Notas sobre el auge de la extrema derecha y el autoritarismo en Brasil y el papel de la sociedad civil en tiempos sombríos
El artículo describe en detalle las medidas y políticas adoptadas por el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil entre 2019 y 2022, así como algunas de las estrategias implementadas por la sociedad civil para resistir el autoritarismo y hacer frente a los pilares que lo sustentan y estructuran, como el racismo y el colonialismo. Las autoras también explican que la derrota electoral del expresidente y su posterior condena y encarcelamiento por intento de golpe de Estado no han eliminado el riesgo autoritario, que aún debe ser enfrentado con la superación del modo reactivo impuesto y con la profundización de la democracia.
No pasó ni un solo día: el 2 de enero de 2019, menos de 24 horas después de haber asumido la Presidencia de la República de Brasil, Jair Bolsonaro publicó una medida provisional11. Presidencia de la República de Brasil, Medida Provisional Nº 870, 1 de enero de 2019, visitado el 17 de octubre de 2025, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/mpv/mpv870.htm. que marcaría el tono de su relación con la sociedad civil, en general, y con el movimiento de los derechos humanos, en particular. En el texto, el capitán retirado del Ejército, octavo presidente desde la redemocratización del país tras la dictadura militar (1964-1985), encargaba a la Secretaría de Gobierno de la Presidencia la tarea de “supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades y acciones de los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional”, un movimiento inequívoco en el sentido de restringir e intimidar a estas entidades.
La publicación de esa medida provisional fue ejemplar en muchos sentidos. En primer lugar, porque materializó una promesa electoral y un discurso anti-ONG22. “Cerca de 3 mil entidades repudian a Bolsonaro por sus declaraciones sobre el fin del activismo en Brasil”, Conectas Derechos Humanos, 15 de octubre de 2018, visitado el 13 de enero de 2025, https://conectas.org/noticias/cerca-de-3-mil-entidades-repudiam-bolsonaro-por-fala-sobre-fim-do-ativismo-no-brasil/. que Bolsonaro, a lo largo de sus 17 años como diputado federal, había alimentado sin pudor en entrevistas, transmisiones en vivo y publicaciones en Internet, y que reflejaba uno de los puntos preferenciales de la agenda de la alianza internacional de extrema derecha de la que el presidente y su círculo familiar y político más íntimo pasaron a formar parte. En segundo lugar, porque fue un ejemplo del tipo de estrategia que el Gobierno utilizaría en los siguientes cuatro años para revertir derechos, suplantar la ley e imponer agendas inconstitucionales en múltiples ámbitos. Por último, y lo más importante, porque fue una de las iniciativas de Bolsonaro que la sociedad civil logró frenar gracias a una gran campaña de movilización llamada Sociedade Livre (Sociedad Libre),33. “Campanha pressiona Congresso a reverter MP de controle de ONGs”, Conectas Direitos Humanos, 24 de abril de 2019, visitado el 24 de noviembre de 2025, https://conectas.org/noticias/campanha-mp-controle-de-ongs/. bajo el liderazgo de la red Pacto pela Democracia (Pacto por la Democracia), de la que forma parte Conectas.
El presente artículo aborda los mecanismos mediante los cuales se implementó el proyecto bolsonarista en Brasil entre 2019 y 2022, cuyas consecuencias aún reverberan en la sociedad brasileña. También presenta algunas de las estrategias que funcionaron en la resistencia al autoritarismo en el país. Este trabajo surge de la necesidad, identificada y compartida por Conectas y otras organizaciones en distintos espacios a lo largo de los últimos seis años, entre ellos el Coloquio Internacional de Derechos Humanos, de articular horizontes comunes de resistencia al autoritarismo y de enfrentamiento a los pilares que lo hacen posible y lo estructuran, como el racismo y el colonialismo; y, por otro lado, de impulsar una agenda positiva para el campo de los derechos humanos basada en las prácticas y los conocimientos forjados en el Sur Global.
La elección de Jair Bolsonaro fue la culminación de un movimiento que se había estado gestando hacía años en la escena política brasileña. Bolsonaro, un político de bajo rango de la República que nunca ocultó su escaso aprecio por la democracia y los derechos humanos, logró articular, por un lado, los intereses de la élite político-económica, cuya prioridad era mantener y profundizar las políticas ultraliberales implementadas durante el mandato de Michel Temer y, por otro, las demandas de una sociedad cada vez más influenciada por el conservadurismo religioso y el discurso antisistema que había cobrado fuerza. Este proceso tuvo como telón de fondo un fortalecimiento inequívoco de las alianzas internacionales de la extrema derecha, que se tradujo en el ascenso de gobiernos autoritarios en todas las latitudes. Bolsonaro tenía todo para subirse a la ola.
Esa campaña electoral de 2018 reflejó la profunda división que vivía la sociedad brasileña, con varios casos de violencia contra periodistas, militantes y candidatos.44. Alexsandro Ribeiro, Carolina Zanatta, Caroline Farah, Gabriele Roza, José Lázaro Jr., Mariana Simões, Thays Lavor y Bruno Fonseca, “Violência eleitoral recrudesceu no segundo turno”, Agência Pública, 12 de noviembre de 2018, visitado el 18 de octubre de 2025, https://apublica.org/2018/11/violencia-eleitoral-recrudesceu-no-segundo-turno/. El propio Bolsonaro fue víctima de una grave puñalada durante un acto electoral. A pesar de la enfática condena del ataque por parte de los demás candidatos y de que las investigaciones revelaron que el autor no tenía ningún vínculo con ellos, Bolsonaro no dudó en instrumentalizar el episodio para subir el tono y hacer escalar la tensión. A solo una semana de la segunda vuelta de las elecciones, en una videollamada difundida a miles de personas que lo apoyaban y se manifestaban en todo el país, Bolsonaro prometió «expulsar» a los «marginales rojos» de la patria mediante una “gran limpieza”. Y continuó: “Si quieren quedarse aquí, tendrán que someterse a la ley de todos nosotros. O se van fuera, o van a la cárcel”.55. “Jair Bolsonaro fala por telefone com os manifestantes da Av. Paulista”, Poder 360, You Tube, 22 de octubre de 2018, visitado el 16 de octubre de 2025, https://www.youtube.com/watch?v=7vxX3nQccTU. La violencia era física y también retórica.66. Conectas Derechos Humanos y otras organizaciones asociadas reaccionaron ante las declaraciones y acciones de Bolsonaro contra la sociedad civil mucho antes de su toma de posesión como presidente. Un ejemplo es la carta firmada por más de tres mil organizaciones brasileñas contra una declaración realizada en octubre de 2018 en la que afirmaba que, si resultaba elegido, pondría “fin a todos los activismos en Brasil”. Ver “Cerca de 3 mil entidades repudiam Bolsonaro por fala sobre fim do ativismo no Brasil”, Conectas Direitos Humanos, 15 de octubre de 2018, visitado el 24 de noviembre de 2025, https://conectas.org/noticias/cerca-de-3-mil-entidades-repudiam-bolsonaro-por-fala-sobre-fim-do-ativismo-no-brasil/.
Este breve contexto muestra que la sociedad civil brasileña fue capaz de ver y traducir las señales del ascenso de Jair Bolsonaro —y anticipar las consecuencias de su victoria— con bastante antelación a su toma de posesión en enero de 2019. El grado de peligro era conocido. No hubo sorpresas en cuanto a su discurso, siempre coherente en su rechazo a la agenda de derechos, ni en relación a su plan de gobierno, que desde mucho antes del inicio de la campaña electoral ya había sido divulgado y defendido por él y su gabinete (la mayoría de los ministros y ministras, 20 hombres y dos mujeres, fueron confirmados más de un mes antes de la toma de posesión). La experiencia de países como la Hungría de Viktor Orbán, con quien Bolsonaro siempre ha mantenido una estrecha relación, también sirvió como importante fuente de aprendizaje.
El tiempo y el conocimiento permitieron a las organizaciones planificar, renegociar prioridades —incluso con financiadores y socios— e implementar medidas de seguridad que resultarían indispensables en los cuatro años siguientes. También brindaron oportunidades para que, externamente, las entidades pudieran articularse y construir nuevas formas de colaboración y estrategias de resistencia a los retrocesos, que, como se demostró en el ejemplo de la medida provisional mencionada al principio del texto, no tardarían en llegar.
El 8 de enero de 2023, una multitud invadió y atacó las sedes de los tres poderes de la República en Brasilia. Lula acababa de tomar posesión y Jair Bolsonaro, que no reconoció expresamente el resultado de las elecciones, no aceptó ceder la banda presidencial, cabe decir. Además, había viajado a Estados Unidos antes del fin oficial de su mandato. Los actos golpistas y antidemocráticos, tal y como se demostraría a lo largo de las investigaciones y del proceso penal que culminó con la condena del ahora expresidente en septiembre de 2025, formaban parte de un plan para perpetuarlo en el poder y que también incluía el secuestro de un ministro del Tribunal Supremo Federal, así como el asesinato de Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin.77. En septiembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados como violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio protegido. Fue el lamentable y apoteósico final de un gobierno marcado por el desprecio a la democracia, las instituciones y la Constitución.
Durante los cuatro años que estuvo en el poder, Bolsonaro impuso una crisis permanente al Estado democrático de derecho brasileño. Esta crisis implicó la extinción de espacios para la acción y la participación de la sociedad civil88. Jair Bolsonaro firmó en 2019 un decreto que establecía la reducción de 700 a menos de 50 el número de consejos previstos por la Política Nacional de Participación Social (PNPS) y por el Sistema Nacional de Participación Social (SNPS). Véase, Presidencia de la República de Brasil, Decreto n. º 9759, de 11 de abril de 2019, visitado el 22 de enero de 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9759.htm. Este decreto deroga y establece directrices, normas y limitaciones para los órganos colegiados de la administración pública federal directa, autárquica y fundacional. en diferentes instancias de la administración pública, el uso abusivo del aparato legal y represivo para intimidar a opositores y silenciar las voces críticas99. Según un estudio de LAUT (Centro de Análisis de la Libertad y el Autoritarismo), en los dos primeros años del gobierno de Bolsonaro se produjo un aumento del 285 % en la apertura de investigaciones basadas en la LSN en comparación con el mismo período de los gobiernos de Dilma y Michel Temer. Véase “Diagnóstico Da Aplicação Atual Da Lei De Segurança Nacional” (Diagnóstico de la aplicación actual de la Ley de Seguridad Nacional), Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, 22 de mayo de 2021, visitado el 22 de enero de 2026, https://conectas.org/noticias/promulgada-pela-ditadura-militar-lei-de-seguranca-nacional-e-revogada/, la cooptación de agencias estatales1010. Conectas denunció ante la ONU al gobierno de Bolsonaro por amenazar el clima global, especialmente por los ataques al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Véase “Governo Bolsonaro é denunciado na ONU por ameaçar o clima global e violar direitos humanos no Brasil”, Conectas Derechos Humanos, 16 de noviembre de 2022, visitado el 22 de enero de 2026, https://conectas.org/noticias/governo-bolsonaro-e-denunciado-na-onu-por-ameacar-o-clima-global-e-violar-direitos-humanos-no-brasil/. y organismos1111. Se tomaron medidas para debilitar la Fundación Cultural Palmares y otros organismos que protegen los derechos de las comunidades quilombolas, por ejemplo. Véase «El Gobierno debilita todas las acciones que fortalecen nuestra vida y nuestros quilombos», dice el coordinador de la Conaq, Conectas Direitos Humanos, 10 de agosto de 2022, visitado el 22 de enero de 2026, https://conectas.org/noticias/o-governo-tem-fragilizado-todas-as-acoes-que-fortalecem-nossa-vida-e-nossos-quilombos-diz-coordenador-da-conaq/. responsables de la aplicación de la ley, la restricción del acceso a la información pública1212. En 2020 se publicó una medida provisional que presentaba medidas para hacer frente a la emergencia de salud pública, entre las que se incluía la suspensión de la atención a las solicitudes de acceso a la información. Véase “Organizações repudiam medida que suspende atendimento a pedido de acesso à informação”, Conectas Direitos Humanos, 24 de marzo de 2020, visitado el 22 de enero de 2026, https://conectas.org/noticias/organizacoes-repudiam-medida-que-suspende-atendimento-a-pedido-de-acesso-a-informacao/. y la promoción de ataques verbales e institucionales contra la prensa y la sociedad civil. Como ejemplo anecdótico, cabe destacar el nombramiento de un funcionario de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), cuya identidad se mantiene en secreto, para coordinar el órgano de la Secretaría de Gobierno responsable de las relaciones con las organizaciones sociales.1313. El nombramiento fue suspendido por la Justicia Federal en respuesta a la Acción Civil Pública presentada por Conectas. Ver “Justiça suspende nomeação de agente da Abin para coordenar relação com ONGs”, Conectas Direitos Humanos, 20 de junio de 2020, visitado el 25 de noviembre de 2025, https://conectas.org/noticias/suspensa-nomeacao-de-agente-da-abin-relacao-com-ongs/.
El proyecto bolsonarista también incluyó, de manera estructural, una guerra contra el sistema de frenos y contrapesos de la democracia1414. Ante la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Bolsonaro solicitó al Tribunal Supremo Federal que considerara la suspensión del plazo para el análisis de las medidas provisionales por parte del Congreso Nacional. Véase, “Bolsonaro quer suspender prazos de MPs. Quais os riscos para a democracia?”, Conectas Derechos Humanos, 15 de abril de 2020, visitado el 22 de enero de 2026, https://conectas.org/noticias/bolsonaro-quer-suspender-prazos-de-mps-quais-os-riscos-para-a-democracia/., utilizando para ello estrategias para personalizar y dirigir el odio de sus seguidores contra las autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial1515. Jair Bolsonaro realizó ataques contra el Poder Judicial en agosto de 2021, instigando la inestabilidad institucional. Véase, “Organizações repudiam ataques de Bolsonaro ao Judiciário”, Conectas Direitos Humanos, 24 de agosto de 2021, visitado el 22 de enero de 2026, https://conectas.org/noticias/organizacoes-repudiam-ataques-de-bolsonaro-ao-judiciario/.. Los objetivos más notorios de esta guerra fueron Rodrigo Maia, entonces presidente de la Cámara de Diputados, y el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal. La tensión no fue solo retórica y tuvo, como una de sus consecuencias, la aprobación de un cambio drástico en la norma de distribución del presupuesto de la Unión, que aumentó el poder relativo del Congreso en la estructura de la República e, indirectamente, garantizó el aumento del número de representantes consistentemente fieles a Bolsonaro en la Cámara de Diputados (un bloque que actualmente reúne a 363 parlamentarios, de un total de 513).
Durante la pandemia de Covid-19, el Gobierno federal rechazó la ciencia, se negó a adoptar medidas para proteger a la población y hacer frente a la crisis sanitaria, retrasó la compra de vacunas y, además, promovió el uso de tratamientos sin eficacia probada. El país registró más de 700 000 muertes, la segunda cifra más alta del mundo, solo por detrás de Estados Unidos.1616. Organización Mundial de la Salud, “Number of COVID-19 deaths reported to WHO (cumulative total)”, 28 de septiembre de 2025, visitado el 25 de septiembre de 2025, https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=o.
El control sobre la sociedad civil también se incrementó con el uso de software de vigilancia1717. Harpia Tech, responsable del servicio, ganó una licitación del Ministerio de Justicia para la contratación de servicios de espionaje. Véase,“Entidades questionam no TCU contratação de software de espionagem”, Conectas Direitos Humanos, 9 de agosto de 2021, visitado el 22 de enero 2026, https://conectas.org/noticias/entidades-questionam-no-tcu-contratacao-de-software-de-espionagem/ y plataformas de monitoreo,1818. La Plataforma Córtex, gestionada por el Ministerio de Justicia en 2022, reunía más de 160 bases de datos y podía ser utilizada por organismos federales y policiales. Véase, “Entidades pedem que MPF investigue sistema de vigilantismo do governo Bolsonaro”, Conectas Direitos Humanos, 10 de febrero de 2022, visitado el 22 de enero de 2026, https://conectas.org/noticias/entidades-pedem-que-mpf-investigue-sistema-de-vigilantismo-do-governo-bolsonaro/. con el equipamiento de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), que creó un núcleo clandestino dedicado al espionaje de figuras políticas, periodistas y celebridades consideradas adversarias. A partir de la pandemia, el Gobierno impuso mecanismos de recopilación de datos personales (incluidos datos biométricos y de geolocalización) de forma desordenada y acelerada, y puso al aparato estatal, incluidos el Ministerio de Justicia, la Policía Federal y la Oficina de Seguridad Institucional, a perseguir a personas de la oposición política en virtud de la infame Ley de Seguridad Nacional, heredada de la dictadura militar, que fue derogada durante los años de Bolsonaro y sustituida por la Ley de Defensa del Estado Democrático de Derecho1919. “Promulgada pela ditadura militar, Lei de Segurança Nacional é revogada”, Conectas Direitos Humanos, 2 de septiembre de 2021, visitado el 25 de noviembre de 2025, https://conectas.org/noticias/promulgada-pela-ditadura-militar-lei-de-seguranca-nacional-e-revogada/. a partir de una incidencia técnica de la sociedad civil en la que Conectas tuvo un papel muy activo.2020. Conectas fue incluso citada en noticias difundidas por el Senado. Véase, “Relator quer votar revogação da Lei de Segurança Nacional antes do recesso”, Agência Senado, 25 de junio de 2021, visitado el 22 de enero de 2026, https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/25/relator-quer-votar-revogacao-da-lei-de-seguranca-nacional-antes-do-recesso. También hubo un intento de ampliar la legislación “antiterrorista”,2121. “Especialista da ONU manifesta preocupação com projetos de lei sobre antiterrorismo no Brasil”, Conectas Direitos Humanos, 14 de abril de 2022, visitado el 2 de febrero de 2026, https://conectas.org/noticias/especialista-da-onu-manifesta-preocupacao-com-projetos-de-lei-sobre-antiterrorismo-no-brasil/. creando mecanismos de vigilancia y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales.2222. “Relatório entregue à República Federativa do Brasil referente à RPU Defesa da Sociedade Civil”, Artigo 19, Conectas Direitos Humanos, 31 de marzo de 2022, visitado el 22 de enero de 2026, https://www.conectas.org/wp-content/uploads/2022/04/Relatorio-RPU-Defesa-da-Sociedade-Civil.pdf. En este mismo ámbito, hemos visto una convergencia de intereses entre el poder político y el poder económico de las grandes tecnológicas, que se ha materializado en la dificultad de ampliar la regulación y de impedir el avance del discurso de odio y la desinformación en las redes.
Otro gran frente en el que el bolsonarismo avanzó de manera implacable, como era de esperar, fue el de atacar derechos duramente conquistados por minorías y/o grupos históricamente vulnerables en Brasil: un conjunto de medidas para retroceder en los derechos sexuales y reproductivos y que ocupó una parte significativa del debate público, en la estela del fortalecimiento de los líderes religiosos conservadores.2323. “Ofensivas antigênero no Brasil: políticas de Estado, legislação, mobilização social”, Ação Educativa, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), Associação Nacional de Travestis e Transexuais, Conectas, et al., octubre de 2021, visitado el 25 de noviembre de 2025, https://conectas.org/publicacao/ofensivas-antigenero-no-brasil/. Por ejemplo, en el primer año de mandato, entre los diversos consejos suprimidos por el Gobierno se encontraba el CNCD/LGBT (Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación LGBT+), un organismo formado por representantes del Gobierno y de la sociedad civil para presentar demandas y supervisar la aplicación de políticas en este ámbito. Otra medida de gran repercusión e impacto en este ámbito fue la publicación de un decreto que obligaba a los médicos a comunicar a las autoridades policiales los casos con indicios de violación, lo que en la práctica dificultaba aún más el aborto en los casos previstos por la ley en Brasil.2424. El aborto es ilegal en Brasil y las únicas tres excepciones previstas por la ley son en caso de riesgo para la vida de la persona embarazada, violación y anencefalia fetal. La normativa publicada por el gobierno de Bolsonaro fue revocada en 2023. En este contexto, Conectas también realizó una evaluación acertada, elaborada en diálogo con el movimiento negro, de que sería fundamental proteger la política de cuotas en la educación superior. La estrategia adoptada resultó exitosa, dado que la sociedad civil ya comprendía ampliamente que el proyecto bolsonarista, por su carácter autoritario, es también intrínsecamente racista.
Como era de esperar, esta miríada de retrocesos tuvo un impacto desproporcionado en las poblaciones históricamente vulnerables de Brasil: los pueblos indígenas, los quilombolas, la población negra y periférica, los trabajadores migrantes, la población LGBTQIA+, las mujeres y los niños estuvieron más expuestos a las políticas de Bolsonaro y sufrieron sus consecuencias de manera más profunda. Un ejemplo es el perfil sociodemográfico de las principales víctimas de la COVID-19, que fueron especialmente descuidadas por Bolsonaro. Según los datos del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM) del Ministerio de Salud, en todos los grupos de edad comprendidos entre 0 y 69 años, fallecieron más personas negras y pardas que blancas.2525. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la predominancia de personas negras y pardas entre las víctimas de la COVID-19 no se verifica en el grupo de edad a partir de los 70 años “debido a la menor esperanza de vida de este grupo social”. “Los hombres negros y pardos murieron más por COVID que los blancos en 2020”. Agência IBGE, 3 de diciembre de 2021, visitado el 16 de octubre de 2025, https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32414-homens-pretos-e-pardos-morreram-mais-de-covid-do-que-brancos-em-2020.
El contexto de crisis permanente también sirvió para mantener intactas otras fuentes históricas y permanentes de violaciones de derechos humanos. Durante los años de Bolsonaro en la presidencia, las grandes empresas continuaron poniendo en riesgo los derechos humanos debido a sus operaciones. Los conflictos en el campo, generalmente derivados de la minería, la agroindustria, las megaconstrucciones y la deforestación ilegal, continuaron causando víctimas en todo el territorio, sobre todo entre la población indígena.2626. Conectas participó en iniciativas para combatir estas acciones, como la ADPF 709. Véase, “ADPF-709: plano de ação para povos indígenas”, Conectas Direitos Humanos, 7 de julio de 2020, visitado el 2 de febrero de 2026, https://conectas.org/litigiopt/adpf-709-plano-de-acao-para-povos-indigenas/. Las acciones violentas de la policía, por otro lado, fueron respaldadas e incentivadas. Por ejemplo, el gobierno impulsó proyectos de ley permisivos, que sirvieron para dar libertad irrestricta a graves abusos por parte de los agentes de seguridad. Mediante decretos, reglamentos y proyectos de ley, el Ejecutivo promovió un desmantelamiento total de la política de control de armas en el país, ampliando el acceso y desorganizando el control de armas y municiones. Esto tuvo un impacto en el aumento de la violencia en el país.
En el mismo sentido, el gobierno de Bolsonaro negó la emergencia climática, desmanteló las políticas de protección ambiental y vació los organismos responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de licencias ambientales, deforestación y protección de tierras indígenas, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Fundación Nacional del Pueblo Indígena (Funai). La erosión de la gobernanza en el ámbito socio ambiental y climático se planificó y ejecutó de forma minuciosa, e incluyó recortes presupuestarios, de personal y de recursos en los principales ministerios, así como su debilitamiento; ineficacia en la investigación y la rendición de cuentas por delitos ambientales y violencia dirigida contra las defensoras y defensores; desmantelamiento del marco legal y regulatorio ambiental y de derechos humanos; limitación del acceso público a la información; exclusión de la sociedad civil de la gobernanza; y represión contra la sociedad civil y la prensa.2727. “Lacunas de governança socioambiental no Brasil: Utilizando o processo de acessão à OCDE para fortalecer os direitos humanos e a proteção ambiental”, OECD Watch, Conectas Direitos Humanos, International Federation for Human Rights, marzo de 2022, visitado el 25 de noviembre de 2025, https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/Bridging-Brazilian-governance-gaps-Research-series-summary-paper-PT-1.pdf. Su equipo ministerial se destacó por no tener las cualidades y capacidades necesarias para dirigir las respectivas carteras. El exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por ejemplo, es actualmente acusado2828. Suélen Pires, “STF vai julgar Ricardo Salles por suposto esquema de facilitação de contrabando de produtos florestais”, STF Notícias, 1 de septiembre de 2025, visitado el 22 de enero de 2026, https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-vai-julgar-ricardo-salles-por-suposto-esquema-de-facilitacao-de-contrabando-de-produtos-florestais/ en un juicio por exportación ilegal de madera.
La alianza fisiológica entre Bolsonaro y el Legislativo, marcada por la presidencia de Arthur Lira en la Cámara de los Diputados, a partir de 2021, también permitió la aprobación de alteraciones legislativas y enmiendas constitucionales que favorecieron la implementación de la agenda de retrocesos, volviendo legal lo que era ilegal, incluso después del fin de la presidencia de Bolsonaro. Esta continuidad quedó expuesta, por ejemplo, en la aprobación del proyecto que consolidó la tesis del “marco temporal”; un mecanismo para delimitar la demarcación de tierras indígenas.2929. La Ley del Marco Temporal fue aprobada por el Congreso en 2023, ya bajo el gobierno de Lula, en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo Federal de declarar inconstitucional la tesis. El texto fue vetado por el presidente, pero el veto fue posteriormente derogado por los parlamentarios. La tesis establece que el derecho al territorio solo debe concederse a los pueblos indígenas que demuestren que ocupaban o reclamaban sus tierras en la fecha en que se promulgó la Constitución Federal (5 de octubre de 1988), ignorando las violaciones que los pueblos indígenas han sufrido a lo largo de los años, entre ellas, los desalojos forzosos y los exterminios.
Esta lista, que no pretende ser exhaustiva, ejemplifica la versatilidad de los proyectos autoritarios: su capacidad de penetrar en las instituciones, ocupar el debate público, desviar o concentrar la atención según sus intereses, mientras articula fuerzas político-económicas para viabilizar y consolidar retrocesos con impactos concretos y duraderos en la ciudadanía.
La elección de Jair Bolsonaro impuso un replanteamiento de las prioridades y estrategias de la sociedad civil brasileña. Como ya se ha mencionado, el tiempo y los conocimientos acumulados antes de la toma de posesión permitieron que esta transición se llevara a cabo con una cierta planificación. En Conectas, el trabajo en el período comprendido entre 2019 y 2022 se estructuró en torno a ejes complementarios que compartimos a continuación.
En general, adoptamos una posición deliberadamente solidaria con las personas y los grupos más afectados por las políticas de Bolsonaro, ofreciendo apoyo y herramientas para su protección y sumando nuestros esfuerzos a los de organizaciones e iniciativas nuevas y antiguas como parte de un esfuerzo coordinado y concentrado para la restauración de la democracia y los derechos humanos.
Desde el punto de vista programático, hemos ampliado nuestro mandato para incluir dos temas que antes no formaban parte del foco de nuestra actuación, pero que eran fundamentales para sostener el proyecto bolsonarista: la defensa de la democracia, sobre todo en periodos electorales, y el combate a la desinformación. Este proceso exigió una gran inversión de energía en capacitación y producción de conocimiento para que la organización pudiera identificar con precisión su papel en cada una de estas agendas. De manera complementaria, trajimos al centro de la acción la protección de los logros históricos y la defensa de las instituciones, que incluso podemos llamar de vacunas democráticas, reconociendo sus limitaciones y problemas estructurales.
Para implementar esta agenda, Conectas buscó fortalecer las estrategias que siempre habían formado parte de su repertorio, es decir, aquellas que la organización ya dominaba y que, por lo tanto, permitían una mayor asertividad y eficacia. Por un lado, estaban el litigio estratégico y la incidencia, tanto nacional como internacional; por el otro, la comunicación (con especial atención a los vehículos de prensa tradicional) y el trabajo en red.
Vale la pena abrir un pequeño paréntesis para detallar el trabajo con litigios, que ganó protagonismo y se amplió significativamente durante los años más críticos del bolsonarismo, cuando el Poder Judicial se convirtió en uno de los pocos canales aún disponibles para contener los retrocesos. Esta expansión, de cinco casos presentados en 2018 y nueve casos en 2019, alcanzando su punto más alto entre 2020 y 2021, con 41 y 60 casos presentados, respectivamente, fue el resultado de una decisión consciente de responder rápidamente a las amenazas institucionales y a los derechos humanos. El periodo exigía un “litigio de trinchera”. Con el cambio del panorama político en 2023, la organización pudo reequilibrar su actuación, reduciendo el volumen de acciones y profundizando en casos estructurales de mayor impacto.
En el ámbito de la incidencia política internacional, hay que destacar al menos tres grandes estrategias exitosas: la primera, el uso de espacios, foros y canales de denuncia para retratar al presidente Jair Bolsonaro como lo que siempre ha sido: un riesgo real para la democracia y la defensa de los derechos. Esto era fundamental porque, como se ha visto en el caso de Brasil y también de otros países, es habitual que los líderes autoritarios caricaturescos sean descritos y tratados como excéntricos y, en cierto modo, inofensivos. La segunda estrategia consistió en diversificar o ampliar nuestro repertorio argumentativo, explorando de forma más estratégica los intereses económicos y geopolíticos en relación con Brasil y destacando la amenaza que Bolsonaro representaba para el entorno empresarial y la estabilidad regional. Por último, actuamos de forma intensa y dirigida para movilizar apoyos a la integridad del proceso electoral y garantizar el rápido reconocimiento del resultado de las elecciones de 2022 para reducir el margo usado por los líderes autoritarios para cuestionar el resultado y generar inestabilidad democrática. Esta apuesta demostró ser acertada e imprescindible en el proceso de transición.
Aunque era en gran medida inevitable poner el foco en la situación de Brasil, esto también repercutió en la capacidad de la organización para promover intercambios estratégicos con organizaciones de otros países y reaccionar y participar en iniciativas relacionadas con la situación de los derechos humanos en otros territorios del Sur Global, un aspecto que siempre ha formado parte del ADN de la entidad y fue afectado por el estado de crisis permanente que se vivió a nivel interno. Esta experiencia es sin duda una lección aprendida y refuerza la necesidad de pensar que, incluso cuando hay una crisis en el ámbito nacional, es necesario mantener la estrategia internacional en una clave de solidaridad y aprendizaje compartido.
A nivel nacional, se apostó acertadamente por la diversificación de las alianzas institucionales. Un ejemplo claro de cómo la suma de fuerzas improbables puede ser decisiva en momentos de crisis fue la colaboración con el Centro de Investigaciones en Derecho Sanitario de la Universidad de São Paulo (Cepedisa/USP) durante los meses más duros de la pandemia de Covid-19, que permitió la publicación de 10 ediciones del boletín Direitos na Pandemia (Derechos en la pandemia), que mapeó, documentó y reveló la existencia de una estrategia institucional de propagación del coronavirus por parte del gobierno de Bolsonaro. Este estudio fue ampliamente citado3030. “Estudos do Cepedisa/USP sobre a pandemia da Covid-19 são mencionados no relatório final da CPI”, Jornal da USP, 20 de octubre de 2021, visitado el 2 de febrero de 2026, https://jornal.usp.br/atualidades/estudos-do-cepedisa-usp-sobre-a-pandemia-da-covid-19-sao-mencionados-no-relatorio-final-da-cpi/como base para el establecimiento de la Comisión Parlamentaria de Investigación encargada de investigar las deficiencias del gobierno federal en la lucha contra la pandemia de Covid-19.
La movilización en los espacios de decisión y participación fue secundada por la adopción de medidas institucionales para garantizar la seguridad y el cuidado del equipo. Para ello, identificamos posibles vulnerabilidades en todas las áreas de la organización, desde la seguridad física y en el espacio digital, pasando por la salud y el bienestar del equipo, así como los riesgos legales derivados de nuestra actuación. Este cuidado fue especialmente relevante durante el período electoral de 2022. Si, por un lado, la organización siempre ha tenido clara su naturaleza apartidista, por otro, asumió con valentía y responsabilidad la necesidad de integrarse en el amplio frente en defensa de la democracia que surgió de la movilización de distintas fuerzas de la sociedad en ese momento, y que resultó decisivo en la defensa de la democracia.
Jair Bolsonaro fue superado electoralmente en 2022 y es inelegible, además de juzgado, condenado y estar cumpliendo condena por intento de golpe de Estado, pero el proyecto político autoritario de extrema derecha sigue fuerte y bien articulado, ejerciendo influencia en ámbitos de la administración pública, especialmente en la Cámara de Diputados —donde se mantiene como una fuerza estridente y mayoritaria— y en las Fuerzas Armadas. Su capital social sigue siendo notable, y la alianza con los sectores religiosos más radicales y segmentos del poder económico sigue en vigor hasta nuevo aviso. Mientras su círculo familiar y político más cercano se sumerge en una disputa fratricida para definir quién heredará el expolio en las elecciones de 2026, la sociedad civil se mantiene vigilante y activa: el trabajo de reconstrucción es largo y debe abarcar no solo la recuperación del espacio perdido, sino también, y sobre todo, la ambición por un nuevo horizonte de conquistas.
El auge de proyectos autoritarios, como se observa en el ejemplo brasileño, no parece ser un fenómeno episódico, un desvío del curso o una tendencia pasajera. En los últimos años, estas fuerzas han sido capaces de alterar estructuras que se consideraban inquebrantables y de despreciar fronteras que creíamos inviolables. Sin embargo, el reconocimiento de que la lucha contra ellas será permanente debe conducir al movimiento de derechos humanos a superar el modo reactivo impuesto. Se trata de una propuesta contra intuitiva, sin duda, pero también ineludible. La experiencia demuestra que la superación definitiva del autoritarismo depende de la profundización de la democracia en todas sus expresiones institucionales y de la ampliación sostenida de los derechos, lo que implica, por ejemplo, la lucha contra el racismo y el sexismo, las abismales diferencias sociales, así como otras desigualdades que estructuran la sociedad brasileña. Mientras no se alcance este objetivo, la democracia seguirá pendiendo de un hilo, y esa es la mayor responsabilidad que tiene la sociedad civil brasileña entre manos.
