Unidos en la creencia de que los civiles no deben sufrir la imposición intencional de violencia sistemática y generalizada, y en la comprensión de que son necesarias medidas especiales para prevenir y proteger a los grupos de tal tipo de violencia, un grupo diverso de investigadores, educadores, periodistas, activistas, abogados, políticos, diplomáticos y líderes militares hicieron oír sus voces contra el genocidio y las atrocidades en masa. Este grupo creció exponencialmente a lo largo de la última década y hoy puede ser visto como un campo de trabajo emergente. Este ensayo explora algunos de los desafíos conceptuales y prácticos que este sector enfrenta, en el devenir de su desarrollo profesional
Actualmente los esfuerzos destinados a la prevención de genocidios y atrocidades masivas emergen de una larga historia de asesinatos masivos de civiles que fueron aceptados o que fueron considerados como cuestiones de segundo orden en los procesos de negociación, debido a lealtades políticas o por la necesidad de ganar un conflicto. No faltan ejemplos, en diversas sociedades, de ataques aberrantes contra los grupos más vulnerables. Los casos más reconocidos como el Holocausto, Ruanda y Srebrenica, dominan los debates, pero existen casos mucho menos conocidos como el de Guatemala.
La guerra civil en Guatemala (1960-1996) estuvo entre los más sangrientos conflictos de la Guerra Fría en América Latina. Un número estimado de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Dos años de la década de 1980 se destacan como la fase más letal del conflicto. Entre 1981 y 1983, entre 100.000 y 150.000 mayas guatemaltecos fueron asesinados por la fuerza armada nacional (JONAS, 2009, p. 381). Como parte del cruento plan de contrainsurgencia, las fuerzas gubernamentales mataron, violaron, torturaron y desplazaron forzosamente a los Mayas de las regiones rurales de montaña. A partir de 1983, las fuerzas armadas tomaron medidas para controlar a los sobrevivientes, dando lugar a una segunda fase del ataque, marcado por una combinación de amnistía y de militarización intensificada en las comunidades sobrevivientes. En la comunidad más golpeada, Rabinal, 14,6% de la población fue asesinada y 99,8% de las víctimas eran mayas (HIGONNET, 2009, p. 27).
Para el gobierno guatemalteco, estas ofensivas eran consideradas como necesarias para poner fin una larga guerra civil (1960 – 1996) y para permitir la modernización del Estado. Para los principales países que apoyaron al gobierno, particularmente EEUU, la principal característica del proceso fue la insurgencia marxista, sólo uno de los ejemplos de lo que era considerado como una amenaza global. Los activistas de derechos humanos de Amnistía Internacional y de Americas Watch (ahora Human Rights Watch) eran señalados como simpatizantes comunistas por el sólo hecho de documentar las atrocidades. El gobierno norteamericano acusó a dichos grupos de ser parte de una “campaña de desinformación organizada […] por grupos que apoyaban la insurgencia de izquierda” (SIKKINK, 2004, p. 167).
Sólo cuando fue publicado el informe final de la Comisión para la Clarificación Histórica en Guatemala apoyada por las Naciones Unidas, Memoria del Silencio, en 1999, se aplicó por primera vez el término “genocidio” para esta violencia. El informe describe lo que sucedió como “actos de genocidio contra el pueblo Maya que vivía en la región de Ixil, Zacualpa, norte de Huehuetenango y Rabinal” (HIGONNET, 2009, p. 131).
Mucho ha cambiado desde los 80’s – y particularmente desde los fracasos de Ruanda y Bosnia – Herzegovina y el exponencial crecimiento del área en respuesta a Sudán. Hoy, el valor del trabajo de prevención del genocidio y de las atrocidades masivas es reconocido por los líderes globales y se lleva a cabo desde una amplia gama de enfoques disciplinarios y organizativos. Si bien algunos de los actores más visibles y conocidos están en EEUU, individuos, organizaciones y coaliciones de todo el mundo, incluyendo de lugares que han experimentado la violencia en el pasado, están abordando la problemática de la prevención y respuesta a las atrocidades masivas.
El sector está unido en la creencia ética de que grupos enteros de civiles no deben ser atacados, y en el supuesto normativo de que deben crearse medidas especiales para proteger frente y para responder a esta violencia. Pero más allá del consenso ético y normativo, hace falta más debate. Para que el campo consolide su progreso y continúe creciendo, debe fortalecer sus capacidades de auto-reflexión y crítica.
Hoy, el movimiento de prevención del genocidio está marcado por cuatro características distintivas. Primero, el campo está emergiendo, sin estar unido.1 Es tiempo de gran creatividad y experimentación. Esto significa que las prácticas básicas, los supuestos, las herramientas, y los vocabularios están en debate. Existen múltiples objetivos, y no están claras las diferencias entre ellos. Un área donde esto es particularmente notorio es en el ámbito de las terminologías usadas para describir el fenómeno que se trata: genocidio, atrocidades en masa, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y así sucesivamente.
Segundo, hubo un cambio de énfasis que pasó de la respuesta a la prevención y en este cambio, muchas personas y organizaciones del área (aunque seguramente no todas) han optado por centrarse en las cuestiones estructurales, tanto en términos de las condiciones que permiten que ocurra la violencia, como en las agencias y foros que pueden responder a los acontecimientos de violencia. Ambas áreas nacen del estudio de los patrones de los diferentes casos, del imperativo de comprometerse antes de la pérdida de vidas, y de la necesidad de tener fuertes medidas de respuesta preparadas -una “caja de herramientas”- y listas para ser usadas. El cambio puede también observarse en los esfuerzos de los activistas, que están intentando construir un grupo permanente de ciudadanos comprometidos, en lugar de generar un nuevo interés para cada caso particular.
Pero la crisis continúa orientando los debates políticos y la marea no baja como para permitir una construcción cuidadosa de nuevos sistemas. Por lo tanto, los cambios burocráticos son realizados en un ambiente en el que es fácil que las necesidades de largo plazo estén opacadas por las preocupaciones actuales, más urgentes. Además, mejorar la respuesta, requiere necesariamente dinámicas específicas para cada caso, con un conjunto completamente diferente de capacidades y conocimientos. Finalmente, introducir un estándar o normalización en los mecanismos de respuesta para la violencia extraordinaria amenaza con nivelar hacia abajo, cuando deban ser desplegadas medidas extraordinarias.
Tercero, hay un cambio en la postura histórica de los derechos humanos de oponerse a los gobiernos, para pasar a trabajar cooperativamente con los gobiernos y organizaciones multilaterales e internacionales con el fin de crear mecanismos de respuesta más fuertes, más diversos y adecuados. Obviamente, esto no significa que los abogados se abstengan de criticar las políticas gubernamentales; incluso una mirada más superficial de los recientes informes podría refutar rápidamente esta afirmación. Se trata más bien de un cambio sutil de actitud, que pasa a ver a los gobiernos como un aliado, en buena medida positivo, aún si necesita a veces ser incitado para usar mejor su poder global. El cambio significa que actores no gubernamentales han encontrado aliados dentro de los gobiernos y que están optando por estrategias que buscan resultar en cambios políticos reales. Este impacto positivo no deber ser subestimado.
Sin embargo, esta estrategia sólo funciona si hay un gobierno que está dispuesto a colaborar y que cede ante tal presión, por lo tanto, ofrece un modelo de acción sólo en algunas sociedades y sobre algunos temas. Tal vez, también puede profundizar algunos prejuicios nacionales al priorizar las conversaciones con comunidades políticas nacionales preestablecidas, en lugar de forzar la búsqueda de coaliciones internacionales con diversos aliados. Esto significa que el campo se está desarrollando en torno a acciones que son percibidas como más factibles debido a su potencial atractivo para los gobiernos clave, en lugar de estar necesariamente guiados por las circunstancias en lugares en riesgo o que sufren violencia masiva. Esto además invita a los gobiernos a usar medidas coercitivas – una invitación, que una vez desarrollada, es difícil de controlar o retirar.
Finalmente, los activistas de la prevención de genocidios han avanzado mucho más que varias campañas anteriores por los derechos humanos, en comprometer al público general para que ejerza presión sobre sus propios gobiernos, particularmente en EEUU. Como resultado, el movimiento ha mostrado una considerable creatividad y ha tocado con la pasión por sus temas, a un público más amplio. Nadie debería dudar que existe un público para este trabajo. Sería un gran logro si el campo puede continuar creciendo y profesionalizándose sin perder la chispa de ingenuidad que caracteriza sus convincentes esfuerzos por llegar al público general. Alcanzar a un público más amplio, contribuye a la capacidad del campo de hacer fuertes sus recomendaciones políticas y de sostener la atención política sobre los temas.
El reto de este accionar, es que mantener un fuerte esfuerzo para alcanzar al público general puede consumir los recursos de una organización y promover políticas y medidas más bien dirigidas a lo que pueden hacer las personas como agentes de presión, que a mejorar las condiciones de las personas en riesgo. Finalmente, en general, el público más amplio no está lo suficientemente bien capacitado para crear actores informados del movimiento. Hay muy poco entendimiento sobre las dinámicas de la construcción de la política externa, poca información sobre los casos específicos, o incluso sobre los conceptos básicos (por ejemplo, organizaciones de derechos humanos versus organizaciones humanitarias). Si bien esto puede ser una preocupación amplia sobre la política externa, tiene ramificaciones específicas para aquellos que enfatizan el rol de un movimiento público.
No todos concuerdan con esta presentación sobre los desafíos que enfrenta el campo o cómo debería responderse a estos retos. Sin embargo, la fuerza de un campo no se mide sólo por sus puntos de consenso, sino por la vivacidad de sus debates. El presente artículo busca tanto esbozar las áreas de consenso en el campo y el conocimiento de base que lo informa como las áreas de disenso. Para dicho fin, busca ser provocativo al resaltar los debates en marcha en este terreno. Los temas levantados en este documento no se prestan a respuestas fáciles ni tampoco necesariamente a consensos, y tal vez esto no sea lo deseable. Por el contrario, se espera que puedan contribuir a la capacidad del campo en su auto-crítica y reflexión, a la vez que lo desafía a acercarse a otros campos, para compartir conocimientos y aunar esfuerzos.
Los debates sobre los objetivos son válidos para el campo, no porque producen consenso, sino porque provocan debates sobre las fortalezas y debilidades de organizaciones que crecen continuamente, con relación a la evolución de las circunstancias.
Un ejemplo, viene del área de los derechos humanos ya que se discute si conviene y cómo expandirla, para incluir los derechos sociales y económicos, además de los derechos políticos y civiles. “La pobreza es la peor crisis mundial de derechos humanos”, afirma enfáticamente la ex Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan en The Unheard Truth: Poverty and Human Rights (KHAN, 2009). En junio de 2009, Amnistía lanzó su campaña “Exige Dignidad”, cuyo objetivo es “terminar con los abusos a los derechos humanos que encarcelan a las personas en situación de pobreza” (AMNESTY INTERNATIONAL, 2011). Mary Robinson, entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que durante la Guerra Fría los países occidentales tendieron a argumentar solamente por derechos políticos y civiles, mientras que los países del bloque soviético hicieron hincapié en los derechos económicos y sociales. El resultado fue que los dos lados hablaban más allá del área. “Con el tiempo”, argumenta, “finalmente se tomaron los dos grupos de derechos con la misma seriedad”. (ROBINSON, 2004, p. 866).
Human Rights Watch (HRW) asumió un enfoque diferente. El Director Ejecutivo Ken Roth, apuntó que “señalar y avergonzar”, la principal metodología de HRW, dependía de la habilidad de la organización para documentar un caso claro de violación, el violador y el remedio. Si bien concuerda con que los derechos económicos y sociales son críticos para el bienestar de la población y pueden ser conseguidos, de alguna forma por la vía de la denuncia pública, argumenta que promoverlos no es el rol central de HRW, debido a las fortalezas y limitaciones de la organización:
El capital moral no se acumula a través de una única voz (¿por qué nuestra opinión debería contar más que otras?), sino a través de nuestra metodología de investigación y de informes. Es un recurso finito que se puede disipar rápidamente si no está asentado en nuestra fortaleza metodológica. (ROTH, 2004, p. 65).2
Los términos en los que se desarrolla la discusión ofrecen algunas orientaciones para el campo de la prevención del genocidio y atrocidades. ¿Cómo pueden las organizaciones equilibrar su trabajo entre la naturaleza de los abusos en los que se centran y su capacidad organizacional singular, y contribuir con mejoras? ¿Cuál es la estrategia más sostenible y rigurosa para una organización? Es un debate que debe evaluar tanto las fortalezas como las debilidades organizacionales y lidiar con un ambiente externo en evolución. Y es poco probable que la respuesta venga de los mismos actores.
Dentro del campo de la prevención del genocidio y de las atrocidades en masa, existen importantes distinciones en los potenciales objetivos, que aún no han sido debatidas. A continuación se presentan una serie de ejemplos sobre las formas de articular un objetivo central. No se trata de una lista exhaustiva. Existen compromisos con cada uno, y ninguno brinda una opción obvia o fácil para los actores del sector:
(1) Protección de grupos vulnerables (definidos por su agrupación o por su simple identidad civil) de la amenaza de muerte en momentos de crisis extrema. El objetivo se define con relación a una amenaza claramente visible o a una violencia en curso que marca de muerte a las víctimas (asesinatos). Es el objetivo que tiene más sentido en contextos de ofensivas rápidas contra grupos de civiles y se enfoca en las condiciones, para contener el número de muertes. Como el objetivo más claramente definido en esta lista, es el que se aplica de forma más consistente. También es el que se corresponde mejor con los extremos intereses éticos implícitos en el término “genocidio”, así como a los variados mecanismos extraordinarios de respuesta, en desarrollo en el área. Sin embargo, es una forma rara de violencia, que se desarrolla en general muy velozmente, y que puede terminar o cambiar de la misma forma rápida.
(2) Reducir la capacidad de las fuerzas armadas de desarrollar instancias de violencia de gran escala contra civiles. El objetivo comienza en referencia al momento de la crisis, ya sea definido únicamente por la amenaza de muertes o por su potencial expansión en lo que se llama muerte indirecta o la creación intencional de “condiciones de vida” que causan la muerte. Sin embargo, el objetivo también se extiende al compromiso con soluciones de largo plazo que alteren la correlación de poder que permitió que ocurran las atrocidades. Inevitablemente, este tipo de meta implica un compromiso con situaciones que van más allá del momento de crisis extrema; implica también una visión política, en general tomando partido por una realineación de poder más deseable; así como un número mucho mayor de casos que podrían ser potencialmente abordados, dificultando los esfuerzos para tener consistencia en la selección de casos y en el enfoque.
(3) Aumentar las capacidades de protección de civiles de los organismos internacionales y nacionales. El objetivo más amplio que introduce esta sección se adapta a una gama de circunstancias en las que los civiles sufren violencia. Este objetivo no se define solamente en relación a la crisis, sino también sobre cómo algunas condiciones son funcionales para producir diferentes formas de violencia. Se define menos fácilmente que los dos objetivos anteriores, pero puede brindar un marco desde el cual es posible lidiar con situaciones en largo plazo, en las que la violencia de bajo nivel conviven, en ciertas circunstancias más aisladas, con picos de violencia o con perpetuadores múltiples que pueden funcionar como redes criminales.
Este tercer tipo de violencia, como podemos ver, puede ser cada vez más común en el mundo actual y a largo plazo puede tener impacto sobre un número mayor de civiles – a veces incluso más que la violencia episódica. En 2010, por ejemplo, 3.111 personas fueron asesinadas en una ciudad mexicana, Juárez, en episodios relacionados a actividades de bandas criminales. Este número es mayor que 2.421, el número estimado de personas asesinadas en Afganistán (MORE, 2011), o las 2.321 muertes violentas en Darfur, Sudán (DARFUR, death…, 2011). Los números de muertes son generalmente objeto de controversia y no deberían ser el único factor a ser considerado por este campo, pero estos números sugieren que una agenda más amplia de protección civil podría alterar significativamente la selección estándar de casos en los que se enfoca el área.3
Ya se ha gastado mucha tinta sobre los desafíos que representa la definición de “genocidio”. Lo que comenzó como un debate académico sobre los principales elementos del crimen de genocidio – la necesidad de demostrar la “intención de destruir”, la cuestión de qué constituye “en su totalidad o parcial”, la articulación de los grupos protegidos y los actos constitutivos – ha mostrado no ser de gran ayuda para aquellos interesados en desarrollar mecanismos de respuestas o en mejorar las políticas. En las últimas dos décadas, los tribunales dieron una mayor orientación jurídica para los casos en los que se podría aplicar el término, pero su poder no reside en su afirmación legal, sino en su significado ético y político.
En este sentido, probablemente continúe siendo un término altamente discutido siempre que sea aplicado.
Los intentos por crear o utilizar otras etiquetas que mantengan el sentido del significado implícito en “genocidio”, pero que no estén a la vez restringidas en la definición (véase Tabla 1.1 para una perspectiva general) remiten a dificultades que no pueden ser resueltas a través de la terminología. La fuerza ética de genocidio reside en la percepción de su singularidad. Usar un lenguaje diferente para cubrir un conjunto de actos o usar “genocidio” en una forma vaga, disminuye parte de la claridad conceptual del crimen, la coherencia de los argumentos para crear mecanismos de respuesta excepcionales, y el poder de movilizar al público.
Hasta ahora, el campo se ha desarrollado ampliamente a través de la identificación de las fallas internacionales extremas en la respuesta a episodios de masacres intensas, intencionales, como el Holocausto, Ruanda o Srebrenica, que son más claramente identificados como “genocidio”. Como tal, su punto de partida es la excepción, y ha trabajado en retrospectiva desde allí para identificar reglas que rijan la evaluación de riesgo, la alerta temprana y los mecanismos de respuesta. En el momento de la crisis – y particularmente crisis extremas como testimonian los ejemplos anteriores – puede no haber diferencias significativas entre las ideas y las visiones que surgen de los objetivos y terminología que se presentan en esta sección. Sin embargo, como veremos en este artículo, cuando se observan las cuestiones en torno a la prevención, los modelos para entender la violencia y su finalización, las complicaciones se multiplican.
Llegar a una discusión más detallada sobre los objetivos requiere un examen del lenguaje desarrollado para nombrar la violencia. Sin embargo, aún si una mayor claridad y una aplicación coherente de las terminologías es útil, los debates sobre el lenguaje no van a resolver el desafío de tener objetivos más claramente articulados.
¿Si usted fuera un político enfocado en Kirguistán en 2009 o 2010, cuál hubiera sido su principal preocupación? Para las autoridades de EEUU la prioridad en la lista era la amenaza de desalojo de la base militar de Manas, una ruta crítica para reforzar y llevar suministros a las tropas de Afganistán. El 3 de febrero de 2009, el presidente kirguís Kurmanbek Bakiyev ordenó el cierre de la base americana; incluso si más tarde revirtió su posición.
El mismo año, el país se ubicó en el número 42 del índice de Estados Fallidos,4 ocupando casi la misma posición en 2010, en el rango de alerta, y de menos riesgo que los vecinos Uzbekistán o Tayikistán, pero más frágil que Kazajstán o Turkmenistán. No figuró entre los principales 20 países de la lista de alerta de genocidio o politicidio de Barbara Harff en 2009 (HARFF, 2009).
En medio de la creciente opresión del gobierno y las tensiones económicas, a inicios de Abril de 2010, las protestas populares que resultaron en por lo menos 75 muertos y más de 400 heridos en la capital y en otros centros del norte, derrocaron al presidente. Los analistas, en ese momento especulaban que el cambio de liderazgo iría a agravar las tensiones existentes en el país entre el norte y el sur (TRILLING, 2010). El gobierno interino de Roza Otunbayeya, comenzó inmediatamente a desarrollar planes para consolidar el nuevo gobierno y para instituir cambios democráticos; lo que también puso nuevamente en duda el acuerdo que permitía que EEUU continuase usando la base de Manas.
Entonces, la violencia se concentró durante cuatro días de junio de 2010, sobre todo en las ciudades del sur, Osh y Jalalabad, donde bandas kirguís atacaron a la minoría de la comunidad uzbeka: incendiaron hogares, asesinaron un estimado de 470 personas, y desplazaron (incluyendo tanto refugiados en Uzbekistán como desplazamientos internos) a alrededor de 400.000 personas (KYRGYZSTAN INQUIRY COMMISSION, 2011, p. ii). Los periodistas informaron los detalles espeluznantes de los ataques contra mujeres, niños y hombres, claramente dirigidos por su origen étnico.
Este ejemplo plantea cuestiones claves para la prevención: ¿Cuáles deberían haber sido las preocupaciones prioritarias de los analistas y diplomáticos trabajando con foco en Kirguistán? ¿Hubiera podido la agenda de prevención de atrocidades anticipar este nivel de violencia? ¿Cómo pueden estar lo suficientemente bien sintonizados la evaluación de riesgo o el sistema de alerta temprana, para prestar atención a los múltiples riesgos dentro de un único país? ¿Cuándo se reconoce el riesgo de la ebullición (y qué tipo de ebullición)? ¿Sólo cuando ya ha comenzado?
Los genocidios y las atrocidades masivas no aparecen espontáneamente. La investigación sobre los casos pasados sustenta la visión de que los genocidios se desarrollan en forma incremental (VALENTINO, 2004). Activistas y políticos han reconocido que los costos humanos y financieros crecen exponencialmente cuanto más se tarda para actuar. Como afirma correctamente el Grupo de Trabajo sobre Prevención del Genocidio: “En su concepción popular, la alerta temprana generalmente se compara con una alarma que suena justo antes de que se desate el desastre. Esta noción es muy limitada” (GENOCIDE PREVENTION TASK FORCE, 2008, p. 17). Sin embargo, traducir estas observaciones en actividades de prevención más afinadas, precisas y oportunas no es una tarea sencilla.
Para comenzar el debate, hacemos una distinción entre evaluación de riesgo y alerta temprana, y genocidio y atrocidades masivas y luego examinaremos rápidamente algunas herramientas utilizadas para ambos, antes de plantear las cuestiones sobre las limitaciones de una agenda de prevención de atrocidades.
Ted Gurr (2000) define las dos áreas.
La evaluación de riesgo «identifica situaciones en las que están presentes las condiciones para un tipo particular de conflicto […]. Que los riesgos se concreten depende de si las precondiciones continúan estables o si se da un evento que acelera o desencadena los acontecimientos».
La alerta temprana se «deriva del monitoreo del flujo de los acontecimientos políticos, con especial atención en las acciones que podrían precipitar el comienzo del conflicto en una situación de alto riesgo […] las alertas tempranas son interpretaciones de que el estallido del conflicto en una situación de alto riesgo es probable o inminente.»
(GURR, 2000).
Vamos a comenzar observando la evaluación del riesgo. Los factores que los analistas usualmente utilizan para evaluar el nivel de riesgo en un país en particular pueden ser agrupados, de manera general, en cinco categorías, véase la Tabla 1.2. La lista que se presenta a continuación consolida el trabajo de varios investigadores – véase, por ejemplo, el trabajo de Barbara Harff, Ted Gurr, Montgomery Marshall, Lawrence Woocher, Benjamin Valentino, Jay Ulfelder, y Scott Straus – y pasa por alto algunas diferencias significativas entre las variables favorecidas por cada investigador. Por ejemplo, Benjamin Valentino y Jay Ulfelder (VALENTINO; ULFELDER, 2008) defienden el uso de los índices de mortalidad infantil como un medio para capturar “una variedad de dinámicas de la economía política, incluyendo no sólo la acumulación y producción de riqueza, sino también las formas en las que los gobiernos y los ciudadanos utilizan (o mal utilizan) la riqueza y la efectividad de los órganos del Estado encargadas de ejecutar las políticas” (VALENTINO; ULFELDER, 2008, p. 15). Hay desacuerdo sobre la relativa fortaleza y debilidad del Estado y cómo se correlaciona con la violencia. Otro punto de disenso es la centralidad de la ideología estatal; para Harff es de suma relevancia, y no lo es así en el modelo de Valentino y Ulfelder. Un área importante de consenso es que el conflicto armado aumenta significativamente el potencial de las atrocidades. Dada la alta correlación de las atrocidades con el conflicto, vamos a explorar más detalladamente las tendencias de los conflictos, más adelante en esta sección.
Pasando rápidamente hacia la alerta temprana, hay una gama de eventos “disparadores” que podrán ayudar más en el enfoque de las actividades de prevención. El Grupo de Trabajo de Prevención del Genocidio describe varios disparadores potenciales: elecciones polémicas; asesinatos de alto perfil; victorias en el campo de batalla; condiciones ambientales (por ejemplo, sequía); plazos para la acción política significativa, sentencias judiciales, y aniversarios de eventos históricos altamente traumáticos y disputados. Además, Alex Bellamy argumenta que una variedad de cambios en el conflicto armado – intervención externa, ruptura de acuerdos, un repentino “fin” del conflicto – pueden causar una escalada en las atrocidades. Cambios inconstitucionales de régimen, incapacidad estatal, el surgimiento de regímenes ideológicamente revolucionarios, pueden aumentar significativamente el potencial de la violencia generalizada (BELLAMY, 2001, p. 12). Pero aún así, el panorama de casos potenciales continúa siendo demasiado amplio para poder definir con eficacia las amenazas inminentes.
Monitorear estos cambios de circunstancia y si son susceptibles de producir o incrementar la violencia, requiere un alto grado de conocimiento de casos específicos. El trabajo de los grupos internacionales de monitoreo como el Grupo Internacional de Crisis de Human Rights Watch, es crucial. Las experiencias con nuevas tecnologías también ofrecen modelos para la alerta temprana. SwissPeace y Alliance for Peacebuilding, por ejemplo, han desarrollado un proyecto llamado Before (Antes) que utiliza una variante de la búsqueda colectiva de fuentes para reunir información sobre amenazas, en Guinea. Para Sudán, Sentinel usa la vigilancia satelital como una forma de “ver” lo que está pasando en lugares que de otra forma serían de difícil acceso, como las Montañas Nuba de Sudán.
Es posible y tal vez incluso probable que el trabajo de la evaluación de riesgo y la alerta temprana mejoren con el tiempo. Pero en todos los ámbitos de trabajo de evaluación de riesgo y de alerta temprana, existen importantes desafíos. Ambos identifican significativamente más países en riesgo de los que resultan en atrocidades. No consiguen aún distinguir tampoco entre los diferentes tipos de riesgos: inestabilidad, que puede ser tanto positiva como negativa; atrocidad entendida como 1.000 muertes perpetradas por el gobierno; genocidio; guerra, etc. Hay una evaluación insuficiente tanto de los sistemas cuantitativos como de los análisis de los expertos. En resumen, hay mucho espacio para mejorar las herramientas y estrategias fundamentales usadas para informar a la agenda de prevención.
Incluso si los investigadores fueron capaces de identificar el lugar donde la evaluación de riesgo indica una amenaza y un evento citado frecuentemente como disparador es inminente, se presenta el obstáculo siguiente: transmitir esta información a los políticos adecuados, que deberían luego implementar medidas apropiadas de respuesta. En el proceso de evaluación, alerta, comunicación e implementación, abunda la información insuficiente o contradictoria, con agendas que compiten entre sí, fuentes cuestionables, problemas para acceder a decisores clave, y para disponer de mecanismos de respuesta apropiados y viables.
Pero tal vez, el mayor desafío reside en la simple lógica de una única estrategia de prevención de genocidio o atrocidades. En la comparación de las agendas de construcción de la paz y prevención de atrocidades, Alex Bellamy nota pocas diferencias entre ambas. Lo que lo lleva a concluir que no es necesario un paradigma completamente independiente de prevención de atrocidades: “lo que es necesario es un enfoque de prevención de atrocidades que informe, y cuando corresponda, lleve a la formulación de políticas y a la toma de decisión a través del espectro completo de las actividades relativas a la prevención” (BELLAMY, 2011, p. 2).
Dando por sentado que las agendas de prevención, tal como se han diseñado y el reconocimiento, por ejemplo, de que la Responsabilidad de Proteger o el informe del Grupo de Trabajo de Prevención del Genocidio no ofrecen nuevos enfoques para establecer agendas de construcción de la paz, no debería sorprendernos que los componentes de los informes de respuestas militares sean los que hayan recibido mayor atención. Puede argumentarse que en lugar de infundir una mirada de prevención de atrocidades, en los esfuerzos preexistentes para el desarrollo y la democratización, estos y otros esfuerzos orientados a promover una acción temprana para prevenir atrocidades o genocidio, han desencadenado un paradigma vago para la intervención militar. El paradigma comienza con un marco conceptual definido vagamente (genocidio, atrocidades masivas, protección civil, etc.) y hace aún más borrosas las líneas hacia la “prevención”.
Por ejemplo, ¿Cómo podría cambiar el trabajo del área si en lugar de enfocarse en construir un apoyo para operaciones militares preventivas, los actores del campo priorizasen el aumento de los fondos disponibles para la cooperación al desarrollo y trabajaran una mirada de prevención que acompañase dichos fondos?
Comprender el contexto más amplio en el que las atrocidades se hacen posibles y cómo éstas se desarrollan, es crucial. Sin embargo, debido a los desafíos en términos de precisión, de comunicación y de respuesta a las predicciones, existe un fuerte argumento que hace que los mecanismos de respuestas sean asumidos con relación a las diferentes características de un conflicto o de la violencia de la forma en que se manifiesta, más que en relación con lo que puede aún ocurrir. Enmarcar el compromiso con los países sobre la prevención de que no ocurra lo peor, puede llevar a políticas que ignoren o no respeten los problemas reales, más allá de las atrocidades.
Para los que no concuerdan con que existe algo peor en el horizonte, es fácil desestimar las alertas. O si se toma alguna medida, es igualmente fácil desacreditar los mecanismos de respuesta más fuertes (particularmente los más coercitivos) como estando políticamente motivados. Y, por supuesto, siempre hay medidas políticas involucradas en los despliegues militares, como debe ser.
Por otra parte, si bien existen varias similitudes entre construcción de la paz y prevención de atrocidades, continúa habiendo una diferencia importante. La construcción de la paz se define en torno a objetivos positivos (mejorar una situación) y prevenir atrocidades implica un objetivo negativo (garantizar que algo no suceda). Comprometer a los países en torno de una agenda de prevención, significa quedar atado en la trampa lógica de intentar probar que algo habría pasado si no se hubiera desarrollado determinada acción. Este será siempre un argumento débil.
Al reconocer que las atrocidades y el genocidio ocurren frecuentemente dentro de un conflicto armado, el estudio de las tendencias del conflicto es central para anticipar cómo las tendencias de las atrocidades pueden desarrollarse en el futuro, y qué nuevos mecanismos de respuesta pueden ser necesarios. No todos los conflictos resultan en atrocidades masivas, pero dado que las atrocidades frecuentemente ocurren en el contexto de un conflicto armado, vale la pena explorar este tema en mayor detalle.
Primero, algunas buenas noticias. Desde el fin de la era de la guerra fría, los conflictos son menos letales y hay menos conflictos internacionales.5 Esto está probablemente causado por una variedad de factores: el fin de los conflictos de poderes incentivados por la Guerra Fría, menos conflictos involucrando a las potencias principales, aumento exponencial de las actividades de mantenimiento y construcción de la paz, el desarrollo y expansión de normativa internacional, la interdependencia global económica, el aumento del número de democracias, la reducción general de los índices de mortalidad, y el aumento de los ingresos nacionales. Esto no significa que el conflicto haya terminado.
Hoy, los conflictos tienden a ocurrir dentro de los países pobres, agrupados geográficamente (CENTER FOR SYSTEMIC PEACE, 2001, figure 8) que no son ni democracias ni autocracias, sino una mezcla inestable de ambas, llamadas “anocracias” (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 76). Desde el fin de la Guerra Fría, si bien hay menos autocracias y más democracias, ha habido un fuerte aumento en el número de anocracias. Ese número ha sido bastante estable desde entonces (CENTER FOR SYSTEMIC PEACE, 2011, figure 12). En otras palabras, el número de sociedades en situación de riesgo particular, parece haberse convertido una parte estable del horizonte global. Los conflictos hoy también se reinician en mayor proporción que en el pasado, a pesar de que hay diferencias entre los diversos investigadores sobre los índices de resurgimiento (GENEVA DECLARATION, 2008, p. 58)
Los principales actores han cambiado. Los actores internacionales y transnacionales juegan hoy papeles significativos, tanto como agentes del conflicto, como también en términos de respuesta e intervención. Según el Informe sobre Seguridad Humana (ISH), entre 2003 y 2008, hubo un aumento del 119% de los conflictos no estatales, definidos como “confrontaciones entre grupos comunitarios, rebeldes o milicias que no involucran al Estado como un actor de la guerra” (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 10). Mary Kaldor argumenta que las tendencias globales hacia la descentralización y privatización alteraron quién detenta los recursos para permitir, la comunicación para organizar, los medios para promulgar la violencia. Describe las viejas guerras como conflictos de construcción del Estado, y las nuevas guerras como de “deconstrucción” (KALDOR, 2007, p. 16)
Estas tendencias culminan en nuevas vulnerabilidades para civiles. Ha habido un aumento notorio en ataques de menor escala contra civiles. En este caso, los números son alarmantes: entre 1989 y 2002, el número de este tipo de campañas aumentó en un 70% (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 177)
Continúan siendo en su mayoría gobiernos quienes generan el mayor número de víctimas de violencia unilateral, pero hay también actores no estatales. Son, en orden de clasificación: el gobierno de Ruanda (1994), el gobierno de los Serbo-Bosnios (este gobierno fue una facción disidente, no el gobierno legítimo de Bosnia), el Gobierno de Sudán, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación (AFDL) de RDC, el gobierno de Afganistán, el gobierno de la República Democrática de Congo (RDC), el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), el gobierno de Burundi, las milicias Janjaweed, el Estado Islámico de Irak (HUMAN SECURITY REPORT PROJECT, 2011, p. 183). No sorprenderá a ninguno en el campo de la prevención de las atrocidades que Ruanda, Bosnia, Sudán, RDC, el LRA, y Burundi estén en la lista. La presencia de Afganistán e Irak (fechas no especificadas), dos casos que no estuvieron en la agenda anti-genocidio ( por lo menos no en EEUU) plantea interrogantes acerca de cómo el campo define su ámbito de trabajo.
Si tomamos el conjunto de los factores, esto nos lleva a preguntarnos si las principales amenazas para los civiles han cambiado a lo largo del tiempo, pasando de ofensivas de gran escala contra civiles, a casos más contenidos geográfica y demográficamente, incluyendo cada vez más actores no estatales. Cómo estos cambios impactan en la agenda de prevención de atrocidades depende del objetivo de los actores en el campo – cuanto más amplio el mandato, son más relevantes los cambios en los conflictos armados actuales. Para aquellos que desean permanecer firmemente enfocados en las ofensivas veloces y potencialmente matanzas terribles, los cambios en los conflicto pueden tener una relevancia limitada.
Raphael Lemkin quien acuño el término genocidio en su publicación de 1944, Axis Rule in Occupied Europe, fue sin dudas también la primera persona que estudió sistemáticamente el fenómeno (LEMKIN, 1944). También fueron clave para este concepto de “genocidio” dos ideas que serían luego significativamente alteradas en la definición legal. Primero, Lemkin, no limitó el genocidio específicamente a las muertes.
Mientras que los ataques nazis contra los judíos europeos fueron la manifestación más radical de las políticas genocidas del régimen en las poblaciones ocupadas, el genocidio implicó mucho más que esta forma extrema. Él describió los múltiples objetivos de los planes genocidas, incluyendo la “desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el lenguaje, los sentimientos nacionales, la religión, la existencia económica de grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad y libertad personal, de la salud y la dignidad, e incluso las vidas de los individuos pertenecientes a dichos grupos” (LEMKIN, 1944, p. 90).
En segundo lugar, Lemkin identificó al genocidio como compuesto por dos fases: “una, destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido; la otra, la imposición de la identidad nacional del grupo opresor” (LEMKIN, 1944, p.79). Este proceso de dos pasos refleja la expresión de Lemkin de que se podría documentar al “genocidio” tanto contra la población que ha sido removida (en varias formas), como también contra la que permaneció sujeta a la colonización del opresor.
En las décadas siguientes al estudio pionero de Lemkin, se realizaron pocos estudios sobre el genocidio. Un pequeño grupo de académicos asumió este proyecto en la década del 70. Su trabajo conforma un punto de partida para lo que se transformó en una explosión de interés a fines de los 90 y en el nuevo milenio.
El estudio del genocidio fue por muchos años, y lo sigue siendo en algún punto, sobre-determinado por el dominio de un caso: el Holocausto. Esta historia ha proyectado una gran sombra sobre el desarrollo de las teorías explicativas y los mecanismos de respuesta. Mientras que el Holocausto continúa siendo la parte lógica de cualquier estudio del genocidio, el mismo está marcado por algunas características específicas que deben ser apreciadas para poder hacer comparaciones significativas. La escala internacional tanto del conflicto armado como del genocidio, el intento de asesinar a todos los grupos marcados, y el uso de mecanismos industrializados de matanza se combinaron para crear una circunstancia singular. Los estudios del genocidio se han dirigido a casos y procesos que se ajustan mejor al modelo del Holocausto.
La dinámica de la investigación está cambiando, pero el campo se desarrolló con poca atención hacia los casos negativos, es decir, instancias que demuestran características similares, pero que no resultaron en genocidio. Por otra parte, las teorías dominantes dependen fuertemente de los estudios sobre el Estado-Nación en episodios de violencia masiva, sin embargo, raramente conectan con episodios específicos de violencia en un proceso político, económico, social más amplio, incluyendo procesos globales, que impactan en el desarrollo del Estado (MOSES, 2008). Aún dentro del modelo estatal, muchas teorías hacen especial hincapié en el rol de las elites nacionales (LEVENE, 2004a, 2004b). El estudio del genocidio, y ahora de las atrocidades masivas, se ha desarrollado, muy frecuentemente, sin referencia a la literatura de violencia política. Además, sólo recientemente los estudios han incluido el impacto de las variaciones en contextos de violencia masiva: por ejemplo, casos que ocurren como parte de violencia colonial o de colonos, durante golpes o contragolpes, violencia comunal, transformación social revolucionaria, secesión, separación o contra insurgencia.
Sin embargo, muchos de los presupuestos del desarrollo temprano de la investigación sobre genocidio, encontraron la forma de trabajar sobre prevención y respuesta. Aún no se ha integrado a los debates sobre políticas, un trabajo más reciente que expanda la matriz de casos y contextos en los que ocurren las atrocidades.
Para 2001, los principales enfrentamientos en la República Democrática de Congo (RDC) habían llegado a punto muerto. Pero la violencia escaló en el Este con grupos locales, conocidos como Mai Mai que se levantaron en armas (STEARNS, 2011, p. 251-266). Peleaban por una serie de razones: en oposición a las fuerzas ruandesas y a fuerzas aliadas a las ruandesas, particularmente la Unión Congoleña por la Democracia (RCD); a veces para proteger a sus propios pueblos y en revancha por ataques sufridos; por su propio enriquecimiento, generalmente cobrando “impuestos” a las poblaciones locales; para resolver viejas disputas sobre territorios o por poder; o castigando a los civiles asociados (aún vagamente) con el sector opositor. Con armas viniendo tanto de los gobiernos de Congo como de Ruanda, los grupos Mai Mai se formaron rápidamente y sin necesidad de depender del apoyo de las poblaciones locales.
En este contexto, alrededor de 1000 personas fueron masacradas en Kasika, un pequeño poblado en la selva a 100 millas al oeste de la frontera con Ruanda. El camino que atravesaba Kasika llevaba a una mina de oro, lo que le daba un valor estratégico. El jefe de Kasika, François Naluindi era muy popular y respetado. Pero cerca estaba un líder muy militante conocido como Nyakilibi, quien comenzó a armar a los jóvenes, declarando que iba a defender a su país de los invasores Tutsi, a pesar de que los pobladores locales pensaban que el interés real de Nyakilibi era expandir su propio territorio.
Cuando un grupo de soldados de Ruanda y de RCD pasaron por el poblado, Naluindi les ofreció comida y les dio la bienvenida. Cuando dejaron el pueblo, Nyakilibi y sus hombres les dispararon. Los soldados buscaron a los Mai Mai y luego continuaron su camino. Una semana más tarde, los grupos de RCD y Ruanda pasaron nuevamente por el poblado. De nuevo, los Mai Mai les dispararon, matando a un alto mando y legendario líder Ruandés, Comandante Moise.
Esta vez, los soldados Ruandeses y RCD se quedaron a pasar la noche en el poblado. La semana siguiente las tropas de RCD atacaron a un grupo en la iglesia, golpeándolos hasta la muerte. Mataron al cura y a varias monjas del poblado. También mataron al jefe, a su esposa embarazada y a la mayor parte de la familia extendida de Naluindi, que fueron en búsqueda de abrigo a su casa. Las víctimas no sólo fueron asesinadas – muchos fueron desfigurados y destrozados. Un sobreviviente comentó: “fue como si los hubieran matado, y los hubieran vuelto a matar una y otra vez.” (STEARNS, 2011, p. 257). Un investigador congoleño, Floribert Kazingufu, también señaló que el asesinato del jefe, luego desató otro conflicto sobre la sucesión, que dividió aún más al pueblo (KAZINGUFU, 2010).
Entre aquellos que cometieron la masacre en Kasika, estaban los Banyamulenge, jóvenes congoleños de descendencia ruandesa que vivieron por años en el Congo – algunos por décadas. Sufrieron por años la discriminación en el Congo, y como los Mai Mai, tenían muchos motivos para unirse a las milicias. Stearns nombra algunos:
El anhelo de ser aceptados como ciudadanos congoleños, de obtener derechos sobre las tierras, de ser representados en la administración local y provincial. Por supuesto, muchos de los jóvenes querían ser exitosos, tener poder y fama […] las carreras de muchos Banyamulenge ambiciosos fueron bloqueadas por la discriminación y el favoritismo promovido por Mobutu.
(STEARNS, 2011, p. 264).
Esta historia demuestra que no todos los patrones de violencia pueden ser explicados a nivel nacional. Las demandas políticas y sociales no atendidas de larga data, unidas a los medios y a la licencia para recurrir a la violencia y los actores externos impopulares, todo contribuyó para generar un contexto más amplio de conflicto armado. A partir de ahí, cada acto de violencia puso en movimiento nuevos motivos y legitimó aún más la violencia como una forma de resolver las demandas.
Se realizaron pocas investigaciones sobre las variaciones de dónde, cuándo y cómo la violencia ocurre en cada caso de estudio, pero el trabajo existente sugiere que los mecanismos de respuesta en general no comprendieron o visibilizaron aquello que puede resultar de la comprensión de los patrones (KALYVAS, 2006, p. 14). Otros estudios, como el trabajo de Scott Strauss sobre el radio de odio en Ruanda (STRAUS, 2007) sugiere que algunos de los mecanismos de respuesta considerados como parte de la “caja de herramientas” pueden ser mucho más limitados de lo que generalmente se considera.
El significado de la dinámica de la evolución de la violencia es crítico para extrapolar miradas políticas desde este nivel de investigación. Esto implica la unión de un conocimiento rico, de casos específicos, con el entendimiento de cómo los mecanismos internacionales de respuesta funcionan no sólo para responder a las condiciones dadas, sino también como fuerzas productivas en una interrelación compleja de dinámicas internacionales, nacionales y locales.
Sin embargo, existe poco consenso más allá del creciente reconocimiento de la necesidad de seguir trabajando en este nivel. Por ejemplo, en su trabajo sobre la dinámica local de la violencia en la RDC, Severine Autessere urge a los actores internacionales a enfocarse en las intervenciones a nivel local para responder a las reivindicaciones políticas de los actores locales. Sólo de esta forma, argumenta, los actores internacionales van a ver logros reales sostenibles como resultado de sus esfuerzos de construcción de la paz. Alex de Wall (DE WALL, 2010), sin embargo, ha argumentado que ese tipo de intervenciones difícilmente sean exitosas. Las disputas locales en sociedades atormentadas por el conflicto, generalmente siguen la lógica del mercado, un proceso de continua renovación de acuerdos basado en el precio de mercado – ya sea de fondos monetarios, acceso a poder o recursos, u otros términos de negociación. Las intervenciones internacionales en este proceso, por momentos, inflan el “precio” de un acuerdo, y una vez que el compromiso internacional disminuye, el mercado se “corrige” generalmente de forma violenta.
En la última semana de febrero de 2007 en el juicio de Vujadin Popovic et al, ante el Tribunal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia, un testigo del juicio contó una de las historias más sorprendentes del genocidio en Srebrenica, que ha salido a la luz. El testigo trabajaba como conductor de camiones del ejército serbo-bosnio, el día que les llevó bebidas y alimentos a los soldados que trabajaban en los pelotones de ejecución.
La historia comenzó los días posteriores a la caída de Srebrenica, uno de los últimos gobiernos Bosnios presentes en el territorio oriental casi completamente controlado por fuerzas serbo-bosnias. En Julio de 1995, Los serbo-bosnios lanzaron su ataque final sobre Srebrenica. Tomaron como rehenes a miembros de las fuerzas de paz holandesas, y al recibir poca respuesta de la OTAN o de la ONU, tomaron la ciudad. Separaron a los hombres de las mujeres y niños y salieron a la búsqueda de otros hombres que habían huido a los bosques. Todos aquellos que fueron capturados fueron llevados a sitios de ejecución donde fueron asesinados sistemáticamente. En total, alrededor de 8.000 musulmanes, en su mayoría hombres, pero incluyendo algunas mujeres y niños fueron asesinados.
En uno de los sitios de ejecución, los soldados serbo-bosnios habían disparado sus armas contra una hilera de hombres musulmanes con los ojos vendados y maniatados, cuando el camionero llegó. El testificó lo que había visto, mientras los hombres caían muertos:
En el montón, en la pila de cadáveres, que ya no parecían más personas, sino que era solo una pila de pedazos de carne, apareció un ser humano. Digo un ser humano, pero de hecho era un niño de cinco o seis años. Es increíble. Increíble. Un ser humano salió y comenzó a caminar hacia el camino, el camino donde los hombres con rifles automáticos estaban parados haciendo su trabajo. Y este niño fue caminando hacia ellos. Todos esos soldados y policías que estaban ahí, estas personas que no tenían problemas en disparar–y no debería juzgarlos porque no sé cual era su situación. Tal vez lo hicieron por la orden que recibieron y tal vez lo hicieron por su naturaleza. Hay todo tipo de personas, y algunos de ellos lo deben haber hecho con mucho gusto. Otros lo deben haber hecho porque debían hacerlo. Y luego todos, de repente, bajaron los rifles y todos ellos hasta el último, quedaron congelados.
(INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA, 2007, p. 7851).
El camionero explicó que el oficial al mando ordenó que los soldados le dispararan al niño, pero ninguno lo hizo, ni siquiera el oficial. Finalmente, le dieron el niño al camionero para que lo llevara al próximo montón de víctimas. El conductor, sin embargo, llevó al niño a un hospital y sobrevivió.
¿¿Qué cambió en ese momento para que estos hombres comprometidos en un operativo de asesinatos de repente se negaran a seguir las órdenes? ¿Qué sabemos de los individuos que matan? ¿ y de aquellos que se mantienen al margen, sin tomar partido cuando los inocentes son asesinados? ¿Y de aquellos que resisten? Hay muchas historias de sobrevivientes de varios casos de genocidio que incluyen ejemplos de personas que rechazan la lógica del genocidio – a veces enfáticamente, otras veces sólo a medias. Pero incluso esos rápidos segundos nos permiten comprender mejor los factores que impactan en la toma de decisión individual, en tiempos de atrocidades.
En 1950, Theodor Adorno, un intelectual destacado de la Escuela de Frankfurt quien escapó de la Alemanianazi, junto con Else Frenkel- Brunswick, Daniel Levinson y Nevitt Sanford publicaron La Personalidad Autoritaria (ADORNO et al., 1950), una investigación sobre el perfil psicológico de las personas que apoyan a gobiernos autoritarios. Su conclusión fue que ciertas características de personalidad, tienden a la ideología fascista. Una personalidad autoritaria, señalaron, es una forma de aberración psicológica.
Unos años después, en 1963, Hannah Arendt, luego de ver el juicio de Adolf Eichmann, llegó a una conclusión diferente. En Eichmann en Jerusalen: Un estudio sobre la banalidad del mal (ARENDT, 1963), Arendt argumenta que la maldad extraordinaria es posible porque se vuelve la norma y porque la gente común ejecuta sus medidas. Actualmente el consenso está mucho más próximo de la posición de Arendt que de la de Adorno.
En toda la gama de casos, quedó clara una visión: los autores de las atrocidades son personas “normales” – representan una intersección demográfica de sus sociedades. En su exploración sobre las motivaciones de los perpetradores, James Waller concluye:
Esta pregunta nos lleva nuevamente a algunas de las mismas cuestiones presentadas en la sección sobre alerta temprana y evaluación de riesgo, en relación con los factores estructurales que impactan en la probabilidad de la violencia masiva.
Pero la investigación de micro-nivel implica más que a los autores materiales. Entender las motivaciones, opciones y estrategias de una variedad de individuos – sobrevivientes, quienes se mantuvieron al margen, quienes rescataron personas – nos ayuda a entender mejor el fenómeno del genocidio en sí. Sin embargo, las motivaciones y patrones de participación dentro y a través de los casos varían enormemente, y en general cambian con el tiempo. Este alto grado de variación hace a la riqueza de los ejemplos narrativos, un interminable y fascinante cuerpo de trabajo a ser explorado, pero que puede dificultar llegar a conclusiones de amplio alcance relacionadas a la prevención.
El 17 de junio de 2009, el enviado presidencial de EEUU para Sudán, el General Scott Gration afirmó que Darfur estaba experimentando “los remanentes del genocidio”, desencadenando de esta forma un desacuerdo importante dentro de la administración de Obama, principalmente con la embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Susan Rice. Dos días antes, Rice había descrito la situación como “genocidio”, tal como lo había hecho anteriormente en ese mes el presidente Obama (WONG, 2009). Los reporteros que describieron el desacuerdo usaron el adjetivo “furiosa” para describir la respuesta de Rice a los comentarios de Gration.
Para 2009, la escala de ataques sistemáticos contra civiles había disminuido significativamente y los índices de mortalidad en los campos de refugiados y desplazados habían vuelto, en buena medida, a los niveles normales. Aún así, continuaba siendo enorme la población vulnerable de civiles desplazados acosados por una serie de actos de violencia en el contexto de una guerra civil, con un gobierno que mantenía la capacidad y había demostrado ampliamente la voluntad de llevar a cabo campañas organizadas de violencia contra grupos civiles. ¿Se podría decir que el genocidio había acabado?
El 19 de octubre de 2009, los debates dentro de la administración de Obama se resolvieron con el anuncio de una nueva política para Sudán. Retuvieron el uso de la administración Bush para describir a la situación como “genocidio”, y la política consistió en tres prioridades simultáneas–y aparentemente del mismo peso: un “fin definitivo del conflicto, de las graves violaciones a los derechos humanos, y del genocidio en Darfur”, la implementación del Acuerdo Global de Paz entre el Norte y el Sur de Sudán, y esfuerzos por garantizar que Sudán no se volviera a transformar en un refugio para terroristas.
Pero el debate entre Gration y Rice no era ni simplemente semántico, ni puramente un desacuerdo sobre opciones políticas. Se vinculaba a una cuestión fundamental para el campo: ¿qué constituye el fin de un genocidio y quién determina esa definición? Cómo respondan los grupos a esta cuestión es crucial; ya constituye la medición final de su éxito.
Actualmente la tensión en el área sobre lo que constituye sus objetivos, deriva en la discusión sobre los desenlaces,6 y por lo tanto, en qué define el éxito. ¿El éxito se define con el fin del genocidio y las atrocidades en sí, o con el fin de los sucesos discretos de genocidio o atrocidades masivas? Ha habido poco debate enfocado respecto de cuál sería el objetivo último. El “momento” de terminación que actualmente informa el área de trabajo, generalmente contiene múltiples mediciones para el éxito: el fin de las muertes, el fin de las circunstancias que permitieron los asesinatos (hasta e incluyendo un cambio de régimen), y la llegada de algún tipo de justicia para el grupo víctima de violencia, sea esta judicial, monetaria o simbólica.
Los desenlaces reales raramente se ajustan a esta visión: los índices de mortalidad pueden disminuir, pero el régimen del perpetrador puede continuar en el poder, alguna forma de conflicto puede continuar, y pueden no ser satisfechas las necesidades de las víctimas. En general, un incidente o una serie de ofensivas puede terminar, sólo para que la violencia reaparezca más tarde o en otro lugar. Sin embargo, estos desenlaces subóptimos pueden ser alcanzados de forma más realista; en tanto que salven vidas. Desagregar los componentes de los desenlaces permite una comprensión más matizada, así como un debate más franco sobre qué desenlace puede constituir una meta para diferentes actores, qué acciones pueden apoyarlo, y cómo se puede medir el éxito.
A modo de ejemplo, se presenta una pequeña selección de los casos pasados en la Tabla 1.3. De estos 12 casos analizados, encontramos cinco casos donde el episodio de genocidio coincide con el fin de un conflicto armado, en cuatro de esos casos el régimen del perpetrador fue completamente vencido (Turquía Otomana, Alemania Nazi, los Jemeres Rojos en Camboya y el gobierno de Ruanda). En un caso, Bosnia-Herzegovina, los interventores externos se comprometieron ampliamente en el área humanitaria más que en una base política o de interés, y el conflicto terminó a través de negociaciones que dejaron mucho del régimen del perpetrador intacto en las áreas que éste controlaba. La 1º Guerra Mundial, la 2º Guerra Mundial, la invasión vietnamita a Camboya, y la victoria del Frente Patriótico de Ruanda fueron todos principalmente desatados para ganar una guerra, y los resultados llevaron a terminar con el genocidio. La capacidad de las fuerzas armadas asociadas con los grupos de víctimas, para montar la resistencia jugó un rol en el fin de las atrocidades en las montañas Nuba, Ruanda y Bosnia. Sin embargo, cabe señalar que la rebelión armada está entre los factores citados como un factor de riesgo para que ocurran las atrocidades.
El desenlace más frecuente de los casos de nuestra lista es que los perpetradores continuaron en el poder, pero luego de vencer a una fuerza opositora o dominándola, pusieron freno a la destrucción parcial o total. Las comunidades sufrieron terriblemente, pero la eliminación física de los grupos blanco, no es un objetivo común del perpetrador. El desarrollo de la violencia, como argumenta Stathis Kalyvas, puede ser excepcionalmente cruel incluso si la meta es controlar a un grupo, no exterminarlo (KALYVAS, 2006, p. 26-27).
Se sabe muy poco sobre los procesos internos de los regímenes del perpetrador, a lo largo del registro histórico de atrocidades. Algunas medidas tomadas por los disidentes internos sobre la escala de las matanzas, parece hacer la diferencia en el recorrido de la violencia. Pero el proceso de toma de decisión en muchos casos, no ha sido suficientemente investigado. ¿Existen claves en este tipo de estudios que podrían brindar información para los esfuerzos por alterar las opciones del perpetrador?
En los casos donde el conflicto ha continuado o el régimen continuó en el poder, en general la capacidad y voluntad de cometer abusos generalizados se mantuvo sin cambios, y la violencia comenzó nuevamente contra los mismos o nuevos grupos. Esto implica que incluso cuando terminan algunas instancias del genocidio o de las atrocidades, se requiere más análisis para ver por dónde pueden aparecer las amenazas internas adicionales.
Finalmente, las negociaciones no están bien adaptadas para el fin de las atrocidades, incluso si continúan siendo la única opción para terminar un conflicto. Las negociaciones implican cierta dosis de igualdad entre las partes para que puedan acordar sus intereses; mientras que las atrocidades o genocidio ocurren como ataques asimétricos contra grupos civiles. Mientras que la resistencia, como se señaló anteriormente, puede cambiar el curso de un conflicto, no es, por definición, una opción para los civiles que son víctimas de campañas de violencia masiva.
Incluso en 2004, las mujeres ruandesas estaban todavía muriendo directamente por las acciones cometidas por los perpetradores durante el conflicto. Las mujeres que fueron violadas por hombres VIH positivos, estuvieron marcadas de muerte porque los perpetradores sabían que aún si sus víctimas habían sobrevivido a las campañas de exterminio, el SIDA acortaría sus vidas. En el caso de muchas mujeres que sobrevivieron a las violaciones, para las que las drogas antirretrovirales eran demasiado caras, los agresores estaban en lo correcto.
Los regresos de las minorías han sido un problema que ha plagado el postconflicto en Bosnia. Las personas desplazadas y refugiados volvieron en cantidades importantes a las áreas donde su etnia era mayoritaria. Pero en los casos de aquellos para los que sus casas antes de la guerra estaban en áreas donde ahora serían una minoría étnica, los índices fueron significativamente menores. El resultado final es un país donde los efectos de la limpieza étnica de la guerra, han alterado permanentemente la sociedad.
Hay muchos campesinos entre los millones de habitantes de Darfur desplazados viviendo en campos – para algunos ya será una década – en las afueras de las ciudades, desdibujando la línea entre el campo y los barrios marginales. Para ellos, la pérdida de la conexión con la tierra es un golpe vital para sus identidades y comunidades. Es importante asumir el cálculo de un desenlace que de alguna forma mejore estas situaciones, o por lo menos les provea una respuesta digna. Sin embargo, esto requiere un compromiso de largo plazo con sociedades en particular, que va mucho más allá del fin de las matanzas o incluso de los conflictos que permitieron las matanzas.
Es también poco probable que constituyan la base de un desenlace los debates políticos que se enfocan en una “caja de herramientas” de mecanismos de respuesta. Para las organizaciones e individuos comprometidos con el fin del genocidio o de las atrocidades masivas, es necesario que haya una discusión seria sobre lo que pueden ofrecer – no necesariamente todo el tiempo o de acuerdo a una agenda perfecta – pero en escenarios realistas. ¿Qué significa el éxito para esta área? ¿Cómo puede medirse?
El crimen llamado “flagelo tan odioso contra la humanidad” por los redactores de la Convención sobre Genocidio de la ONU es mucho más fácil de condenar que lo que es de transformar. Probablemente, los esfuerzos para hacerlo, caigan rápidamente por debajo de su meta ideal y las poblaciones en riesgo sufran un dolor inimaginable. Esa es la naturaleza del problema. Y muchos más civiles van a sufrir la violencia dirigida en formas en las que el área tiene dificultad para dar respuesta de forma coherente. Hasta cierto punto, ninguno de los ataques ha terminado: ya que las heridas permanentes de las comunidades e individuos, pasan a las generaciones siguientes, a la tierra y otros bienes robados, y la violencia terriblemente injusta perpetrada. Sin embargo, no sería humilde, sostenible u honesto imaginar que esta “área”, a pesar de constituida, pueda cumplir con todas estas promesas.
Hoy, depende del área examinar qué es lo que, de forma precisa y de manera realista, se define como éxito y qué es necesario para alcanzarlo.
1. La investigación y estudios de Jill Sayitt sobre la naturaleza del campo influyeron fuertemente en el desarrollo de esta sección del artículo.
2. Desde 2004, HRW aumentó la cantidad de trabajo que realiza sobre derechos económicos, sociales y culturales. Véase por ejemplo: <http://www.hrw.org/health>. Visitado en: May. 2012.
3. Los casos más citados, incluso en una lista poco expandida, incluyen muertes de cerca de 100.000 personas, y a veces más exponencialmente. Por ejemplo: Ataques a Herero, genocidio armenio, Holocausto, Guerra Civil en Nigeria, Bangladesh, Timor Este, Camboya, Guatemala, Burundi, Bosnia Herzegovina, Ruanda, Sudán. Si se disminuye este número a 5.000, como hace Alex Bellamy en un informe para Stanley Foundation, la lista de ejemplos se amplía de forma significativa a 103 situaciones sólo en la era post 2ºGuerra Mundial. Reduciendo a 1000, por ejemplo, se altera la naturaleza del fenómeno. Las diferentes formas de medición tienen sentido para objetivos diferentes, incluir un mayor número de casos es importante para la investigación, pero puede no ser práctico para diseñar políticas de respuestas bajo el nombre de prevención de “atrocidades masivas” o “genocidio”
4. El Índice de Estados Fallidos es un intento por medir cuantitativamente la inestabilidad estatal y es realizado anualmente por el Fondo por la Paz. Para más informaciones, visite <http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2012>. Visitado en: May. 2012.
5. Véase, por ejemplo, Human Security Report 2009/2010 (HUMAN SECURITY REPORT PROYECT, 2011), producido anualmente por Simon Fraser University, Canada’s Human Security Report Project. Los autores escribieron que desde 1984 a 2008, se produjeron conflictos de alta intensidad que resultaron en 1000 o más muertes por año–lo que tiende a ser entre estados e incluye a grandes potencias – se redujo en 79% (157). Otros investigadores han argumentado que esta reducción se revirtió sutilmente entre 2005 y 2007, en buena medida debido al impacto del conflicto armado en cinco países: Afganistán, Irak, Pakistán, Somalia y Sri Lanka. Véase “Global Burden of Armed Violence” (GENEVA DECLARATION, 2008, p.9)
6. Esta sección se desarrolla en base a una serie de seminarios realizados juntoa Alex de Wall y Jens Meierhenrich. Los seminarios examinaron una serie de casos, así como enfoques disciplinarios sobre los desenlaces. Puede encontrarse más información sobre la investigación en <http://fletcher.tufts.edu/World-Peace-Foundation/Activities/How-Mass-Atrocities-End>. Visitado en: May. 2012.
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