Por qué los relatos de abusos cometidos contra presas políticas en la región solo están siendo oídos ahora
¿Por qué las violencias sexuales, sobre todo contra las mujeres, perpetradas durante las dictaduras militares latinoamericanas ocurridas entre las décadas de 1960 y 1980 no fueron un tema debatido en la transición inmediata hacia la democracia y solo en años recientes ha comenzado a ser objeto de una reflexión más profunda, de una escucha más atenta? Este artículo busca sistematizar algunos elementos para dar respuesta a esta pregunta, reflexionado sobre las particularidades del crimen sexual, las formas que asumió la memoria sobre la violencia política a lo largo del tiempo y las transformaciones en las concepciones de los organismos internacionales y de la Justicia de los países latinoamericanos en relación a la violencia de género. El texto concluye que un espacio de escucha para esa modalidad de crimen solo puede constituirse luego de una serie de conquistas sociales y jurídicas por la igualdad de género y argumenta que, aunque el camino recorrido es apreciable, aún queda mucho por avanzar para dar visibilidad a las violencias cometidas, sobre todo contra las mujeres.
Vuelvo a repetir, me violaron desde la concepción del terrorismo de Estado.22. Testimonio de C.G. apud Claudia Bacci et al., Y nadie quería saber. Relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado en Argentina (Buenos Aires: Memoria Abierta, 2012), 86.
Brasil, campaña electoral de 2016. Una candidata a concejal por la ciudad de São Paulo por un partido de izquierda, empleada estatal de 26 años, relata ante un columnista del periódico Folha de São Paulo haber escuchado que merecía ser violada y torturada: “Decían que el coronel [Carlos Brilhante] Ustra torturó a quien lo merecía, como las feministas”33. Mônica Bergamo, “‘Feministas merecem tortura’, ouve candidata à Câmara Municipal em SP.” Folha de S.Paulo, http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/10/1818623-feministas-merecem-tortura-ouve-candidata-a-camara-municipal-em-sp.shtml, visitado el 2 de octubre de 2016.. Esta declaración brutal, dicha con naturalidad en una situación ordinaria de campaña electoral, condensa los componentes de la discusión que este artículo se propone desarrollar: la asociación entre tortura política y crimen sexual; la violación como un arma de combate político en su sentido más amplio – utilizada contra militantes de causas sociales y de la igualdad de género –; la noción de poner a la mujer “en su lugar” a través de la violencia sexual; la permanencia, a pesar de todo el camino recorrido por la lucha feminista, de representaciones que reflejan lo que existía de más conservador en las dictaduras latinoamericanas de los años 1960 a 1980. Elementos que sirven a nuestro propósito, para intentar responder la pregunta formulada por las autoras del libro “…Y nadie quería saber”: ¿por qué tomó tanto tiempo para que se pudieran escuchar, en el sentido fuerte del término, dentro de la esfera pública, los relatos de las mujeres que sufrieron crímenes sexuales durante las dictaduras militares?44. Bacci et al., …y nadie quería saber, 16.. En el presente texto, sin embargo, se propone una inversión de los términos: ¿qué cambió en los últimos años para que esos relatos puedan ser socialmente escuchados?
En la violencia sexual55. Por violencia sexual, para los fines de este artículo, se entiende a las agresiones verbales de cuño obsceno, violaciones, abusos sexuales y prácticas referentes al embarazo de las mujeres., aplicada durante las dictaduras militares, se cruzan la especificidad histórica de la represión política contra militantes de izquierda que, en el contexto de la Guerra Fría, proponían una solución revolucionaria a los graves problemas enfrentados por países de América Latina, y la larga historia de la desigualdad de género. En relación a este segundo factor, la violencia sexual tendió a quedar eclipsada, particularmente en casos como el de Guatemala, que vivió un enfrentamiento armado entre 1962 y 1996, en el cual la violencia de género se combinó con otra forma de violencia de larga duración: el racismo contra los pueblos indígenas: “El racismo jugó un papel de primordial importancia en las formas que adoptó la violencia de género hacia las mujeres mayas”.66. Ana González, “Guatemala: violencia de género, genocidio y racismo,” in Violencia de género en contextos de represión politica y conflictos armados, org. María Sonderéguer (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2012): 55.
Si en Guatemala el carácter masivo de la violencia sexual como estrategia de represión y los testimonios permiten inferir que los soldados recibían órdenes de sus superiores para violar a las mujeres, en el Cono Sur pasaron décadas hasta que la noción de la práctica sistemática de la violencia sexual – sobre todo contra las mujeres – quedara evidenciada.
Ieda Akselrud de Seixas, presa y torturada en un órgano represivo de Rio de Janeiro, contó a la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil: “Yo sufrí abuso sexual dentro del baño. Todo el mundo ya lo sabe. Puedo contar esa historia porque existen declaraciones y declaraciones. Pero me llevó mucho tiempo darme cuenta de que se trataba de abuso sexual, ¿sabes por qué? Yo minimizaba aquel episodio porque al final no era “pau de arara”, no era choque eléctrico, no era silla eléctrica. ¡Es muy loco eso! ¡Es muy loco!”.77. Comissão Nacional de la Verdade, Relatório final da Comissão Nacional da Verdade (Brasília: Presidência da República, 2014): capítulo 10, 418-9. En la declaración de la ex presa política, se distinguen dos puntos importantes. Primero, que ella, en aquella época, evaluó la violencia sexual como secundaria, en comparación con otras violencias. ¿Y por qué la consideró secundaria? Porque la violencia de género, como la violencia doméstica, está naturalizada. En el libro “…Y nadie quería saber”, las autoras expresan esa tendencia a través de una fórmula comúnmente empleada por las argentinas que pasaron por los centros clandestinos de detención: “…y también me violaron”, como una especie de anexo a las otras violencias sufridas.88. Bacci et al., …y nadie quería saber, 21.
El segundo punto se desprende de la exclamación repetida “¡Es muy loco!”. Es plausible suponer que el elemento del cual ella no se dio cuenta no fue el carácter sexual del abuso, sino que esa forma de violencia constituía una categoría a parte. Justamente, ese es uno de los cambios dignos de mencionar, ausente en la época y necesario para que ese aspecto de la violencia política recibiera una escucha por parte de la sociedad: el reconocimiento de la especificidad y de la autonomía de la violencia sexual como delito.
Mientras que la tortura fue investida de un significado político que, a pesar de todo, dignificaba a la víctima, el crimen sexual confundía las fronteras entre lo público y lo privado. No parece fuera de lugar suponer que el razonamiento de muchas de las mujeres afectadas fue que, en aquellas circunstancias, siendo hombres, los represores “aprovechaban” para abusar de ellas porque, como afirma Olívia Rangesl Joffily, “[e]n el embate concreto con el poder instituido, las militantes de izquierda se enfrentaron con las representaciones dominantes más arraigadas de las desigualdades entre las categorías de sexo, reproducidas, la mayoría de las veces, por el discurso y la práctica masculina de los agentes de seguridad”.99. Olívia Rangel Joffily, A esperança equilibrista. Resistência feminina à ditadura militar no Brasil (Florianópolis: Insular, 2016): 130.
Evidentemente, no cabe establecer una jerarquía entre las diferentes formas de violencia, pero se debe reconocer que este tipo de delito incide particularmente sobre la intimidad de la persona afectada. Desde el punto de vista del encuadre social, los abusos sexuales en la mayoría de los casos fueron tomados subjetivamente como un elemento privado y no como parte de la violencia de Estado, lo que aisló, en su sufrimiento, a las presas políticas que los padecieron.1010. Hago uso en este artículo del plural femenino por ser las mujeres los blancos preferenciales de la violencia sexual. Por no desconsiderar que los hombres también fueron blanco de esta modalidad de delito, los incluyo en este plural generalizante. La sorpresa que nos revela Ieda Akselrud de Seixas es la de no haberse dado cuenta, en el momento de los acontecimientos, de que lo que vivenciaba era de orden político, y no individual.
Uno de los grandes problemas del delito sexual reside en el hecho de que la sospecha también recae en la persona afectada. Si los sobrevivientes de situaciones extremas cargan la culpa por no haber vivido el mismo destino que sus compañeros muertos o desaparecidos, quien sufrió violencia sexual tuvo dificultad para sustraerse de un sentimiento de responsabilidad por la experiencia traumática, lo que tendió a aislarla en el ámbito de lo privado y de la vergüenza. La periodista Miriam Lewin, quien vivió el cautiverio en uno de los célebres centros clandestinos de detención de Argentina, bajo la constante amenaza de muerte, relata cómo la incomprensión social sobre la condición de las presas políticas dificultó que ellas pudieran politizar los abusos sufridos:
El peso de esa probable condena [social] operó entre nosotras, las detenidas desaparecidas, que guardamos silencio demasiado tiempo. Ni siquiera pudimos hablar del tema abiertamente entre nosotras, porque no comprendíamos lo que nos había ocurrido, ni después ni durante nuestro cautiverio. Todavía hoy no lo entendemos, y por eso no podemos explicarlo adecuadamente. No discerníamos que no había en ese contexto posibilidad alguna del ejercicio de una sexualidad libre, sin condicionamiento ni coerciones. Aún ahora escuchamos una voz, interna o exterior, que nos dice que había elección, que había margen para la resistencia o el consentimiento dentro del campo. Que había opción, que no éramos presas inermes de nuestros captores en el marco de un sistema de terror, dentro de una sociedad donde el poder lo detentaban los varones. Y donde, por añadidura, nuestros pares, hombres y mujeres, tanto en prisión como fuera de ella, en el país y en el exilio, seguramente nos calificarían de prostitutas y de traidoras si hablábamos.1111. Miriam Lewin y Olga Wornat, Putas y guerrilleras (Buenos Aires, Planeta, 2014): 21-2. Miriam Lewin se refiere a la condición de esclavas sexuales que las mujeres vivieron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sometidas a los comandantes militares.
Al evocar la incomprensión y probable condena moral de los propios compañeros de lucha, Lewin señala un aspecto particular del abuso sexual: se trata de un tipo de violencia que ubica la vergüenza del lado de la persona violada, como si hubiera algún grado de participación de la víctima y ella de algún modo estuviera contaminada por la ignominia del acto.1212. En Brasil, país en el cual, según datos oficiales, una mujer es violada a cada 11 minutos, una investigación realizada por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) en 2014 reveló que 65,1% de los entrevistados creía que las mujeres que muestran el cuerpo “merecen ser atacadas”. En 2016, otro sondeo realizado por Datafolha por pedido del Foro Brasilero de Seguridad Pública mostró que 37% de los entrevistados – de los cuales 30% eran mujeres – concordó con la frase “La mujer que usa ropas provocativas no puede reclamar si es violada”. Fernanda Mena, “Um terço dos brasileiros culpa mulheres por estupros sofridos,” Folha de S.Paulo, 21 de septiembre de 2016.
Los diversos relatos contenidos en “Nunca más”, que describen prácticas de violación sexual frente a compañeros, padres e hijos, muestran también que la práctica tiene como efecto la infamia, la humillación que se expande al núcleo familiar, sin mencionar los terribles efectos de los embarazos indeseados. En Guatemala, “[a]lgunas de las consecuencias de la violencia sexual, registradas en los testimonios por la CEH [Comisión para el Esclarecimiento Histórico] fueron: la ruptura de vínculos conyugales, el abandono de la comunidad por parte de las mujeres violadas, ‘el aislamiento social y la vergüenza comunitaria’, los abortos, el filicidio.”1313. González, “Guatemala”, 59. De esta forma, el silencio o la reducida referencia a las violencias sexuales también se debieron al esfuerzo por ahorrarle a los familiares el conocimiento público de una deshonra que afectaba a todos.
Más allá del espacio social de escucha poco afecto al tema de los abusos sexuales, las transiciones democráticas – momentos de tensión y de repactación social – llevaron a los sobrevivientes y ex presos políticos a imponerse una agenda de denuncia sobre las muertes y desapariciones de sus compañeros. El foco de las primeras comisiones de la verdad estuvo, por lo tanto, volcado a ese núcleo de víctimas. En Argentina, el célebre Juicio a las Juntas se concentró en probar la responsabilidad del Estado y el carácter sistemático de la desaparición forzada de miles de ciudadanos. No fue hasta 1995, con los Juicios por la Verdad, respuesta de sectores de la sociedad civil a las leyes de indulto del presidente Carlos Menem, que las sobrevivientes comenzaron a tomar la palabra para relatar sus experiencias personales.
En Perú, las mujeres denunciaron lo que había ocurrido a sus compañeros e hijos y no a sí mismas: “Este silencio – como puede imaginarse – era aún peor en el caso de la violencia sexual, donde la vergüenza, el miedo al estigma y el sentimiento de culpa dificultaban la narración”1414. Julissa Mantilla Falcón, “La violencia contra las mujeres y la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”, in Violencia de género en contextos de represión política y conflictos armados, org. María Sonderéguer (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2012): 65.. La actitud tenía origen en la posición de género por ellas ocupadas en la sociedad peruana y en la concepción compartida sobre su papel social: “Los abusos sexuales, humillaciones y demás maltratos a los que se vieron expuestas en estas búsquedas no eran reconocidos por las mujeres como hechos denunciables, sino como consecuencias de algo que debían hacer, esto es, de su obligación como madres y esposas”.1515. Ibid., 66. Fue necesario adoptar una estrategia explícita de incorporación del enfoque de género para posibilitar las declaraciones sobre ese tipo de violencia, conforme indica el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “[…] era fundamental reconocer los efectos que la violencia política tuvo en los hombres y las mujeres peruanas, entendiendo la manera diferenciada en que sus derechos humanos fueron afectados durante el período […]”.1616. Comisión de Verdad y Reconciliación, apud Falcón, “La violencia contra las mujeres y la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”, 66.
Esto no significa que la violencia sexual haya estado completamente silenciada. Los informes conocidos como “Nunca más”, producidos por las comisiones de la verdad oficiales, de Argentina y de Chile, o por organizaciones de la sociedad civil, en Brasil y Uruguay, se referían a las violencias sexuales sufridas durante las dictaduras sin atribuirle, sin embargo, una dimensión aparte o el espacio que su carácter reiterado exigiría. Además, hubo una evidente sub-notificación. En el informe brasileño, por ejemplo, que abarcó tanto a las víctimas fatales (muertos y desaparecidos), como las torturas sufridas en instalaciones del Estado, las violencias sexuales corresponden al 1% de las denuncias femeninas.1717. Mariana Joffily, “Memória, gênero e repressão política no Cone Sul,” Tempo e Argumento 2, no. 1 (enero/junio de 2010): 111-35. El informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura de Chile, conocido como Informe Valech, entregado en diciembre de 2004, da señales de un cambio en curso en las reflexiones sobre el crimen sexual:
La violación es una experiencia traumática que afecta principalmente a la vida sexual. Tiene, además, consecuencias emocionales y físicas inmediatas por un eventual embarazo o incluso por una enfermedad sexual. […] La tortura, en todos los casos, destruye la confianza en los otros seres humanos, pero en el caso de la tortura sexual bajo estas circunstancias, incide sobre las relaciones afectivas más íntimas y cercanas tanto de la propia sexualidad como de la maternidad.1818. Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, Informe (Santiago: Ministerio del Interior de Chile, 2004): 252.
No obstante, no trató del tema de forma individualizada:
Las entrevistas realizadas por esta Comisión no indagaron expresamente acerca de la violencia sexual ejercida contra las ex presas. Las situaciones que se registran fueron mencionadas espontáneamente por las declarantes. Es necesario señalar que la violación sexual es para muchas mujeres un hecho del cual les cuesta hablar y muchas veces prefieren no hacerlo.1919. Ibid.
Para Hillary Hiner, el salto que se dio entre el Informe Rettig, producido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991, y el Informe Valech, entregado más de una década después, en términos de incorporación de “algo del análisis de género”, se debe a tres factores. En primer lugar, la Comisión de Verdad y Reconciliación era más conservadora. Segundo, hubo un gran cambio entre 1990 y 2003 en términos de los debates internacionales en torno a la violencia de género – las conferencias internacionales de Viena, en 1993 y de Beijín, en 1995, la Convención de Belém do Pará, con el fin de poner término a la violencia contra la mujer – lo que habría contribuido para aumentar la concientización sobre el tema. Y, finalmente, la incorporación de críticas sobre las ausencias en el Informe Retting, algunas formuladas por grupos feministas.2020. Hillary Hiner, “Voces soterradas, violencias ignoradas. Discurso, violencia política y género en los Informes Rettig y Valech,” Latin American Research Review 44, no. 3 (2009): 65.
En el caso brasileño, no hubo una judicialización de la transición política como en Argentina, ni fue constituida una comisión de la verdad como la Comisión Valech en Chile, de modo que los espacios públicos de escucha para la violencia dictatorial contra las mujeres, hasta muy recientemente, prácticamente se resumieron a “Brasil: nunca mais”. Fueron descriptos relatos de maltratos sexuales en declaraciones, como aquellos reunidos en la publicación “Luta, substantivo feminino”,2121. La publicación es parte del informe Direito à memória e à verdade, promovido por la Secretaría Especial de los Derechos Humanos en 2007. Tatiana Merlino e Igor Ojeda (orgs.), Luta, substantivo feminino. Mulheres torturadas, desaparecidas e mortas na resistência à ditadura (São Paulo: Editora Caros Amigos, 2010). sin embargo, la violencia sexual no recibió una atención diferenciada en ningún espacio.
En los países citados, a pesar del silencio de muchas mujeres sobre los maltratos sexuales sufridos durante las dictaduras militares, debido a la dificultad de hablar de un tema cubierto por el tabú y por atribuir un sentido social más general a un sufrimiento individual, la violencia sexual estuvo presente en innumerables declaraciones. Por lo tanto, más que ausente, fue invisibilizado, por no haber sido socialmente identificado como un tema digno de interés particular con su encuadre específico, tal como concluyen las autoras argentinas de “… Y nadie quería saber”.
Las últimas tres décadas fueron testigo de transformaciones significativas en la percepción social sobre la violencia sexual. Más allá de los marcos citados por Hiner, la resignificación de la violencia contra la mujer y en particular del crimen sexual en el derecho civil, fruto de años de lucha del movimiento feminista, junto a una nueva reflexión sobre el lugar de la mujer en la sociedad, que llega al debate público con el desarrollo de los estudios de género, contribuyeron para la creación de un espacio social de escucha capaz de acoger las denuncias de los abusos sufridos durante las dictaduras militares bajo una nueva clave de comprensión.
En Brasil, además de la creación de las comisarías para la mujer, destinadas a atender específicamente casos de violencia contra este segmento, la Ley María da Penha, un marco normativo sobre el tema, instituye que la familia, la sociedad, el poder público son responsables por la integridad física y psicológica de la mujer.2222. Ley no 11.340, de 7 de agosto de 2006. En Argentina, la tipificación del crimen sexual, que hasta 1985 era “delito contra la honestidad”, pasó a ser “delito contra la integridad sexual” y, más recientemente, “delito contra la libertad sexual”, lo que demuestra un cambio evidente en la percepción del papel social de las mujeres.2323. Lewin y Wornat, Putas y guerrilleras, 344. Esas conquistas dieron cuerpo a uno de los principales lemas del movimiento feminista, “lo privado es público”, reconfigurando la violencia de género como un problema social.
En el ámbito internacional, los años 90 fueron cruciales para una nueva comprensión sobre el estatuto de las mujeres y las particularidades de las violencias dirigidas contra ellas. La Declaración de Viena, de 1993, estableció un marco, al enfatizar los derechos de las mujeres como derechos humanos y al exigir el castigo a los responsables por crímenes como violaciones sistemáticas de mujeres en situaciones de conflicto.2424. José Augusto Lindgren Alves, “Direitos humanos: o significado político da conferência de Viena,” Lua Nova, no. 32 (São Paulo, abril de 1994): 175. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamada por Naciones Unidas el mismo año, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994, conocida como Convención de Belém do Pará, no solo ayudaron a establecer nuevas bases para el entendimiento de la violencia sexual, sino que crearon una normativa internacional para tratar la materia.
Otro factor que contribuyó para la transformación de la percepción social sobre el crimen sexual fue el uso de violaciones sexuales como arma masiva de guerra contra poblaciones dominadas, como ocurrió durante los genocidios perpetrados contra mujeres musulmanas en Bosnia-Herzegovina en 1992 y contra los Tutsi en Ruanda, en 1994. Los tribunales penales para la ex Yugoslavia de 1993 y para Ruanda de 1994, dieron una respuesta jurídica a esa modalidad de violencia contra la mujer, interpretando la violación como crimen de lesa humanidad, cuando cometida en un contexto de conflicto armado y dirigida contra una población civil. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, de 1998, calificó también como crímenes contra la humanidad a otra serie de delitos que implican violencia contra las mujeres – como agresión sexual, esclavitud sexual, prostitución, embarazo forzado, aborto forzado –, pasibles, por lo tanto, de ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional.2525. Falcón, “La violencia contra las mujeres y la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”, 73-4. Para una compilación más amplia sobre la jurisprudencia en esta área, ver Florencia Corradi y Julia Nesrpias, “La dimensión sexual del genocidio. Pensando la violencia sexual a partir de la mega causa ESMA,” Tela de juicio 1 (2015): 68-70. La década de 1990 fue, como puede verse, fundamental para que la violencia sexual dejara de ser tratada como un “efecto colateral” y pasara a ser apreciada como una modalidad en sí, autónoma en relación a otras formas de violencia.2626. Según la afirmación de la representante de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflicto, Zainab Hawa Bangura: “Sexual violence in conflict needs to be treated as the war crime that it is; it can no longer be treated as an unfortunate collateral damage of war”, apud “Background information on sexual violence used as a tool of war,” United Nations, 29 de marzo de 2012, visitado el 3 de octubre de 2016, http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml.
En América Latina, fue en Guatemala que la dictadura militar asumió proporciones de genocidio étnico, con el empleo de la violencia sexual en gran escala, fundiendo en una misma ecuación la imposición de un proyecto político de exclusión social en los marcos de la Guerra Fría y del proyecto neoliberal, con la violencia secular contra las poblaciones indígenas.
Las violaciones sexuales individuales y selectivas fueron la práctica habitual en los contextos de detención y tortura, y generalmente fueron seguidas por la desaparición o muerte de la víctima. Este tipo de patrón represivo fue compartido tanto por mujeres indígenas como ladinas [no indígenas], y fueron llevadas a cabo por distintos organismos del Estado: ejército, policía nacional, policía judicial, etc. Y también por agentes no estatales, pero amparados por el Estado, como los Escuadrones de la Muerte, grupos paramilitares y parapoliciales.2727. González, “Guatemala”, 53-4.
El empleo de violencia sexual masiva y la nueva legislación internacional orientada contra los crímenes sexuales atrajeron la atención hacia contextos en los cuales los hechos de violencia sexual hasta entonces eran tratados como casos aislados, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Perú. En estos países, se hizo un esfuerzo en el sentido de comprobar el carácter repetido de la violencia sexual, practicada como instrumento de poder dentro de las dependencias represivas controladas por el Estado o por agentes del Estado contra opositores políticos, en especial contra las mujeres.
El mismo año en que salía a la luz el informe Valech, los resultados de una investigación realizada en Chile concluían que la tortura sexual había sido practicada en todo el territorio nacional, en prácticamente todos los locales de detención política y practicada por la mayoría de los agentes represivos.2828. Joffily, “Memória, gênero e repressão política no Cone Sul”, 123.
Es difícil saber si la sistematicidad fue fruto de órdenes de superiores, o de un contexto que hacía de la violencia sexual una posibilidad al alcance de la mano, puesto que las prisioneras políticas estaban aisladas, física y psicológicamente quebrantadas, vulnerables y expuestas al poder de los agentes represivos, sumado todo ello a una política de las altas jerarquías de no castigar estas prácticas. Las condiciones propicias pueden haber sido el dispositivo en la mayoría de los casos, pero hubo también situaciones en que los agentes fueron instruidos por sus superiores a mantener relaciones con las prisioneras, como ocurrió en la ESMA, en Argentina:
En los campos de concentración de la Marina, el sometimiento sexual de las mujeres era síntoma de “recuperación”. Dejar de desear intimidad solo con sus compañeros, con quienes tenían afinidad ideológica, similares valores y un compromiso con la militancia política y hasta con la lucha armada, para acceder a una “relación” o un contacto físico sexual con los oficiales del grupo de tareas implicaba una “recuperación” de los valores occidentales y cristianos.2929. Lewin y Wornat, Putas y guerrilleras, 339.
Sea como arma de subyugación del enemigo por la violación de las mujeres, sea como instrumento de “conversión” del oponente por medio del establecimiento de relaciones forzadas, el delito sexual se estableció como una estrategia específica de sumisión, por su efecto de degradación de la víctima, provocando un alto impacto subjetivo. El delito sexual, aun si cometido en el contexto de la lucha política, incidía sobre el núcleo de la persona, buscando afectar a la opositora política no en el terreno de las convicciones, sino en su núcleo moral íntimo. En Argentina, la conciencia sobre esa especificidad surgió en los años 2000, cuando los procesos judiciales contra represores pudieron ser reabiertos, luego de que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida fueron consideradas anticonstitucionales. Al final de la década, los procesos contra represores comenzaron a incluir, de forma autónoma, la violencia de género, lo que llevó al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en junio de 2010, a condenar al suboficial Gregorio Molina, por violaciones reiteradas cometidas en el centro clandestino de detención La Cueva, que operó en la Base Aérea de Mar del Plata, volviéndose el primer represor condenado por delitos sexuales, tipificados como crimen de lesa humanidad en Argentina.
Los avances conquistados en las últimas tres décadas abrieron la oportunidad de resignificar el carácter íntimo, privado y personal de la experiencia traumática de la violencia sexual y de inscribirlo en una esfera política y colectiva – sea de una dictadura militar, de una guerra étnica, o de un régimen de opresión racial. Esos importantes cambios sociales dieron espacio a la conformación de otro nivel de elaboración, una posibilidad de reconstrucción de sentido sobre lo que pasó, que politiza el abuso sexual perpetrado por los órganos represivos y en las prisiones políticas y que empodera a las personas que los sufrieron para que cuenten lo que vivieron y que denuncien la violencia sexual ante tribunales, ante comisiones de la verdad – que en un número creciente incorporan cuestiones de género – y para que reflexionen sobre sus efectos en libros y entrevistas públicas. En los últimos tiempos una nueva ola feminista está en curso en América Latina, de la cual algunos ejemplos son el debate sobre los acosos y los “piropos” en las calles – en el cual comportamientos antes naturalizados ahora son rechazados por las mujeres –, la “Marcha de las Putas” y la campaña “Ni una menos”, que denuncia el femicidio.
La importancia de los juicios específicos que involucran violencias sexuales difícilmente pueda ser minimizada, por contribuir a retirar el estigma de las mujeres afectadas por la violencia sexual, sea en un contexto de conflicto político, de violencia doméstica o de violación, y por señalizar a la sociedad la gravedad de esa naturaleza de delito. Sin embargo, incluso en Argentina, que está en la vanguardia del proceso de reconocimiento del crimen sexual como un delito autónomo, existe aún una serie de obstáculos por vencer, entre los cuales se encuentra la resistencia de los operadores de derecho. La abogada Ana Oberlin, al abordar la resistencia que existe para atribuirle a la palabra de las mujeres que sufrieron violencia sexual el mismo status concedido a las víctimas de tortura, explica que “[l]o que nos va quedando cada vez más claro es que las dificultades tienen que ver mucho más con una cuestión de concepción ideológica en relación con lo que son los delitos y las prácticas diferenciales hacia las mujeres que con cuestiones técnicas [jurídicas] insalvables”.3030. Bacci et al., …y nadie quería saber, 23.
La transformación de los marcos jurídicos internacionales en materia de violencia sexual, aunque resulta crucial para un nuevo entendimiento sobre delitos de tal naturaleza, está lejos de ser suficiente para que el tema tenga un tratamiento efectivo en todos los países afectados. Prueba de esto es la variedad de enfoques sobre las especificidades de género de la violencia política por parte de las comisiones de la verdad latinoamericanas más recientes, que alteran entre llevar el abordaje a todos los grupos de trabajo temáticos, e individualizarlos con el establecimiento de un grupo de trabajo exclusivo de género.
La reciente Comisión Nacional de la Verdad brasileña, por ejemplo, cuyo informe final fue entregado en 2014, creó un grupo de trabajo denominado “Dictadura y género”, que recogió declaraciones denunciando abusos y crímenes sexuales. Realizó también una audiencia temática, junto con la Comisión Estadual de la Verdad de São Paulo, en marzo de 2013. En el informe final, dedicó un capítulo a la cuestión de género, concentrando las declaraciones y análisis relativos a la violencia cometida contra las mujeres y discutiendo en particular “la violencia sexual de género como instrumento de poder”, así como “la preponderancia de la violencia sexual” en la represión de las mujeres.3131. Comissão Nacional da Verdade, Relatório final da Comissão Nacional da Verdade (Brasília: Presidência da República, 2014): cap. 10. Vale mencionar que, en investigación de maestría en curso en el Programa de Postgrado en Historia de la Universidad del Estado de Santa Catarina, Paula Franco constató que, entre las 24 comisiones/comités estaduales de la verdad – fenómeno particular brasilero – de las cinco que entregaron su informe final, cuatro incorporaron la discusión de género de alguna forma (agradezco a Paula Franco por esta información.)
Perú aportó una contribución innovadora al “tener siempre en cuenta la forma diferente en la que la violencia se vivió y se seguía viviendo por hombre y mujeres”.3232. Falcón, “La violencia contra las mujeres y la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”, 67. Partiendo de una visión más amplia de la cuestión de género, incorporó a las sedes regionales de la comisión, un miembro responsable por introducir este enfoque en cada sector de trabajo. El esfuerzo se hizo en el sentido de que la población peruana comprendiera que la violencia sexual no era un daño colateral, o algo ‘normal’ durante los conflictos armados sino que constituía una violación de derechos humanos y, como tal, debía figurar entre los casos a remitirse al Ministerio Público”.3333. Ibid., 68.
La violencia sexual sigue siendo un problema importante en las sociedades latinoamericanas, sobre todo en países con altos índices de desigualdad social y económica. Ese tipo de violencia se inscribe en una larga duración, sin embargo es preciso reconocer que las dictaduras militares fueron un capítulo significativo en esa trayectoria:
Hoy, Guatemala se ve afectada por una ola de feminicidios, que no son simples hechos criminales; existe una clara connotación de género y una gran ausencia de garantías de protección a los derechos de las mujeres por parte del Estado. Muchos de los cadáveres de las mujeres aparecen con mutilaciones y torturas aberrantes, como reminiscencias del modus operandi militarizado del conflicto armado interno.3434. González, “Guatemala”, 61.
El comentario escuchado por una candidata a concejal en Brasil, presentado al inicio de este artículo, demuestra que las concepciones de género defendidas por los regímenes autoritarios no están superadas y que siguen habitando el imaginario de los sectores conservadores.
Si bien las transformaciones sociales recientes crearon condiciones para que las mujeres se empoderen y relaten las violencias sexuales que padecieron y para que esos relatos sean efectivamente escuchados – incluso con consecuencias judiciales para los agresores –, hay sectores que todavía permanecen apartados de los espacios de escucha social. Este es el caso de las mujeres que tuvieron hijos de represores que las violaron. O de los hombres que sufrieron violencia sexual – no en términos de choques eléctricos o heridas en órganos sexuales, escogidos por su extrema sensibilidad, sino en el sentido mismo del abuso.
Los hombres que fueron sexualmente abusados han sido frecuentemente mencionados en la literatura reciente sobre violencia sexual durante las dictaduras militares, sin embargo siguen sin voz o sin lugar social para dar significado a una experiencia que se confronta con la honra viril que reviste al ideal del militante político. Un ejemplo sensible es el documental uruguayo “Decile a Mario que no vuelva”, del cineasta Mario Handler, realizado en Uruguay en 2007. En esta película, uno de los ex presos políticos relata, en dos ocasiones diferentes, haber sido forzado a practicar sexo oral a un represor. En el documental su relato queda suelto, como una botella lanzada al mar. En la jerarquía de las urgencias, es comprensible que la atención en lo que se refiere a la violencia sexual se haya volcado hacia las mujeres mayormente afectadas por esa violencia, que siguen viviendo en sociedades en las cuales la desigualdad de género es un fenómeno palpable. No obstante, tenemos que seguir avanzando e investigando otros terrenos desprovistos de escucha social. Hay que ampliar y sensibilizar nuestra escucha para los silencios que se quieren hacer oír.
