Lo que se pierde en la traducción

Aparte de la traducción al discurso de los derechos humanos (y de múltiples idiomas al inglés), los testimonios de las víctimas ante la CVR sufrieron otra nueva serie de selecciones y transformaciones: sólo se seleccionó a una fracción de los testimonios —en general los correspondientes a los casos de más alto perfil o “simbólicos”— para las audiencias públicas (8% aproximadamente); sólo se eligieron ciertos pedidos “calificados” del Comité de Violaciones a los Derechos Humanos para que fueran pasados al Comité de Reparaciones; y, en el Informe Final, se extrajeron apenas algunos pasajes de los testimonios para ser usados como ejemplos de untipo de violación a los derechos humanos (detención, deportación, tortura, muerte en custodia, etc.). Esta sucesión de traducciones significó que la mayoría de los testimonios no tuviera difusión pública, que se seleccionaran algunas voces y temas y no otros para ser dados a publicidad, y que las experiencias individuales con frecuencia se desintegraran en fragmentos de evidencia aparentemente no relacionados, extraídos de entre la maraña del ámbito local para ser rearticulados en el contexto controlado y limpio de los estándares abstractos de derechos humanos.

Además la CVR empleó una determinada tecnología para traducir las expresiones de sufrimiento en un lenguaje de derechos humanos con alcance a nivel nacional: se trató de un sistema de información llamado Infocomm, adoptado por la Comisión a fines de 1996.⁹ Ello hizo que la CVR se inclinara paulatinamente hacia la metodología de procesamiento de datos y a un “vocabulario controlado” determinado por los requisitos de codificación de la información, según el protocoloInfocomm. Para poder aplicar esa tecnología, la CVR se vio obligada a traducir una gran cantidad y variedad de testimonios en otro lenguaje: hechos hitóricos, justicia, verdad utilizable, la narrativa de las conclusiones para la nueva Sudáfrica. Así fue como la Comisión instituyó un formato para registrar las narraciones de las víctimas, y este formulario (que fue modificado cuatro veces durante el todo el proceso) gradualmente dio forma a una lista de preguntas, tipo encuesta masiva, que se podía descifrar eficientemente con procesadores de datos para que los analistas la convirtieran en información estadística. En la última versión de ese formulario se eliminó la primera sección narrativa de la declaración, razón por la cual, a veces, el testimonio terminaba en forma abrupta debido a que la página ya se había llenado. El declarante podía completar el formulario en unos treinta minutos, de modo que resultaba innecesaria la presencia de un interlocutor entrenado o atento —o hasta un interlocutor de cualquier tipo—. Con la imposición del protocolo Infocomm, la CVR ofreció un entorno cada vez menos acogedor para ayudar a los testigos sufrientes, pues —como insiste con razón Minow— “los beneficios de decir la verdad dependen, en gran medida, de la presencia de testigos compasivos […]. El reconocimiento por parte de otros de los daños morales de las víctimas es el elemento central del proceso de sanación”.¹⁰

Aunque las personas que recibían las declaraciones habían sido entrenadas previamente por psicólogos para atender de manera razonable los testimonios de las víctimas, operar como consejeros de apoyo, responder a las necesidades psicológicas y facilitar el proceso inter-subjetivo de la reconstrucción de la narración, esta capacitación no servía para saber extraer la información fáctica necesaria para establecer patrones amplios de abuso de los derechos humanos que debía documentar la Comisión. Por lo tanto, bajo el nuevo protocolo de declaraciones, las personas encargadas de tomarlas luego debieron ser entrenadas como componentes especializados y eficientes de un sistema de producción de conocimiento, y no como testigos abiertos al testimonio de personas traumatizadas, como describe Thema Kubheka, jefa del área encargada del procesamiento de los datos:

Cuando comenzamos era narrativo. Dejábamos que la gente nos contara su historia. Hacia fines de 1997, la entrevista se dirigía con un cuestionario corto en vez de dejar que las personas hablaran sobre sí mismos […] el cuestionario distorsionaba toda la narración […] destruía el significado. […] la parte emocional de la historia no iba a la computadora, hay que recordar que sólo era una máquina. Se perdía mucho, no podíamos dar estilo o emoción al resumen. Ingresábamos datos con el propósito de que los contabilizaran. Perdimos toda la narrativa […] perdimos el significado del relato. Era trágico, patético. Llegaron a ser hechos fríos.¹¹

Las respuestas al cuestionario de la Comisión (que sólo burdamente pueden llamarse “testimonios”) se pasaban luego a procesadores de datos que los traducían de acuerdo con un sistema de clasificación llamado “de vocabulario controlado”, que comprendía 48 actos de violación y tres posiciones del sujeto (víctima, perpetrador o testigo). La experiencia, las percepciones o la emoción no formaban parte de este sistema de clasificación, no se tomaban en cuenta. Finalmente, este despliegue de lenguaje de derechos humanos, refinado y normalizado en una tecnología legalista de derechos, y la información sobre la evidencia requerida para que esos testimonios fueran seleccionados, convirtió en invisibles numerosas formas y aspectos del sufrimiento, y tal vez fue en especial perjudicial precisamente porque, según declaraba, se suponía que exponía el sufrimiento humano. Así, con el objetivo de identificar patrones de violaciones a los derechos humanos, la CVR hizo visible el grado cuantitativo de ciertas categorías de sufrimiento, pero dejó abierto poco margen de negociación para decidir qué sufrimiento se podía elegir como visible; lo que “calificaba” estaba predeterminado por los estándares internacionales de derechos humanos antes que por las exigencias locales o por algo tan simple como la experiencia humana.

Entonces, el mandato de la CVR de identificar patrones de violaciones de derechos humanos permitió, por un lado, reconocer tanto la escala como la naturaleza sistemática del trauma nacional. En este sentido, la CVR también reenfocó los análisis de la patogénesis de los síntomas traumáticos —como aconsejó Frantz Fanon hace un siglo—, desde la psique individual a la falta de humanidad invasiva y difusa de los mecanismos sociales de opresión (tal como el colonialismo, el racismo o el apartheid).¹² Sin embargo, por otro lado, la retórica de la sanación en la que confiaba la CVR, facilitó una sustitución desviada y a veces cruelmente engañosa de este análisis social por la rehabilitación individual.

En su discurso de apertura, Desmond Tutu declaró que “Somos un pueblo herido […] Todos reclamamos nuestra necesidad de una cura”: una fórmula que, recurriendo a la larga tradición metafórica de un cuerpo político antropomorfizado, fusionó convenientemente la sanación de una nación con la sanación de los individuos, sugiriendo que ambos debían ser coincidentes. Como observa Martha Minow, tales sugerencias no son raras en la retórica de las comisiones por la verdad. Esa autora sostiene que “la hipótesis de trabajo es que los testimonios de las víctimas y los victimarios ofrecidos públicamente a una comisión por la verdad, ofrecen posibilidades de sanación para los individuos y para la nación como un todo[…]. Haciéndose eco de las suposiciones de la psicoterapia, las confesiones religiosas y los ataques del periodismo sensacionalista, las comisiones por la verdad deducen que decir y escuchar la verdad es sanar.”¹³ Pero al presentar a la nación como herida por las atrocidades del apartheid y debilitada por la enfermedad del racismo, la promesa de sanación de la CVR mantuvo la ambigüedad respecto de si la recuperación que se estaba buscando era la de la nación en tanto unidad política o la de los individuos. De hecho, la imposición de reconciliación predominante de la Comisión —la de sanar el cuerpo político— era la que en general prevalecía, a veces debilitando la sanación de los individuos; a muchos de los cuales se les pidió que sacrificaran su recuperación personal por la de la nación. En tanto esta ideología permitió una estabilidad política que podía pasar por reconciliación nacional, la CVR hizo poco por mejorar la miseria psicológica o física de las personas afectadas.

El discurso de derechos humanos que se refiere a la libertad de la tiranía y la opresión, las relaciones amistosas entre las naciones, la necesidad de garantizar un estándar común de provecho para todos los pueblos y naciones, y un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades puedan lograrse plenamente, está dirigido a responder a las responsabilidades políticas de los Estados antes que a las responsabilidades criminales de los violadores de los derechos humanos.¹⁴ En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, excluye del derecho de asilo las persecuciones que emerjan de “una acción judicial realmente originada por delitos comunes” (artículo 14); y en su artículo 29 estipula que el ejercicio de los derechos y las libertades está sujeto a “las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.¹⁵ Este lenguaje pone énfasis en las acciones y la responsabilidad de los Estados y sus líderes políticos, antes que en los individuos, y prioriza el orden público y el bienestar general sobre la justicia o el bienestar individual; concibe a las personas como ciudadanos de una nación o miembros de un “pueblo”. Es importante recordar que la CVR, incluso, identificaba a los declarantes según el partido político o el grupo racial al que pertenecían, una categorización que respondía al mandato de la comisión que exigía la “motivación política” como requisito para otorgar la amnistía.

De esta manera, por una parte, fue sumamente significativo —tanto para la justicia como para la construcción de la historia— el reconocer la imbricación de los individuos en los sistemas sociales y políticos. Al respecto, Minow insiste en que “Al identificar el sufrimiento individual como una acusación al contexto social, en vez de tratarlo como una experiencia privada que debería olvidarse, una comisión puede ayudar a un sobreviviente a hacer lugar a nuevas experiencias”.¹⁶ Pero, por otra parte, la práctica de clasificar individuos en términos de categorías de afiliación partidaria o de raza (estilo apartheid), presentó un análisis histórico y social groseramente inapropiado en varios aspectos: no logró comprender la acción humana fuera de las políticas partidaria y racial; interpretó a los individuos como manifestaciones de una ideología política; fracasó en reconocer y documentar la magnitud del sufrimiento producido por formas de discriminación e injusticia sólo semi-institucionalizadas; concibió grupos e individuos como portadores de identidades estáticas, sin reconocer que los procesos de realización de la identidad son cambiantes, evolutivos, interdependientes y a veces oportunistas; y prestó poca atención a las dinámicas del poder local que, en Sudáfrica, eran con frecuencia más determinantes que las propias políticas nacionales.

Si la CVR, entonces, tuvo un éxito relativo al exponer y condenar el sufrimiento producido por la miope adherencia a una ideología política, fue mucho menos eficaz para capturar la miseria persistente provocada por un sistema racista de medios de comunicación y de educación, o condicionada por complejas y con frecuencia inextricables motivaciones personales, políticas, familiares y/o sociales. “Al determinar la motivación política”, escribe Wilson, “la membresía en una organización política llegó a superar todo otro factor. Lo ‘político’ fue entendido en el estrecho sentido liberal de la membresía formal a un partido político”.¹⁷ La CVR tampoco poseía un mecanismo adecuado para analizar el vasto campo de los daños que se produjeron por las complejas negociaciones sobre la identidad, la ideología y la acción pragmática que tienen lugarentre individuos y grupos, así como también dentro de los grupos y los individuos. De hecho, como ha demostrado Wilson, la CVR no tomó muy en cuenta los vínculos o redes de la comunidad ni las dinámicas de los partidos políticos locales que, para muchos, eran mucho más significativos que los partidos nacionales o la afiliación racial. La Comisión no le dio mucha importancia a la elaboración hermenéutica de las políticas de los partidos en diferentes regiones, locaciones y circunstancias personales, y con frecuencia supuso —y a veces requirió explícitamente— que los individuos hablaran en nombre y representación de todo un grupo. De este modo, al sugerir (tanto en forma deliberada como inadvertida) que el sufrimiento de un grupo o de una comunidad había sido escuchado e incluido en el registro histórico nacional, la CVR también volvió invisible la angustia de muchas personas relacionadas (por sí mismas o por otras) con ese grupo, cuyo sufrimiento pudo no haberse conformado al ejemplo, o cuya ideología, posición social o experiencia podía haber diferido.

Es más, en las audiencias de derechos humanos los comisionados traducían de manera normal y rápida el testimonio de las víctimas a la lección de que todos los sudafricanos habían sufrido por el apartheid, que dicho sufrimiento era necesario para la lucha por la liberación y que la reconciliación, y hasta el perdón, era el resultado correcto por haber participado en la CVR. Como observa Wilson, mientras “los individuos con frecuencia ponían énfasis en la singularidad y especificidad de su sufrimiento de un modo que excluía todo otro significado más amplio; en contraste, en las audiencias de la CVR los comisionados les decían que ‘usted no sufre solo, su sufrimiento no es único sino compartido con otros’”.¹⁸ Por lo tanto, no es de extrañar que muchas víctimas sintieran poca afinidad tanto con la verdad como con la justicia que produjo la Comisión, y que se sintieran alienadas de su propio testimonio.¹⁹ Aunque el testimonio de las víctimas se refería a la justicia en términos de inserción comunitaria y responsabilidad hacia los demás, y aunque las víctimas se erigieron como sujetos interdependientes, emotivos y corporizados, los procesos de traducción que hemos estado describiendo destilaron y sacaron de contexto esos testimonios llevándolos hacia el dominio incorpóreo de las leyes abstractas y la calculabilidad. Las víctimas, en contra de sus propias declaraciones personales, se convirtieron en sujetos legales autónomos, estrictamente racionales y posicionados como iguales: fueron removidas por la fuerza de un ámbito de relaciones personales, respuestas y responsabilidad a un lugar extraño con leyes abstractas, adecuación, contabilización y accountability.

Esta alienación de las palabras y experiencias propias es similar a la falta de reconocimiento que, según Julie Mertus, se produce en un tribunal de justicia:

El tribunal de justicia puede ser significativo para los abogados que redactan documentos legales pleonásticos en La Haya, para los diplomáticos que declaran con éxito la estabilización de conflictos, y para los políticos locales que arriesgan sus reclamos de poder en medio de las cenizas humeantes de comunidades destruidas. Pero brindarán poca satisfacción a los sobrevivientes[…]. Aún cuando el tribunal dé nombre a su delito, el sobreviviente apenas podrá reconocerlo si el proceso y el lenguaje de la ley transmutan las experiencias individuales en algo mucho más prolijo.²⁰

El lenguaje del tribunal de justicia, al igual que el de los derechos humanos, hace que el sufrimiento esté disponible para ciertos actores del poder nacionales e internacionales, pero no garantiza de ningún modo que será representado, usado, o respondido del modo en que la persona que sufre necesita o desea. De hecho, una vez que el sufrimiento ha sido traducido a un lenguaje internacionalmente normalizado, que opera por sus propias reglas, ya no está más en manos de quien sufre: él o ella, deseándolo o no, cedieron el poder a distantes “autoridades”.

Replicando irónicamente la subjetividad dividida, característica de la experiencia traumática, este sentido de alineación de la experiencia y el lenguaje propios de la persona —un reconocimiento erróneo de la propia identidad de la persona creado por la Comisión— significa que para muchos de quienes testificaron ante la CVR no fue ni una experiencia de sanación ni una experiencia catártica. “La palabra catarsis se usa con demasiada frecuencia dentro de la CVR”, escribe el psicólogo Brandon Hamber. “Existe la percepción de que si una persona llora entonces debe estar pasando por una sanación. Pero para la mayoría, llorar es sólo el primer paso y no ha habido seguimiento alguno después de las audiencias. De hecho, la adrenalina de dar testimonio en la televisión nacional oculta problemas psicológicos que surgen más tarde.”²¹ El Cape Town Trauma Center for Victims of Violence and Torture (“Centro Especializado en Trauma para las Víctimas de la Violencia y la Tortura de Ciudad del Cabo”) informó que entre el 50 y el 60 por ciento de las víctimas que trataron, habían sufrido serias dificultades después de haber prestado testimonio.²² A partir de su trabajo con presos políticos que habían sido torturados bajo custodia, el psicólogo Ashraf Kagee advirtió que la participación en la CVR no había reducido la angustia ni aliviado los síntomas traumáticos y que muchos, incluso, expresaron un “resentimiento considerable” por la CVR “por no responder en forma correcta a las necesidades de las víctimas”.²³ Ruth Picker, junto con el Centre for the Study of Violence and Reconciliation(“Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación”), el Khulumani Support Group (“Grupo de Apoyo Khulumani”) y el KwaZulu Natal Programme for Survivors of Violence (“Programa para los Sobrevivientes de la Violencia KwaZulu Natal”), encontraron que mientras las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que participaron en la CVR apreciaron que se conociera la verdad, la oportunidad de decir su historia, y la posibilidad de confrontar a los victimarios, muchas de ellas también se sintieron re-traumatizadas por la experiencia y sufrieron un “significativo deterioro de su salud general física y psicológica después de testimoniar”. Específicamente, los entrevistados por Picker manifestaron que la CVR había faltado a su promesa en cuanto a las reparaciones, que ello implicaba una “falta de respeto, una pérdida de confianza, y explotación”; agregaron que se habían visto vulnerados al declarar públicamente, y que se sintieron defraudados porque sus palabras y sus experiencias habían sido apropiadas por la Comisión y por otros “expertos” para otros propósitos; que con frecuencia los victimarios no decían la verdad y se mostraban arrogantes y no arrepentidos; y que la Comisión había contribuido a su trauma al no proporcionarles información de seguimiento en sus casos o servicios de apoyo psicológico después de sus testimonios.²⁴ Una nota de prensa de Khulumani lo expresa claramente:

La CVR ha comprometido nuestro derecho a la justicia y a presentar reclamos civiles. Nos presentamos de buena fe y sufrimos la re-traumatización de exponer nuestras heridas en público bajo el entendimiento de que esto era necesario para ser considerados para la reparación. Ahora sentimos que hemos sido usados en un proceso cínico de conveniencia política.²⁵

Este sentimiento fue exacerbado por la percepción de que la CVR había beneficiado a los victimarios con amnistías, y que a las víctimas les había ofrecido poca compensación, justicia o posibilidades de recuperación. No llama la atención entonces que en los talleres para víctimas se expresara vehementemente la opinión de que la CVR había tenido más éxito a nivel nacional que a nivel local o personal.²⁶ Lo que se había perdido en la traducción había sido la propia sanación de las víctimas: muchas se dieron cuenta, con amarga percepción, que aquélla se había sacrificado a favor de la sanación de la nación.

Otra forma de analizar la confrontación discursiva de la CVR entre el lenguaje normalizado de los derechos humanos y las expresiones particulares y corporizadas del sufrimiento individual, es la que realizan Patricia Ewick y Susan Silbey. Ellas distinguen entre relatos hegemónicos “que reproducen las relaciones existentes de poder e injusticia”, y relatos subversivos “que desafían la hegemonía dada por sentada al hacer visibles y explícitas las conexiones entre vidas particulares y organización social”.²⁷ Al examinar cómo “las narrativas pueden funcionar para sostener la hegemonía o, alternativamente, subvertir el poder”, Ewick y Silbey consideran que los relatos hegemónicos son aquéllos que no sólo reproducen ideologías y relaciones de poder existentes, sino que además funcionan como mecanismos de control social, organizan la experiencia en una ideología coherente que resiste desafíos, y “ocultan la organización social de su propia producción y plausibilidad”.²⁸ En contraste, definen los relatos subversivos como aquéllos que “no agregan a lo general, no recolectan particularidades como ejemplos de un fenómeno o regla común”, y que “recuentan experiencias particulares como enraizadas en y como parte de un mundo cultural, material y político abarcativo que se extiende más allá de lo local”.²⁹ Desde esta perspectiva, se puede argumentar que el discurso de derechos humanos funcionó inicialmente en Sudáfrica como un importante relato subversivo, pero que en la era post-apartheid asumió el papel de un relato hegemónico. La CVR fue esencial en este cambio de status. Porque aunque tuvo éxito en remover el relato hegemónico del apartheid con un relato subversivo de violaciones de derechos humanos, también funcionó para establecer una narrativa hegemónica de una nueva Sudáfrica basada en una justicia reparadora, la reconciliación, una sociedad multirracial y una ciudadanía inclusiva. A pesar de ser un relato hegemónico infinitamente más benigno, esta nueva ideología hizo difícil que la CVR incorporara y respondiera a historias que eran no-conciliatorias, que destacaban las exclusiones sociales y económicas perpetuadas bajo los nuevos términos de ciudadanía, o que proporcionaban evidencias de las profundas divisiones y las abruptas desigualdades que han persistido, y que han sido perdonadas de varios modos, en la “nueva” Sudáfrica.

La CVR tuvo la misión de “investigar y restablecer ‘un cuadro lo más completo posible de la naturaleza, las causas y el grado de flagrantes violaciones a los derechos humanos’ cometidas bajo el apartheid entre 1960 y 1994″.³⁰

Aunque tales violaciones fueron numerosas y sin dudas ameritaban investigación, exposición y respuesta, el limitado foco de la Comisión sobre las “flagrantes violaciones a los derechos humanos” y la restricción de la categoría de “víctima” a aquellas personas que habían experimentado actos excepcionales de violencia, significó que la CVR evaluó sólo a una fracción de las personas oprimidas por el apartheid y apenas algunos de los daños infligidos. El sufrimiento considerado significativo por la CVR —identificado por ser traducible a los estándares internacionales de derechos humanos— excluyó así la mayoría de las aflicciones producidas por la violencia estructural del apartheid mismo. Lamentablemente esta concepción estrecha del “carácter de víctima” (y por lo tanto del “sufrimiento”) significó que muchos individuos no fueran elegibles para una audiencia con la Comisión; que numerosas formas de persecución (tales como las detenciones sin juicio, las exclusiones forzadas, las violaciones a la libertad de circulación o reunión, la discriminación educativa, económica y legal sistemática) así como también numerosas clases de sufrimiento (por ejemplo las privaciones materiales y los traumas psicológicos) fueran minimizadas o bien tácitamente perdonadas; que muchas personas no fueran consideradas responsables de una variedad de acciones y omisiones que directa o indirectamente causaron tales miserias; que los derechos humanos se definieran fundamentalmente como la libertad de(tortura o mal trato severo) antes que el acceso a (recursos, servicios, educación u oportunidad); y que la opresión legalizada —que bajo el apartheid, al igual que bajo otros regímenes totalitarios, comprendió la principal fuente de sufrimiento humano— cayera fuera de los límites de la responsabilidad. De esta manera, en tanto importantes resabios de injusticia y opresión no fueron traducibles de modo suficiente al lenguaje de los derechos humanos, no fueron oficialmente reconocidos.

Mahmood Mamdani ha argumentado con persuasión sobre varios aspectos cruciales de este caso. Afirma que al convertir “los límites políticos de un compromiso en los límites analíticos de la búsqueda de la verdad”, la CVR oscureció la co-dependencia del poder basado en la raza y el privilegio basado en la raza, la distinción y complicidad simultánea entre victimarios y beneficiarios, y por lo tanto, la estructura básica del apartheid.³¹ En vez de definir a los victimarios como “agentes del Estado” y a las víctimas como “activistas políticos”, hubiera sido éticamente más adecuado que “hubiera ido más allá de las nociones del daño individual y la responsabilidad individual, y hubiera ubicado a la agencia dentro de los engranajes de un sistema. El resultado habría sido explicar el apartheid como un sistema perverso, y no reducirlo a sus operativos perversos”.³² Mamdani también acusa a la CVR por haber aceptado “el fetichismo legal del apartheid”, al haber fusionado lo moralmente aceptable con lo legal, al haber desestimado distintas formas del daño legalizadas, y exculpado a aquéllos que obtuvieron beneficios legales a partir del sufrimiento de otros.³³ “La CVR invitó a los beneficiarios a que se unieran a las víctimas en una demostración pública de repudio contra los victimarios”, escribe Mamdani. “Así, los beneficiarios también fueron presentados como víctimas.”³⁴ Esa formulación absolvió a los beneficiarios de la responsabilidad por el apartheid, y conservó intactos no sólo sus beneficios y privilegios, si no también el sistema que los apoya.

Si la retórica de sanación de la CVR opacaba su falta de capacidad para proporcionar efectos terapéuticos reales a los individuos, también era dudoso que el programa de sanación psicológica o la restitución de los bienes y las propiedades perdidas pudieran lograr una recuperación (nacional o individual). La palabra recuperación, cabe destacar, significa tanto: sanación —entendida como la restauración de la salud y la normalidad y el proceso de curación—, como reposición —considerada como el retorno de un objeto perdido, el pago de una deuda, la indemnización o la restitución—. De hecho, se puede argumentar que el enfoque de la CVR para la reparación del alma de la nación tuvo lugar principalmente a costa de la restauración de su cuerpo material, como quedó demostrado en el énfasis de la Comisión en lo atinente a la reconciliación espiritual y a la eliminación de la actitudes racistas en lugar de la provisión de reparaciones y el remedio de la inequidad material.

En definitiva, lo que la CVR ofreció a las víctimas en términos de recuperación fue un módico reconocimiento público, ocasionales fragmentos de conocimiento y una bendición espiritual, más que una reparación psicológica, médica o material. En otras palabras, la Comisión en gran medida sustituyó lo espiritual por formas materiales de justicia y recuperación, en una afirmación tácita de que la verdad sanaría el sufrimiento, repararía comunidades y serviría como una compensación para las víctimas.

El mandato y las operaciones del Comité de Reparaciones y Rehabilitación fueron claramente los más frágiles de las tres ramas de la Comisión: no se celebraron audiencias públicas, sólo pudo efectuar recomendaciones al Parlamento, y pudo ofrecer a las víctimas apenas una parte de las indemnizaciones que hubieran recibido en un tribunal penal.

Sin embargo, como reconoce el Informe Final de la Comisión, cuando les preguntaron qué querían de la CVR, “el 38% de las personas que acudieron a la Comisión solicitaron asistencia financiera para mejorar su calidad de vida. Más aún, el 90% de ellas solicitó una gama de servicios que [podría] haberse comprado si el dinero [hubiese] estado disponible: por ejemplo educación, atención médica, vivienda, y cosas así”.³⁵ Las víctimas también fueron tajantes acerca de que los victimarios deberían “contribuir material y financieramente en su reparación y rehabilitación”.

Muchos sentían que no podía haber reconciliación sin reparación.³⁶ Estos pedidos fueron en su mayoría insatisfechos, y la desilusión de las víctimas y su sentimiento de ser tratadas otra vez con desdén, fueron exacerbados por la percepción de que a los victimarios no sólo no se les exigió contribuir en las reparaciones, sino que además fueron amnistiados. “En este contexto”, dice Christopher Colvin, “las reparaciones han llegado a significar mucho más que medios de apoyo o una clase de reconocimiento del sufrimiento. Se han convertido en la respuesta insatisfecha a la pregunta de si se hizo o no justicia en el proceso de transición”.³⁷

La CVR reconoció, cabe destacar, este imperativo y en el Informe Final incluyó la siguiente declaración, elegante a pesar de impotente a la vez:

Si queremos trascender el pasado y construir la unidad y reconciliación nacional, debemos asegurarnos que aquellos cuyos derechos fueron violados sean reconocidos a través del acceso a la reparación y la rehabilitación. Dado que dichas medidas nunca podrán devolver la vida a los muertos, ni compensar el dolor y el sufrimiento adecuadamente, pueden y deben mejorar la calidad de vida de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o de los que dependan de ellas[…]. Sin medidas adecuadas de reparación y rehabilitación, no habrá sanación ni reconciliación.³⁸

Las recomendaciones de la Comisión abarcaron subsidios provisionales de reparación, programas de rehabilitación comunitaria, reparaciones simbólicas (tales como monumentos o nuevos nombres para algunas calles), reformas institucionales e indemnizaciones individuales, así como también un impuesto aplicado por única vez a las empresas para proveer los fondos necesarios para hacer frente a las reparaciones. Lamentablemente, el gobierno del ANC en cuyas manos la CVR depositó estas recomendaciones estaba ocupado redefiniéndose a sí mismo en el ropaje de políticas económicas neoliberales agradables a la mirada de las instituciones capitalistas trasnacionales, pero fundamentalmente estaba en desacuerdo con las propuestas de reparación de la CVR (así como también con la histórica política del ANC).

Muy pronto en Sudáfrica se hizo evidente que ni la nueva nación ni la Comisión de Verdad y Reconciliación ejercían el monopolio del discurso de derechos humanos; de hecho, el régimen económico neoliberal hegemónico que conquistaba el país tampoco podría sostener abiertamente estar en contra de la agenda de los derechos humanos. Así como el sufrimiento humano puede traducirse al idioma universal de los derechos humanos, también parecería que lo puede hacer una ideología de mercado que produce sufrimiento a gran escala y que pisotea insensiblemente los derechos humanos. Del mismo modo como el reconocimiento de la protección de los derechos humanos es un requisito para la membresía en la economía global, bajo el régimen económico liberal, como señala Tony Evans, “los derechos humanos se conceptualizan como libertades necesarias para mantener y legitimar formas particulares de producción e intercambio”³⁹ y no como derechos socio-económicos garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos referidos, por ejemplo, a la seguridad social (artículo 22), el trabajo (artículo23), la educación (artículo26), y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar “incluyendo alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25).⁴⁰

Dándole prioridad a los derechos a la propiedad y la libertad frente al control gubernamental (y a menudo combinando erróneamente “libre comercio” con las libertades personales), esta hegemonía de mercado es “re-escrita en formatos de valor universal”⁴¹ por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acentúan la libertad, la liberalización, la eliminación de barreras, el crecimiento, la eficiencia, la oportunidad, la disciplina y estabilidad; y obviamente rechazan a sus opuestos, o construyen historias subversivas a tales políticas como recriminablemente opresivas, excluyentes, ineficaces, desestabilizadoras, anti-democráticas y no éticas.⁴²

En Sudáfrica quedó claro que el discurso hegemónico neoliberal había triunfado cuando, en 1996, el ANC convirtió el Reconstruction and Development Program (“Programa por la Reconstrucción y el Desarrollo”, RDP por sus siglas en inglés) original —el que mayormente se había guiado según la visión de la Carta de Libertad y había adoptado una política de necesidades básicas orientada al crecimiento a partir de la redistribución— en la política de Growth, Emproyment and Redistribution(“Crecimiento, Empleo y Redistribución”, GEAR, por sus siglas en inglés), que instituyó agresivas estrategias neoliberales de privatización, liberalización y reducción del déficit. El GEAR proclamaba esencialmente un Programa de Reajuste Estructural auto-impuesto, sostenido por el fuerte apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los intereses comerciales de Sudáfrica —pero opuesto a la sobrecogedora evidencia global—, que suponía que la pobreza y sus estructuras inherentes de sufrimiento podrían ser mejoradas a través de un crecimiento económico guiado por el mercado y de una competitividad global incrementada.⁴³

El presidente Thabo Mbeki describió este dramático giro como “una resistencia a la tentación de sucumbir a las urgencias populistas de intentar lo que hubiera resultado un aventurado y desastroso ‘gran salto adelante’”⁴⁴ ; en otras palabras, sostuvo que desafiar el discurso hegemónico neoliberal hubiera sido no sólo auto-indulgente e irresponsable, sino comparable a una de las escenas más repugnantes de violación de derechos humanos.

Sin embargo la evidencia aducida por el Congress of South African Trade Unions (“Congreso de las Uniones Sudafricanas de Comercio”, COSATU por sus siglas en inglés) y el South African Communist Party (“Partido Comunista Sudafricano”, SACP, por sus siglas en inglés), así como también por académicos tales como Patrick Bond, Fantu Cheru y Richard Peet, demostró que el GEAR logró un progreso mínimo en el alivio del sufrimiento sudafricano —el coeficiente Gini del país permanecía segundo, después de Brasil, como la sociedad más desigual del mundo— y que funcionó fundamentalmente para enriquecer a una minúscula élite negra.⁴⁵

Incluso, el involucramiento de la población negra en la economía arrojó resultados miserables desde 1994 y sólo representó el éxito de un pequeño grupo de hombres de negocios negros, que trabajaban aliados a monopolios corporativos de la era del apartheid. La “Auditoría de Transformaciones Económicas” de 2004 del Institute for Justice and Reconciliation (“Instituto por la Justicia y la Reconciliación”) y la comparación de los censos de 1996 y 2001 revelan que en ese período tanto la pobreza por ingresos como la desigualdad en los ingresos, se incrementaron para el conjunto de la población sudafricana, a pesar de que había mejorado el acceso a ciertos servicios básicos. Ese informe sostiene que desde 2001 aumentaron los servicios sociales para los pobres, pero también el desempleo. Más aún, el mayor crecimiento del empleo había tenido lugar en el sector informal, en el que los salarios reales también habían experimentado la mayor caída.⁴⁶

Dado que muchos sudafricanos tenían la mirada fija en los procedimientos de la CVR, se hizo patente que el GEAR no estaba capacitado para llevar adelante las recomendaciones de reparación de la CVR. Como Cheru insiste con toda razón, “toda la confianza puesta en las fuerzas del mercado para compensar los legados del apartheid es desacertada e insostenible en una sociedad marcada por la inequidad y la pobreza extrema. El abismo entre la política macroeconómica del gobierno y su política social es dolorosamente obvio”.⁴⁷

Pero el hecho mismo de que el gobierno pueda defender el GEAR con el lenguaje de los derechos humanos refuerza el argumento de Wilson acerca de que el discurso de los derechos humanos se ha vuelto una forma dominante de legitimación ideológica en la nueva Sudáfrica, y sin embargo es lo suficientemente indiscriminado y elástico como para ser capaz de acomodar posiciones ideológicas múltiples e, incluso, radicalmente contradictorias. Esto también demuestra la importante crítica de Makau Matua al lenguaje de los derechos humanos como un cuerpo de “principios fijos y congelados cuyo contenido y relevancia cultural es incuestionable” y que “prematuramente cercena el debate sobre las raíces políticas y filosóficas, la naturaleza, y la relevancia de los estándares de derechos humanos”.⁴⁸

Si bien la CVR no puede ser considerada responsable por el GEAR, pienso sinceramente que es posible afirmar que la publicidad de la Comisión de una economía simbólica facilitó la privatizacióndel ANC de la economía material. Al no poseer la fuerza para llevar adelante sus recomendaciones, la Comisión confió en la representación ritual de la reconciliación que, adornada con el lenguaje de los derechos humanos, hizo más para impresionar a los pronosticadores internacionales y asegurar a los inversores extranjeros que para aliviar el sufrimiento en Sudáfrica.

El énfasis de la CVR sobre las formas espirituales y simbólicas de reparación —denunciando actitudes racistas, exhibiendo escenas de reconciliación y perdón, y celebrando una nación de arco iris— ha dado apoyo, aunque inadvertidamente, al ANC en su abrazo a la economía neoliberal. La Comisión ha priorizado la sanación del alma nacional a expensas de la reparación de su cuerpo material; la agonía material de los cuerpos dañados, la falta de cuidados médicos, de agua potable y de una vivienda adecuada, la desnutrición y los efectos devastadores de la pobreza son las experiencias diarias que, en gran parte, se perdieron en la traducción.

En conclusión, la CVR demuestra la forma en que el discurso de derechos humanos vuelve legible ciertas formas del sufrimiento, al tiempo que convierte a otras en ilegibles. Sus formidables poderes de legitimación pueden incorporar ciertas clases de daños, víctimas y expresiones de sufrimiento a un discurso hegemónico que hace que el reconocimiento de otras clases de daño, otras clases de víctimas, y otros modos de expresar el sufrimiento sea más difícil e incluso amenazante.

Mientras que el uso de la CVR del lenguaje de los derechos humanos permitió un significativo progreso en la corrección de un registro histórico distorsionado, reconociendo y documentando las violaciones graves a los derechos humanos durante el régimen del apartheid, asignando responsabilidades para algunas de estas violaciones, garantizando dignidad a las víctimas, y a veces proporcionando algún tipo de información, también sirvió para desfigurar el testimonio de las víctimas de un modo que las alienó de su propia experiencia y en ocasiones las re-traumatizó.

Para poder traducir testimonios traumáticos a datos estadísticos y documentar “patrones masivos” de violaciones a los derechos humanos, se volvió necesario re-contar historias subversivas con un “vocabulario controlado”, descartar información que no pudiera adaptarse a ese vocabulario, tratar a individuos particulares como miembros de grupos políticos o raciales, y desestimar sus frecuentes y complejas negociaciones de identidad y de auto-representación. Cuando el testimonio no fue traducido al lenguaje de los derechos humanos se mantuvo principalmente expresivo, con escaso poder para influir en políticas, reparaciones o decisiones de amnistía.

Más aún, gran parte de la injusticia y la opresión del apartheid fue simplemente invisible a través del prisma del lenguaje de los derechos humanos, y por eso se mantuvo oficialmente no reconocido.

También he sostenido que los imperativos primordiales de la Comisión de facilitar la reconciliación y establecer la cultura de los derechos humanos, estaban cubiertos con una promesa de sanación que atendía principalmente a la rehabilitación del cuerpo político más que a la sanación de los individuos traumatizados, muchos de los cuales sacrificaron su recuperación personal por la nacional. He sugerido que ese idioma de sanación fue también lo suficientemente resbaladizo como para permitir que formas espirituales y simbólicas de reparación fueran eclipsadas por demandas de reparación material. En una alianza involuntaria con la conversión del ANC al neoliberalismo, el énfasis de la CVR por sanar el alma de la nación socavó la tarea de reparar su cuerpo material. En su traducción del sufrimiento de Sudáfrica al discurso de los derechos humanos, la CVR tuvo serias pérdidas, entre ellas los procesos de sanación psicológica individual, la reparación material de los individuos, hogares y comunidades y el alivio a su dura pobreza.