Cómo los ataques en el Norte y en el Sur están presionando al activismo por una respuesta
Las restricciones a la sociedad civil que se identificaron primeramente como parte del escenario del Sur global están cada vez más presentes también en el Norte global, impactando a organizaciones y movimientos sociales en ambos hemisferios. Además del impacto más directo sobre la financiación, el cierre de espacios democráticos en el Norte retira importantes referencias simbólicas para el Sur y revela un nuevo estado de normalidad para la democracia, en el cual el interés público no está en el centro. ¿Cómo puede el activismo del Norte y del Sur responder a eso y movilizar a la opinión pública para que apoye la defensa y expansión de una agenda basada en derechos y la manutención del disenso, crucial para la democracia?
Trabajo con grupos de la sociedad civil desde el año 2003, pero recién a mediados de 2015 me crucé con la expresión “cierre o reducción del espacio cívico”, empleada para designar un fenómeno que yo ya había experimentado mientras acompañaba la labor de grupos por todo Brasil y América Latina. Al principio, oía la expresión en una referencia casi exclusiva al papel desempeñado por el Estado en el diseño y aplicación de legislación y controles para la sociedad civil.
Sin embargo, cada vez más, la definición engloba restricciones que interfieren en la posibilidad de la sociedad civil de influenciar la defensa del interés público y sostener la voz del disenso, llevadas a cabo por el Estado y por actores no estatales, nacional e internacionalmente. Pese a que el tema de la reducción del espacio cívico era inicialmente considerado un problema del Sur global, vemos más y más noticias negativas llegando del Norte en lo que se refiere a la promoción de los valores democráticos y los derechos humanos, y que indudablemente se encajan en la mencionada definición de “reducción”. Episodios impensables de represión de protestas, resultados electorales sorpresivos y legislación restrictiva – que parecen fuera de lugar en democracias establecidas – están empezando a acumularse. Son claros ejemplos de ello, tanto la preocupante aprobación de las leyes antiprotesta en los Estados Unidos (EE.UU.),11. Para más información, leer la compilación de ICNL actualizada el 29 de septiembre de 2017 y disponible en: “U.S. Protest Law Tracker,” ICNL, 2017, visitado el 26 de octubre de 2017, http://www.icnl.org/US_protest_law_tracker.pdf. como la continua falta de garantías para la libertad sindical en Corea del Sur.22. A pesar de formar parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1991, Corea del Sur no ha ratificado los Convenios Nro. 87 de la OIT (sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización) y Nro. 98 (sobre el Derecho a la Sindicalización y a la Negociación Colectiva), acerca de los cuales el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha exhortado a Seúl para que lo haga en octubre de 2017, tras un llamado no contestado desde 2009. Recomendaciones disponibles en: “E/C.12/KOR/CO/4,” OHCHR, 2017, visitado el 25 de octubre de 2017, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fKOR%2fCO%2f4&Lang=en. En la Unión Europea (UE), un análisis más detenido muestra que “solo 13 de los 28 Estados miembros de la UE tienen en este momento un espacio cívico ‘abierto’, una estadística incómoda para los líderes de una unión fundada en los valores de la democracia y los derechos humanos.»33. “Ratings Update October 2017,” Civicus, Monitor, 2017, visitado el 20 de octubre de 2017, https://monitor.civicus.org/Ratingsupdatesept17/.
Este artículo analiza de qué manera esas restricciones a la sociedad civil en el Norte global se extienden al espacio cívico del Sur global y tienen impacto sobre él; y ofrece luego algunas sugerencias de cómo la sociedad civil puede responder a esa preocupante tendencia.
Quizá la forma más obvia en la cual el Norte global influencia las restricciones actualmente vistas en el Sur sea mediante la imitación de la legislación restrictiva, en particular la relativa a la cuestión del antiterrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) – órgano internacional independiente compuesto por gobiernos y a menudo descrito como la organización más poderosa de la que se ha tenido noticia – se estableció durante una reunión del G-7 en 1989 y tiene sede administrativa actualmente en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para generar recomendaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero del tráfico de drogas. Pero después del 11 de septiembre, el grupo originado en el Norte global pasó a dedicarse también a recomendar medidas para prevenir la financiación del terrorismo.
De la misma manera que las medidas contra el terrorismo son necesarias y bienvenidas, ellas deben ser diseñadas proporcionalmente a los riesgos presentados. Por mucho tiempo, estos riesgos no se tuvieron en cuenta a la hora de evaluar la atención de un país para diseñar su arquitectura antiterrorista. Una de las recomendaciones del GAFI, la Recomendación 8, fue modificada a mediados de 2016 tras intenso cabildeo de la sociedad civil bajo la Coalición Global de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) sobre el GAFI, para que reconozca que “no todas las OSFL están en riesgo y se orienta a los países a asumir un abordaje basado en riegos cuando traten de medidas de financiación del terrorismo».44. Para un análisis más detallado sobre las enmiendas a la Recomendación 8 del GAFI, ver el Comunicado de Prensa producido por la Coalición Global de OSFL, disponible en: “NPOs Applaud Important Changes in Financial Action Task Force (FATF) Policy – NPOs No Longer Considered “Particularly” Vulnerable,” FATF Platform, 29 de junio de 2016, visitado el 2 de noviembre de 2017, http://fatfplatform.org/wp-content/uploads/2016/06/Press-Release.pdf. La Recomendación 8, como aparecía en su versión original, declaraba que las organizaciones sin fines de lucro eran “particularmente vulnerables” para ser usadas como canales de financiación del terrorismo. Tal recomendación irresponsable hizo que muchos países – tanto del Sur como del Norte –, además de crear y renovar leyes antiterrorismo, establecieran e incrementaran obstáculos para el registro de las organizaciones de la sociedad civil o para el recibo de fondos extranjeros, con un enorme impacto sobre las regulaciones bancarias para esas organizaciones.55. Las preocupaciones acerca de las recomendaciones del GAFI y sus impactos sobre la sociedad civil pueden ser encontrados en el sitio web de la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI, disponible en: “Concerns”, FATF Platform, 13 de mayo de 2015, visitado el 17 de noviembre de 2017, http://fatfplatform.org/civil-society-concerns/. Un ejemplo concreto es la implementación de las normas contra el terrorismo en la India. Además de las regulaciones financieras, las normas incluían un conjunto de medidas que no se aplicaban a la financiación de organizaciones terroristas. Combinadas con otras leyes vigentes, estas medidas ayudaron a justificar la revocación de las licencias para operar de más de 13.000 ONG, especialmente aquellas que eran de naturaleza política o que recibían fondos extranjeros, y lo presentaron como un riesgo al interés nacional.66. Para entender más sobre los impactos de las recomendaciones del GAFI sobre la sociedad civil de la India, ver: Seema Nair, “Can Indian NGOs Bank on Banks?.” Plataforma GAFI, 2016, visitado el 6 de noviembre de 2017, http://fatfplatform.org/wp-content/uploads/2016/03/FATF_India_Final.pdf.
Adicionalmente, no es infrecuente que las leyes antiterrorismo tengan un ciclo interminable de reformas y complementos, tal como ocurrió en Turquía o en Chile.77. Leyes antiterrorismo en Chile: Ley 18.314, http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731 (1984); Enmienda, https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=19027&idVersion=1991-01-24 (1991); Cambios para incluir la financiación del terrorismo de acuerdo a las Normas Internacionales, http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=217096&idVersion=2003-11-13 (2003); 2 enmiendas, http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1017644&idVersion=2011-06-21; y http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1026712&idVersion=2011-06-21 (2011). En el caso de Chile, la primera ley fue aprobada en 1984. Desde entonces esta ha recibido cuatro modificaciones: en 1991, 2003 y 2011 (con dos nuevas leyes aprobadas), por no mencionar los ajustes hechos al Código Penal en 2002 y 2005. En Turquía se aplicó la misma lógica. La ley fue aprobada primeramente en 1991 (Ley 3713) y luego alterada en 1995, 1999, 2003, 2006, 2010 y 2013. En ambos casos, hay amplia evidencia del mal uso de esas leyes para perseguir el disenso. En Chile está el conocido caso de la acusación de terrorismo impetrada contra grupos indígenas mapuches,88. “Chile Must Stop Using Anti-terrorism Law Against Mapuche Indigenous Group – UN Expert,” UN News Centre, 31 de julio de 2013, visitado el 6 de noviembre de 2017, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45538#.WgO0S6uQy2w. por la cual el país fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.99. “The Inter-American Court of Human Rights Condemns the State of Chile for Having Used its Antiterrorist Legislation Against Members of the Mapuche People,” FIDH, 30 de julio de 2014, visitado el 6 de noviembre de 2017, https://www.fidh.org/en/region/americas/chile/the-inter-american-court-of-human-rights-condemns-the-state-of-chile. En Turquía, numerosos políticos, periodistas y activistas fueron perseguidos a través de su legislación antiterrorista de amplio alcance.1010. “Turkey Jails More Journalists Than Any Other Nation. Those in Detention Are All Terrorists, Erdogan Says,” Public Radio International, 28 de junio de 2017, visitado el 6 de noviembre de 2017, https://www.pri.org/stories/2017-06-28/turkey-jails-more-journalists-any-other-nation-those-detention-are-all-terrorists.
La comprensión de ese modus operandi en el cual los gobiernos usan cada vez más las leyes antiterroristas para perseguir el disenso ayudó a dar forma al trabajo de organización, advocacy y acción política llevado adelante por grupos brasileños para oponerse a la aprobación de una ley semejante en el país. A fin de que las organizaciones y movimientos sociales brasileños entendieran la magnitud de la amenaza que constituía una nueva e innecesaria legislación antiterrorismo,1111. Conectas Derechos Humanos documentó activamente la ley antiterrorista aprobada y argumenta en contra. Está disponible de su sitio web para consulta. Ir a Conectas Derechos Humanos, Página Inicial, 2017, visitado el 17 de noviembre de 2017, www.conectas.org; y Conectas Derechos Humanos, Página de Búsqueda, 2017, visitado el 17 de noviembre de 2017, http://www.conectas.org/en/search?q=antiterrorism. aprobada de forma acelerada a principios de 2016, fue crucial comprender qué impacto causaron leyes similares en Chile, Turquía, EE.UU., Reino Unido y otros países.1212. Además de los ejemplos de países, hay una serie de estudios que ofrecen evidencia del impacto de las medidas antiterrorismo en la sociedad civil. La Coalición Global de OSFL sobre el GAFI tiene varios recursos disponibles en la Plataforma GAFI, Página Inicial, 2017, visitado el 17 de noviembre de 2017, www.fatf-platform.org. Otra buena referencia es el reciente estudio publicado en abril de 2017 que detalla el impacto específico de aquellas leyes y prácticas sobre los derechos de las mujeres: “Tightening the Purse Strings: What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security,” Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program, 2017, visitado el 17 de noviembre de 2017, https://www.womenpeacemakersprogram.org/assets/TTPS-DUKE-FINAL-PRINT-AP-WEB.pdf. Aunque la motivación obvia para la ley eran los inminentes Juegos Olímpicos de Río 2016, la presión que el propio GAFI ejerció fue considerable. La influencia del GAFI en la aprobación de la ley antiterrorismo en Brasil se hizo sentir ya en el primer borrador de la legislación.1313. Al inicio, esta afirmación fue sostenida por el director para América Latina de Open Society Foundations en el artículo de blog: Pedro Abramovay, “Projeto de Lei Sobre Terrorismo: A Culpa é do Levy.” Post de Facebook, 19 de agosto de 2015, visitado el 6 de noviembre de 2017, https://www.facebook.com/quebrandootabu/posts/942594352463619. Luego, la aceleración de los procedimientos legislativos vinculados a la ley llevaron a una participación activa del Ministerio de Hacienda a lo largo de todo el proceso de aprobación. Conectas Derechos Humanos está actualmente produciendo un amplio estudio sobre el tema para registrar todos los pasos y mapear los principales actores implicados. Este fue redactado conjuntamente por el ministro de Justicia y el ministro de Hacienda, quien había asistido al Foro Económico Mundial en Davos y regresó a Brasil convencido de que formar parte de la lista sucia del GAFI por no cumplir completamente con sus recomendaciones dañaría la capacidad del país de atraer inversiones extranjeras directas (IED). Aunque la ley terminó siendo aprobada, los esfuerzos realizados por la sociedad civil desarrollaron una comprensión mucho mayor de las amenazas que representan las leyes penales contra movimientos políticamente motivados y generaron una coalición informal atenta a esos peligros.
Hay un elemento más que se puede considerar en el efecto dominó provocado por las restricciones alrededor del mundo: ¿qué pasa cuando los financiadores son los mismos que, si no lideran, al menos estimulan las medidas restrictivas? El gobierno de los EE.UU., uno de los mayores donantes del mundo,1414. Datos oficiales de la AOD muestran a los EE.UU. como el mayor donante del mundo en términos de volumen, con 33,59 mil millones de dólares en 2016. Fuente: OECD Tool: “Official Development Assistance 2016 - ODA Overview,” Compare Your Country, 2016, visitado el 17 de noviembre de 2017, http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=oecd&lg=en. ha presionado fuertemente por medidas antiterrorismo después del 11/9 y la estructura de seguridad que ha armado pone al activismo en riesgo. Una de esas medidas es el comprobado impacto del caso Holder vs. Proyecto de Ley Humanitaria, en el cual el tribunal se basó en la prohibición que consta en la Ley Patriota (USA Patriot Act) de proveer material de apoyo a organizaciones terroristas extranjeras para declarar que, cualquier asistencia dada a un grupo considerado terrorista por el gobierno podría legitimarlo y quedaba, por lo tanto, prohibida. El caso es considerado un duro golpe contra la libertad de expresión y asociación.1515. Este caso está bien documentado por Charity & Security Network en la serie Know Your Rights, especialmente el webinar y factsheet “Webinar - Are My Peacebuilding Activities Permissible?,” Charity and Security Network, 17 de octubre de 2017, visitado el 25 de octubre de 2017, https://www.charityandsecurity.org/know-your-rights/permissible-activities. Otros episodios en este mismo sentido son los resultados de las elecciones en los EE.UU.,1616. En los EE.UU., la reacción a la elección fue inmediata. Las personas sintieron que tenían que resistir a lo que la nueva administración representaba, por lo cual las organizaciones nacionales y locales han visto crecer su membresía. Un ejemplo de ello es el Partido Socialista Democrático, que en menos de un año pasó de 8.000 a 25.000 miembros, muchos de ellos jóvenes que usan tácticas del movimiento de los derechos civiles y los combinan con la organización y herramientas de promoción digital para crecer. la reacción inhumana de los países europeos hacia refugiados e inmigrantes, los esfuerzos del Reino Unido para quebrar el vínculo entre su marco de derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos1717. Para un análisis más profundo de esta medida, ver: Shami Chakrabarti, “The Knives Are Out", SUR 12, no. 22 (2015): 269-272, visitado el 8 de noviembre de 2017, https://sur.conectas.org/en/the-knives-are-out/. o la punición de organizaciones por posiciones políticas (como fue el caso de ATTAC1818. ATTAC, iniciales del grupo activista de origen francés Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne o Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana, que se destacó a fines de los años 1990 y principios de los 2000 por defender la implementación de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras y fue muy activo en la creación del movimiento del Foro Social Mundial. en Alemania1919. En Alemania, en 2014, las autoridades fiscales de Frankfurt revocaron el status de beneficio público de ATTAC retroactivamente desde 2010. La justificación fue que sus posiciones políticas no condecían con los criterios de beneficio público. En 2016, una decisión a favor de la organización confirmó su estatus, pero el Ministerio de Hacienda intervino – incluso con el caso cerrado – requiriendo que la oficina de Frankfurt presentara una queja que puede tomar otros tres años. Durante este tiempo, el status de interés público quedará suspendido, tal como lo hizo en el período de 2014 a 2016, hiriendo financieramente a la organización, que estará imposibilitad de recibir donaciones individuales. Leer más en: Annika Elena Poppe and Jonas Wolff, “Germany Sets a Poor Example: The Case of ATTAC in Light of Globally Closing Civic Spaces,” Peace Research Institute Frankfurt, 27 de julio de 2017, visitado el 21 de septiembre de 2017, https://blog.prif.org/2017/07/27/germany-sets-a-poor-example-the-case-of-attac-in-light-of-globally-closing-civic-spaces/. ). Tales episodios, entre otros en ambos hemisferios, son frecuentemente defendidos por políticos y por los medios de comunicación comerciales como la única forma de garantizar crecimiento y progreso, mientras los derechos humanos son cada vez más presentados tan solo como costos adicionales.
Estos retrocesos en el Norte global están minando los ejemplos positivos del Sur. Es más, se está generando un ambiente en el cual tomar medidas restrictivas contra la sociedad civil empieza a ser visto por los gobiernos como algo aceptable – porque los gobiernos de los EE.UU. y otros países del Norte lo hacen. Por consiguiente, los gobiernos del Norte tienen poca legitimidad para criticar a los gobiernos del Sur en este punto.
Además del problema del Norte global impulsando restricciones en el Sur basadas en las agendas políticas y legislativas de los gobiernos del Norte, existe asimismo una tendencia preocupante en el Norte que es la presión ejercida sobre la financiación para la sociedad civil – tanto de individuos como de agencias gubernamentales.
Charities Aid Foundation, organización de ayuda del Reino Unido, produce un estudio anual sobre las donaciones individuales en el mundo. El estudio más reciente muestra que todos los países desarrollados que ocupaban los 20 primeros lugares en el ranking de las naciones más generosas experimentaron una reducción en su captación de fondos en 2016.2020. “CAF World Giving Index 2017 – A Global View of Giving Trends,” Charities Aid Foundation, septiembre de 2017, visitado el 26 de octubre de 2017, https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/cafworldgivingindex2017_2167a_web_210917.pdf?sfvrsn=ed1dac40_10. Aunque esto se puede deber a los débiles indicadores económicos, también se puede interpretar como un reflejo del creciente sentimiento antieuropeo identificado en los distintos países de la UE. Este sentimiento, alineado con el despunte del populismo, podría volver a los europeos más reluctantes en hacer donaciones a grupos de la sociedad civil que no siguen visiones de mundo nacionalistas o que no actúan localmente.
De igual manera, al nivel de los gobiernos nacionales, un análisis del Parlamento Europeo muestra que sus Estados miembros están desconcertados por el contexto actual y están optando por apoyar “OSC para el desarrollo que no generen controversias, en la medida en que se vuelve más difícil comprometerse con organizaciones más políticas. En algunos casos, esto ha ayudado a mantener abierto algún vínculo con la sociedad civil; en otros casos, empero, los críticos alegan que eso ha inadvertidamente ayudado a los gobiernos a aislar francos oponentes de la sociedad civil, bajo la apariencia de alianza con la UE en la política de desarrollo. En su nivel diplomático más alto, la UE puede aun así mostrarse sorprendentemente cautelosa en confrontar a regímenes implicados en brutales represiones a la sociedad civil. La orientación general de la política de seguridad de la UE a menudo escatima esfuerzos para mantener el problema de la reducción de espacios controlado.» 2121. “Shrinking Space for Civil Society: The EU Response,” European Parliament’s Subcommittee on Human Rights, abril de 2017, visitado el 25 de octubre de 2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578039/EXPO_STU(2017)578039_EN.pdf.
Como el concepto de filantropía y ayuda gubernamental todavía se está desarrollando en muchos países del Sur, especialmente el que apoya el trabajo político independiente que apunta a asegurar una sociedad civil abierta, el mencionado abordaje no controversial de la UE y sus Estados miembros y muchos otros donantes es profundamente preocupante.
Existe un efecto aún más inmediato que limitar el desarrollo de una cultura de filantropía en el Sur global: cuando la financiación se corta en el Norte, eso no puede más que significar que se cortará también en el Sur.2222. Para más información ver “Trump’s ’Mexico City Policy’ or ’Global Gag Rule’,” Human Rights Watch, 22 de junio de 2017, visitado el 21 de septiembre de 2017, https://www.hrw.org/news/2017/06/22/trumps-mexico-city-policy-or-global-gag-rule. Un ejemplo directo es la decisión del presidente Donald Trump de aumentar las restricciones a los abortos realizados con fondos de los EE.UU., conocida como la ley mordaza global. Esta medida fue reintroducida por Trump para satisfacer a sus apoyadores y al sector más conservador del Partido Republicano e implicará que 8,8 mil millones de dólares no serán usados en programas de derechos sexuales reproductivos en todo el mundo.2323. Ariana Eunjung Cha y Carol Morello, “Trump Expansion of Abortion ‘Gag Rule’ Will Restrict $8.8 Billion in U.S. Aid." The Washington Post, 15 de mayo de 2017, visitado el 21 de septiembre de 2017, https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/05/15/trump-expansion-of-abortion-gag-rule-will-restrict-8-8-billion-in-u-s-aid/?utm_term=.c46af8467caa. Esta decisión debe impactar globalmente la forma como las organizaciones y movimientos enfocados en la salud de la mujer moldean su trabajo.
Hace aproximadamente un año, una rápida conversación con un defensor de los derechos humanos del Nordeste de Brasil me reveló otro ángulo para el debate sobre el cierre de espacios cívicos. Tomando tranquilamente su café, él me recordó que la mayor amenaza a su trabajo no eran los cortes de fondos o las regulaciones restrictivas a las organizaciones no lucrativas, sino la difamación de su carácter y de su trabajo, que lo impactaba a él, a su familia, su seguridad y la validez de las causas que él defendía. No ayudó en nada que, más o menos al mismo tiempo, una telenovela brasileña transmitida en horario de máxima audiencia tuviera como personaje un villano que se presentaba como abogado de derechos humanos, vinculado nada menos que a Amnistía Internacional,2424. Amnistía Internacional Brasil sacó una declaración oficial en su momento, repudiando la mención a la organización en la telenovela A Regra do Jogo (La Regla del Juego) y la irresponsabilidad de retratar erróneamente el trabajo de los defensores de los derechos humanos, contribuyendo a su criminalización. 22 de septiembre de 2015. Leer: “Nota Pública: Menção à Anistia Internacional na Novela A Regra do Jogo,” Anistia Internacional, 22 de septiembre de 2015, visitado el 17 de noviembre de 2017, https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-mencao-anistia-internacional-na-novela-regra-jogo/ (en portugués). como un subterfugio para sus actividades criminales. Sumada a la ley, la percepción de la sociedad sobre aquellos que trabajan en defensa de la sociedad civil es un campo de batalla crucial para la preservación del espacio cívico. Desacreditar el coraje y la motivación de los activistas es una antigua táctica, como lo demuestra la historia; léase el uso del discurso del Miedo a los Rojos para desacreditar al movimiento obrero a principios de los años 1920 en los EE.UU., o en Sudáfrica, durante el régimen del apartheid, para desacreditar el Congreso Nacional Africano y el movimiento antiapartheid. Ya en los lejanos años de 1790, apoyadores de la esclavitud intentaron vincular el abolicionismo al jacobinismo, expresión peyorativa para radicalismo.
Mientras yo trabajaba para la oficina brasileña de una organización para el desarrollo, podía observar en primera mano el efecto restrictivo de la desconfianza respecto de los actores de la sociedad civil. A menudo era necesario que yo interviniera en alguna agencia bancaria local para asegurar el desembolso de fondos a pequeñas organizaciones, tales como un movimiento local de mujeres. El gerente del banco casi siempre disfrutaba de ejercer su poder y pedir una cantidad enorme de documentos y referencias para liberar la transferencia. ¿Su excusa? Que estaba sencillamente siguiendo estrictas regulaciones bancarias, lo cual él y yo sabíamos que tenía poco que ver con responsabilidad financiera y riesgos de lavado de dinero, sino más bien con su juicio sobre los activistas rurales, su clase social y su trabajo en regiones empobrecidas del sur de Brasil.
Ingenuamente, en un momento de mi vida creí que los activistas y movimientos sociales del Norte estaban exentos de ese tipo de hostigamiento y criminalización que sufren los defensores y grupos del Sur,2525. Para un panorama de cómo los defensores de los derechos humanos son hostigados e amenazados en América Latina, ver el informe: “Protection of Human Rights Defenders Against Non State Actors: Context, Analysis and Strategies,” The Fund for Global Human Rights y Just Associates, 2017, visitado en 17 de noviembre de 2017, http://globalhumanrights.org/wp-content/uploads/2017/07/Protection-of-Human-Rights-Defenders-against-Non-State-Actors_Mesoamerica_FGHR.pdf. donde el colonialismo, el neocolonialismo, el autoritarismo y el clientelismo juegan un fuerte papel en tratar de borrar el disenso. Para una generación de activistas del Sur, el Norte, especialmente Europa, ha sido siempre el locus para la institucionalización de marcos basados en derechos y un modelo a ser alcanzado.
Sin embargo, esa lucha por la reputación de la sociedad civil no es exclusividad del Sur global. A pesar de su fuerte herencia democrática, el Norte no está inmune a la detracción del activismo2626. Israel Butler, “Participatory Democracy Under Threat: Growing Restrictions on the Freedoms of NGOs in the EU.” Civil Liberties Union for Europe, 2017, visitado el 15 de septiembre de 2017, https://www.liberties.eu/en/news/participatory-democracy-under-threat-summary. y del marco de los derechos humanos. Los ataques a la sociedad civil húngara2727. Robert Tait, “Civil Activists Fear New Crackdown in Hungary After Trump Election.” The Guardian, 10 de enero de 2017, visitado el 6 de noviembre de 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/10/fears-new-crackdown-civil-society-groups-hungary-george-soros. perpetrados por el actual gobierno del primer ministro Viktor Órban lo muestran claramente, con una constante difamación de las organizaciones, una historia de hostigamientos que incluye un episodio de redadas policiales en 2014 y la adopción de una nueva y terrible ley de ONG.2828. “European Commission Steps up Infringement Against Hungary on NGO Law,” European Commission, 4 de octubre de 2017, visitado el 6 de noviembre de 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3663_en.htm. En Polonia, Ucrania y más allá de Europa del Este, las organizaciones están siendo desacreditadas en el discurso oficial como si no constituyeran una parte crucial de la democracia. Una vez que esos discursos se ponen en marcha, con las regulaciones restrictivas que les siguen, es más difícil para la sociedad civil de Sur encontrar modelos alternativos de participación y control social mientras los modelos del Norte se erosionan rápidamente.
El ataque a las reputaciones y la deslegitimación del rol de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos no es un imprevisto, sino que es algo construido como un objetivo estratégico, tanto para el Estado como para los actores no estatales que pretenden canalizar esfuerzos y reunir apoyo público para centrar la agenda en el crecimiento, las ganancias y, por consiguiente, en proteger los intereses de una elite burocrática o corporativa.
Situada entre esos cada vez más conniventes sectores de la sociedad – el Estado y los negocios privados – la sociedad civil tiene un rol crucial, que fue bien definido por el Relator Especial de las Naciones Unidas Maina Kiai: “La sociedad civil ocupa el espacio entre el Estado y el mercado, a menudo jugando un rol compensatorio o complementario respecto a las dos fuerzas que están encontrando cada vez más intereses comunes y excluyendo a la mayoría de la gente.» 2929. “Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association,” A/HRC/35/28, United Nations, Human Rights Council, May 8, 2017, visitado el 16 de septiembre de 2017, pág. 4/21, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_28_AUV.docx.
Para asegurar que las políticas restrictivas no acarreen protestas, los Estados – por su propia iniciativa y también presionados por las corporaciones, iglesias y organizaciones criminales – están poniendo en marcha mecanismos para silenciar a las voces disonantes, tanto por las fuerza como por la persuasión. Puede ser el arresto de activistas, tales como los jóvenes que protestaban durante el impeachment de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, engañados por un soldado encubierto3030. “Brazilian Domestic Spies Use Tinder to Infiltrate Protest Movements,” Boing Boing, 15 de noviembre de 2016, visitado el 24 de octubre de 2017, https://boingboing.net/2016/11/15/brazilian-domestic-spies-use-t.html. y respondiendo a procesos penales por la intención de cometer actos violentos durante una marcha. O medidas que van contra un enfoque basado en derechos pero tienen atractivo popular, tales como las leyes antiinmigración.
Se está dando una batalla por las narrativas que genera un entorno en el cual la sociedad civil es vista con desconfianza y sus demandas no son consideradas universales, sino como reclamos basados en privilegios y favores. La justa protección de los defensores de los derechos humanos es igualmente vista como tratamiento especial.3131. Un estudio realizado por tres académicos de la Universidad de Michigan entrevistó, en octubre de 2015, a 1.200 ciudadanos estadounidenses para medir su percepción sobre lo sería una respuesta proporcional a las distintas tácticas de protesta. El estudio encontró que las personas tienden a aceptar acciones que excedan el uso de la fuerza previsto en la ley, incluyendo la desaparición y tortura en algunos casos, llevando a los investigadores a concluir que a las personas no les gustan las protestas, lo cual es un mensaje constantemente transmitido por la prensa que enfoca la cobertura en la inconveniencia de esas manifestaciones, en lugar de sus causas. Para más información, ver: Christian Davenport, “This One Chart Shows What Americans Believe About Protests and Police Responses.” The Washington Post, 18 de julio de 2016, visitado el 21 de septiembre de 2017, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/18/heres-one-chart-that-shows-what-americans-believe-about-protests-and-police-responses/; y Christian Davenport, Dave Armstrong, y Thomas Zeitzoff, “That’s Intense! Scaling Perceptions of Challenger and Government Tactics as well as Understanding Contentious Interaction.” Research Gate, 2016, visitado el 21 de septiembre de 2017, https://www.researchgate.net/publication/305212835_That%27s_Intense_Scaling_Perceptions_of_Challenger_and_Government_Tactics_as_well_as_Understanding_Contentious_Interaction.
A fin de lidiar con esas fuerzas cada vez más poderosas, que se preocupan cada vez menos con la apariencia de sus intenciones, y claramente impulsan una visión negativa de la sociedad civil, los activistas necesitan fortalecerse a sí mismos y a sus grupos, además de buscar nuevas formas de trabajar.
Comunidades y grupos históricamente excluidos – del Norte y del Sur – están demostrando su poder y aprendiendo los unos de los otros. El activismo indígena contra el oleoducto Dakota Access en los EE.UU., por ejemplo, se construye sobre la base de la resistencia de Unist’ot’en en Canadá, que desde 2009 ha sido capaz de frenar cinco de los siete oleoductos planificados para su territorio.3232. Para leer más acerca de esta comunidad, ver: James Rowe y Mike Simpson, “Lessons From the Front Lines of Anti-Colonial Pipeline Resistance.” 9 de octubre de 2017, visitado el 18 de octubre de 2017, https://wagingnonviolence.org/feature/lessons-front-lines-anti-colonial-unistoten-pipeline-resistance/. O las mujeres mesoamericanas como Berta Cáceres,3333. Para saber más sobre Berta Cáceres y sus luchas, ver: Patricia Ardón y Daysi Flores, “Berta lives! COPINH continues…,” SUR 14, no. 25 (2017): 109-117, visitado el 23 de octubre de 2017, https://sur.conectas.org/en/berta-lives-copinh-continues/. luchando contra la mercantilización de la naturaleza e inspirando el apoyo a sus causas y el activismo en nuevos grupos. Y la incorporación de nuevas herramientas para el activismo, como el uso de internet, para conseguir apoyo para grupos como Black Lives Matter, que ha usado una fuerte presencia digital y un hashtag muy conocido para disparar el debate público y complementar su trabajo de organización offline por la justicia racial. Las voces que no encuentran un canal en los medios de comunicación corporativos tradicionales pueden buscar medios de hablar sobre sus luchas usando la internet.
Sin embargo, la construcción de alianzas es lo verdaderamente crucial en esta lucha por proteger a la sociedad civil. Alianzas entre diferentes movimientos y también entre las esferas local, nacional, regional e internacional. Durante el período que pasé en la organización para el desarrollo británica en Brasil, perdí la cuenta de cuántas peticiones fuimos convocados a firmar. Todavía importaba si una organización internacional estaba de acuerdo con el objetivo de una petición y no importaba si había fondos implicados o no. El movimiento ambientalista brasileño es un buen ejemplo de ello: tiene un historial de lograr compromiso internacional, mediante la financiación, pero principalmente mediante el compromiso político, lo que ayudó a dar legitimidad a la causa. Este compromiso también ayudó a alimentar la retórica de crítica al movimiento, de alegación de amenaza e interferencia que implicaría ese respaldo internacional respecto a la soberanía nacional, con el interés extranjero queriendo controlar la Amazonia. Pero lo cierto es que, con esas alianzas más amplias, la protección forestal finalmente pasó a ser vista por la opinión pública brasileña como algo importante de salvaguardar, cosa que nunca habían logrado los defensores de los derechos del medio ambiente. Así, Greenpeace consigue fácilmente recaudar fondos para la protección forestal de parte de donantes individuales brasileños, mientras que la recaudación para la protección de grupos indígenas todavía tiene que hacerse entre fuentes en el exterior. Esta solidaridad internacional ayuda a influenciar la forma como la opinión pública ve sus propios temas y puede además revestir de legitimidad y validez las demandas de los grupos locales.
En este momento de disputa feroz entre las narrativas acerca del rol del Estado y de la sociedad civil, es bienvenida toda contribución que pueda ayudar a la protección de las libertades civiles como pilar de la democracia. En ese sentido, el compromiso internacional entre la sociedad civil de los dos hemisferios nunca ha sido tan importante. Y aprender de los demás cobra una renovada importancia en tiempos así desafiadores.3434. Para otros ejemplos de respuestas de movimientos al retroceso, ver: Semanur Karaman y Ana Cernov, “Our Movements and Collective Struggles Thrive Despite Backlash.” Open Democracy, 6de septiembre de 2016, visitado el 20 de septiembre de 2017, https://www.opendemocracy.net/5050/semanur-karaman-ana-cernov/our-movements-and-collective-struggles-thrive-despite-backlash. Los grupos del Norte pueden beneficiarse ampliamente si combinan su propia experiencia en lo que se refiere a llevar adelante el trabajo en tiempos más “normales” con la enorme experiencia que tienen los grupos del Sur en lidiar con la doble carga de no solo construir estrategias para sus temáticas, sino también para el particular entorno en el que operan. Las alianzas y la solidaridad deben ser la médula de cualquier respuesta a las amenazas a la sociedad civil. Construir puentes con nuevos aliados y renovar lazos con los viejos aliados puede brindar oportunidades para generar conocimiento y construir narrativas que resuenen entre la opinión pública y ayuden a hacer que gobiernos y corporaciones se responsabilicen por sus acciones cuando violan derechos. Poder contar con el apoyo y participación de otros en la propia lucha nos hace sentir aliento y seguridad, algo tan necesario para activistas y defensores que lidian con la destrucción y la violencia a diario.
