado el 25 de agosto de 2007; Human Rights Watch, “Camboya: Hechos en 2006” en Informe Mundial 2007, disponible en <http://hrw.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007 y Hinton, p. 101.
12. Ver en general, Representante Especial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Camboya, Continuan los patrones de impunidad en Camboya, 2005, disponible en <http://Camboya.ohchr.org/index.aspx>, actualizado el 25 de agosto de 2007 (en adelante, Continuan los patrones de impunidad en Camboya).
13. Una serie de naciones, donantes individuales y agencias de la ONU contribuyen con fondos para promover el Estado de Derecho en Camboya. No es posible hacer una lista completa ya que no todos los donantes hacen contribuciones públicas. Ver, por ej., Ausaid, “Aid activities in Camboya”, 2006, disponible en <http://www.ausaid.gov.au>, actualizado el 25 de agosto de 2007 (en el que detalla cerca de 30 millones de dólares en contribuciones a lo largo de seis años); East West Management Institute, “Grantmaking”, 2007, disponible en <http://www.ewmi-praj.org/>, actualizado el 25 de agosto de 2007 (nótese que desde la creación del programa en octubre de 2003 hasta diciembre de 2006, PRAJ ha hecho 92 contribuciones por un valor total de casi US$8.4 millones en fondos USAID; El Proyecto de Reforma Legal y Jurídica del Banco Mundial, que se ha cancelado, manejó unos 10 millones de dólares al año desde comienzos de 2002, Proyecto de Reforma Legal y Jurídica del Banco Mundial, 2007, disponible en , actualizado el 25 agosto de 2007). La importante donación de Japón no está calculada: JICA, “Activities”, disponible en <http://www.jica.go.jp/Camboya> actualizado el 25 de agosto de 2007. Otras naciones ofrecen también pequeños montos. Ver: AIDA, Accessible Information on Development Activities, “Details”, disponible en , actualizado el 25 de agosto de 2007.
14. Ver, por ej., Continuan los patrones de impunidad en Camboya, p. 22.
15. Reino de Camboya, Ministro de Comercio, Legal and Judicial Reform Strategy for Cambodia, disponible en <http://www.moc.gov.kh>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
16. T. Fawthrop y H. Jarvis, Getting away with genocide?, Ann Arbor and London, Pluto Press, 2004, p. 117.
17. E. Kinetz, “Sok An calls for UN ‘dialogue’ on KR defense”, The Cambodia Daily, 18 de diciembre de 2006.
18. Uno de los mandatos de la ATNUC era tomar el control administrativo del país de manos del partido gobernante de Hun Sen, sin embargo aunque haya controlado formalmente sus reinados de poder, no hay pruebas de que ATNUC haya logrado desestabilizar ese control administrativo. Michael Doyle, UN peacekeeping in Cambodia: ATNUC’s civil mandate, London, Lynne Rienner Publishers, 1995.
19. Continuan los patrones de impunidad en Camboya, p. 9.
20. Ibid.
21. Ibid, p. 33.
22. Ibid.
23. Ver Hinton, op. cit., pp. 100-116 (sobre el estudio de un caso sometido a la justicia en Camboya).
24. Hinton, p. 110.
25. J. Ledgerwood, Understanding Cambodia: social hierarchy, patron-client relationships and power, Departmento de Antropología y Centro de Estudios del Sudeste Asiático, Northern Illinois University, disponible en <http://www.seasite.niu.edu>, actualizado el 25 agosto de 2007 (que describe las relaciones patrón-cliente)
26. Hinton, p.113
27. Fabienne Luco, Between a tiger and a crocodile: management of local conflicts in Cambodia an anthropological approach to traditional and new practices, Phnom Penh, UNESCO, 2002 (traducido del original en francés) (en adelante, Luco). También Ledgerwood, op. cit.
28. Ver, por ej., Hinton, pp. 105-116.
29. E. Gottesman, Cambodia after the Jémeres Rojos, New Haven, Yale University Press, 2002, pp. 242-247. El gobierno de Camboya, incluyendo el poder judicial, se construyó, literalmente, a los arañazos, bajo la influencia de las autoridades vietnamitas en 1979. Se ha descrito a los tribunales vietnamitas como suministradores de “justicia telefónica”: una en la cual las élites de los partidos llaman a los jueces para determinar la resolución de un caso. K. Decker, C. Sage y M. Stefanova, Law or justice: building equitable legal institutions, World Bank Publications, disponible en <http://web.worldbank.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
30. Por ejemplo, la capacitación jurídica de la época de la Guerra Fría es común entre los funcionarios judiciales de las Cámaras Extraordinarias: de los 17 jueces y fiscales camboyanos designados para el tribunal, cuatro estudiaron formalmente Derecho en Camboya; otros cuatro estudiaron en Kazajstán y tres en la URSS, de los cuales uno realizó estudios posteriores en Japón. Tres más estudiaron en Vietnam, y dos en Alemania Oriental. Prak Chan Thul y W. Kvasger, “Some question KR judges’ Soviet-era schooling”, The Camboya Daily, 16 de mayo de 2006, p.1.
31. Center for Advanced Study (CAS) y The Asia Foundation, Democracy in Camboya: a survey of the Camboyan electorate, Camboya, 2001, p.26 (en adelante, CAS).
32. R. Ehrenreich Brooks, “The new imperialism: violence norms and the ‘Rule of Law’”, Michigan Law Review, vol. 101, 2003, pp. 2275 y 2285.
33. Ledgerwood, op. cit..
34. J. Ledgerwood y J. Vijghen, “Decision-making in rural khmer villages” en J. Ledgerwood (ed), Cambodia emerges from the Past: eight essays, DeKalb Illinois, Southeast Asia Publications, 2002, pp. 109 y 116 (en adelante, Ledgerwood y Vijghen).
35. El artículo 13 de la Constitución de la Kampuchea Democrática declaraba: “Debe haber igualdad completa entre todo el pueblo camboyano […]” (“The Constitution of Democratic Kampuchea” en The Cambodian Constitutions (1953-1993), Raoul M. Jennar (ed), disponible en: <http://www.dccam.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007). Un integrante extranjero de una ONG local se sorprendió cuando el director ejecutivo le pidió que eliminara la palabra “igualdad” de la tapa que había diseñado para el informe anual del grupo. El director le explicó que la palabra le recordaba el periodo de los Jémeres Rojos (cf. Notas sobre la conversación con Henry Hwang, en el archivo de la autora).
36. R. Y. Fajardo, Kong Rady y Phan Sin, Pathways to justice: access to justice with a focus on the poor, women and indigenous peoples, Camboya, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y del Ministerio de Justicia de Camboya, 2005, p.11. Allí se sostiene que “la mayoría de los campesinos […] no forman parte del trasfondo cultural del sistema jurídico formal” (en adelante, Pathways to Justice). Más aún, entre la gente del campo, existe la barrera adicional de la pobreza extrema, con el 75% de la población dentro del sector agrícola, aunque el sector agrícola representa sólo el 35% del producto bruto interno. Ello se traduce en un PBI per capita de sólo US$0,82 por día. Incluso los empleados públicos, como maestros, enfermeras y policías, ganan menos de un dólar por día (Ibid, pp. 65-66).
37. Harris, “‘Onslaught on beings’: a Theravada Buddhist Perspective on accountability for crimes committed in the Democratic Kampuchea period” en J. Ramji y B. Van Schaack, Bringing the Khmer Rouge to justice: prosecuting mass violence before the Cambodian Courts, Lewiston, The Edwin Mellen Press, 2005, pp. 76-80 (en adelante, Harris).
38. W. A. Collins, “Dynamics of dispute resolution and administration of justice for Cambodian villagers”, a Preliminary Assessment Funded by USAID pursuant to Project Number 422-0111, Phnom Penh, 1997 (en el archivo de la autora) (en adelante, Collins).
39. Ibid., p. 40. El proceso somroh-somruel tiene raíces antiguas; Harris descubrió que la Camboya Angkoriana tenía un sistema jurídico sofisticado (cf. Harris, op. cit., p. 74). También observó que las políticas colonialistas francesas erosionaron el rol de los monjes como los que tradicionalmente resolvían los litigios (Ibid., p. 79).
40. Pathways to justice, pp. 67-68.
41. Harris, p. 79.
42. Harris, p. 80.
43. Marija de Wijn, Global justice and legitimacy in Cambodia: the Khmer Rouge trials and local concepts of justice (Tesis en Estudios Internacionales de Desarrollo), Universidad de Amsterdam, 2005, p. 76.
44. El propósito de esta sección es aclarar las diferencias culturales de la resolución de conflictos. Pero es importante aclarar que el somroh-somruel de ninguna manera es un sistema perfecto. A menudo, se considera el resultado más adecuado de la mediación ceder ante la parte más poderosa. Además, otro problema es la existencia de una “justicia vigilante”. El Departamento de Estado de Estados Unidos informa que en Camboya “persistía una ‘justicia vigilante’, así como las matanzas de las supuestas brujas y hechiceras. Durante el año, la violencia de las pandillas vigilantes arrojaron un resultado de 22 muertes de supuestos ladrones y de heridas graves a muchos otros […]” (Departamento de Estado de Estados Unidos, Informe por país sobre Prácticas de Derechos Humanos, Camboya, 2006, disponible en <http://www.state.gov>, actualizado el 25 de agosto de 2007).
45. Pathways to justice, p. 11. El Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) señala que “la mayoría de la gente no está al tanto de los procedimientos formales ni de la ley” (Wijn, op cit, p. 76). Asimismo “el proceso jurídico oficial es extraño a la realidad de la aldea, ya que sus procedimientos no están claros para la mayoría de los aldeanos […]. Nuestra propia investigación demostró que había muy poca comprensión acerca del papel de los jueces y de los fiscales, así como de los pasos básicos de un proceso judicial o de los conceptos de un orden superior que subyace al procedimiento de la corte (como por ejemplo por qué un tribunal necesita pruebas). Como asunto estadístico cabe aclarar que los tribunales resuelven muchos menos litigios por año que las autoridades locales (Pathways to justice, p. 179).
46. Ver por ej. Dickenson supra nota 6.
47. Gottesman, p. 11.
48. Ibid,p. 13.
49. Voice of the Asian-Pacific Human Rights Network, Rule of law: an elusive concept in Cambodia, 17 de marzo de 2006, disponible en <http://www.hrdc.net/sahrdc/>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
50. Supra nota 13.
51. En 2005, el Representante Especial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Camboya escribió que: “Si bien la imposibilidad de llevar a juicio a los responsables a menudo se atribuye a los recursos escasos y a la poca capacidad dentro de las instituciones que hacen cumplir la ley y a la ausencia de un poder judicial que funcione bien, el fracaso de dichas instituciones de mantener la ley también puede atribuirse a una práctica aceptada de la impunidad y a una connivencia con la policía, los militares y las agencias de seguridad”. (Continuan los patrones de impunidad en Camboya, p. 33).
52. Justice for the poor?, p. 5, donde se sostiene que “las instituciones de justicia reformadas o recientemente creadas con el molde liberal están destinadas al fracaso a menos que estén apoyadas por la transformación de las relaciones de poder que precedieron —y en gran medida precipitaron— su desarrollo en occidente”).
53. Se han observado problemas similares en Ruanda, donde los investigadores descubrieron que un poder judicial local muy politizado se interpone en la capacidad de los tribunales internacionales para respaldar el Estado de Derecho, independientemente de los fondos adicionales que se inviertan (Alison Des Forges y Tim Longman, “Legal responses to genocide in Rwanda” en E. Stover y H. Weinstein (eds.), My neighbor, my enemy op. cit., United Kingdom, Cambridge University Press, 2004, p. 62 (en adelante: Des Forges y Longman).
54. Camboyan Human Rights Action Committee et al., Joint statement: urgent action needed on rules for Khmer Rouge Tribunal, 2007, disponible en <http://www.justiceinitiative.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007, donde se sostiene que “Se espera también que las Cámaras Extraordinarias contribuyan al desarrollo de los estándares internacionales y actúen como catalizador para el fortalecimiento del Estado de Derecho y como modelo para la reforma jurídica, ambos de gran necesidad en Camboya”.
55. La votación por culpable o inocente se logrará por mayoría agravada —una mayoría de jueces más uno (cuatro de cinco jueces en el tribunal de juicio, o cinco de siete jueces en la Corte Suprema)— (cf. Acuerdo entre la ONU y el Gobierno Real de Camboya respecto del juzgamiento penal de Crímenes Cometidos bajo el Período de la Kampuchea Democrática, 6 de junio de 2003, disponible en <http://www.eccc.gov.kh>, actualizado el 25 agosto de 2007 (en adelante, Acuerdo).
56. Acuerdo, supra.
57. Banco Mundial et al, A fair share for women: Camboya gender assessment, 2004, disponible en <http://go.worldbank.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007, p. 8.
58. Justice for the poor?, op. cit., p. 5. Ver también, CAS, p. 48 donde se sostiene que: “si uno se aparta del ámbito de la aldea, la mediación se torna más difícil y más costosa sin gran posibilidad de éxito”.
59. Collins, op. cit., p. 15.
60. Justice for the poor?, p. 5.
61. Ibid.
62. Pathways to Justice, supra nota 36. Ver también, Des Forges and Longman, op cit., p. 56, que descubren que muchos entrevistados veían el enfoque contencioso legal aplicado en la ICTR (Tribunal Penal Internacional de Ruanda) “como extranjero a los métodos tradicionales de Ruanda para la resolución de conflictos, en los que las comunidades se unirían y determinarían la naturaleza de los hechos y los castigos y reparaciones necesarios para reestablecer el equilibrio social”.
63. Xinhua, “Camboya’s ruling party airs support for trial of former KD leaders”, People’s Daily Online, 7 de enero de 2007, disponible en <http://english.people.com.cn>, actualizado el 25 de agosto de 2007; Ek Madra, “Spat over bill threatens Khmer Rouge trial”, Reuters, 4 de abril de 2007, disponible en <http://www.swissinfo.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007; Sophie Huntington, “The Khmer Rouge Tribunal as an opportunity for more than answers”, Searching for the truth magazine, Debate, núm. 80, agosto de 2006.
64. Hinton, op. cit., p. 1 y P. Short, Pol Pot: The History of a Nightmare, Londres, John Murray Press, 2004, pp. 321-322.
65. Sin embargo, hace falta una investigación estadísticamente más importante sobre estos temas para poder llegar a conclusiones más abarcativas. Hubo numerosos intentos de identificar la visión camboyana sobre la corte de Jémeres Rojos. Pero, aún así, no se realizaron estudios científicamente significativos que estén disponibles. Por lo tanto, no existe información suficiente como para extraer conclusiones exactas acerca de las opiniones de la sociedad camboyana sobre este tema. El resto de los estudios que conozco son: B. Münyas, Youth for peace, a study on genocide in the mind of Camboyan youth, Camboya, Peace Research and Publications, 2005 (en adelante: Münyas); Khmer Institute of Democracy, Survey on the Khmer Rouge Regime and the Khmer Rouge Tribunal, Camboya, 2004, disponible en: <http://www.bigpond.com.kh/users/kid>, actualizado el 25 de agosto de 2007; S. Linton, Reconciliación in Camboya, Phnom Penh, Documentation Center of Cambodia, 2004; L. McGrew, Truth, justice, reconciliation, and peace in Cambodia — 20 years after the Khmer Rouge, diciembre de 1999-febrero de 2000, informe no publicado, en el archivo de la autora; de Wijn, op. cit.; W. Burke-White, “Preferences matter: conversations with the Cambodian people on the prosecution of the Khmer Rouge leadership” in J. Ramji y B. Van Schaack, Bringing the Khmer Rouge to justice: prosecuting mass violence before the Cambodian courts, Lewiston, The Edwin Mellen Press, 2005; J. Ramji, “Reclaiming Cambodian history: the case for a truth commission”, Fletcher Forum of World Affairs, vol. 24, 2000, pp. 137-158.
66. Una vez completadas nuestras entrevistas de investigación, los dos investigadores camboyanos del equipo, Vireak y Vichhra, dieron su impresión subjetiva del nivel de interés de los entrevistados en las Cámaras Extraordinarias —sus opiniones coincidieron bastante—. En nuestra investigación cualitativa, descubrimos que alrededor del 20% de nuestros entrevistados no estaba interesado o se oponía a la Corte, un 45% estaba interesado pero no demasiado y un 35% la apoyaba fuertemente y mostraba gran interés en la Corte. Hay un análisis detallado en el archivo de la autora.
67. E. Stover, “Witnesses and the promise of justice at The Hague” en My neighbor, my enemy, op. cit, p. 114.
68. Hinton, op. cit., p. 98.
69. Münyas, op. cit., p.15 (nótese también que el gobierno sacó una historia más larga, presentada en 2002 por las críticas de la oposición, además, pocos maestros osan hablar de la RK actualmente debido a las dificultades para distinguir entre historia y política).
70. D. Orentlicher, “Settling accounts: the duty to prosecute human rights violations of a prior regime”, Yale Law Journal, vol. 100, 1991, p. 2537.
71. Fletcher y Weinstein, op. cit., p. 591.
72. E. Kinetz y Prak Chan Thul, “For Cham Muslims, justice may not be a tribunal”, The Camboya Daily, 31 de octubre de 2006.
73. Ida Bostian, “Cultural relativism in international war crimes prosecutions: the International Criminal Tribunal for Rwanda”, ILSA Journal of International and Comparative Law, vol. 12, n. 1, otoño de 2005.
74. Luco, op. cit..
75. Ver por ejemplo, John D. Ciorciari, The Khmer Rouge Tribunal, Phnom Penh, Documentation Center of Cambodia, 2006, disponible en <http://www.dccam.org>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
76. Existen en verdad muchos grupos diferentes en Camboya que sostienen opiniones divergentes sobre el pasado: camboyanos urbanos y rurales, jóvenes y viejos, camboyanos que viven en el extranjero y los que viven en Camboya, Jémeres Rojos que viven en el Norte/Noroeste y en el resto del país, y perpetradores de bajo rango y aldeanos que viven en la misma comunidad. En cierto sentido, es preciso “reconciliar” todos estos puntos de vista. Pero ése no es el sentido en el que se trata la reconciliación en este trabajo.
77. Linton, op. cit., p. 106. Weinstein y Stover hablan acerca de la reconciliación como “gente que re-forma conexiones previas, tanto instrumentales como afectivas, entre líneas étnicas, raciales o religiosas” (Stover y Weinstein, op. cit., pp. 3 y 13).
78. “Hacer las paces” con el pasado es una frase que resuena en casi cualquier marco psicoanalítico; una terminología occidental semejante es muy difícil de aplicar en Camboya.
79. Ver Budhism for Development, disponible en <http://www.bfdkhmer.org/>, actualizado el 31 de agosto de 2007.
80. Entrevista de la autora con Look Heng Monychenda; notas en el archivo de la autora.
81. Ibid.
82. Luco, op. cit., pp. 16 y 21-22.
83. Hinton, op. cit., p. 95.
84. Stover y Weinstein, op. cit., p. 323.
85. Justice for the poor?, op. cit., p. 16.
86. Miklos Biros et. al., “Attitudes toward justice and social reconstruction in Bosnia Herzegovina and Croatia” en E. Stover y H. Weinstein (eds.), My neighbor, my enemy, op. cit., p. 185.
87. Hinton, op. cit., p. 277.
88. Ibid., p. 279.
89. Linton, op. cit., p. 169.
90. Notas en la reunión para CJI Outreach Meeting en el Sunway Hotel, celebrada,el 15 de diciembre de 2006; en el archivo de la autora.
91. Jason S. Abrams y Steven R. Ratner, Accountability for human rights atrocities in International Law: beyond the Nuremberg Legacy, Nueva York, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 136.
92. Fletcher y Weinstein, op. cit., pp. 597, 600, donde se sostiene que “cuando la culpa se atribuye a personas específicas, entonces se ofrece a los individuos y a los grupos la oportunidad de racionalizar o de negar la responsabilidad propia por los crímenes cometidos en su nombre”).
93. Ben Kiernan y Taylor Owen, “Bombs over Cambodia: new information reveals that Cambodia was bombed far more heavily than previously believed”, The Walrus, octubre de 2006, disponible en <http://www.walrusmagazine.com>, actualizado el 25 de agosto de 2007 (en adelante, Owen y Kiernan); Kimmo Kiljunen (ed), Kampuchea: decade of genocide, Report of a Finnish Inquiry Commission, Londres, Zed Books, 1984 (en adelante, Kiljunen) y Becker, op. cit., p. 156.
94. Owen y Kiernan, op. cit., p. 2.
95. Ibid.
96. Kiljunen, supra nota 93.
97. Kiernan y Owen, p. 2.
98. El ex senador y candidato a presidente George McGovern dijo una vez que pensaba que el surgimiento de los Jémeres Rojos fue uno de los mayores costos individuales del compromiso de Estados Unidos con Indochina. S. Power, A problem from hell: America in the age of genocide, Nueva York, Basic Books, 2002, p. 133 (en adelante, Power).
99. Short, pp. 301-2.
100. Power observó que el entonces Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Zbigniew Brzezinski “vio el problema (camboyano) a través del prisma chino-soviético. Como los intereses de Estados Unidos estaban en China, indirectamente, estaban con los Jémeres Rojos” (ver Power, p. 147).
101. Aunque fue ocupada por la Kampuchea Democrática directamente en 1979, la banca de la ONU luego fue ocupada por una fuerza de coalición pero los Jémeres Rojos mantuvieron la superioridad militar dentro de la alianza y siguieron manteniendo sus diplomáticos en todos los puestos del exterior en nombre del nuevo grupo (ver Becker, p. 457). Sólo China dio más de mil millones de dólares para ayudar al régimen de Pol Pot en la década del ’80: mientras seguían librando una guerra contra los vietnamitas apoyaban al gobierno jémer (ver también Fawthrope y Jarvis, p. 178).
102. Editorial del New York Times, “A trial for Pol Pot”, New York Times, 24 de junio de 1997, Sec. A. Ver también Fawthrope y Jarvis, p. 5.
103. Owen y Kiernan, p. 2.
104. Entrevista con Look Heng Monychenda; notas en el archivo de la autora.
105. Ver en general, Owen y Kiernan, op. cit.: hablan del mismo tema.
106. De hecho, la historia de la creación de la Corte confirma lo siguiente: las Cámaras Extraordinarias fueron concebidas como un proceso legal desde el comienzo y llevadas adelante por los funcionarios de Naciones Unidas y por las ONG internacionales. Ver en general T. Hammarberg, Efforts to establish a tribunal against the Khmer Rouge leaders: discussions between the Cambodian Government and the UN, disponible en <http://www.ui.se/uikr.pdf>, actualizado el 25 de agosto de 2007; Informe de la ONU, Report of the Group of Experts for Cambodia, Established Pursuant to General Assembly Resolution 52/135, en U.N. GAOR, 53d Session, Agenda Item 110(b), U.N. Doc. A/53/850, 1999.
107. E. Davis, Keeping the bones, 2007, disponible en <http://leahbowe.com/deathpower/>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
108. V. Peskin, “Courting Rwanda: The Promises and Pitfalls of the ICTR Outreach Program”, Journal of International Criminal Justice, vol. 3, 2005, pp. 950-961 y 955-57.
109. Stanford Encylopedia of Philosophy, “Punishment”, disponible en <http://plato.stanford.edu>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
110. Modelo del Código Penal norteamericano, s. 1.01 (1).
111. El fiscal adjunto internacional de las Cámaras Extraordinarias empezó presentando esta afirmación. Robert Petit sostuvo: “Nuestro rol es muy blanco y negro: hallar a alguien culpable o inocente más allá de la duda razonable” (O.Ward, “Long road back to the killing fields”, Thestar.com, 11 de febrero de 2007, disponible en <http://www.thestar.com>, actualizado el 25 de agosto de 2007).
112. Ver en general, H. Strang y L. W. Sherman, “Reintegrative shaming experiments (rise): the victim’s perspective”, Canberra RISE Working Papers, núm. 2, Australian National University, 1997, disponible en <http://www.aic.gov.au/rjusticia>, actualizado el 25 de agosto de 2007 (en adelante, Strang and Sherman).
113. M. Gladwell, “Here’s why: a sociologist offers an anatomy of explanations”, The New Yorker, 10 de abril de 2006, disponible en <http://www.gladwell.com/>, actualizado el 25 de agosto de 2007, quien sostiene que “en todo el mundo moderno, las víctimas son los personajes olvidados dentro del drama de la justicia penal, explotados por sus pruebas pero, de otro modo, abandonados”.
114. Ibid.
115. Fletcher y Weinstein, p. 594 descubren que todos los participantes serbio bosnios y bosniocroatas de su investigación “expresaron su preocupación de que la ICTY era una organización ‘política’; en este contexto ‘político’ significaba tendencioso y por lo tanto incapaz de ofrecer juicios justos”.
116. Idem, p. 583. Allí se cuestiona la suposición de que los tribunales internacionales pueden contribuir a la curación social, a la reconciliación, a los sentimientos de las víctimas y al Estado de Derecho. Ver en general, Christina M. Carroll, “An assessment of the role and effectiveness of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Rwandan National Justice System in Dealing with the Mass Atrocities of 1994”, Boston University International Law Journal, vol. 18, núm.2, 2000, pp. 163-200.
117. M. Drumbl, “Punishment postgenocide: from guilt to shame to ‘Civis’ in Rwanda”, New York University Law Review, vol. 75, núm. 5, 2000, pp. 1258 y 1225.
118. BBC News Online, “Khmer Rouge film reveals horrors”, 16 de diciembre de 2006, p. 1, disponible en <http://news.bbc.co.uk>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
119. Munyas, op. cit.
120. Stover y Weinstein, pp. 11, 15 y 18.
121. Ver E. Davis, artículo sobre Bokor, 2007, disponible en <http://leahbowe.com/deathpower/>, actualizado el 25 de agosto de 2007.
122. L. Fletcher y H.Weinstein, “A world unto itself? The application of international justice in the former Yugoslavia” en E. Stover & H. Weinstein (eds.), My neighbor, my enemy, op. cit., p. 29.
123. Stover y Weinstein, p. 323.
124. En marzo de 2007 los donantes principales supuestamente prometieron 601 millones de dólares por un año de ayuda a Camboya. En abril, China anunció su compromiso de ofrecer otros 600 millones en créditos y préstamos. (Human Rights Watch, op. cit). Ver también Voice of the Asian-Pacific Human Rights Network, op. cit., en donde se sostiene que “la comunidad internacional gastó entre cinco y siete mil millones de dólares en Camboya durante la década pasada”.
125. La idea de establecer un proceso legal comenzó con la propuesta de Thomas Hammarburg, que entonces trabajaba para la UNHCHR en Camboya (T. Hammarberg, “Efforts to establish a tribunal against the Khmer Rouge leaders: discussions between the Cambodian Government and the UN”, Artículo presentado en el seminario organizado por el Instituto Sueco de Asuntos Internacionales y por el Comité Sueco para Vietnam, Laos y Camboya acerca del Juicio Propuesto contra los líderes Jémeres Rojos responsables por crímenes de lesa humanidad, Estocolmo, 29 de mayo de 2001, disponible en <http://www.ui.se/uikr.pdf>, actualizado el 25 de agosto de 2007, p. 8). Después de una carta de solicitud delineada por los entonces Primeros Ministros (con Hammarburg), el Grupo de Expertos de Naciones Unidas —que estuvo menos de diez días en Camboya— estudió las posibilidades (Informe del Grupo de Expertos, op. cit., párrafo 7). Después del rechazo a sus propuestas, las negociaciones entre el gobierno camboyano y la ONU se iniciaron en serio. Desde entonces, y por lo que sé, nunca se realizó un estudio para determinar qué características darían más sentido a un proceso judicial para los camboyanos.
