La defensa de derechos humanos en un contexto de retrocesos
En los últimos años, la política exterior Mexicana se ha caracterizado por una paulatina negación tanto de las violaciones de derechos humanos que ocurren al interior del país, como de la actuación de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos que las denuncian. Tal política exterior de confrontación y retroceso tiene graves consecuencias para la defensa de los derechos humanos en México, haciendo cada vez más difícil ejercer de manera segura y legítima esta labor. En respuesta a esto, organizaciones de la sociedad civil mexicana están buscando estrategias para visibilizar la grave situación de derechos humanos al exterior y generar alianzas con actores nacionales e internacionales a fin de blindar sus acciones de denuncia y revertir el retroceso de la política mexicana.
Durante más de una década, tras la alternancia en los primeros años del 2000, la política exterior mexicana en el ámbito de los derechos humanos se caracterizó por su compromiso a nivel multilateral en el impulso de la agenda de derechos humanos y el fortalecimiento de los mecanismos internacionales diseñados para la protección y defensa de los mismos.
Dicho compromiso se reflejó, no solo en el dinamismo de los oficios diplomáticos nacionales en el ámbito multilateral para el desarrollo del derecho internacional de derechos humanos, sino en la apertura al escrutinio internacional por parte de observadores internacionales, así como en la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos,11. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (2000), Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2002), Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2002), Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2002), el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2005), la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2007), el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte (2007), Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (2007) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2008). en la eliminación de reservas de tratados ya ratificados, así como en la aceptación de competencias de órganos para recibir quejas individuales.
No obstante, pese a que los buenos oficios al exterior consolidaron la imagen de México en el ámbito multilateral como un Estado promotor y garante del respeto de los derechos humanos, al interior, se desplegaba una guerra cruenta en contra del narcotráfico – iniciada en 2006 por Felipe Calderón – que terminaría en una de las más profundas crisis de derechos humanos por las que ha atravesado el país.
El cambio de administración y de partido político al poder en 2012, puso en el debate de analistas, especialistas en seguridad y medios, así como de activistas y defensores de derechos humanos, la necesidad de un cambio de política de seguridad y narrativa institucional que trascendiera el belicismo de Calderón y se basará en el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, a un año de terminar su periodo presidencial, cada vez hay más voces, desde la sociedad civil – organizada y no organizada -, los organismos internacionales de derechos humanos, la academia y los medios de comunicación – preponderantemente independientes – que coinciden en que México tiene instalada una crisis de derechos humanos y que no existe voluntad política que pueda poner fin a la misma.
Pese a los diagnósticos compartidos y la evidencia empírica fundamentada por organismos e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos, la administración de Enrique Peña Nieto ha sostenido una política de negación e incluso confrontación, con quienes han confirmado la severidad de la situación de derechos humanos en el país.
El claro viraje de esta política al exterior ha tenido impactos al interior, no solo en la falta de priorización de políticas públicas de largo alcance para respetar, garantizar y promover los derechos humanos, sino que ha tornado la defensa de derechos humanos en el país en una labor cuestionable, e incluso ilegítima.
Durante los últimos dos años, desde que se hiciera evidente la política de Estado de cuestionamiento y negación hacia los organismos internacionales de derechos humanos, las y los defensores de derechos humanos en México han sido fuertemente difamados, criminalizados y expuestos a graves riesgos en su seguridad e integridad personal.
Aunado a ello, el hartazgo ciudadano resultado de una grave crisis de seguridad y de altos índices de violencia e impunidad que enfrenta el país en la actualidad, resultado de instituciones fallidas de seguridad y justicia, han alimentado una narrativa punitiva y populista por parte del Estado, en la cual paradójicamente, el respeto a los derechos humanos se ha convertido en el principal obstáculo.
En suma, el retroceso de la política exterior en materia de derechos humanos de la actual administración, ha sido el contexto bajo el cual, de manera cada vez más riesgosa, desprestigiada y fuertemente criticada, se defienden y promueven los derechos humanos al interior del país.
A continuación se analizan algunos elementos que ponen de manifiesto el retroceso de la política exterior en materia de derechos y la falta de garantías para ejercer de manera segura y legítima la labor de defensa de derechos humanos.
En febrero de 2015, el Estado mexicano desconoció las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas al sostener que las mismas, “no correspondían con la realidad”.22. “México Recibe las Recomendaciones del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU,” SRE, 13 de febrero de 2015, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5589-060.
En marzo de 2015, después de la presentación del Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, el Sr. Juan Méndez sobre su misión a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, en el 28° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó que la tortura sea generalizada en México, tal como lo estableció el Relator en su Informe.33. Ciro Pérez Silva, “‘Recibí Presiones para Minimizar mi Informe sobre Tortura‘: Méndez.” La Jornada, 02 de abril de 2015, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.jornada.unam.mx/2015/04/02/politica/007n1pol.
Particularmente preocupante fue la postura del Gobierno mexicano manifestada en el 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en la cual se cuestionó la veracidad, rigor, profesionalismo, objetividad, credibilidad y apego al derecho internacional de las observaciones y recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
En palabras del Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores:44. Embajador Miguel Ruiz Cabañas.
[…] considerando el alto impacto que tienen las observaciones y recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos, nos parece indispensable que estos verifiquen cabalmente la información que tienen bajo su estudio, y la analicen en estricto apego al derecho internacional. En consecuencia, deberían emitir observaciones sólidamente fundamentadas, que reflejen objetividad y profesionalismo, para facilitar la tarea de los Estados en su instrumentación […] Nos preocupa el impacto de este tipo de declaraciones sobre la credibilidad del sistema en su conjunto, en especial en lo que toca a su efectividad.55. Palabras de apertura del 31º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del Subsecretario Ruiz Cabañas: a partir del minuto 5:31: “Mexico, High-Level Segment - 2nd Meeting, 31st Regular Session Human Rights Council,” UN Web TV, 29 de febrero de 2016, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://webtv.un.org/search/mexico-high-level-segment-2nd-meeting-31st-regular-session-human-rights-council/4779448297001?term=Mexico.
Por otro lado, el Estado mexicano ha dado indicios de silenciar las voces críticas y expertas en la Organización de las Naciones Unidas, a través de la nominación de candidatos que han servido siempre a los intereses del Estado, para integrar los mecanismos que conforman el sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.
A través de una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México, realizada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, y después de haber realizado entrevistas con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas, y después de haber conseguido testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares en la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, la CIDH constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, los niveles críticos de impunidad y la atención inadecuada e insuficiente que enfrentan las víctimas y familiares de violaciones a derechos humanos.
Para el Estado mexicano, las observaciones presentadas por la CIDH resultaron insuficientes para reconocer que México enfrenta una grave situación de derechos humanos y por el contrario, las observaciones de este organismo resultaron consideraciones aisladas de casos “extraordinarios”.66. “Polemizan por Derechos Humanos; la CIDH Señala ’Grave Crisis’,” Excelsior, 03 de octubre de 2015, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/03/1049023. Así mismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez más desacreditó la metodología utilizada por la CIDH para la integración del informe “Situación de derechos humanos en México”.77. ”Situación de los Derechos Humanos en México,” Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2015, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf.
De acuerdo al documento de observaciones del Estado mexicano al informe sobre la situación de los derechos humanos en México de la CIDH,(No. OEA-03636)88. “Observaciones del Estado Mexicano al Proyecto de Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México,” OAS, p. 3., 2015, visitado el 12 de diciembre de 2017, https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/MX-Resumen.pdf. la CIDH buscó sesgadamente acreditar violaciones a derechos humanos en su visita al país, lo cual, le impidió “valorar adecuadamente las fuentes de información con las que disponía e incluso utilizarlas de manera imparcial”.99. “Observaciones del Estado Mexicano al Proyecto de Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en México,” OAS, p. 7, 15 de diciembre de 2015, visitado el 12 de diciembre de 2017, https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/MX-Observaciones2015.pdf.
Los cuestionamientos emprendidos por el Gobierno mexicano en relación a la confiabilidad e imparcialidad de la CIDH, se reprodujeron en el marco de la crisis financiera anunciada por la CIDH en mayo de 2016. Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA llevada a cabo el 25 de Mayo del 2016, el Gobierno mexicano arguyó que la “selectividad” en cuanto al tratamiento de ciertos casos o denuncias, su politización y parcialidad en ciertos temas y países, así como su falta de “criterio uniformado” constituían motivos suficientes para dejar de confiar en la CIDH, y por lo tanto, dejar de apoyarla financieramente.1010. “Regular Meeting of the Permanent Council, May 25th, 2016,” YouTube video, 3:04:34. Postado por OAS Videos – Events, 25 de mayo de 2016, visitado el 12 de diciembre de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=5sdoKBYW54M&feature=youtu.be.
Así mismo, su relación con el Grupo de Expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proveer asistencia técnica en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, fue visiblemente desafiante. En los meses después de que el Grupo de Expertos desacreditara la versión oficial de la desaparición de los estudiantes del Gobierno de México, los miembros fueron objeto de campañas en los medios de comunicación que intentaron desacreditar sus trabajos previos y a ellos de forma personal. Estos intentos de difamación continuaron hasta la presentación de su informe final, resaltando un patrón de intimidación y criminalización enfrentado por cualquier persona que intenta descubrir la verdad sobre el caso.
La actual administración se ha caracterizado por la falta de reconocimiento y de un diagnostico nacional confiable sobre la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos. Esto se ha evidenciado en el creciente desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos por parte del Estado.
En septiembre y octubre de 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron visitas in loco al país. Ambos organismos internacionales constataron la grave crisis de derechos humanos que vive México y coincidieron en que la situación extrema de inseguridad, violencia e impunidad, y las alarmantes cifras de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas y torturadas, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido, resulta impactante. No obstante, el Estado mexicano se ha negado a aceptar su responsabilidad.
Un reflejo de la falta de voluntad por parte del Estado mexicano para reconocer la difícil situación por la que atraviesa el país en materia de derechos humanos, y las consecuencias que ha tenido en la misma la militarización de la seguridad pública, quedó evidente durante la audiencia temática “Política de Drogas y Derechos Humanos” en el 156º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2015. En dicha audiencia, el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que, pese a que las organizaciones de la sociedad civil cuestionan la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, el ejército y la fuerza aérea mexicanos son evaluados como las instituciones que cuentan con la mayor confianza ciudadana.
Así mismo afirmó que casi el 70% de la población, según encuestas públicas, considera que las fuerzas armadas mexicanas son profundamente respetuosas de los derechos humanos y que algunas de las organizaciones de la sociedad civil que critican las labores de las fuerzas armadas, en otros casos solicitan que participen más para recibir protección de las acciones de los crímenes que comete la delincuencia organizada. “Así, por un lado se pide al Estado que actué en contra de los grupos delincuenciales, y cuando se hace, se cuestiona por la forma en que enfrenten al crimen organizado.” Bajo estos planteamientos, rechazó firmemente que las Fuerzas Armadas fueran responsables de la comisión de violaciones a los derechos humanos, particularmente de tortura, homicidios dolosos y desapariciones y afirmó, que pese a que podrían haber cometido algunos excesos, éstos ya estaban siendo investigados y procesados.
De igual manera, en la respuesta por parte del Estado mexicano al informe sobre la situación de los derechos humanos en México de la CIDH (No. OEA-03636), se afirmó:
Para México, no es congruente señalar, como lo ha hecho la CIDH, que el país vive una “grave crisis de derechos humanos” cuando sólo son analizadas ciertas violaciones – que no derechos – sin realizar una valoración sobre el goce y disfrute de todos o la mayoría de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, y con un ámbito de aplicación espacial propio de un estado federal como es México.
[…] el proyecto de informe de la CIDH llega a conclusiones que parecen haberse tomado con ligereza, en razón de la poca seriedad de su metodología, fuentes y uso de la información a la que, sin lugar a dudas, ha tenido acceso a lo largo de varios años.1111. “Observaciones del Estado Mexicano al Proyecto de Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en México,” p. 6.
La desacreditación del Gobierno mexicano en contra de los organismos internacionales de derechos humanos que ha sido analizada con anterioridad, ha sido acompañada por una campaña de desprestigio en contra de defensores e integrantes de organizaciones de derechos humanos, en particular en contra de defensores de derechos humanos que acompañan a víctimas y sobrevivientes de tortura. Esta campaña ha sido emprendida principalmente por actores no estatales, y solapada por autoridades de alto nivel del Gobierno Federal.
A través de la nota titulada “Relator de ONU facilita trabajo a red de corrupción para liberar criminales”,1212. “Relator ONU Facilita Trabajo a Red de Corrupción para Liberar Criminales: Miranda. Con Ciro Gómez,” Radio Fórmula, 4 de marzo de 16, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=575364&idFC=2016. publicada en el sitio web de un programa de radio de gran cobertura nacional, reconocidas personas activistas, con una larga trayectoria en la defensa y promoción de derechos humanos en puestos públicos de gobierno y de la sociedad civil, fueron dolosamente etiquetados como integrantes de una “red de corrupción” por una persona cercana a la clase política mexicana y fundadora de una organización afín al gobierno llamada Alto al Secuestro.
Con argumentos arbitrarios e insostenibles, se afirmó que dichas personas defensoras de derechos humanos liberaban a criminales para obtener sumas millonarias del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se afirmó además, que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de la tortura facilitaba el trabajo de la mencionada “red de corrupción” al “servirse del uso de la tortura para hacer dinero”.
La campaña de difamación y desprestigio en contra de defensores de derechos humanos, no solo influyó en la opinión social al categorizarles como integrantes de grupos criminales, así como generar la percepción social de que los derechos humanos sirven a “delincuentes y no a víctimas”, sino también implicó la criminalización de las víctimas y sobrevivientes principalmente de tortura, que acompañan y defienden las organizaciones difamadas.
Paralelamente se han difundido mensajes en diversas notas de prensa y columnas de opinión deslegitimando a quienes piden la aplicación de la justicia y el respeto de los derechos humanos. Integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)1313. Por ejemplo el General de Brigada Gonzalo Corona González, Director General de Justicia Militar de la SEDENA. han afirmado que hay abogados y organismos que interponen quejas contra personal militar por supuestas violaciones a los derechos humanos para “viciar” los procesos penales y obtener liberaciones.1414. Ignacio Alzaga, “Defensores ‘Vician’ los Juicios: Sedena.” Milenio, 19 de abril de 2016, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.milenio.com/politica/Defensores_vician_juicios-Sedena-Justicia_Militar-Gonzalo_Corona_0_722327783.html. Incluso, han advertido en periódicos de cobertura nacional, que existen quejas de organismos y defensores de derechos humanos dirigidas a frenar las acciones que realizan las fuerzas armadas en beneficio de la sociedad y así minar la confianza de las Fuerzas Armadas mexicanas.
La narrativa que argumenta la interposición de denuncias por tortura como método para viciar los procedimientos penales, ha ido tomando fuerza en la opinión pública mexicana. Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil cuya trayectoria se ha caracterizado por su cercanía a la clase política y cuyo discurso se ha caracterizado por minar y criminalizar la defensa de, derechos humanos, han promovido y fortalecido la idea de que la tortura no es un problema serio en México y que por el contrario, se denuncia para dejar en libertad a “delincuentes”. Este argumento, ha sido incluso reiterado y fortalecido por el propio presidente de México Enrique Peña Nieto.1515. “Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, Durante la Inauguración del Foro Internacional: Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso,” Gob.mx, 19 de julio de 2016, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-del-foro-internacional-equidad-para-las-victimas-en-el-debido-proceso?idiom=es.
Entre las declaraciones difundidas por funcionarios públicos de alto nivel que se unieron y apoyaron la campaña de desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos y víctimas de sobrevivientes de tortura, se encuentra el ex-titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.1616. Julio Hernández Barros. En entrevista para un periódico mexicano,1717. Dennis A. Garcia, “’No Controlamos Contratos entre las ONG y Víctimas’.” El Universal, 12 de octubre de 2016, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/12/no-controlamos-contratos-entre-las-ong-y-victimas. el funcionario infirió que las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a víctimas de tortura pudieran hacer contratos directamente con las víctimas para recibir una parte de la reparación que se paga a las víctimas.1818. Ibid.
Ante el clima de descrédito propiciado y tolerado por el Estado mexicano hacia la defensa de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil mexicana de derechos humanos, solicitaron a integrantes del Congreso de la Unión, organizaciones internacionales y mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU a exigir al Gobierno Federal un reconocimiento público sobre la labor y legitimidad de la defensa de derechos humanos en México. Pese a los puntos de acuerdo1919. “Proposición con Punto de Acuerdo que Exhorta al Ejecutivo Federal a Reconocer Expresamente la Labor de las y los Defensores de Derechos Humanos y a Garantizar Su Seguridad,” Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, 2016, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/03/asun_3353787_20160331_1459438834.pdf. promovidos por el Congreso de la Unión, y los pronunciamientos públicos de organizaciones internacionales2020. Se detallan en el siguiente segmento. que se unieron a la sociedad civil mexicana de derechos humanos exhortando al Ejecutivo Federal a reconocer expresamente la labor de las y los defensores de derechos humanos y a garantizar su seguridad, la respuesta por parte del Gobierno Federal se caracterizó por negarse a reconocer la campaña de desprestigio y por incluso permitir que ésta continuase.
Un ejemplo de ello se evidenció durante las audiencias temáticas llevadas a cabo en abril de 2016 en el 157º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México2121. Embajador Miguel Ruiz Cabañas. indicó:
En el tema de la supuesta campaña de desprestigio, yo quiero decirles simplemente con absoluta franqueza y sinceridad, no hay nadie del gobierno de México involucrado en ninguna campaña de desprestigio contra las OSC, contra la CIDH, contra el Secretario Ejecutivo de esta Comisión, contra el GIEI. México es una sociedad compleja y democrática y hay libertad de expresión y eso es un derecho humano fundamental. En esa libertad de expresión tenemos que respetar las opiniones de todos.
Ante un creciente clima de descrédito promovido por funcionarios con altos cargos y actores no estatales afines y aliados al Gobierno Federal, organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos desplegaron una serie de acciones a fin de revertir los ataques y prevenir potenciales agresiones. A continuación se mencionan algunas de estas acciones:
En mayo de 2015, un grupo de diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas enviamos una carta al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, el Sr. Michel Forst, a fin de solicitarle una visita a México en su mandato como Relator. Fue así que el Relator solicitó su visita al Gobierno de México y después de acciones de incidencia emprendidas por organizaciones mexicanas en el marco del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Gobierno de México aceptó su visita el 27 de febrero de 2015.
Pese a la aceptación del Gobierno de México de la visita del Relator, no se definió fecha de su visita y una actitud por parte de las autoridades mexicanas de retardar e incluso obstaculizar la misma, quedó evidenciada. Fue así que las organizaciones mexicanas le extendimos una visita no oficial, con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la cual accedió y en la cual tuvo oportunidad de reunirse con más de 100 personas defensoras de derechos humanos de diferentes estados de la República en mayo del 2016. Durante dicha visita, pese a no ser oficial, el Sr. Forst sostuvo encuentros con altos funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación, con quienes finalmente acordó las fechas de su visita oficial, la cual se sostuvo del 16 al 24 de enero de 2017.
Durante los encuentros que sostuvimos con el Relator previo a su visita oficial, le hicimos saber nuestra preocupación por los intentos por parte del Gobierno de México y actores no estatales cercanos a sus funcionarios, por menoscabar la legitimidad de personas y organizaciones de la sociedad civil para desacreditarlas, así como de cultivar una clima hostil hacia los defensores y las defensoras en México mediante la propagación de una retórica falsa que utiliza la defensa de derechos humanos como una labor criminal.
Le solicitamos ante ello su cooperación para llamar al Gobierno de México a contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de estigmatización y agresión.
Fue así que durante su visita al país, el 13 de enero de 2017, se llevó a cabo un acto público de reconocimiento sobre la importancia de la defensa de derechos humanos en México con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Federal y bajo la organización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.2222. Palabras de inauguración del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en el “Foro Internacional: Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias,” Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 13 de enero de 2017, visitado el 12 de diciembre de 2017, https://www.gob.mx/segob/prensa/foro-internacional-personas-defensoras-de-derechos-humanos-retos-y-experiencias.
Hasta el momento, dicho reconocimiento constituye el único acto por parte el Gobierno Federal que respalda la importancia del papel de las y los defensores de derechos humanos en México en aras de promover un ambiente seguro para la defensa de derechos humanos y revertir la hostilidad abierta en contra de esta labor.2323. “Reconocen Altas Autoridades la Importancia de Defender los Derechos Humanos en México,” Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 13 de enero de 2017, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=910:reconocen-altas-autoridades-la-importancia-de-defender-los-derechos-humanos-en-mexico&Itemid=265.
Los Relatores Especiales de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión y sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación también se unieron en un pronunciamiento público a los llamamientos dirigidos al Estado mexicano a fin de contrarrestar la campaña de desprestigio y respaldar a defensores de derechos humanos.2424. Expertos de la ONU piden a México contrarrestar la campaña de desprestigio y respaldar a defensores de derechos humanos. Pronunciamiento emitido por el El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre libertad de opinión y de expresión y el Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación - Disponible en: “Expertos de la ONU Piden a México Contrarrestar la Campaña de Desprestigio y Respaldar a los Defensores de Derechos Humanos,” Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 6 de abril de 2016, visitado el 12 de diciembre de 2017, http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19784&LangID=S. Dicho pronunciamiento fortaleció las acciones emprendidas de la sociedad civil en la exigencia al Gobierno Federal de públicamente respaldar a las y los defensores de derechos humanos ante las campañas de descrédito de las que eran víctimas.
Por otro lado, a fin de visibilizar el grado creciente de acoso e intimidación a la que los defensores y las defensoras están expuestos en México por denunciar abusos y violaciones de derechos humanos ante mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, la CMDPDH envió una comunicación al Secretario General de la ONU encargado de conocer las represalias y restricciones, que personas y organizaciones de la sociedad civil sufren por parte de los gobiernos, por cooperar con la ONU.
Fue así que en el Informe del Secretario General de la ONU encargado de conocer las represalias, el Sr. Andrew Gilmore, lamentó que en países como México, uno de los 29 que fue mencionado en dicho informe, se criminalizara a víctimas y sobrevivientes de tortura, y se emprendieran campañas de descrédito para criminalizar igualmente a las organizaciones y defensores quienes acompañan a las víctimas.2525. El Informe menciona el caso de 4 personas torturadas por las Fuerzas Armadas mexicanas y quienes después de haber sido absueltas de la pena de prisión, producto de una decisión del Comité contra la Tortura, han sido criminalizadas y difamadas, junto con la organización que les acompaña, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por actores estatales y no estatales.
A fin de generar mayor presión para que el Gobierno Federal reconociera la fundamental labor de defensa de derechos humanos en México en un acto público, diversas organizaciones internacionales se solidarizaron con sus contrapartes mexicanas a fin de expresar un contundente rechazo por la deslegitimazación y criminalización que estaban enfrentado diversas personas y organizaciones de derechos humanos 2626. Como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y su fundadora Mariclaire Acosto y actual Director Ejecutivo, José A. Guevara Bermúdez. y a través de cartas públicas, comunicados de prensa y artículos de opinión en periódicos mexicanos 2727. Preocupación frente a la campaña de difamación contra integrantes de organizaciones de DDHH. Carta abierta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto firmada por las organizaciones internacionales: ACAT Francia, APT, FIDH, WOLA, OMCT, RFK Human Rights, ISHR. Disponible en: “Preocupación Frente a la Campaña de Difamación Contra Integrantes de Organizaciones de DDHH,” Federación Internacional de Derechos Humanos, 17 de marzo de 2016, visitado el 13 de diciembre de 2017, https://www.fidh.org/es/region/americas/mexico/preocupacion-frente-a-la-campana-de-difamacion-contra-integrantes-de; Chris Grove, “En Defensa de los Defensores de Derechos Humanos en México.” Animal Politico, 12 de mayo de 2016, visitado el 13 de diciembre de 2017, http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/05/12/en-defensa-de-quienes-defienden-los-derechos-humanos-en-mexico/. exigieron al Gobierno de México implementar medidas para garantizar un ambiente seguro a personas y organizaciones de la sociedad civil y revertir la campaña de desprestigio y difamación de la que estaban siendo víctimas.
Ante la indiferencia del Gobierno Federal por la creciente ola de estigmatizaciones y calumnias en contra de personas defensoras de derechos humanos, un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil sostuvo un diálogo activa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de solicitarle acciones para reconocer la defensa de derechos humanos en el país. Fue así, que después de meses de diálogos con dicha institución, en octubre del 2017 el Ombudsman nacional presentó la campaña “La CNDH y los Defensores de Derechos Humanos”.2828. “Lanzan Campaña ‘La CNDH y los Defensores de Derechos Humanos’,” Canal Judicial, octubre de 2017, visitado el 13 de diciembre de 2017, http://canaljudicial.mx/es/noticia/lanzan-campana-la-cndh-y-los-defensores-de-derechos-humanos. Dicha campaña ha tenido por objeto visibilizar la legítima labor que realizan las personas defensoras y revertir las campañas criminalizantes en contra de esta labor, a través de radio y televisión.
El retroceso de la política exterior en materia de derechos humanos de la presente administración se ha basado en el rechazo y la negación a las observaciones e informes de los mecanismos internacionales de derechos humanos y en el cuestionamiento y desacreditación de las metodologías y fuentes utilizadas por los integrantes de los mecanismos internacionales en la integración de sus informes.
La principal retórica por parte de las instituciones del Gobierno Federal es que en la integración de los informes de los mecanismos internacionales no visibilizan con la misma importancia los avances que ha emprendido el Estado mexicano en la agenda nacional de derechos humanos. Dicha interpretación refleja una expectativa autocomplaciente por parte del gobierno mexicano frente a la cooperación de los organismos internacionales de derechos humanos y no abona a la construcción de una agenda sostenible de derechos humanos.
De la misma manera, el cuestionar la objetividad y profesionalismo de los mecanismos de derechos humanos, y sugerir que las observaciones emitidas por los mismos no son cabalmente verificadas o sólidamente fundamentadas, constituye una afrenta hacia el sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.
De manera preocupante, el retroceso de la política exterior en materia de derechos humanos ha impactado de manera negativa la labor de defensa de derechos humanos en el país. El desestimar la crisis de derechos humanos que vive el México y poner en duda los informes de los mecanismos internacionales de derechos humanos, desacredita de la misma manera la labor de las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, quienes de primera mano documentan violaciones a derechos a humanos y ante la incapacidad de las instancias nacionales para proteger, respetar, sancionar y reparar, deciden acudir ante instancias internacionales en búsqueda de justicia.
Así mismo, hay una persistente narrativa por parte del Gobierno Federal de deslindarse de sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos, y por el contrario, de acuñar los crímenes atroces a organizaciones del crimen organizado.
El despliegue de esta política, pone en riesgo la labor que desempeñan las personas que defienden los derechos humanos y quienes día con día contribuyen en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. El confrontar y cuestionar a los organismos internacionales de derechos humanos, representa también una afrenta a las y los defensores de derechos humanos, quienes recurren a dichos organismos en búsqueda de justicia ante la indolencia del Estado. Lo anterior, ha generado un entorno poco favorable para la defensa de derechos humanos y pone cada vez en mayor riesgo el legítimo trabajo que realizan las personas defensoras a nivel federal y estatal. No obstante, las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil diseñan ideas cada vez más innovadoras para legitimar su labor desde el exterior y desalentar un clima hostil en su contra.
Cada vez más las organizaciones de la sociedad civil mexicana emprenden estrategias articuladas para visibilizar la grave situación de derechos humanos al exterior y generan alianzas con diversos actores nacionales e internacionales a fin de blindar sus acciones de denuncia y revertir el retroceso de la política mexicana actual en materia de derechos humanos.
