El Papel de la Universalización de los Derechos Humanos y de la Migración en la Formación de la Nueva Gobernanza Global

2. El Estado

El Estado-nación no es la forma natural de organización política y social, tampoco se puede decir que es la mejor forma posible de organización, sino que ha sido la que mejor se adaptó a los valores sociales y políticos después del fin del dominio religioso en la conducción de la política internacional, formalizado en los Tratados de Münster y Osnabrück (1644-1648). Igualmente, no se debe admitir que la naturaleza humana sea la de establecerse en el lugar de nacimiento, pues, al contrario, el ser humano es migrante por naturaleza. Desde los tiempos bíblicos existen numerosos registros de migraciones humanas, sean estos por guerras, necesidades básicas, o catástrofes ambientales, entre otros motivos.

Con el pasar de los siglos, la evolución del hombre lo llevó a crear formas de organización social y política que le permitiesen utilizar mejor los recursos naturales y crear mejores condiciones de supervivencia, especialmente en la competencia con sus pares. Los territorios fueron cercados por el pueblo que estableciese su dominio, para permitir el exclusivo, y más eficaz, provecho de los recursos naturales.

El hecho es que, en pleno siglo XXI, prácticamente todo es apropiable y se comercializa, y los diferentes pueblos aceptan coexistir pacíficamente con los demás.² El flujo de capital, de productos, de ideas, de informaciones, todo es global. La producción de riquezas se vale tanto de los recursos e insumos más baratos, como de los mercados más valorizados. En 2012 la sociedad es mundial, los desafíos son globales y los Estados-nación están relativamente vacíos de sus funciones originales. Bajo la óptica de Marx, Durkheim, Weber y Parsons, una creciente diferenciación, racionalización y modernización de la sociedad, reduciría gradualmente la importancia del sentimiento nacionalista. El contrasentido actualmente reside en el hecho de que, aunque todavía existan motivos para migrar–tales como guerras, desastres naturales, situaciones de inseguridad de cualquier naturaleza, la búsqueda por mejores condiciones de vida, o la mera curiosidad por conocer otros lugares–los hombres están confinados al pedazo de territorio del cual son considerados su fruto.

2.1  El Estado-nación

Ciertamente el mundo continúa organizado en Estados-naciones, soberanos en sus territorios y recíprocamente excluyentes, y, no es sino por este motivo, que el inmigrante es percibido y recibido en algunos momentos como invasor, y en otros como promotor del desarrollo, dependiendo del interés de los Estados en cada situación (WIMMER; GLICK SCHILLER, 2002). La suposición de que nación, Estado y sociedad son expresiones políticas y sociales naturales del mundo moderno es llamada, por Wimmer e Glick Schiller, “nacionalismo metodológico”. Según argumentan los autores, existen tres formas de nacionalismo metodológico.

El primero, es el que resulta de la ignorancia, que se traduciría en una ceguera sistemática sobre la paradoja de que la modernización lleva a la creación de comunidades nacionales en medio a una sociedad moderna, supuestamente dominada por los principios de la adquisición. Wimmer y Glick Schiller mencionan que Parsons, Merton, Bourdieu, Habermas y Luhman, no discuten, en ningún modelo, el aspecto nacional de los Estados y de las sociedades en la era moderna. Además, estas teorías ciegas en relación al aspecto nacional fueron creadas en un ambiente de rápida nacionalización de los Estados y las sociedades y, en el caso de Weber y Durkheim, luego de concluir guerras nacionalistas.

El segundo, adopta los discursos nacionales, las agendas, las relaciones de lealtad e históricas como si fueran una realidad dada, hechos de la naturaleza, sin problematizarlos o tornarlos objetos de estudio. Economistas, politólogos, antropólogos e historiadores, adoptaron al Estado como la unidad de referencia de sus estudios, forjando una unidad que no existía hasta entonces. Los economistas, desde Adam Smith y Friedrich List, adoptaron la llamada economía interna y las relaciones exteriores como principales referencias. Los politólogos asumieron que el Estado-nación era la unidad de referencia ideal en el sistema internacional, pero no cuestionaron por qué el sistema era internacional. Los antropólogos, al abandonar el difusionismo y al adoptar la teoría funcionalista, prácticamente asumieron que las culturas a ser estudiadas estaban unitaria y orgánicamente ligadas (y fijadas) al territorio. Incluso la historia, dejó de ser de los hombres para tonarse historia de las naciones.³ Solo en esta última década fue posible superar esta ceguera del nacionalismo metodológico, yendo más allá de la dicotomía existente entre Estado y nación, sin caer en la trampa del Estado-nación (WIMMER, 1996, 2002).

El tercero, es la territorialización del imaginario de la ciencia social y la reducción del foco analítico hacia dentro de las fronteras de los Estados-nación. Vale destacar, que la ciencia social se obsesionó por describir procesos que ocurrían dentro de las fronteras de cada Estado-nación y por contrastarlos con otros externos a ellos, perdiendo completamente la conexión entre esos procesos y los territorios determinados como nacionales (WIMMER; GLICK SCHILLER, 2002).

Estas tres vertientes se interrelacionan y se refuerzan mutuamente, formando una estructura epistemológica coherente, que se autoalimenta en cuanto al modo de ver y de describir el mundo social.

3. Las migraciones

Teniendo esto en cuenta, es necesario comprender la evolución histórica de la percepción de las migraciones, especialmente en el período que sigue a la formación de los Estados-naciones, para notar el cambio en el discurso de los Estados a lo largo de un breve y reciente intervalo de tiempo. Un primer momento puede ser establecido como era pre-guerra (1870-1918),⁴ en el que hubo un fuerte crecimiento económico y una fuerte demanda de mano de obra, con algunas crisis económicas puntuales. En este período, muchos países de Europa eliminaron el pasaporte y el sistema de visas, siguiendo el ejemplo de Francia que, desde 1861, había derrumbado las barreras para el libre tránsito de trabajadores (WIMMER; GLICK SCHILLER, 2002). En este período, hubo un fuerte incentivo al flujo migratorio por parte de los Estados.

El segundo momento, que va desde la primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, estuvo marcado por el fin del libre tránsito de los trabajadores, ya que tanto por la guerra, como por la reconstrucción de los países destruidos y de otros recientemente tornados independientes, la mano de obra se tornó, por un lado, un bien mucho más valioso y, por otro, una gran amenaza. Parte de la estrategia de defensa nacional de esos nuevos países, fue el proceso de cierre de fronteras. Sin embargo, los modelos de análisis social construidos en este período, tomaban a la población de cada territorio como si fuera un dato estable, desconsiderando la migración. Se defendía una asimilación arbitraria. El inmigrante pasó a ser visto, como un riesgo para la seguridad, como un elemento destructor del isomorfismo entre nación y pueblo y, de esta forma, como un gran obstáculo para el proyecto de construcción del Estado-nación que estaba en marcha. Este fue el período de cierre de las fronteras y de contabilización.

El tercer momento, el de la Guerra Fría, fue el momento en que el punto ciego se transformó en ceguera, pues se borraron casi por completo las memorias históricas de los procesos transnacionales y globales. La teoría de la modernización hizo que pareciera que Europa Occidental y Estados Unidos de América habían desarrollado sus identidades nacionales, y sus estados modernos, confinados dentro de sus fronteras territoriales y no en profunda relación con la economía global y con el flujo de ideas. Un ejemplo sobresaliente de este período fue el de Alemania Occidental que, en competencia con Alemania Oriental, forjó un consenso nacional desarrollando un Estado de bienestar social, basado en generosos beneficios sociales pero restringidos a los ciudadanos anteriormente establecidos en su territorio, haciendo de esta forma, que el concepto de ciudadanía asumiera un papel determinante en la estructura social, garantizando derechos a algunos trabajadores y no a otros (como aquellos que no eran considerados alemanes y que fueron utilizados para la reconstrucción del país durante la posguerra). Se cristaliza así la idea de que el inmigrante no es un ciudadano y que pocas instituciones modernas son tan emblemáticas sobre los derechos, como la ciudadanía. En una definición estricta, ciudadanía describe la relación legal, incompleta, entre individuo y política (SASSEN, 2006).

En este mismo sentido, Zolberg argumenta que la organización política del espacio territorial del mundo pasa a ser una de exclusión mutua de soberanías (ZOLBERG, 1994). Vale destacar que, cada espacio es de soberanía de algún Estado, que excluye la de todos los demás y, en esa perspectiva, el inmigrante no es más que aquel que surge de la naturaleza del movimiento (algo intrínseco a la naturaleza humana), sino que surge de la transferencia de una jurisdicción a otra. El inmigrante, por lo tanto, comienza a ser visto como un desvío de la norma del nuevo mundo políticamente organizado. Zolberg alerta que el flujo de personas, el derecho de dejar un país y transitar entre fronteras, reduciría significativamente la autoridad soberana sobre aquel territorio, lo que lleva a la reflexión de que, más que una cuestión de seguridad, o de viabilidad económica para administrar un territorio, la libre migración implica la pérdida de poder del gobierno soberano sobre su territorio y su pueblo. Según las palabras de Catherine Dauvergne (2008) “en los tiempos contemporáneos de globalización, las leyes migratorias y su aplicación son entendidas, cada vez más, como el último bastión de la soberanía.” (DAUVERGNE, 2008, p. 2).

Un gobierno soberano, no obstante, no se limita al aspecto negativo de la autoridad coercitiva sobre las personas en un espacio dado, sino que detenta principalmente, otro aspecto de extrema importancia que es el de la protección y el amparo del individuo. Por lo tanto, el problema principal reside en el hecho de que, en esta estructura moderna, el único ente legítimo que podría cuidar del individuo sería el Estado-nación. La comunidad internacional protege, de alguna forma, únicamente a los refugiados, aquellos que son perseguidos. En relación a los demás, “la comunidad internacional, según la forma en la que está constituida actualmente, se demuestra incapaz o sin disposición para atender sus necesidades” (ZOLBERG, 1994, p. 170).

3.1  Resistencia de los Estados a la inmigración

La cuestión migratoria, en última instancia, trata sobre el mantenimiento del poder y la preservación del status quo. Impedir el libre flujo de personas significa, en gran medida, preservar el poder remanente de los Estados, así como el interés de pequeños grupos de gran influencia política en los Estados desarrollados (FACCHINI; MAYDA, 2008, p. 695). Los discursos nacionales, desde el momento de la Guerra Fría, colocan al inmigrante como el extranjero, con derechos limitados (SASSEN, 2006), y como siendo el responsable por la reducción de los salarios y por el aumento del desempleo, lo que no se justifica, como será demostrado a continuación.

Sin embargo, la restricción de la inmigración impide la protección de los derechos humanos, pues el inmigrante, al no ser ciudadano, tiene derechos limitados. Una situación alarmante, y paradójica, fue provocada en 2011 en Europa, cuando las naciones desarrolladas exigieron la salida de los gobernantes dictatoriales de los países del norte de África, alegando que estos violaban los derechos humanos de las poblaciones de aquellos países, pero cuando estas mismas poblaciones, buscaron refugio y protección en Europa, se les impidió la entrada al llegar al continente europeo, en condiciones igualmente inhumanas. La restricción del flujo migratorio, por lo tanto, al clasificar a las personas en status que las diferencian de los ciudadanos nacionales, buscan eximir a los Estados del deber de garantizar los derechos humanos de aquellas otras personas.

En el artículo titulado “People flows in globalization”, Richard Freeman deconstruye los llamados argumentos económicos y de desarrollo, examina las causas y las consecuencias de la migración y argumenta que el flujo de personas es fundamental para la economía global y que la interacción entre inmigración, capital y comercio es esencial para comprender cómo la globalización afecta a la economía. De acuerdo con las Naciones Unidas (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, 2009), aunque el número de inmigrantes se haya más que duplicado entre 1970 y 2005, pasando de 82,5 a casi 190 millones, el número de inmigrantes en los Estados Unidos durante la década de 1990 fue prácticamente el mismo que el de la década de 1900, sin embargo, tanto la población norteamericana como la mundial eran significativamente mayores en la década de 1990 (FREEMAN, 2006, p. 148).

Un dato simbólico de la restricción del movimiento de las personas en una época tan globalizada es el hecho de que los inmigrantes representan apenas 3% de la fuerza de trabajo global, mientras que las exportaciones globales representan 13% del PIB mundial (2004) y la inversión extranjera directa corresponde al 20% de la formación bruta de capital global (FREEMAN, 2006). Otra constatación bastante significativa, es que la globalización no redujo la diferencia entre el valor de la mano de obra en los diferentes lugares y, de esta forma, se constata que los salarios pagos en los países desarrollados es entre 4 y 12 veces mayor que los salarios pagos en los países en desarrollo, por la misma actividad (FREEMAN, 2006). Estos datos explican, en gran parte, el motivo por el cual el flujo migratorio está direccionado de los países en desarrollo hacia los países desarrollados, porque aunque las condiciones de trabajo en los países desarrollados no sean buenas en relación a los patrones locales, el valor recibido por el migrante será bastante superior a aquel que obtendría en su país de origen, permitiéndole remitir ingresos a sus familiares.

El argumento proteccionista de que las barreras son para proteger empleos y niveles de salarios de sus ciudadanos no se justifica, en absoluto. En primer lugar, porque inmigrantes con baja cualificación (como mayoritariamente lo son aquellos que provienen de países más pobres) no compiten con la mano de obra local, sino que la complementan; segundo, porque generalmente el país receptor es intensivo en capital y el país emisor es intensivo en mano de obra; tercero, porque los migrantes, en su amplia mayoría, son jóvenes en edad económicamente activa; y, finalmente, porque el flujo de inmigrantes incentiva el flujo de inversiones (FREEMAN, 2006, p. 157).

Por lo tanto, el aumento del flujo de inmigrantes no deprecia los salarios de los trabajadores locales,⁵ de modo que las posibles justificaciones para impedirlo son, sobre todo, políticas e ideológicas, no teniendo ninguna relación con cuestiones económicas o de desarrollo. No obstante, si los países desarrollados permitieran mayor inmigración, el PIB mundial aumentaría y la desigualdad salarial entre los países disminuiría. De hecho, según Dani Rodrik, “si quienes hacen la política a nivel internacional estuvieran realmente interesados en maximizar la eficiencia a nivel global… estarían todos ocupados en liberalizar las restricciones a la inmigración” (RODRIK, 2001). Sin embargo, la liberación del flujo migratorio y, en última instancia, el permiso de libre circulación de las personas por los territorios, reduciría sobremanera el poder de los Estados-naciones (ZOLBERG, 1994).

4. Derechos Humanos, ciudadanía y el Estado-nación

La función primordial del Estado-nación es la de proteger a sus ciudadanos, lo que de hecho, es el origen de su legitimidad. De esta forma, en su origen, el deber de proteger del Estado hacía referencia únicamente a los ciudadanos reconocidos como tales, o sea, aquellos dotados de ciudadanía. La naturaleza de la ciudadanía, sin embargo, viene siendo cuestionada, por ejemplo, tanto por la erosión del derecho a la privacidad, como por la proliferación de viejos temas que ganan nuevamente atención, tales como el status de los pueblos originarios, de los expatriados, de los refugiados, etc. (SASSEN, 2006). Esta consciencia internacional de la necesidad de protección de los derechos básicos de los pueblos, a través de algún parámetro universalmente admisible, influenció en gran medida, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en la que se afirma la “fe en los derechos humanos fundamentales, en la igualdad de derecho entre hombres y mujeres y entre naciones grandes y pequeñas” (IBHAWOH, 2007).

El compromiso de promover los derechos humanos presentes en la Carta de la ONU de 1945 se mantuvo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948 (UDHR, siglas en inglés). Estas convenciones que, posteriormente, fueron replicadas a nivel regional en Europa, en las Américas y en África, constituyen, actualmente, la base de los estándares internacionales contemporáneos de derechos humanos. La universalización de los derechos humanos busca asegurar derechos y garantías individuales a cualquier hombre, en cualquier territorio, resguardados por la comunidad internacional. Sin embargo, esa distinción entre hombres y ciudadanos creó un serio problema para la teoría política internacional: el de cómo conciliar la actual diversidad y división de las comunidades políticas con la recién descubierta creencia en la universalidad de la naturaleza humana (LINKLATER, 1981).

El individuo, ahora detentor de derechos universales,⁶ independiente del Estado-nación en el que se encuentra,⁷ pasó a ser objeto de preocupación de la comunidad internacional, superando el principio internacional de la soberanía y de la no intervención. Esto puede ocasionar un posible cambio estructural del sistema, lo que permitiría una autodeterminación individual o colectiva, independiente de los Estados (LINKLATER, 1981). En este sentido, aunque sin radicalismos, hay una corriente de teóricos (Cosmopolitas) que visualiza el surgimiento de una democratización global, tanto de las instituciones como de la participación política de los individuos en la arena global como un todo. Sin embargo, debe ponderarse que, mientras el sistema predominante sea el de los Estados-naciones, la protección de los derechos de los individuos, así como la ciudadanía y su garantía de derechos y deberes, permanecerá dependiente, primordialmente, de los Estados (CHANDLER, 2003).

Los cosmopolitas afirman que la globalización ocasionó una yuxtaposición de jurisdicciones, de manera que en un mismo lugar el poder soberano puede estar dividido entre las autoridades internaciones, nacionales y locales, como ocurre en la Unión Europea, y consideran que está en curso una reconfiguración del poder político, que dejó de estar orientada por las demarcaciones tradicionales de interno/externo y territorial/no territorial (HELD, 2004). De este concepto derivan dos conceptos más: el de democracia cosmopolita, que trata de la posibilidad de nuevas estructuras de poder representativas; y el de ciudadanía cosmopolita, que es el reconocimiento de los derechos y garantías individuales independiente de la subsunción del individuo a algún Estado Nacional.

Los cosmopolitas afirman que la democracia, como sistema de gobierno, se expandió a gran escala después del final de la guerra fría y de la victoria del Occidente sobre el sistema soviético (ARCHIBUGI, 2004). De hecho, como resultado de los movimientos populares, muchos países del Este Europeo y del sur adoptaron constituciones democráticas y, a pesar de las innumerables contradicciones, poco a poco, se han expandido y consolidado los gobiernos autónomos. En este sentido, los eventos ocurridos en Medio Oriente, denominados como Primavera Árabe, refuerzan la tesis de Archibugi, porque, aunque no surjan nuevas democracias, el proceso de revisión y discusión de los sistemas políticos actuales en esa región se presenta como profundo, complejo e innegable.⁸

A su vez, esta misma corriente teórica pondera, que existe un déficit democrático dentro de los Estados-naciones, destacando el hecho de que una decisión nacional puede no ser verdaderamente democrática si la misma afecta los derechos de las personas que no pertenecen a aquella comunidad. Se lamenta, también, que no haya ocurrido otro desarrollo igualmente importante, resultante de la victoria de los Estados liberales: la expansión de la democracia como modelo de gobernanza global (ARCHIBUGI, 2004). En este ámbito, en el que a pesar de haber indicios de cambios, con la discusión sobre la representatividad de los países en el FMI, el surgimiento del G-20 como actor decisivo en el área económica, o la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, aun así, no puede decirse que haya alguna perspectiva de democratización de la gobernanza mundial que refleja graves distorsiones en cuanto al ejercicio del poder, ya sea en la OMC, en la OTAN, en el propio Consejo de Seguridad, o incluso en cuanto a la representatividad en las decisiones tomadas por la Asamblea General de la ONU.⁹

Danielle Archibugi, sin embargo, destaca que, cada vez más, los Principios del Estado de Derecho (the rule of law) y de la Participación Compartida (Shared Participation) se aplican a las relaciones internacionales, lo que constituiría la idea básica que sustenta el concepto de Democracia Cosmopolita (Cosmopolitan Democracy). La intención de Archibugi, por lo tanto, es la de reafirmar los conceptos básicos que orientan a la Democracia Cosmopolita, sugiriendo así, que es posible la ampliación y profundización de la participación de los ciudadanos y de grupos de personas en el ámbito global, así como el debilitamiento del Estado nacional como representante legítimo y unitario de los intereses de las personas.

Con relación a la ciudadanía cosmopolita, existe un argumento en contra que debe ser observado, que sostiene que el cuadro propuesto por la regulación cosmopolita, que se basa en una ciudadanía global de derechos todavía ficticios, no reconoce los derechos democráticos de los ciudadanos, ni la expresión colectiva de esos derechos en la soberanía estatal, lo que podría implicar una pérdida de la garantía de la protección de un Estado-nación (CHANDLER, 2003). Por otra parte, el marco de la regulación del sistema democrático moderno sería histórica y lógicamente resultante de la presunción formal de la auto-gobernanza individual igualitaria (CHANDLER, 2003, p. 341).

Aunque existan divergencias en relación a los beneficios resultantes, los derechos universales de los ciudadanos globales pueden llevar a nuevas formas de gestión del orden público internacional y de las garantías individuales. Además de enfocar la atención en los derechos de ciudadanía limitados territorialmente por los Estados nacionales, es importante considerar la expansión de la democracia y de los derechos humanos hacia el ámbito global. El fortalecimiento del régimen internacional de derechos humanos, en este sentido, puede llevar a la transferencia de derechos del ciudadano hacia el individuo, y de esta forma, la ciudadanía y la nacionalidad dejan de ser el elemento que garantiza los derechos humanos, y por lo tanto, que garantiza la dignidad inherente de la persona humana. (REIS, 2004). Un avance concreto en este sentido sería la posibilidad de que algunos derechos inherentes a los ciudadanos sean, paulatinamente, extendidos a los inmigrantes, como el derecho a votar en las elecciones locales.

5. Una nueva gobernanza global

El marco teórico framework observado por Archibugi, es en buena medida, el mismo que el que trata Rosenau, cuando identifica el proceso de fragmegration, que consiste en el cuadro de fragmentación del Estado, sumado al de integración de grupos sociales. La fragmentación se verifica cuando los grupos y los individuos dejan de tener en el Estado Nación la expresión legítima de sus intereses, de forma que pasan a actuar por cuenta propia en defensa de sus intereses y no están más contenidos por los Estados. Esto es lo que se verifica, por ejemplo, en la cuestión de Belo Monte,¹⁰ en el que los grupos indígenas locales se manifiestan contra la opinión y las iniciativas del gobierno brasileño en lo que se refiere al uso de los recursos de la región de Volta Grande do Xingu, en Pará. Dichos grupos, a su vez, se identifican con otros grupos igualmente aislados en otros Estados, de forma que ambos se unen para aunar fuerzas, en un movimiento de integración social entre pares de diversas regiones, o naciones. Continuando en el mismo ejemplo, se observa que esos indígenas brasileros de la región de Xingu se unieron a los indígenas de la región de Rondonia y también de Perú, para con mayor envergadura, manifestarse en la esfera internacional¹¹ contra los proyectos de uso de sus tierras por sus respectivos gobiernos nacionales. Además, buscaron en un órgano internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el respaldo para sus demandas, que no fueron atendidas por el gobierno brasileño (SICILIANO, 2011). De esta forma, en este caso, tenemos la fragmentación dentro del Estado (vertical) y la integración social (horizontal) (ROSENAU, 1997).

Las fronteras se volvieron bastante permeables y los nuevos temas escapan a las jurisdicciones hasta ahora establecidas. La gobernanza existente a nivel local y nacional no responde más a las demandas de un mundo global, y no existe una gobernanza supranacional global legitimada para resolver estas nuevas cuestiones. En este contexto, hay cuatro desafíos que asumen una particular relevancia para el proceso de construcción de gobernanza global (ROSENAU, 1997): i) la velocidad con la que las cuestiones normativas precisan ser tratadas, cuando la revolución de las telecomunicaciones impone una nueva velocidad para los procesos de toma de decisión en el ámbito de las relaciones internacionales; ii) la posibilidad de que la tensión inherente al proceso de fragmegration pueda tornar los prejuicios de la civilización occidental como no legítimos, en tanto que guías de conducta individual o colectiva, pues fragmegration significa que la sociedad, al mismo tiempo que se fragmenta en relación a un viejo modelo (estructura jerárquica estatal), se integra en relación a uno nuevo (social, reticular y horizontal); iii) algunas normas (valores) de alcance global pueden ser identificadas tanto en la esfera del Estado, como en la de un orden multipolar; y iv) áreas en las que el clivaje puede no ser tan profundo al punto de impedir la evolución de normas ampliamente compartidas.

En la cuestión de Belo Monte, o incluso en la de la Primavera Árabe, están claras las demostraciones de la pérdida de la importancia relativa de los Estados-naciones y del protagonismo creciente de los movimientos sociales, cuyos intereses, muchas veces, trascienden las fronteras y divergen de la posición oficial de los gobiernos nacionales. En estos dos ejemplos, la “comunidad internacional” fue llamada a manifestarse y, de alguna forma, a interferir en auxilio de los más frágiles, enfrentando tal vez, la soberanía de los Estados involucrados. ¿Cuál será la reacción de la “comunidad internacional”? ¿Qué precedentes se sentarán? ¿Qué valores serán establecidos o fortalecidos, a partir de casos concretos como estos?
Estas situaciones tienden a repetirse cada vez más y los cuestionamientos que ocasionan apuntan a la configuración de un nuevo paradigma de las relaciones internacionales.

5.1  Nuevas Estructuras

A inicios de la década de los 80, Robert W. Cox había tratado las “fuerzas sociales” como un ente que posiblemente debilitaría a las estructuras políticas estatales. Previó, en aquel entonces, tres posibles escenarios resultantes de esas fuerzas: i) que podría surgir una nueva hegemonía basada en la estructura global del poder social generado por la internacionalización de la producción; ii) el surgimiento de una estructura global no hegemónica resultante del conflicto entre los poderes centrales; o iii) el surgimiento de una contra-hegemonía basada en una coalición del tercer mundo contra la dominación de los países centrales. Independientemente del acierto en alguno de los escenarios previstos, hace más de treinta años las “fuerzas sociales” fueron identificadas como motores de la alteración paradigmática de la relación de poder de los Estados- naciones (COX, 1981).

A fines del siglo pasado, el fenómeno identificado como fragmentation por Rosenau resulta de la observación del mismo objeto que, con alguna variación, Della Porta definió como “movimientos sociales”, que tienen como característica ser una estructura organizativa segmentada, con grupos que nacen, se movilizan y declinan continuamente; policéfala; con una estructura de liderazgo plural; y reticular, con grupos e individuos conectados por vínculos múltiples (DELLA PORTA, 2007, p. 125). Esa definición permite decir que los movimientos sociales pueden ser tanto grupos de trabajadores sin tierra luchando por la reforma agraria, como grupos indígenas que demandan la inviolabilidad de sus tierras, o incluso una gran parcela de la población de determinado territorio que no acepta someterse a su gobernante.

Esas formas de organización social, que ganaron forma en la década de 1990, fueron objeto de un reciente análisis del ex presidente brasilero Fernando Henrique Cardoso,¹² que afirmó que los movimientos sociales fueron impulsados por la evidente incapacidad de los Estados para responder a las demandas sociales, pero, en buena medida también por el descrédito de la sociedad en la política ejercida a través de la democracia participativa, por ejemplo, a través de sus parlamentarios electos. Cardoso sintetizó sus argumentos afirmando que los movimientos sociales son muy eficientes para imponer resistencia, pero que enfrentan grandes dificultades para implementar políticas, y citó el ejemplo de la Primavera Árabe, en la que la población consiguió organizarse para derribar a los dictadores en el poder, pero que no consigue organizarse para constituir un nuevo gobierno.

En ese mismo sentido, Della Porta clarifica que las organizaciones no gubernamentales que surgieron en Seattle¹³ eran un ejemplo de todo lo que los negociadores del comercio no eran. Estaban bien organizadas, habían construido coaliciones poco comunes (ambientalistas y sindicalistas, por ejemplo, superaron antiguas divisiones para actuar contra la OMC). Tenían una agenda clara: impedir las negociaciones (DELLA PORTA, 2007, p. 141). Aún si existe una relativa incapacidad constructiva de los movimientos sociales, su fuerza social y política es notoria y todos los indicios apuntan hacia su fortalecimiento.

El surgimiento de los movimientos sociales sólo fue posible gracias a la reducción del tiempo y de los espacios, lo que fue posibilitado por la globalización (CARDOSO, 2011). Este argumento es corroborado por David S. Grewal, afirmando que la globalización puede ser definida como la intensificación de las relaciones sociales mundiales que conectan localidades distantes, de forma tal que los acontecimientos locales sean moldeados por eventos que están ocurriendo a muchos kilómetros de distancia y viceversa (GREWAL, 2008).

Puede decirse que globalización, es el nombre popularmente atribuido a la capacidad reciente de las personas de interrelacionarse estando en cualquier lugar del globo terrestre y es, entre otras cosas, el proceso impar por el que se determinan las convenciones (GREWAL, 2008, p. 2). Para Milton Santos,

La globalización no es solo la existencia de un nuevo sistema de técnicas, sino que es también el resultado de las acciones que garantizan la emergencia de un mercado llamado global, responsable por lo esencial de los procesos políticos actualmente eficaces. De esta forma, los factores que contribuyen para explicar la arquitectura de la globalización actual serán la unicidad de la técnica, la convergencia de los momentos, la inteligibilidad del planeta y la existencia de un motor único en la historia, representado por la plusvalía globalizada.
(SANTOS, 2007, p.24).

Lo que experimentamos hoy, con la globalización, es la creación de un grupo internacional que involucra al globo entero dentro de los parámetros establecidos: un nuevo orden mundial en el cual el clamor por la conexión entre todos se vale de patrones que son ofrecidos para el uso universal (GREWAL, 2008, p. 3). Y los patrones que posibilitan tal coordinación global reflejan el “Poder de Red”. El concepto “Poder de Red”, tal como es concebido por Grewal, presupone dos cosas: i) los patrones que permiten la coordinación tienen más valor en la medida que un número mayor de personas los utilicen; y ii) esa dinámica puede llevar a la progresiva eliminación de patrones en competencia. Puede decirse, por ejemplo, que la plusvalía globalizada posee un enorme “Poder de Red”, así como el sistema financiero internacional, Facebook, o el sistema métrico de medidas. La Red es el grupo de personas interconectadas, ligadas unas a otras, de forma que sean capaces de beneficiarse con la cooperación, y ese beneficio puede asumir varias formas, incluyendo el intercambio de bienes e ideas (GREWAL, 2008).

De esta forma, los movimientos sociales son, en gran escala, transnacionales, véase los movimientos ambientalistas, de derechos humanos, de ayuda humanitaria, entre otros. Sin embargo, aunque exista un espacio global de relaciones sociales, no existe una gobernanza global soberana que le dé orden, tal como la conocemos en el ámbito nacional, y, por eso, se habla de globalización de la sociabilidad, distinguiendo las relaciones de sociabilidad de las de soberanía para enfatizar el principal punto de tensión de la globalización contemporánea, que es el hecho de que todo está siendo globalizado, excepto la política (GREWAL, 2008, p. 50). El mismo autor aclara que incluso los teóricos de la “Democracia Cosmopolita” normalmente argumentan que la democracia debe fortalecerse considerando los espacios nacionales, de forma que habría solo una reproducción del sistema actual, en una escala mayor.

La globalización política de la que Grewal hace referencia es, por ejemplo, la organización de los ambientalistas internacionales, de los caucheros, de los indígenas, que consiguieron el apoyo del Congreso norteamericano y del Departamento del Tesoro Americano para sus demandas locales (HOCHSTETLER; KECK, 2007, p. 155). Sin embargo, esos movimientos no se presentaron como un proceso de desarrollo acumulativo de instituciones y de organizaciones que respondieran a cuestiones y problemas internos y externos de los países, por el contrario, se verifica una evidente discontinuidad, contingencias, y también oportunidades repentinas (HOCHSTETLER; KECK, 2007, p. 223).

Los movimientos sociales transnacionales ejercen una función democratizadora en la globalización en el sentido de posibilitar alguna participación directa del individuo en cuestiones políticas, pues aumentan la representación en instituciones internacionales, brindándoles ideas y voces que antes no eran oídas (KHAGRAM; RIKER; SIKKINK, 2002, p.301). Las redes y las organizaciones no gubernamentales transnacionales, cuando son analizadas en sus aspectos de representatividad, de democracia interna, de transparencia y de procesos deliberativos, tienen varias fallas y son imperfectas, se trata en verdad, de instituciones informales, asimétricas y que funcionan como antídotos ad hoc para imperfecciones representativas domésticas e internacionales (KHAGRAM; RIKER; SIKKINK, 2002). Ese papel específico de corregir imperfecciones representativas, sin embargo, es de suma importancia y no debe ser desvalorizado, pues del mismo proviene la capacidad de elevar la demanda local a la esfera de interés internacional.

Se concluye por lo tanto, que los movimientos sociales no sólo utilizan los patrones y redes propiciados con la globalización, sino también la alimentan, creando nuevas redes y fomentando nuevos patrones, de forma de establecer un path dependence que, en principio, no se contrapone a las estructuras dominantes. Della Porta alerta, sin embargo, que puede haber alteraciones sustanciales movidas por el creciente poder de las corporaciones multinacionales y organizaciones gobernantes internacionales, así como el riesgo de debilitamiento del modelo representativo de democracia, de forma que habría espacio para la reflexión sobre nuevas formas de democracia (participativa, directa, deliberativa, etc). Milton Santos afirma que otra globalización es posible, pues la globalización actual sería mucho menos un producto de las ideas actualmente posibles y, mucho más, el resultado de una ideología restrictiva establecida a propósito.

6. Conclusión

La globalización permitió que el mundo sea visto como una nueva unidad de referencia, sea ésta económica, política, antropológica o histórica. Las relaciones financieras y el comercio no respetan las fronteras territoriales de los Estados Naciones, las organizaciones políticas en muchos aspectos trascienden y se imponen sobre los Estados, el hombre vuelve a ser visto como un ser ocupante del planeta y la historia es también la de la humanidad.

El individuo y los grupos de individuos pasaron a organizarse en red y consiguieron crear movimientos sociales con fuerza política capaces de interferir directamente en la toma de decisión de los gobiernos nacionales. En el sistema internacional, igualmente, las decisiones no pueden desconsiderar la repercusión en los movimientos sociales, o la influencia en los mismos. Hay un creciente distanciamiento entre el individuo y el Estado que permite que diversos temas (ambientales, culturales, laborales, comerciales, entre otros), sean tratados internacionalmente sin que haya injerencia estatal. Sin embargo, ese movimiento, por más fuerte que sea, no demostró ser capaz de debilitar las estructuras de las relaciones de poder creadas desde los Tratados de Westfalia, sino que por el contrario, coexiste con las mismas con una cierta armonía.

La cuestión de la universalización de los derechos humanos y de la restricción a la amplia migración internacional son las únicas capaces de llevar a la actual estructura de poder, jerárquica, estatal, a un proceso de profunda reestructuración. En cuanto a la primera, ese poder particular, consiste en el hecho de que el individuo, ya sea en el sistema internacional o dentro de los propios Estados, pase a ser detentor de derechos, independientemente de los Estados. Y, considerando que la legitimidad del poder del Estado resulta básicamente de su capacidad de proteger a sus nacionales, el reconocimiento internacional de derechos individuales subyuga el principio de autodeterminación y, aún más grave, en caso de ofensa del Estado a los derechos del individuo, legitima la intervención externa, lo que se sobrepone a la soberanía del Estado.

La cuestión migratoria representa otro aspecto del mismo dilema, pues, al impedir la libre movilidad de las personas, fijando a determinada población en un determinado territorio, imposibilita que haya universalización de los derechos, que se verifica, por un lado, al no reconocer los derechos de aquellos individuos que no son ciudadanos nacionales y, por otro, el de no garantizar derechos de sus ciudadanos fuera de su territorio. La ciudadanía, eslabón político y jurídico del ciudadano con el Estado, es la garantía para el Estado, de la existencia de su poder sobre sus nacionales.

Por lo tanto, a pesar de que los movimientos sociales, a través del fortalecimiento del poder de las redes, estén alterando las relaciones de fuerzas en la política doméstica e internacional, la nueva gobernanza global sigue coexistiendo con la estructura westfaliana de Estados naciones y, por más que pesen las numerosas evoluciones, no se avizora ninguna reestructuración radical en el sistema. En primer lugar, porque la universalización de los derechos humanos es aún modesta, y en segundo lugar, porque la cuestión migratoria no está presente en la agenda de los movimientos sociales.