Por qué la política tributaria debe ser un tema de la lucha feminista
Este texto aboga por considerar la política fiscal desde una perspectiva de derechos humanos. En un contexto de creciente desigualdad económica y programas de austeridad que recortan servicios y medidas de protección social, es crucial para los defensores de derechos humanos incorporar la tributación para alcanzar la plena realización de los derechos humanos. En concreto, dadas las consecuencias en materia de género de la falta de financiación para realizar los derechos humanos, la política fiscal es de particular importancia para las/os defensoras/es de los derechos de las mujeres y las feministas de todo el mundo. Ya sea el impacto de impuestos indirectos en el salario de las mujeres, la manera en que las políticas fiscales afectan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo o las consecuencias en los derechos de las mujeres de la evasión fiscal a gran escala de las corporaciones, nuestra tarea se beneficiaría de comprender mejor cómo los impuestos son una cuestión de derechos humanos.
Durante los últimos ocho años la tributación se ha convertido en un tema habitual en las discusiones sobre desarrollo. La tormenta perfecta de austeridad, escándalos de evasión fiscal por parte de corporaciones en el Norte y en el Sur, privatizaciones generalizadas de servicios básicos y una polarización creciente en cuestiones de política económica han contribuido a la emergencia de la tributación desde el abismo de la oscura tecnicidad, que parece ser su hábitat natural. El proceso post 2015 también ha ayudado a movilizar parte de la sociedad civil por cuestiones tributarias. De hecho, la compleja y ambiciosa agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su naturaleza universal exigen un nuevo enfoque de la financiación del desarrollo sostenible. Y por otro lado está la realidad: vivimos en un mundo post ayudas donde los ingresos fiscales están empequeñeciendo a la ayuda como fuente de financiación para el desarrollo. Por ejemplo, en 2012, la recaudación total de impuestos en África era diez veces mayor que la ayuda al desarrollo.11. OECD, From commitment to action: Financing gender equality and women’s rights in the implementation of the Sustainable Development Goals (Paris: March 2015), visitado el 25 de octubre de 2016, https://www.oecd.org/dac/gender-development/From%20commitment%20to%20action%20FINAL.pdf.
Sin embargo, muchos defensores de derechos humanos todavía son reacios a adentrarse en el mundo de los impuestos. Pero deberían hacerlo, ya que involucrarse en cuestiones fiscales ofrece una gran oportunidad para traer al primer plano la pregunta sobre cómo avanzar en derechos humanos y ofrece también nuevas maneras de promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. En este artículo me enfoco particularmente en la relación entre la tributación, los derechos de las mujeres y la justicia de género. Esto está avalado por mi experiencia como feminista trabajando en una gran organización internacional no gubernamental en el Reino Unido, en la tarea de incorporar el análisis de género al bien consolidado trabajo sobre promoción y políticas para la justicia fiscal. En mi trabajo, la incorporación del análisis de género estuvo acompañada del intento de crear y fortalecer relaciones entre las organizaciones de derechos de las mujeres y el movimiento global por la justicia fiscal.22. El movimiento global por la justicia fiscal consiste en muchas organizaciones distintas incluyendo ONG regionales y nacionales como la Red para la Justicia Fiscal y Latindadd, ONGI, académicos, sindicatos como la Internacional de Servicios Públicos y otros activistas, muchos trabajando juntos en la Alianza Global por la Justicia Fiscal (http://www.globaltaxjustice.org/), que coordina campañas a través de cinco redes regionales. Creo firmemente que nuestros movimientos necesitan enriquecerse mutuamente y trabajar conjuntamente para revertir la erosión de los derechos humanos causada por la actual política económica dominante.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos para la promoción de los derechos de las mujeres están bien consolidados. Al ratificar la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 189 países se han comprometido a utilizar todas las medidas apropiadas para realizar los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, el progreso en la realización de los derechos de las mujeres ha sido “lento y desigual”, tal y como lo describió la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, al comentar los resultados de los exámenes de los progresos realizados que fueron emprendidos para el 20º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un proyecto mundial para la realización de los derechos de las mujeres.33. Liz Ford, “World leaders pledge to achieve gender equality by 2030,” the Guardian, March 10, 2015, visitado el 25 de octubre de 2016, https://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/10/world-leaders-pledge-womens-rights-equality-csw-2030. Si bien se han aprobado muchas leyes progresistas de igualdad durante los últimos 20 años, la falta de recursos económicos dedicados a su implementación ha sido una de las principales causas de la lentitud del progreso. El análisis de ONU Mujeres de un conjunto de Planes Nacionales de Acción para la igualdad de género ha mostrado insuficiencias de hasta 90% en el financiamiento.44. http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/financing-for-gender-equality. Se necesitan fondos para llevar a cabo todas las cosas necesarias para avanzar en la justicia de género, tales como casas de acogida para mujeres huyendo de la violencia doméstica, centros de salud materna, energía descentralizada con baja emisión de carbono, formación profesional, etc.
Aquí es donde aparece la tributación. Cuando los países alcanzan la categoría de país de ingreso medio y los niveles de ayuda disminuyen, la cuestión sobre cómo conseguir suficientes recursos para la realización de los derechos de las mujeres pasa de ser una de donante/beneficiario a una estructural, que pone en tela de juicio al sistema financiero mundial y aquellos que lo gobiernan. Incluso después de adoptar la Agenda 2030, que pide mejorar los servicios esenciales y las medidas e infraestructura de protección social, entre otras cosas, países del Norte y Sur Global están llevando a cabo políticas de austeridad. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las tendencias en el gasto gubernamental, basado en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), señala las consecuencias negativas para el desarrollo humano de un abanico de medidas políticas adoptadas por la mayoría de gobiernos desde 2011, tanto en el Norte como en Sur. En particular, se prevé que la excesiva contracción fiscal va a continuar hasta 2020, afectando al 80 por ciento de la población mundial, siendo el África Subsahariana una de las regiones más afectadas. Si estas políticas son implementadas, el resultado estimado será una pérdida de un 5 por ciento del PIB mundial y 12 millones de empleos. En particular, 93 países en desarrollo están considerando subir los impuestos sobre el consumo, tales como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que puede tener un impacto desproporcionado sobre las mujeres que viven en la pobreza.55. Las medidas políticas consideradas son: 1. Eliminación o reducción de subsidios, incluyendo aquellos para comida, insumos agrícolas y combustible. 2. Recortes o límites al gasto salarial en el sector público. 3. Racionalización y carácter más restringido de las redes de protección social. 4. Reformas en las pensiones, mercado de trabajo y asistencia sanitaria. 5. Protección social. El documento completo está disponible en: Isabel Ortiz et al., The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries (Geneva: ILO, 2015). (Extension of Social Security Series, no. 53), visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53192. Es preocupante que los gobiernos se estén planteando una medida regresiva como esta en vez de intentar implementar una reforma fiscal progresiva, a nivel nacional e internacional, de manera coherente con los compromisos de los ODS.
No podemos decir que estas cuestiones hayan estado siempre en la primera línea del movimiento por los derechos de las mujeres pero es hora de hacer de la financiación una cuestión central del feminismo. Cuando luchamos por la realización de los derechos de la mujer y la igualdad de género, necesitamos mirar de cerca la tributación.
Aunque los derechos humanos no presentan necesariamente a los gobiernos un programa de políticas macroeconómicas, no se quedan callados sobre cuáles deberían ser los resultados de la política económica. El Artículo 2.166. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) llama a los Estados a destinar el máximo de recursos disponibles para lograr la realización progresiva de los derechos humanos. La anterior relatora especial de la ONU, Magdalena Sepúlveda Carmona, reunió pruebas sobre cómo la política fiscal en muchos países obstaculiza la realización de los derechos humanos. En su informe sobre Política Fiscal y Derechos Humanos subraya la necesidad de “incluir un compromiso para poner en concordancia la política fiscal con las obligaciones en materia de derechos humanos como parte del marco de desarrollo sostenible post 2015, incluyendo la obtención de suficientes ingresos públicos de modo equitativo, destinando y empleando los ingresos para realizar los derechos humanos de todos, y el fortalecimiento de la supervisión pública, la transparencia, participación en la política fiscal y rendición de cuentas sobre la misma, luchando contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.”77. United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepúlveda Carmona (Geneva: A/HRC/26/28, 22 May 2014), visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_28_ENG.doc.
Cuando pensamos sobre la tributación desde una perspectiva de derechos humanos, pensamos sobre sus cuatro funciones: obtención de fondos, redistribución, representación y revisión de los precios. Cada una de ellas es un canal potencialmente poderoso para luchar contra la desigualdad. La obtención de fondos mediante los ingresos tributarios proporciona servicios sociales accesibles y de alta calidad, la redistribución garantiza que los ingresos y la riqueza sean mejor compartidos, la representación aumenta la voz y el poder de las mujeres y hombres desfavorecidos en asuntos fiscales y políticos, fortaleciendo al mismo tiempo la rendición de cuentas de aquellos en el poder. Finalmente, es posible conformar incentivos positivos y negativos mediante la revisión de los precios de los bienes y servicios y corregir distorsiones del mercado. Debido a sus funciones, los impuestos pueden ser una herramienta poderosa para realizar la igualdad substantiva.
Por lo general, los defensores de la justicia fiscal se han enfocado en el impacto de la tributación en la desigualdad de ingresos, pero hay un creciente movimiento de investigadores, defensores y activistas movilizándose para señalar el modo en que la política fiscal afecta las cuestiones de género y puede por ende promover u obstaculizar la realización de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.
En la mayoría de países las mujeres están sobrerrepresentadas entre las personas con bajos ingresos, y hay un conjunto de investigaciones consistentes que muestran que el debilitamiento del estado fiscal de los últimos 30 años ha perjudicado desproporcionadamente a los grupos salariales más bajos. Las mujeres son afectadas por la tributación de maneras específicas debido a las características de su empleo, incluyendo sus salarios, su parte de trabajo no remunerado en prestación de cuidados, sus patrones de consumo y su propiedad de bienes.
Las mujeres llevan a cabo dos tercios del trabajo no remunerado del mundo. Esto incluye el cuidado de niños, enfermos y ancianos, así como tareas domésticas tales como cocinar, limpiar y buscar agua y leña. Debido a la parte desproporcionada de las tareas no remuneradas de las cuales son responsables, las mujeres tienden a entrar y salir del mercado de trabajo en diferentes momentos de su vida. Cuando trabajan, ganan menos que los hombres – mundialmente, entre un 60 y un 75 por ciento de los salarios de los hombres – y tienden a estar agrupadas en trabajos precarios mal pagados, tales como la prestación remunerada de cuidados. Las normas sociales y la legislación que favorecen a los hombres en la propiedad y transmisión de bienes privados despojan a las mujeres de su parte proporcional de riqueza. Aquellas mujeres en la parte inferior de la escala salarial pueden no pagar impuestos sobre su salario pero pagan impuestos indirectos como el IVA o el impuesto sobre ventas y son excluidas de los beneficios otorgados a través del sistema tributario. Por ejemplo, las mujeres pueden no trabajar lo suficiente durante su vida para cumplir los requisitos necesarios para acceder a los sistemas de pensiones contributivos, lo cual las expone a la pobreza al alcanzar edades avanzadas. En países donde el sistema de pensiones es particularmente regresivo, las mujeres que viven en la pobreza tienen que soportar una presión fiscal desproporcionada. Por ejemplo, en Brasil se estima que las mujeres negras, uno de los grupos más pobres, acaban cargando con la mayor presión fiscal.88. Inesc, Carga tributária brasileira é mais pesada para mulheres negras e pobres. E seus direitos? Brasília, Inesc, 2 de julio de 2015, visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2015/julho/carga-tributaria-brasileira-e-mais-pesada-para-mulheres-negras-e-pobres.
Aquellos países que todavía tienen regímenes de tributación conjunta para esposas y parejas tienden a perjudicar a los miembros que cobran menos (en el caso de parejas heterosexuales, usualmente la mujer) y desincentivan el trabajo pagado de la mujer, reforzando al mismo tiempo el estereotipo de que el salario de la mujer es secundario al del hombre que gana el pan, y de su trabajo no remunerado de cuidados. En un contexto de amplias diferencias entre los salarios de las mujeres y de los hombres y sus tasas de ocupación, los impuestos sobre la renta pueden desincentivar todavía más a las mujeres a obtener empleos remunerados cuando las desgravaciones fiscales para dependientes favorecen un modelo estereotipado del hombre como sostén económico. En Marruecos, por ejemplo, las desgravaciones fiscales para dependientes están asignadas automáticamente a los hombres; las mujeres trabajadoras tienen que demostrar jurídicamente que son la cabeza de familia antes de poder pedir las desgravaciones. Además, como estos beneficios casi nunca cubren los gastos en servicios de cuidado como guarderías, su efectividad es limitada y es por tanto “más barato” dejar las responsabilidades del cuidado a las mujeres y hacerlas quedarse en casa. Es importante entender cómo los prejuicios de género se entrecruzan con las clases sociales y los estados civiles. Por ejemplo, en el Reino Unido están apareciendo pruebas de que las mujeres solteras son el grupo más afectado por las políticas de austeridad, pues sus créditos fiscales se están reduciendo drásticamente a la vez que se están recortando servicios.99. Stephanie Seguino et al., Inequality Matters: austerity policies, gender and race (London: LSE y University of Vermont y SOAS, May 2015), visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.lse.ac.uk/publicEvents/pdf/2015-ST/2015-Stephanie-Seguino-PPT-FINAL.pdf.
La cantidad total de ingresos tributarios que se está recaudando también afecta más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres tienden a depender más de los servicios públicos, los cuales están con problemas tras años de recortes presupuestarios regresivos. Los regímenes tributarios regresivos con tipos elevados de IVA o impuestos sobre la venta afectan los ingresos de las mujeres de un modo particularmente duro, ya que tienden a ser ellas quienes compran comida, ropa y otros productos básicos para el hogar. En la mayoría de países, productos esenciales para las mujeres como los productos sanitarios tienen elevados tipos de IVA. Al mismo tiempo, los salarios a menudo son gravados a un tipo mayor que la riqueza y se permite que los ingresos de corporaciones transnacionales e individuos con alto nivel de patrimonio escapen hacia jurisdicciones con secreto bancario, conocidas como paraísos fiscales. Como es abrumadoramente más probable que los hombres blancos ricos acumulen riquezas, posean propiedades y sean directores generales de corporaciones y accionistas, son las mujeres en las capas inferiores de la economía quienes están pagando por un sistema fallido. La política fiscal, como toda economía política, opera en un mundo construido sobre la desigualdad de género, raza y clase. Esto y su potencial para revertir las desigualdades son razones de peso para que los defensores de derechos humanos hagan de la tributación parte de su lucha.
2015 fue un año crucial para las feministas y los defensores de los derechos de las mujeres de todo el mundo. Trabajamos duro para garantizar que los ODS tuviesen la igualdad de género en su núcleo, con el objetivo de poner al mundo en la dirección correcta para acelerar el progreso hacia la igualdad de género. Y acelerar el progreso es justo lo que tenemos que hacer; los exámenes nacionales, regionales y mundiales llevados a cabo para el 20º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing han mostrado que, a pesar de que hay más legislación para la igualdad en muchos países del mundo, el progreso ha sido lento y desigual.
En marzo de 2016, Estados Miembros y activistas se reunieron en Nueva York para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer – el encuentro anual que intenta hacer avanzar la realización de la Plataforma de Acción de Beijing. El tema discutido en 2016 fue la implementación de los ODS. Una pregunta recurrente durante todo el proceso, planteada en incontables mesas, fue “¿Qué pueden hacer las corporaciones por la igualdad de género?” La lista es larga, desde garantizar un salario equitativo para las empleadas hasta respetar sus derechos en el trabajo y desde garantizar libertad de asociación hasta promover a las mujeres a posiciones de liderazgo y luchar contra la discriminación y violencia de género en el lugar de trabajo. Sin embargo, hay otra cosa que las corporaciones pueden hacer para apoyar los derechos de las mujeres y el progreso hacia una mayor igualdad de género: pagar una cantidad más justa de impuestos en los países en los que operan y dejar de cabildear por exenciones fiscales.
Las normativas fiscales mundiales no han logrado mantener el ritmo del comercio mundial, 80% del cual ocurre ahora dentro de corporaciones transnacionales.1010. United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD, 80% of trade takes place in ‘value chains’ linked to transnational corporations, UNCTAD report says (Ginebra, 27 de febrero de 2013), visitado el 25 de octubre de 2016, http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=113. Las corporaciones transnacionales son conglomerados mundiales que buscan maximizar beneficios mediante estrategias coordinadas. Sin embargo, a fines tributarios son tratados como empresas individuales. Esto crea una serie de lagunas que permiten a distintas partes de una compañía comerciar bienes y servicios a unos precios artificialmente inflados y enviar los beneficios a esas jurisdicciones, conocidas como paraísos fiscales, que tienen la tasa impositiva más baja o incluso de cero, para minimizar su carga tributaria. Así, una normativa desfasada y una red mundial de jurisdicciones con secreto bancario facilitan la evasión fiscal. La riqueza financiera depositada en paraísos fiscales por corporaciones, así como por individuos ricos, se estima que provoca la pérdida de 170 mil millones de dólares estadounidenses en carga tributaria cada año.1111. “How do we make sure the Panama Papers lead to lasting reforms on tax evasion?” From Poverty to Power Blog, 7 de abril de 2016, visitado el 25 de octubre de 2016, https://oxfamblogs.org/fp2p/how-do-we-make-sure-the-panama-papers-lead-to-lasting-reforms-on-tax-evasion/. Además de su capacidad para minimizar sus facturas de impuestos, las corporaciones han estado disfrutando de una reducción constante en la tasa impositiva corporativa: según KPGM, la empresa internacional de contabilidad, la media de la tasa de impuestos corporativa en el mundo se redujo de un 38% en 1993 a un 24,9% en 2010.1212. Christian Aid and Center for Economic and Social Rights (CESR), A Post-2015 Fiscal Revolution - Human Rights Policy Brief (New York: CESR, 2014), visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.cesr.org/downloads/fiscal.revolution.pdf. Las corporaciones son solo uno de los contribuyentes de los cuales los países en desarrollo necesitan obtener más ingresos, pero son uno crucial. Según el FMI, los impuestos corporativos alcanzan el 16% de los ingresos gubernamentales en los países en desarrollo, mientras que en los países de ingresos altos es de poco más del 8%.1313. ActionAid, Christian Aid and Oxfam, Getting to Good – Towards Responsible Corporate Tax Behaviour (Reino Unido: noviembre de 2015), visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.christianaid.org.uk/images/Getting-to-good-corporate-tax-November2015.pdf.
Como ya se ha mencionado, la consecuencia inmediata de la evasión de impuestos para los derechos de la mujer es una falta de recursos para implementar políticas y programas para evitar y combatir la violencia contra las mujeres, para garantizar servicios de salud materna seguros y para reducir las ingratas tareas domésticas al proporcionar agua canalizada y electricidad. Aparecen otras consecuencias porque los gobiernos se ven presionados para incrementar los ingresos tributarios y lo hacen aumentando impuestos indirectos como el IVA y los impuestos sobre ventas, lo cual tiene un impacto desproporcionado sobre aquellos con bajos salarios y especialmente sobre las mujeres, que, debido a los papeles de género que le son asignados, tienen que hacer cuadrar los presupuestos familiares. En segundo lugar, las actividades económicas de las mujeres y sus derechos en el trabajo están conformados por la política fiscal. A pesar de la atención actual al empoderamiento económico de las mujeres, pocas veces aparece la cuestión de la tributación. El 80% de las mujeres del Sudeste Asiático y el 74% del África subsahariana trabaja en la economía informal, la mayoría sin acceso a contratos legales ni protección social. Aun así, pagan impuestos. Las investigaciones llevadas a cabo por Christian Aid en Ghana mostraron que el 96% de las mujeres comerciantes que trabajan en mercados en Accra estaban pagando impuestos que alcanzaban un 37% de sus ingresos y sin ningún acceso a la protección social.1414. Erica Carroll, Taxing Ghana’s informal sector: the experience of women (Reino Unido, Christian Aid, noviembre de 2011), visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.christianaid.org.uk/images/ghana-women-informal-sector.pdf. A menudo fueron hostigadas por los recaudadores de impuestos y nunca vieron ninguna mejora en sus condiciones de trabajo, tales como mejores instalaciones, como lavabos, en el mercado.
Mientras que las mujeres con pequeñas empresas no tienen otra opción que pagar el IVA y una gama de otros impuestos locales, las corporaciones transnacionales disfrutan de generosas exenciones fiscales a medida que los gobiernos compiten para atraer inversión extranjera directa.1515. OECD, Tax and Development – Principles to enhance the transparency and governance of tax incentives for investment in developing countries, visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.oecd.org/ctp/tax-global/transparency-and-governance-principles.pdf. En particular, los incentivos fiscales para el sector extractivo no hacen nada por promover la inversión y privan al gobierno de ingresos para afrontar los frecuentes e inmensos costos medioambientales y sociales. El FMI detectó que en 1980 ningún país de bajos ingresos en el África subsahariana tenía zonas libres de impuestos y, en cambio, en 2005 el 50% sí lo tenía. Mientras que el 40% de los países africanos subsaharianos estaban ofreciendo moratorias fiscales en los años 1980, en 2005 lo hacía el 80%. Los incentivos fiscales son ofrecidos casi siempre de forma ad hoc, sin un adecuado análisis costo/beneficio. Las zonas económicas especiales que son creadas para estas compañías tienen con frecuencia condiciones laborales precarias, prohibición de sindicatos y contaminación medioambiental. Los incentivos fiscales enmascaran la contribución que las mujeres trabajadoras hacen a la economía y subvencionan eficazmente condiciones laborales precarias y bajos salarios. En Camboya, por ejemplo, las subvenciones a las fábricas y empresas textiles, incluyendo inventivos fiscales y aduaneros, alcanzaron los 1300 millones de dólares estadounidenses en 2013, el equivalente a cuatro veces el gasto conjunto del gobierno y los donantes en Camboya en 2012. El PIB de Camboya casi se dobló entre 2007 y 2013, alimentado significativamente por la multimillonaria industria textil del país. Sin embargo, este impresionante crecimiento oculta profundas desigualdades económicas, especialmente para las mujeres. Alrededor del 90% de los trabajadores textiles en Camboya son mujeres. Pero, aunque su trabajo ha sido un contribuyente principal al crecimiento económico del país, siendo la industria textil responsable de un inmenso 80% de los ingresos por exportaciones, la diferencia salarial entre géneros en el país aumentó más del doble entre 2004 y 2009.1616. Kasia Staszewska, Close the gap! The cost of inequality in women’s work (Reino Unido: ActionAid, enero de 2015), visitado el 25 de octubre de 2016, https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/womens_rights_on-line_version_2.1.pdf.
Finalmente, hay también una razón feminista más radical sobre por qué son importantes los impuestos de sociedades. Las corporaciones están actualmente recogiendo los beneficios del trabajo no remunerado de cuidados dispensado por las mujeres, que subvenciona la economía productiva y reproduce y mantiene la fuerza laboral de hoy y mañana. Puesto que este trabajo es generalmente invisible en la política económica, no hay ninguna evaluación de los recursos necesarios para mantenerlo o una evaluación rigurosa del impacto de las políticas económicas sobre la carga de cuidados no remunerados de las mujeres. A pesar de sus limitaciones, el objetivo 5.4 de los ODS sobre los cuidados no remunerados nos ofrece una oportunidad renovada de hacer los cuidados visibles e impulsar su reconocimiento, reducción y redistribución mediante la inversión en infraestructura y servicios públicos universales.1717. El objetivo pide intervenciones “según proceda en cada país”, mostrando la fuerza del prejuicio hacia considerar los cuidados no remunerados como trabajo de las mujeres. Además, el indicador de este objetivo solo muestra el tiempo empleado disgregado por edad, sexo y localidad en lugar de cualquier dato sobre la prestación de servicios concreta.
El movimiento por los derechos de las mujeres no debería pedir menos que una revisión completa de la normativa fiscal mundial. La evasión fiscal también daña a los países ricos. Por lo tanto, se han iniciado esfuerzos por la reforma por parte de la OCDE, en particular viendo las pérdidas en ingresos de la economía digital. Sin embargo, los países en desarrollo, en particular los países pequeños con bajos ingresos, no se sientan en la mesa de la OCDE y los temas a los que se enfrentan no forman parte de su programa de trabajo. Una manera más democrática de reformar la normativa fiscal mundial sería poner la toma de decisión bajo el auspicio de la ONU, con un Organismo Fiscal Mundial que cuente con recursos suficientes, incluyendo a expertos en derechos humanos y en igualdad de género. La petición de un organismo fiscal mundial estuvo muy presente en las negociaciones para la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Addis Abeba en julio de 2015, creando una profunda división entre los países del Norte y los países del Sur.1818. Para más información sobre la conferencia, ver http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf.
Actualmente, en el primer año de implementación de los ODS, 93 países en desarrollo están considerando aumentar el IVA y otros impuestos al consumo, así como otras medidas fiscales contractivas tales como el congelamiento de salarios en el sector público. La implementación de los ODS, así como otros antiguos compromisos con los derechos de las mujeres y la igualdad de género dependerán de las políticas económicas que los países adopten y sobre las que se coordinen, incluyendo la política fiscal. Es crucial para la comunidad de derechos de las mujeres organizarse conjuntamente con aquellos que trabajan por la justicia fiscal y económica y hacer que los gobiernos rindan cuentas ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en otros espacios donde la política económica mundial está siendo discutida, tales como las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Necesitamos dar prioridad a las finanzas en los espacios dedicados a los derechos de la mujer y dar prioridad a los derechos de la mujer en los espacios de finanzas.
Trabajar con los organismos para expandir la rendición de cuentas en materia de derechos humanos, especialmente las obligaciones extraterritoriales, puede abrir nuevas vías para exigir responsabilidades a los Estados y a las corporaciones. Este año una coalición variada trabajó conjuntamente para presentar un documento ante el Comité de la CEDAW en relación a su evaluación de Suiza. El documento1919. Berne Declaration et al., State Responsibility for the Impacts of Cross-border Tax Abuse on Women’s Rights & Gender Equality (Ginebra, 22 de febrero de 2016), visitado el 25 de octubre de 2016, http://www.cesr.org/downloads/Switzerland_CEDAW_Submission_TaxFinance_1mar2016.pdf. producido por el Centro de Derechos Económicos y Sociales en colaboración con la Global Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la Red para la Justicia Fiscal (RJF) y la Declaración de Berna, abre nuevos caminos al ser el primero en enfocarse exclusivamente en el papel de un paraíso fiscal en socavar los derechos humanos fuera de sus fronteras. Como resultado de la iniciativa, la CEDAW ha exigido responsabilidades a Suiza por el impacto que sus políticas pueden haber tenido al facilitar el fraude fiscal extranjero ante el Comité a principios de noviembre de este año.
Este es un ejemplo importante que podría ser reproducido no solo mediante trabajo en políticas e incidencia política sino también en nuestra organización en lugares de trabajo, escuelas y comunidades. Hay una necesidad apremiante de desmitificar la política económica, incluyendo la tributación, e incorporarla a nuestros objetivos en la lucha por un mundo distinto y mejor.
