Entrevista con Anthony Romero, Director Ejecutivo de American Civil Liberties Union (ACLU)

Conectas • ¿Y cuál es el papel que han desempeñado hasta ahora?

Anthony Romero • Hace casi cuatro años, creamos en la ACLU un Programa de Derechos Humanos. La idea era contratar a personas dentro de la organización con experiencia en los mecanismos internacionales y en derecho internacional de los derechos humanos. Estas personas sirven como un núcleo de conocimientos, trabajan con todos los diferentes proyectos de litigio y oficinas de la ACLU para incorporar un enfoque de derechos humanos mundial en nuestras actividades nacionales de promoción de derechos. Ellos difunden su conocimiento en otros proyectos.

Por ejemplo, el Women´s Rights Project (el Proyecto sobre los derechos de las mujeres) presentó una demanda representando a Jessica Gonzales – una mujer que tenía un marido abusador. Ella obtuvo una orden judicial que le ordenaba a su marido permanecer lejos de su mujer y de sus hijos. Sin embargo, un día su marido apareció y se llevó a los niños. Ella llamó a la policía para hacer cumplir esa orden de protección pero la policía se negó a ejecutarla. Al final de ese mismo día, el marido se suicidó y mató a sus dos hijos. Llevamos el caso a través de todo el camino judicial hasta la Corte Suprema de Justicia a fin de poner de manifiesto el fracaso de la policía para dar cuenta de su responsabilidad de proteger los derechos humanos de Gonzales y sus hijos pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo con nosotros. Por lo tanto, presentamos el caso ante la Comisión Interamericana, denunciando al gobierno norteamericano y a las autoridades policiales locales por su incumplimiento en la protección de los derechos humanos de Gonzales.

Este es sólo un ejemplo del uso que hacemos de los mecanismos o foros internacionales sobre cuestiones en las que no somos capaces de avanzar en el ámbito nacional. Hay otros ejemplos, tomemos la discriminación racial. Hemos trabajado sistemáticamente en hacer responsable a nuestro gobierno por la persistencia de la discriminación racial en los Estados Unidos, pero nunca hemos intentado ponerlo dentro de un contexto más amplio o en el marco de las obligaciones internacionales de los Estados Unidos.

Encontrarán, sin embargo, una notable cantidad de decisiones incluso en jurisdicciones locales, que comenzaron a aplicar normas internacionales de derechos humanos a ordenanzas locales. Por ejemplo, la ciudad de San Francisco ha adoptado la CEDAW (Covención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) como marco jurídico, el que se aplica en la ciudad como podría aplicarse una ley local. Una de las cosas que me hace tener esperanza, a pesar de que los últimos ocho años han sido tiempos muy oscuros para los derechos humanos en América, ha sido el hecho de que este es un movimiento de enorme vigor y vitalidad. Ya no es bueno hacer la vista gorda y decir “lo que sucede en un país, es un problema de ese país”. La aparición de instituciones como la Corte Penal Internacional, la aparición de campañas mundiales sobre cuestiones como Guantánamo y la tortura, me dan esperanzas de que de hecho, el movimiento mundial de derechos humanos seguirá progresando, a pesar de los desafíos que debemos enfrentar en nuestros respectivos países.

Conectas • ¿Piensa usted que después de Abu Ghraib, la base aérea de Bagram y Guantánamo, ha existido un cambio en la forma en que los estadounidenses perciben los derechos humanos o los seguirán viendo como una cuestión restringida al mundo en desarrollo?

Anthony Romero • No, ha habido un cambio en los Estados Unidos sobre esta cuestión. De hecho, no es sólo mi opinión o mi impresión. Hemos realizado encuestas, en las que le hemos preguntado a la gente cómo ven estas cuestiones y, cada vez más, lo que pensamos que sería una pregunta que los ciudadanos de EE.UU. o los miembros de la ACLU verían como una cuestión extranjera, lo vieron como lo más básico en cuestiones de derechos humanos. Entienden que los abusos que ocurrieron en Abu Ghraib tienen mucho que ver con lo que sucedió en Irak como también con lo que está ocurriendo en Washington. Existe un gran reconocimiento que lo que une a todos estos temas, de modo que no sean específicos a un territorio, es un amplio marco de derechos humanos y creo que este marco ha echado raíces de una manera muy importante y profunda.

El daño ha sido producido por el Presidente Bush y el Sr. Rumsfeld, el Sr. Cheney y el Sr. Ashcroft, el Sr. Gonzáles y el Sr. Addington. Pero el hecho es que el movimiento mundial de derechos humanos es lo suficientemente fuerte como para resistir y sobrevivir y hacerlos responsables. Una de las cosas que estamos mirando en este momento, es que tendremos un cambio de administración en Washington en los próximos treinta días. Sea quien sea que gane la elección, haremos todo lo posible para hacer rendir cuentas en los tribunales norteamericanos a los dirigentes que fueron responsables de violaciones a los derechos humanos durante los últimos ocho años.³ Ya hemos demandado al Secretario de Defensa Rumsfeld en favor de aquellas personas que fueron torturadas en Abu Ghraib. Asimismo, tenemos una demanda contra el Sr. Tennant, que fue el jefe de la CIA, otra contra Jeppesen Dataplan, que es una filial de Boeing Corporation, por llevar a cabo vuelos con el objeto de entregar personas a otros países en los que serían torturadas. Estos casos son muy difíciles de ganar pero pondremos nuestro mejor empeño para lograrlo pese a que las probabilidades no están de nuestro lado. Ahora, si empezamos a pensar en estrategias para lograr hacerlos responsables no sólo en EE.UU., sino en todo el mundo, entonces vamos a tener muchas más posibilidades. Si bien los jueces y funcionarios americanos encargados de hacer cumplir la ley pueden estar poco dispuestos a hacer responsable al Sr. Rumsfeld, debemos hacer que el Sr. Rumsfeld sienta un temblor en sus zapatos cada vez que viaje a otro país. ¿Qué pasaría si el juez Garzón acusara a Rumsfeld en la forma en que lo hizo con Pinochet? ¿Qué pasaría si nos aseguramos que, si el Sr. Addington viaja a Londres para entrevistarse con un grupo de juristas, las autoridades británicas ejercerán su poder o presión sobre él? Queremos asegurarnos de que podemos poner el temor de Dios sobre ellos, de modo que cuando viajen a cualquier lugar en el exterior, se preocupen por el movimiento de derechos humanos que intenta hacer que rindan cuentas. Los derechos humanos son valores universales y si el gobierno norteamericano no tiene la voluntad política, la capacidad o la voluntad de hacer responsable a determinados funcionarios por violaciones de derechos humanos, entonces miraremos a la comunidad mundial para que nos ayude a hacerlo.

Conectas • Cambiando de tema… ¿Existe una agenda para los derechos sociales en la ACLU?

Anthony Romero • La distinción entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos es un debate un poco artificial dentro de la ACLU y dentro del círculo americano de derechos humanos. Si uno mira hacia atrás y observa los inicios del movimiento de los derechos humanos, estos derechos son iguales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla a todos ellos. Lamentablemente, la agenda de los derechos civiles y políticos fue adoptada y promovida por el bloque de los países occidentales y los derechos económicos y sociales fueron tomados por el bloque de los países orientales. Esta visión unificada de los derechos humanos fue, lamentablemente, víctima de la política de la Guerra Fría del siglo XX. Creo que algo ha cambiado. Pese a que tenemos ciertas limitaciones en los tribunales norteamericanos en lo que respecta a los derechos económicos y sociales (en virtud de nuestra Constitución, no están reconocidos el derecho a la vivienda, el derecho a la salud ni el derecho a la alimentación), hay otras maneras de abordar estas cuestiones, a través de otros derechos reconocidos por el gobierno federal.

Cuando nos abocamos, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, sobre discriminación de género, aplicamos el marco de derechos económicos y sociales para decidir que clientes representamos y qué casos vamos a llevar. El Women´s Rights Project (el Proyecto sobre los derechos de las mujeres) de la ACLU se centra en gran medida en los derechos de las mujeres de las minorías de bajos ingresos. En cuanto al tipo de casos que llevamos, por ejemplo, tenemos un caso de dos trabajadoras domésticas que fueron enviados a América para trabajar para el embajador de Kuwait ante las Naciones Unidas. Fueron esencialmente tratadas como esclavas, no se les permitía salir de la casa, les pagaban bajos salarios, sufrieron maltrato físico y, en ocasiones, fueron víctimas de abusos sexuales por parte de sus empleadores. Hemos aplicado el marco de los derechos económicos y sociales para determinar qué casos llevamos a adelante y la forma en que presionamos. Ahora, los argumentos que podríamos utilizar no son los derechos económicos y sociales por sí mismos, ya que estos derechos no son justiciables en los tribunales norteamericanos.

Yo diría que el mismo razonamiento se aplica a nuestro trabajo después del huracán Katrina. Nuestro trabajo se ha centrado en la comunidad pobre afro-americana que no ha recibido ayuda de los programas de reconstrucción del gobierno de los EE.UU. en Nueva Orleáns. Nos hemos abocado específicamente a personas más marginadas y, a menudo, los más pobres entre los pobres. Una vez más, hemos aplicado el marco de los derechos económicos y sociales para seleccionar clientes y casos. Más concretamente, uno de los casos que llevamos después de Katrina fue la representación de aquellos privados de libertad que se encontraban en la prisiónParish Prison de Nueva Orleans. El Sheriff tomó la decisión de no evacuar la prisión, aun cuando sabía que Katrina estaba causando estragos a su paso en Nueva Orleans. Muchos estadounidenses podrían decir: “Bueno, ¿por qué estos detenidos tienen derecho a los derechos? Katrina fue una tragedia para todos los involucrados”. Pero hemos sido capaces de demostrar que no fue sólo un error, sino que se trató de una decisión consciente de poner a los privados de libertad en peligro de enormes daños físicos. Algunos de nuestros clientes fueron encerrados en esa cárcel durante tres días, no tenían alimentos, no podían entrar o salir porque los guardias se habían ido en el medio de la tormenta. Las personas privadas de libertad fueron sometidas a terribles condiciones. Cuando finalmente fueron evacuados de la prisión, fueron trasladados a otras cárceles superpobladas sin alimentos suficientes o sin acceso a la asistencia sanitaria, lo que sólo condujo a más violencia.

Conectas • Como usted menciona la labor de la ACLU en nombre de las personas privadas de libertad, nos gustaría abordar un tema que ha sido motivo de preocupación en un número de países en el hemisferio sur. EE.UU. es uno de los países con mayor porcentaje de población en unidades carcelarias. ¿La ACLU ha adoptado una posición con respecto a la sobrepoblación?

Anthony Romero • Claro. En primer lugar, tenemos un proyecto nacional de cárceles, que litiga las condiciones de reclusión. Nos ocupamos de todo tipo de cuestiones, tales como la falta de acceso a la asistencia sanitaria, hacinamiento, violencia y violación en las cárceles, la falta de acceso a asistencia legal, falta de acceso a la información, la imposibilidad de practicar sus creencias religiosas y el tratamiento de detenidos con enfermedades mentales. Por lo tanto, una manera de ocupamos de la sobrepoblación es tratando de mejorar las condiciones de detención en las cárceles.

En segundo lugar, analizamos las causas de raíz, porque no queremos tratar sólo los síntomas sin tratar la enfermedad. Una de las causas de raíz de la sobrepoblación carcelaria en los Estados Unidos – en un país que tiene el mayor porcentaje de población en cárceles que ningún otro país en el mundo, incluidos Rusia y China, ha sido la guerra contra las drogas. Se puede advertir que casi dos tercios de los actuales detenidos en cárceles en EE.UU. están allí por delitos no violentos relacionados con drogas. Mi organización sostiene que el uso de drogas por parte de individuos no debe ser penalizado. Sostenemos que todas las drogas deberían ser legales: todas, desde la marihuana hasta la heroína. Las drogas pueden ser reguladas por el gobierno, al igual que regula el alcohol o el tabaco, pero no debemos penalizar lo que es un problema de salud pública. La mejor manera de tratar con el uso indebido y la adicción a las drogas no consiste en poner a las personas tras las rejas, sino ayudarlos a lidiar con el problema tratándolo como uno de salud pública. Tenemos un gran proyecto de litigio para lidiar con la guerra contra las drogas y los desafíos de una vigorosa campaña del gobierno contra el uso de las drogas, porque entendemos que los crímenes que a menudo llevan a las personas a la cárcel son delitos no violentos relacionados con las drogas. Esperamos reducir el encarcelamiento de los individuos, haciendo que, en última instancia, frente a la cuestión de las drogas se trate este tema desde la perspectiva de la salud pública en lugar de la perspectiva de la justicia penal.

En tercer lugar, también nos centramos en la aplicación selectiva de las leyes nacionales, porque muchas de las personas que están en la cárcel representan minorías pobres y esto no es por casualidad. Esto es porque la policía se dirige específicamente a minorías raciales y étnicas y a los más pobres. En algunas de nuestras oficinas locales, trabajamos específicamente en la aplicación selectiva de las normas. Nos fijamos en las prácticas policiales que se dirigen a las minorías y a los más pobres. Una de nuestras grandes campañas ha sido obligar a los departamentos de policía en los Estados Unidos a documentar a las personas que detienen en las calles y en las rutas. Existe un fenómeno en América que nosotros llamamos: “Conducir si eres negro o latino”. Si usted es una persona blanca conduciendo por la calle, es menos probable que sea detenido por agentes de policía que si es usted negro o latino. Presionamos a la policía para que recojan datos; demandamos a los departamentos de policía para que comiencen a recopilar datos sobre el origen racial de las personas que detienen. Hemos demostrado que existe una excesiva concentración en detener a conductores provenientes de las minorías y luego, presionamos al departamento de policía para que capacite a sus oficiales para asegurarse de que no estén sólo deteniendo personas en las calles o en las carreteras a causa de su raza o por su condición económica desaventajada. La lucha contra la aplicación selectiva de la ley es también una herramienta para nosotros para asegurarnos de que no sólo nos estamos ocupando de los síntomas, sino que también tratamos el mecanismo que produce la sobrepoblación carcelaria en los países.

Finalmente, el último modo a través del cual abordamos la sobrepoblación carcelaria ha sido mediante su conexión con lo que está sucediendo en muchas zonas urbanas y en escuelas de las minorías. Hablamos de la conexión directa entre la escuela y la prisión. En los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir que la policía haga frente a cuestiones de disciplina y violencia en las escuelas. Esto ya se ha convertido en una puerta giratoria. Cuando los niños no están recibiendo una buena educación y los maestros no están bien preparados, se termina generando una puerta giratoria entre la escuela y la cárcel. Al hacer ese vínculo tan explícito esperamos hacer frente a la cuestión de la sobrepoblación carcelaria tanto a través de la investigación como del litigio.

Conectas • Una última pregunta, ¿Cree que es importante que la Corte Suprema de Justicia esté abierta a la participación de organizaciones de la sociedad civil a través de, por ejemplo, amicus curiae? ¿Por qué?

Anthony Romero • La Corte Suprema de Justicia en nuestro país y en casi todos los países que conozco es uno de los poderes más importantes del Estado. Elegimos al Presidente, elegimos al Congreso. La Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos y en muchos otros países son nombrados por el Poder Ejecutivo. Una de las maneras en que uno puede asegurarse de que la Corte Suprema de Justicia sea accesible al público, es garantizando que las organizaciones de la sociedad civil sean capaces de llevar casos ante la Corte, y que puedan hacer presentaciones como en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal). La Corte debe ser una institución más visible; no debe ser sólo una caja de mármol que se cierra para evitar la revisión pública y el escrutinio público.

La ACLU participa en más de veinte casos al año que tramitan por ante la Corte Suprema. Somos abogados directos en determinados casos o bien, nos presentamos como amicus curiae, como amigos del tribunal. Es esencial que escuchen nuestras perspectivas, aunque no sea nuestro caso y a pesar de que podemos perder en la Corte. La Corte Suprema de Justicia no debe estar aislada de la sociedad en general. Mucho del trabajo que hacemos en la educación del público en general y las acciones de cabildeo que realizamos en el Congreso ayudan a cambiar los puntos de vista y las condiciones y, en última instancia, los resultados de las decisiones de la Corte Suprema. Un ejemplo que podría utilizar es el caso Bowers contra Hardwick, un caso de 1986 en el que la Corte Suprema de Justicia dijo que dos adultos de común acuerdo no tenían derecho a tener relaciones sexuales en la intimidad de su hogar si eran homosexuales. Este fue un caso que llevamos a la Corte Suprema de Justicia en 1986 y lo perdimos. Ahora, en 2004, la Corte revocó su fallo. En el caso Lawrence contra Texas, sostuvo que dos hombres o dos mujeres de común acuerdo tienen derecho a la intimidad en su dormitorio. Este cambio, si se quiere, de 1986 a 2004, me dice menos sobre lo que sucedió en la Corte y más sobre lo que había sucedido en la opinión pública norteamericana. Ya no era defendible para la Corte mantener la discriminación de esa manera. La jurisprudencia no ha evolucionado mucho desde 1986 al 2004, lo que evolucionó fue la opinión pública por lo que la Corte tuvo que ponerse al día con lo que se había convertido en la opinión pública mayoritaria, en lugar de contribuir a establecerla. Cuanto más más hagamos para que la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Supremas de todos los países sean más accesibles, más receptivas y que expliquen sus posiciones, más nos daremos cuenta de cuales son los tribunales dispuestos a tomar las decisiones difíciles y a defender los derechos humanos.