Cómo los activistas están utilizando una combinación estratégica de investigación-acción y movilización mediante medios sociales y redes transfronterizas
Las crecientes restricciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluyendo la oleada de legislación restrictiva han generado un clima de temor en Nigeria, reduciendo los espacios para la participación cívica. A pesar de esta creciente y persistente intimidación oficial, una red de actores, constituida por ciudadanos activos y grupos informales como también organizados de la sociedad civil, está pasando por grandes dificultades, utilizando una variedad de estrategias para recuperar el espacio civil y exigiendo más respeto a los derechos humanos y a libertades fundamentales. ¿Han sido efectivas estas respuestas e iniciativas locales? ¿Qué estrategias han funcionado para los activistas y organizaciones locales? Este artículo discute las maneras en que las respuestas locales pueden conformar futuras estrategias de activistas de derechos humanos y otros actores operando en la esfera regional e internacional.
Desde 2015, Nigeria ha sido testigo de una brutal represión a los críticos sociales, blogueros y activistas que han reprobado la impunidad, la corrupción oficial y los abusos de derechos humanos. Una organización no gubernamental nigeriana, SPACES FOR CHANGE (S4C), ha registrado 103 casos de restricciones gubernamentales de los derechos a la libertad de expresión, asociación, religión y reunión entre mayo de 2015 y mayo de 2017.11. Spaces for Change, Homepage, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://closingspaces.org/. Esta represión, dirigida especialmente contra los blogueros, activistas y líderes de movimientos religiosos e indígenas, se suma a la creciente lista de restricciones y violaciones de derechos humanos ya documentadas, provocadas por el comportamiento de las autoridades. Además, hay una oleada de leyes restrictivas, incluyendo la actual Ley para el establecimiento de una comisión reguladora para las organizaciones no gubernamentales (Ley sobre ONG).22. “A Bill to Establish Non-Governmental Organisation (NGO) Regulatory Commission," Plac Bills Track, 2016, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://placbillstrack.org/upload/HB585.pdf.
Estos acontecimientos han generado un clima de temor en el país, reduciendo los espacios para la participación cívica. A pesar de esta creciente y persistente intimidación oficial, una red de actores, constituida por ciudadanos activos y grupos, tanto informales como organizados de la sociedad civil está pasando por grandes dificultades, utilizando una variedad de estrategias para recuperar el espacio cívico y exigiendo más respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Han sido efectivas estas respuestas e iniciativas locales? ¿Qué estrategias han funcionado para los activistas y organizaciones locales? ¿Qué más hay que hacer para defender el movimiento de derechos humanos ante estas amenazas y atmósfera de incerteza? Este artículo examina y analiza las estrategias que se han empleado para confrontar la reducción del espacio para la participación cívica en Nigeria, señalando las diferentes funciones que los diversos actores desempeñan en distintos niveles.
¿Los espacios cívicos en Nigeria están abiertos o cerrados? ¿Qué ocurre cuando se cierran los espacios cívicos y la sociedad civil? ¿Cómo se cierran? ¿Hay un modelo que mida y analice este cierre? S4C buscó las respuestas a estas preguntas en una reciente investigación.33. “Part B - Closing Spaces for Civil Society and Democratic Engagement in Nigeria,” Spaces for Change, mayo de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.spacesforchange.org/2017/06/part-a-closing-spaces-for-civic-engagement-and-civil-society-in-nigeria/. Ver también la base de datos de Closing Civic Spaces Nigeria, Homepage, 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://closingspaces.org/. S4C está convencido de que una estrategia fundamental en la lucha contra estas restricciones es monitorearlas, comprenderlas y registrarlas. Esta información puede ser utilizada después por S4C y sus socios, junto con otras estrategias que discutiremos a continuación. Al desarrollar una metodología para monitorear el cierre de espacios para la sociedad civil en Nigeria, S4C se basó en las cinco categorías con las que CIVICUS clasifica los espacios civiles; abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado.44. “Nigeria,” Civicus and Monitor, 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://monitor.civicus.org/country/nigeria/.
S4C desarrolló la base de datos sobre espacios cerrados, registrando 103 incidentes. La base de datos mostró que los afectados por un poder gubernamental excesivo eran generalmente voces críticas con el gobierno; oponentes políticos, líderes de movimientos religiosos e indígenas, y actores privados que utilizaban activamente los medios sociales para exponer la corrupción o señalar deficiencias en la gobernanza. Basándose en estos resultados, el estudio de S4C concluyó que el espacio cívico nigeriano oscila entre cerrado, reprimido y obstruido, según las categorías de CIVICUS. Las obstrucciones recuerdan las tácticas empleadas por los regímenes militares que dominaron el país antes de recuperar el gobierno civil en 1999. Las administraciones civiles están recurriendo cada vez más a esas tácticas para acabar con la disidencia, y forzar la vida colectiva y no colectiva a la sumisión.
Las herramientas y métodos que los actores estatales emplean habitualmente para llevar a cabo sus operaciones represoras pueden ser agrupadas en tres categorías. La primera es la legislación restrictiva. La segunda es la aplicación desmesurada de leyes existentes por parte de los agentes del Estado, y la tercera está relacionada a formas no legales de restricciones, como el uso deliberado de retórica negativa que estigmatiza y difama a sectores de la sociedad civil.
Un ejemplo de propuesta de legislación restrictiva es la Ley sobre ONG. Repleta de frases vagas articuladas en torno al objetivo de la “seguridad nacional y el interés nacional”, la Ley sobre ONG propone establecer un organismo regulador: la Comisión Reguladora de Organizaciones No Gubernamentales de Nigeria (NGORCN, por sus siglas en inglés). También criminaliza operar una ONG en Nigeria si no está registrada y certificada. Cualquier certificado emitido al registrarse será válido durante un periodo de dos años, y después, sujeto a renovación. Si el certificado no es renovado, se pondrá fin a las operaciones de la organización y su nombre será borrado del registro. La solicitud para renovar el registro puede ser rechazada si el organismo regulador considera que las actividades o procedimientos propuestos por parte de la organización solicitante no responden al interés nacional.
Conforme a la fijación de la Ley sobre ONG con la seguridad nacional, el argumento principal en favor de la Ley subraya la necesidad de “regular [las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)] en temas relacionados a su financiación, afiliación extranjera y seguridad nacional, y comprobar cualquier posibilidad de que alguna OSC esté siendo patrocinada ilegalmente en contra del interés de Nigeria”.55. “A Bill to Establish Non-Governmental Organization (NGO) Regulatory Commission Passes Second Reading in the House,” PLAC, 14 de julio de 2016, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://placng.org/wp/2016/07/a-bill-to-establish-non-governmental-organization-ngo-regulatory-commission-passes-second-reading-in-the-house/. Lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional en contra del interés de Nigeria no fue definido, del mismo modo que los criterios para tales determinaciones no fueron estipulados. En un contexto donde los actores estatales muestran escaso respeto por el imperio de la ley y las instituciones democráticas, las observaciones vagas y excesivamente amplias en las normativas ofrecen con frecuencia grandes oportunidades para el abuso de poder por parte del Estado. De esa vaguedad emerge incerteza jurídica y amplio poder discrecional ejercido a menudo sin rendición de cuentas.
Las ONG sostienen que las disposiciones de la Ley sobre ONG ya están contempladas en la legislación vigente.66. Victoria Ohaeri, “NGO Bill: Another Disturbing Evidence of Closing Spaces in Nigeria.” TheCable, 14 de agosto de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://www.thecable.ng/ngo-bill-another-disturbing-evidence-closing-spaces-nigeria. Las funciones de la NGORCN incluirían facilitar y coordinar el trabajo de todas las ONG nacionales e internacionales, manteniendo un registro de las ONG, recibiendo informes anuales de las ONG, y asesorando al gobierno sobre las actividades de las ONG. Actualmente la Comisión de Asuntos Empresariales y la Comisión Nacional de Planificación llevan a cabo todas estas funciones previstas, incluyendo el registro. Con vistas a la seguridad nacional, la Unidad Especial de Control contra el Lavado de Capitales (SCUML, por sus siglas en inglés) regula las instituciones no financieras designadas en Nigeria, incluyendo ONG, en consonancia con los ordenamientos jurídicos del país contra el lavado de capitales y contra la financiación del terrorismo. Tanto las pruebas empíricas como las circunstanciales alimentan el temor de que la legislación promulgada para la regulación de las ONG en Nigeria podría ser secuestrada y utilizada para legitimar el creciente constreñimiento de las actividades de la sociedad civil, incluyendo las restricciones sobre las libertades básicas de expresión y reunión, persecución de la disidencia política, y mayor vigilancia de los ciudadanos.
Las medidas destinadas a combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a menudo proporcionan una tapadera general para disimular iniciativas destinadas a reducir los espacios cívicos. Sin estar respaldadas por pruebas, estas medidas suelen responder a la idea de que las ONG son “vulnerables al abuso terrorista”77. Antes de su revisión en 2016, estas ideas podían ser encontradas en la 8ª recomendación del Grupo de Acción Financiera: FATF, Homepage, 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.fatf-gafi.org/. o son “posibilitadoras de financiación de grupos terroristas.” En consecuencia, los ordenamientos jurídicos destinados a frenar el bloqueo de capitales o a combatir el financiamiento de terrorismo en Nigeria, han sido revisados en formas que amplían las restricciones a las ONG.88. SCUML trabaja en colaboración con la Comisión Contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC- la agencia coordinadora del régimen AML/CFT de Nigeria) y la Unidad Nigeriana de Inteligencia Financiera (el repositorio nacional de declaraciones financieras sobre informes de transacciones de dinero efectivo, informes de transacciones cambiarias e informes de transacciones sospechosas).
Nuestra investigación ha mostrado que las disposiciones constitucionales o las distintas legislaciones federales y estatales son interpretadas de forma cada vez más amplia y aplicada excediendo su alcance con el fin de justificar represiones de la sociedad civil, incluyendo ataques selectivos a activistas, blogueros y OSC.
El 8 de agosto de 2016, la Comisión Contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés) de Nigeria arrestó a Abubakar Sidiq Usman, un destacado bloguero, sobre la base de denuncias de ciberacoso (cyberstalking).99. Sidiq fue arrestado en relación al artículo “EFCC Boss, Magu Commences Total War With Core EFCC Staff” publicado en su página web, Abusidiqu.com. Ver también: Nomso Obiajuru, “EFCC Under Attack Over Arrest of Abusidiqu.” Naij, 8 de agosto de 2016, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://www.naij.com/920308-breaking-efcc-attack-arrest-top-blogger.html. Otro bloguero y periodista, Musa Babale Azare, fue arrestado el 20 de agosto de 2016, por orden del gobernador de Bauchi, Mohammed Abdullahi Abubakar.1010. Abdul Wasiu Hassan, “Policemen Arrest Blogger in Abuja for Criticising Governor.” Daily Trust, 20 de agosto de 2016, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://www.dailytrust.com.ng/news/general/policemen-arrest-blogger-in-abuja-for-criticising-governor/159656.html.
Para justificar los arrestos de Abubakar Sidiq Usman y Musa Babale Azare, fue citada la Ley de Ciberdelitos sobre ciberacoso. Usman fue el tercer bloguero a ser arrestado bajo la Ley de Ciberdelitos que entró en vigor en 2015,1111. “Nigeria Anger Over Blogger Abubakar Sidiq Usman’s Arrest,” BBC, 9 de agosto de 2016, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.bbc.com/news/world-africa-37024062. alimentando sospechas de ser una deliberada caza de brujas de los medios sociales. Según la Ley de 2015, el ciberacoso incluye el uso de internet u otros medios electrónicos para acosar o asediar a un individuo, grupo de individuos o una organización; algo que ni Usman ni Azare estaban haciendo.1212. Conforme a la Ley de Ciberdelitos, 2015, Sección 15(1), “Cualquier persona que, mediante una red de comunicaciones pública envíe persistentemente un mensaje u otro material que: (a) sea extremadamente ofensivo o con carácter indecente, obsceno o amenazador o cause que tal mensaje o material sea enviado; o (b) sepa que es falso, con el propósito de causar molestias, inconvenientes o ansiedad innecesaria a otro o cause que tal mensaje sea enviado; comete un delito bajo esta Ley y podrá ser condenada a una multa no menor a N2,000,000.00 o encarcelamiento por un periodo no menor a un año o tanto a la multa como al encarcelamiento.” La intención original de la Ley de Ciberdelitos era crear un marco jurídico, normativo e institucional para mejorar la ciberseguridad y garantizar así la protección de la infraestructura crítica de información nacional. Como demuestran los arrestos de Abubakar Sidiq Usman y Musa Babale Azare, las agencias de seguridad han aprovechado esta legislación para atormentar a los críticos sociales y activistas que critican al gobierno en los medios sociales.1313. Peter Nkanga, “How Nigeria’s Cybercrime Law is Being Used to Try to Muzzle the Press.” Committee to Protect Journalists, 21 de septiembre de 2016, visitado el 6 de marzo de 2017, https://cpj.org/blog/2016/09/how-nigerias-cybercrime-law-is-being-used-to-try-t.php.
Aparte de la Ley de Ciberdelitos de 2015, una gran cantidad de leyes vigentes han sido excesivamente sobrepasadas, amenazando la libertad de expresión y acusando a individuos de delitos graves como terrorismo, difamación criminal y traición en lugar de simples faltas.1414. Ver por ejemplo el caso del Dr. John Dan Fulani, quien fue mantenido en prisión por criticar al gobierno del gobernador El-Rufai en un post de Facebook. El Dr. Fulani fue acusado de intento de provocar odio y desprecio bajo las secciones 417 y 418 del Código Penal. De modo similar, el bloqueo de una carretera por un movimiento religioso liderado por el Movimiento Islámico en Nigeria (también conocido como el movimiento chiita en Nigeria) acabó en masacres perpetuadas por los militares que cobraron las vidas de 347 personas en diciembre de 2015. No ha sido juzgado hasta ahora. El líder del pueblo indígena de Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, opera una estación de radio local que emite en la parte sudeste del país dominada por el grupo étnico de los igbo. Sus transmisiones radiofónicas apoyan la campaña por el estado independiente de Biafra. Antes de ser puesto en libertad el 28 de abril de 2017, Kanu estuvo detenido cerca de dos años, habiendo estado sentenciado a seis, conteniendo acusaciones de delitos de traición, formación de asociación ilegítima y posesión ilegal de materiales, entre otras. La IPOB no tiene antecedentes de violencia, y nunca ha recurrido al conflicto armado o a la rebelión. Otros activistas de Biafra detenidos junto con Nnamdi Kanu continúan languideciendo en prisión preventiva.
Dos patrones sistemáticos de comportamiento por parte del Estado han sido observados en relación a esta categoría. En primer lugar, los activistas, blogueros o líderes de asociaciones afectados por el poder autoritario del Estado interponen a menudo un recurso ante los tribunales. Cuando John Dan Fulani, Aku Obidinma, Audu Maikori, Sheik Ibrahim El-Zakzaky, Nnamdi Kanu, por nombrar a unos pocos, fueron arrestados, el tribunal ordenó su liberación, y otorgó las reparaciones solicitadas. La segunda observación sin embargo, es que con frecuencia los actores estatales desacatan las órdenes judiciales, agravando el clima de miedo y represión del país. En casi todos los casos mencionados, las órdenes judiciales fueron ignoradas.
Negarse a obedecer las decisiones de un tribunal de justica legítimamente constituido ha sido descrito como un sabotaje deliberado al poder judicial.1515. Ismail Omipidan, “Kaduna Community, Shi’ites Battle Over El-Zakzaky.” The Sun, 21 de enero de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://sunnewsonline.com/kaduna-community-shiites-battle-over-el-zakzaky/. Por ejemplo, el 2 de diciembre de 2016, un tribunal ordenó al Departamento de Seguridad del Estado (DSS)1616. El Servicio de Seguridad del Estado (SSS), autodenominado el Departamento de Servicios Estatales (DSS) es la principal agencia nacional de inteligencia de Nigeria. Es responsable principalmente de recopilar inteligencia dentro del país y proteger a los altos funcionarios del estado, en particular al presidente y los gobernadores estatales. “State Security Service,” Lagos State Security Trust Fund, 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://lsstf.lagosstate.gov.ng/state-security-service-sss/. poner en libertad a El-Zakzaky y a su mujer en un plazo de 45 días. El tribunal también ordenó al DSS pagar una multa de 25 millones de Nairas nigerianas (unos 70,000 dólares estadounidenses), tanto a El-Zakzaky como a su mujer. Siete meses después, siguen detenidos sin ninguna acusación formal. De modo similar, una sentencia judicial del 17 de diciembre de 2015 que recriminó la acción del Servicio de Seguridad del Estado (SSS) por detener a Nnamdi Kanu durante más de dos meses, sin juicio, fue ignorada.
El miedo al hostigamiento por parte de las agencias de seguridad ha significado el comienzo de una nueva era de silencio. Ya sea por los arrestos y enjuiciamientos, amenazas verbales o traslados arbitrarios de periodistas, está claro que la represión de críticos sociales y activistas ha alcanzado niveles preocupantes, resultando en una disminución en la participación y compromiso con la actividad de los medios de comunicación. A diferencia del periodo anterior a las elecciones generales de 2015 cuando la vitalidad del activismo por internet alcanzó su apogeo, los activistas y blogueros son cada vez más silenciosos, y no levantan la voz como solían hacerlo. El estudio de S4C demostró que los ciudadanos activos y otros actores de la sociedad civil mantienen silencio por miedo al hostigamiento de las agencias de seguridad. Además, los principales medios de comunicación, dependientes del patrocinio del gobierno, “miran a otro lado para poder continuar con sus actividades”.1717. “Part B - Closing Spaces for Civil Society and Democratic Engagement in Nigeria,” p.84. Spaces for Change, mayo de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.spacesforchange.org/2017/06/part-a-closing-spaces-for-civic-engagement-and-civil-society-in-nigeria/. Para los periodistas, levantar la voz conlleva otros costes, como traslados arbitrarios de un puesto a otro, sobre todo a localidades remotas.
Las restricciones no legales, incluyendo la difamación de activistas, o etiquetarlos de modos que aumentan su vulnerabilidad al escarnio, asilamiento o estigmatización públicos, es muy común. Un grupo de apoyo leal al gobierno tildó las actividades de un movimiento social que hacían campaña por el rescate inmediato y regreso seguro de las estudiantes nigerianas abducidas como “socio-advocacy terrorism” (“promoción del terrorismo social”).1818. “Buhari Support Group Brands BBOG Leaders ‘Socio-advocacy Terrorists’”, This Day Live, 11 de enero de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://www.thisdaylive.com/index.php/2017/01/11/buhari-support-group-brands-bbog-leaders-socio-advocacy-terrorists/. El gobierno nigeriano clasificó al Pueblo Indígena de Biafra (IPOB, por su sigla en inglés) que lucha contra la marginación e injusticias estructurales contra la gente de la región sudeste de Nigeria, y también presiona para la secesión del sudeste de Nigeria, como organización terrorista.1919. Clifford Ndujihe, “FG Explains Why it Labelled IPOB a Terrorist Group.” Vanguard News, 19 de septiembre de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017,
https://www.vanguardngr.com/2017/09/fg-explains-labelled-ipob-terrorist-group/.
Vincular a las ONG a actos de corrupción es otra estrategia utilizada para desacreditar a activistas y ONG. Hablando recientemente en un acto de alto nivel, la anterior ministra de hacienda Okonjo-Iweala declaró aparentemente que los corruptos usan ONG como tapaderas. En una advertencia a las instituciones financieras mundiales, señaló: “Necesitan realmente identificar las instituciones, las personas y aquellos dispuestos a trabajar en esta reforma y apoyarlos. Pero necesitan asegurarse de que están trabajando con las OSC y ONG correctas. Existe un chiste en nuestro país de que las ONG a veces son ING [individuos no gubernamentales].2020. “Corrupt People Use NGOs as a Front, Says Okonjo-Iweala,” The Cable, 17 octubre de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://www.thecable.ng/corrupt-people-use-ngos-as-cover-okonjo-iweala. Vincular a las ONG a actividades de corrupción es una de las principales razones que propugnaron los proponentes de la Ley sobre ONG.
El uso deliberado de una retórica negativa con frecuencia estigmatiza a los activistas y difama a sectores de la sociedad civil. La consecuencia es menor confianza del público en la persona difamada, y por extensión, en toda la sociedad civil.
Recelosos del persistente clima de miedo y del potencial perjuicio a los militantes, los activistas y abogados están innovando en términos de estrategias, construyendo nuevos grupos de personas comprometidas mientras forjan alianzas con una variedad de agentes, local e internacionalmente.
Activismo digital: colaboraciones entre blogueros y ONG: Gracias a los avances en tecnología digital, los mensajes ahora viajan más deprisa y recorren mayores distancias, especialmente mediante el uso de redes sociales como Facebook, Twitter, y YouTube. Con la velocidad de divulgación que estas redes sociales ofrecen, la presión pública puede ser activada y amplificada con recursos limitados. Gracias a su fuerte presencia en línea y enorme seguimiento, los blogueros normalmente tienen el tráfico suficiente para divulgar la información a públicos más amplios. Pueden tornar sensacionalista cualquier tema y volver viral cualquier asunto en cuestión de minutos. Aprovechando estos avances tecnológicos, las colaboraciones entre blogueros y ONG son populares en Nigeria. En mayo de 2016, este tipo de acción colaborativa posibilitó que las ONG, blogueros y otros ciudadanos activos bloquearan con éxito la Ley Prohibiendo Peticiones Frívolas (popularmente conocida como la Ley contra los Medios Sociales).2121. “Senate Withdraws Anti-social Media Bill,” Vanguard, 17 de mayo de 2016, visitado el 21 de noviembre de 2017, https://www.vanguardngr.com/2016/05/senate-withdraws-frivolous-petitions-bill/. La Ley estaba diseñada para reglamentar las comunicaciones y el uso de los medios sociales. Si hubiese sido aprobada, la ley habría exigido a los ciudadanos presentar declaraciones juradas ante los tribunales de justicia2222. La deposición de una declaración jurada significa que el testimonio escrito de una persona o testigo en procesos civiles o penales, o en anticipación de ellos. Normalmente, tales testimonios son realizados bajo juramento ante un notario o fedatario públicos. antes de publicar cualquier declaración en los medios sociales en relación a las actividades del gobierno o sus funcionarios.
S4C colabora periódicamente con blogueros para humanizar difíciles temas de investigación en torno a las amenazas a los espacios civiles y generar respuestas colectivas de un amplio espectro de participantes. A veces, un empleado de una organización con gran seguimiento en los medios sociales inicia el debate en su línea de tiempo personal. A veces, identifican a blogueros populares o personalidades de los medios sociales que lo puedan hacer. Un resultado significativo de la colaboración ONG-blogueros es que tales campañas generan la intensa presión social necesaria para contrarrestar narrativas oficiales e incitar la resistencia del público. Ya sea el experto de una ONG analizando las disposiciones restrictivas de una propuesta legislativa, o el bloguero tuiteando sobre las conclusiones más destacadas de un informe de una ONG, los diferentes actores desempeñan funciones exclusivas y distintas, pero compartiendo la responsabilidad creativa y trabajando juntos por un objetivo común.
Esta relación entre ONG y blogueros es de beneficio mutuo. Cuando los blogueros o activistas se meten en problemas debido a sus actividades en el ciberespacio, las ONG emprenden defensas públicas, incluyendo campañas de litigio, para ejercer presión sobre las autoridades con el fin de asegurar su libertad. Los activistas, incluyendo líderes religiosos, también se han beneficiado de la representación jurídica ofrecida por las ONG. Gloria Ballason, una activista del estado de Kaduna, fue representada por 36 destacados abogados provenientes principalmente de la sociedad civil, en una demanda contra el gobernador estatal de Kaduna, Nasir El Rufai, por violar su derecho a la libertad de expresión. De modo similar, cuando otro bloguero fue arrestado y mantenido en prisión por una publicación en Twitter, un activista proporcionó servicios jurídicos y logró la victoria judicial en su defensa.2323. “Court Orders el-Rufai, Police to Pay Choc City Boss, Maikori N40m,” The Punch Newspapers, 27 de octubre de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://punchng.com/breaking-court-orders-el-rufai-police-to-pay-choc-city-boss-maikori-n40m/.
Vigilancia constante de las propuestas políticas y legislativas: Las ONG como S4C también pueden impulsar iniciativas de investigación y análisis de políticas en Nigeria. Esto debe combinarse con estrategias en los medios y de incidencia política en la comunidad, destinadas a comunicar, tan pronto como sea posible, las propuestas legislativas que puedan amenazar al espacio civil. Es importante señalar que las propuestas legislativas destinadas a reducir el espacio cívico no son siempre explícitamente evidentes. Los títulos pueden confundir o las disposiciones dañinas pueden estar insertas subrepticiamente en secciones recónditas de la ley. También pueden estar enmarcadas en un lenguaje agradable. Por ejemplo, la Ley para Prohibir Peticiones Frívolas era el título completo del marco regulador diseñado para controlar la disidencia en los medios sociales. La naturaleza restrictiva de la ley sólo puede detectarse por medio de una constante vigilancia y análisis político. Cuando las restricciones están incorporadas en marcos jurídicos, siempre son más fáciles de detectar, impugnar y posiblemente derrotar.
Esto se debe a que el proceso legislativo exige que los legisladores lleven a cabo audiencias públicas y consultas con las partes interesadas antes de que se pueda obtener la aprobación de los parlamentos. Los actores de la sociedad civil pueden aprovechar el escenario de las audiencias públicas para hacer aportaciones y movilizar una acción conjunta contra propuestas legislativas ofensivas. En marzo de 2016, el Comité del Senado sobre Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Legales de Nigeria llevó a cabo una audiencia pública sobre la Ley contra los Medios Sociales con la intención de solicitar los puntos de vista de las partes interesadas sobre la adecuación de reglamentar el uso de los medios sociales en Nigeria. Los activistas aprovecharon al máximo esta oportunidad para movilizar la resistencia contra la Ley, lo que llevó a su anulación.2424. Ver también: “Reps, CSOs Disagree on Foreign Donations Regulating Bill,” SpotlightReports, (n.d.), visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.spotlightreports.com.ng/reps-csos-disagree-foreign-donations-regulating-bill/.
Otras formas de restricciones legales y no legales son más difíciles de detectar y contrarrestar. Por ejemplo, las regulaciones restrictivas pueden manifestarse en diversas formas, incluyendo reglamentos ministeriales, códigos de buena gestión de empresas o disposiciones de normativa interna, y todas ellas pueden obstruir la participación civil. El público normalmente sólo se da cuenta cuando las directrices o normativas ya han entrado en vigor. El único recurso disponible para los grupos afectados es o bien la presión social o una revisión judicial para intentar invalidar las normativas o directrices. En noviembre de 2016, la Comisión de Comunicaciones de Nigeria mandó a los operadores de telecomunicaciones a aumentar las tarifas de datos en un 200 por ciento.2525. Katy Scott, “Nigerians Win Fight Against Mobile Data Price Hike.” CNN, 1 de diciembre de 2016, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://edition.cnn.com/2016/12/01/africa/nigeria-data-tariff-hike/. Aunque el gobierno afirmó que la subida estaba concebida para proteger a los operadores de telecomunicaciones más pequeños, se especuló que la directiva era una sutil artimaña para limitar el acceso a internet y reducir eficazmente el nivel de críticas contra el gobierno en las plataformas en línea. Tras una considerable presión social, la directriz fue anulada.
Promoción de la investigación y alianzas: La legislación restrictiva puede ofrecer un punto de encuentro para sentimientos revolucionarios y para que las partes potencialmente afectadas inicien una acción conjunta para confrontar directamente las represiones. Las organizaciones con gran capacidad de investigación como S4C han hecho estudios que analizan la relación entre la 8ª Recomendación del Grupo de Acción Financiera (FATF, por su sigla en inglés) y las restricciones a las libertades civiles en Nigeria.2626. “PART A | Beyond FATF: Trends, Risks and Restrictive Regulation of Non-Profit Organisations in Nigeria,” Spaces for Change, 31 de mayo de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.spacesforchange.org/2017/05/beyond-fatf-trends-risks-and-restrictive-regulation-of-non-profit-organisations-in-nigeria/. El estudio presentó las pruebas necesarias para contrarrestar las justificaciones oficiales por las restricciones de los espacios civiles. Los resultados del estudio deben ser divulgados de modos específicos a las distintas partes interesadas. Por ejemplo, los resultados del estudio de S4C han sido publicados en periódicos nacionales, alcanzando al público general.2727. Ishaya Ibrahim, “Kaduna Tops States Intolerant of Media Criticism, Study Reveals.” The Niche Newspaper, 8 de junio de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.thenicheng.com/kaduna-tops-states-intolerant-of-media-criticism-study-reveals/. Ver también: “The Stupidity Index: El Rufai, Sophie Momodu, Saraki, Evans and More,” The Herald, 15 de junio de 2017, visitado el 21 de noviembre de 2017, http://www.herald.ng/stupidity-index-elrufai-sophie-momodu-saraki-evans/. En reconocimiento a su sólida base de investigación sobre el cierre de espacios, S4C es invitado con regularidad a hablar en grupos de alto nivel o a presentar comentarios de expertos sobre temas relacionados al espacio civil tanto en los medios nacionales electrónicos como en los impresos.2828. “NGO Regulatory Bill Is An Attempt To Shrink The Civic Space In Nigeria - Victoria Ohaeri,” video en YouTube, 17:06, publicado por Sahara TV, 25 de septiembre de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=49vPIJw9o9U. Los datos e informes de investigación de S4C también han sido presentados en eventos locales e internacionales, incluyendo divulgaciones a responsables políticos nacionales. Por ejemplo, en agosto de 2017 el programa de USAID para el Fortalecimiento de la Promoción y Participación Cívica apoyó la comisión legislativa federal sobre Sociedades Civiles y Desarrollo para contravenir una Sesión Técnica Interactiva sobre la Ley sobre ONG. Había miembros de S4C en el grupo de expertos invitado para comprometer a los legisladores federales y hacer recomendaciones políticas específicas sobre estrategias más eficaces para mejorar la reglamentación del sector de las ONG.
Cuando cada grupo desempeña distintas funciones de acuerdo con sus fortalezas, se logra la complementariedad de habilidades, así como profundizar los vínculos de solidaridad entre las partes locales interesadas, al aprovechar al máximo el uso de espacios existentes para organizarse y responder colectivamente a las amenazas. En este sentido, mientras S4C lleva a cabo la investigación, otras organizaciones han utilizado o se han basado en la información de la investigación de S4C en su divulgación pública para informar a sus representados y empoderar a los miembros de sus redes. Basándose en la investigación de S4C, la Comisión Católica por el Desarrollo, la Justicia y la Paz, en octubre de 2017, celebró un seminario para comprender cómo las actividades de Nigeria contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo afecta a los grupos y actividades religiosos. En resumen, algunas ONG mantienen lazos más estrechos con los responsables políticos encargados de tomar las decisiones. Algunos tienen mayor presencia en los medios sociales, del mismo modo que muchos otros pueden tener la capacidad de comprometer a grupos y comunidades más difíciles de alcanzar. Todas estas funciones son diferentes, pero todas son importantes a la hora de actualizar el objetivo compartido de recuperar el espacio civil.
Coordinación transfronteriza: La coordinación entre actores a través de países es otra estrategia que ha ayudado a facilitar el intercambio de aprendizajes entre organizaciones del Norte Global y del Sur Global. El Fondo para los Derechos Humanos Mundiales apoyó el Centro Europeo para la Ley sin Fines de Lucro (ECNL, por sus siglas en inglés) para que este proporcione asesoramiento técnico a S4C. Este apoyo permitió a S4C aumentar y consolidar sus conocimientos en investigación y asesoramiento jurídico sin ánimo de lucro, y desarrollar las habilidades, relaciones y sinergias necesarias para tratar temas sobre la resistencia más eficaz al cierre de espacio en el contexto local y regional. Además, la coordinación transfronteriza proporcionó conocimientos a los actores locales y regionales que les permitieron contribuir significativamente en el discurso global y en la preparación de programas para revertir la tendencia hacia el cierre del espacio de la sociedad civil. Mediante este intercambio, S4C ha obtenido comprensiones profundas sobre las estrategias exitosas que han funcionado en otros contextos.
Los espacios para la participación cívica son fundamentales para el funcionamiento de la democracia y de la sociedad civil. Tanto si estos espacios son en línea o están en el mundo ahí afuera, se están convirtiendo en catalizadores del cambio social y político. En un intento por no quedarse atrás, los gobiernos están proponiendo o adoptando medidas concebidas para restringir estos espacios, con implicaciones para las libertades fundamentales, especialmente los derechos a la libertad de expresión, reunión pública, conciencia y pensamiento. Los espacios civiles, en consecuencia, están siendo sometidos a un serio control y hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales, haciendo difícil para los grupos de la sociedad civil llevar a cabo sus actividades de incidencia política o beneficencia. Sin embargo, los actores de la sociedad civil, incluyendo los ciudadanos activos, están oponiendo resistencia y respondiendo a las amenazas de diversos modos. Aunque los esfuerzos destinados a combatir las restricciones al espacio civil han tenido éxitos significativos, queda mucho por hacer. Debemos seguir actuando y contribuyendo a una comunidad civil siempre alerta y dispuesta a hacer preguntas, exigir respuestas y pedir cuentas al Estado.
