Desarrollo y Derechos Humanos

1. Desarrollo y Derechos Humanos: Cuatro tensiones

1.1 Desarrollo vs. crecimiento económico

Con frecuencia nos referimos al crecimiento económico como sinónimo de desarrollo. Sin embargo, el crecimiento económico, por su obsesión por la acumulación material y por su descuido de los impactos ambientales, ha generado incompatibilidades múltiples desde una perspectiva de derechos humanos.

Cada vez es más claro, en América Latina, el impacto negativo del modelo económico actual en los derechos humanos. Incluso reconociendo resultados importantes, como la reducción de la pobreza, el avance en materia de ecoeficiencia y responsabilidad social corporativa, resulta evidente que es necesario desarrollar mecanismos para poner límites a la obsesión por el lucro y especialmente para fortalecer la capacidad de regulación del Estado. Un Estado débil es más permeable a los intereses del mercado.

En América Latina, después de décadas de políticas neoliberales, el retorno del desarrollismo económico se traduce en un mayor activismo económico del Estado, que pasa a tener un papel central. En el desarrollismo de ayer y en el contemporáneo, el Estado elige y apoya sectores económicos que transforma en “campeones”. Hoy son gobiernos de izquierda los que en la región toman para sí el deber de desarrollar sus países y para ello dan preferencia a determinados sectores económicos. Al contrario de los años noventa, en los cuales el Estado se reducia tenemos ahora Estados más fuertes, que consolidan su capacidad de fomento de determinados sectores de la economía y al mismo tiempo reducen su capacidad de regulación y control.

En este escenario, el crecimiento económico, prima sobre cualquier otro valor, incluso pasa por encima del respeto a los derechos humanos, especialmente de comunidades más vulnerables. Así, las políticas y la cultura desarrollistas agravan la tensión entre los sectores beneficiarias del crecimiento y aquéllos que deben pagar el costo de esas políticas. De este modo, los que critican al modelo, así como los afectados son considerados como “obstáculos” para el crecimiento del país. Repetidamente, tanto la criminalización de los opositores como la negación de los derechos de los afectados son justificadas en nombre del pretendido bienestar colectivo.

Esta tensión también cuestiona algunas características de nuestros sistemas democráticos representativos, ya que la mayoría de las veces los grupos afectados se encuentran muy distantes de los centros políticos y económicos, y por eso enfrentan aún más dificultades para hacer oír su voz y sus intereses.

Parte de la solución puede venir de encontrar formas de incluir la ética en la economía; reconciliando economía y sociedad, valores y ciencia. Amartya Sen nos ofrece una herramienta conceptual para hacerlo. Su concepto de desarrollo como expansión de la esfera de tomada de decisión autónoma de los individuos (de las capacidades)² permite la reconciliación instrumental con la idea de democracia y derechos humanos. El desarrollo como autonomía, individual y colectiva, propone un modelo emancipador de desarrollo; uno que no sea impuesto desde afuera, sino que sea ser algo interno a las sociedades, que requiere información y profundo debate público. En realidad, el pensamiento de Sen es de extrema actualidad, como lo enseñan las estrategias de movilización y litigio de muchas organizaciones junto a las recientes iniciativas de gobiernos abiertos y a las leyes nacionales de acceso a la información (como en Perú, Brasil, México, etc.)

Así, el desarrollo como expansión de las capacidades ofrece una posibilidad de recuperar la noción de Estado de Derecho y revalorarla no como mecanismo de protección de las inversiones privadas sino de protección de las minorías contra las mayorías, por ejemplo contra un cierto modelo de desarrollo que afecta su identidad cultural.

También la participación popular puede ser una forma fijar ciertos límites al modelo centrado exclusivamente en el crecimiento económico. La consulta previa con pueblos indígenas es un ejemplo de un mecanismo que puede orientar la formulación e implementación de políticas públicas y que promueve un desarrollo que toma en consideración la realidad y los derechos de los afectados³.

1.2 Límites eco-sistémicos vs. demandas de la expansión del acceso a derechos

Amartya Sen nos permite acercar la gramática de los derechos humanos de la cuestión del desarrollo. Sin embargo, surge un nuevo dilema: ¿cómo incluir la dimensión ambiental en el modelo de Sen?

Sabemos que la agenda de las organizaciones de derechos humanos está basada en la universalización del acceso a derechos. Sin embargo, la expansión del acceso presupone la ampliación permanente del consumo, y esto es hoy insostenible. Conceptualmente el dilema es cómo compatibilizar la necesidad de expandir el acceso a derechos para todos en un planeta que hospeda 7 mil millones de habitantes y cuyos recursos naturales tienen un límite real.

En otras palabras, ¿cómo hacer compatibles los imperativos de la justicia social y los de la justicia ambiental? La justicia ambiental mantiene una relación especial con las cuestiones clásicas de redistribución y reconocimiento⁴. Pero hasta hoy, el nexo jurídico entre los derechos humanos y la naturaleza sigue muy débil (salvo en algunas excepciones, como las constituciones de Ecuador y Bolivia o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo).

Además, ni el derecho, ni la economía logran proveer una herramienta para superar esta tensión. El modelo de la economía verde se volvió una forma de “maquillaje” y no logró frenar la tendencia hacia la destrucción del planeta y agotamiento de los recursos naturales. La nueva división internacional del uso de los recursos ecosistémicos y del trabajo reprimariza las economías de América Latina (y de África) y las convierte en exportadoras de materias primas, mientras que Asia se encarga de la transformación e inclusión en el mercado mundial y Europa y Estados Unidos consumen el producto final. ¿Cómo entonces hacer el uso de los recursos naturales de forma a garantizar las reales necesidades sociales?

Una posible respuesta es que en un mundo lleno la utilización de los bienes privados se plantea de otra forma; hay que cambiar – en la teoría y en la práctica – el sentido y la utilidad de la economía⁵. Ya no se podrá lograr permanencia en la lucha contra la pobreza sin la reducción de las desigualdades, que puede exigir en algunos casos (de países más desarrollados) limites concretos al consumo.

Hay, sin embargo, algunas razones para optimismo. Por medio de las tecnologías de información en red, surgen nuevas posibilidades de cooperación social (incluso para el consumo colaborativo) y de lucha colectiva para hacer posible nuevas formas de ciudadanía en un planeta lleno.

1.3 Derecho propiedad vs. bienes comunes

El tercer dilema aborda las tensiones entre viejos y nuevos modelos de gestión de los bienes materiales (como por ejemplo, la tierra) e inmateriales (como por ejemplo, el conocimiento).

Por medio de la sacralización de la apropiación privada, el modelo liberal de desarrollo – como lo conocemos – pone en riesgo los bienes comunes (como el agua y la biodiversidad) a través de su mercantilización, como lo demuestra el impacto del sistema de protección de la propiedad intelectual en el derecho a la salud. El monopolio productivo representado por el sistema de patentes no sólo incrementa el costo del medicamento y dificulta el acceso, sino que también no ha producido innovación. Numerosas enfermedades fatales de los países subdesarrollados siguen olvidadas.

Algo similar ocurre en el caso de la industria cultural, donde la propiedad intelectual a ultranza dificulta el acceso a la información, afectando y a veces criminalizando la libertad de expresión de los artistas y ciudadanos.

Este fenómeno implica retos importantes para el movimiento de derechos humanos al menos por dos razones:

1)  La industria cultural hace uso de la gramática de los derechos humanos (derechos de autor) para la defesa de las ganancias privadas.

2)  Muchos gobiernos del continente están aumentando la protección de la propiedad intelectual y del monopolio privado, como una forma de promover el “crecimiento económico”. Tensiones entre el sistema de patentes y la protección de los bienes públicos son frecuentes, por ejemplo, en Brasil donde el Ministerio de la Salud firmó acuerdos con laboratorios privados para la producción de medicamentos – como el atazanavir – para el VIH/SIDA⁶.

Aunque sólidamente afincado en los sistemas jurídicos, el derecho de propiedad individual coexiste con modelos alternativos de producción y propiedad colectiva. Experiencias recientes están mostrando que las redes también pueden aportar valores (como la confianza y la reciprocidad) al sistema, valores estos que son el elemento fundamental del manejo colectivo de bienes materiales o inmateriales. Como lo teoriza Yochai Benkler⁷ el potencial transformador de los nuevos modelos es visible en los avances de la economía en red en la gestión colectiva de la propiedad inmaterial (por parte de experiencias como Linux, Creative Commons y Wikipedia, por ejemplo) o en la proposición de modelos alternativos de consumo (como el Collaborative Consumption).

El concepto de bienes comunes (aquellos no excluyentes, que no son propiedad de nadie y permiten el uso compartido) puede ser una herramienta teórica útil para cuestionar modelos actuales de gestión de los bienes. No sólo la idea de bienes comunes afirma la primacía del interés colectivo sobre el interés individual, sino que también concretamente permite pensar la gestión compartida y colectiva de algunos bienes como la información y el conocimiento (bienes públicos puros: aquellos que son no-excluyentes y no-exclusivos).

Mientras que las tecnologías de comunicación e información han permitido la expansión de la economía en red, el manejo colectivo de recursos naturales carece todavía de aportes sustanciales para este debate. Un aporte importante es el modelo de manejo colectivo de tierras de diferentes pueblos indígenas latinoamericanos. Sin embargo, es necesario profundizar el estudio de la viabilidad económica de estos modelos colectivos⁸ y cómo hacer que puedan sobrevivir en medios económicos e institucionales en los que predomina la propiedad privada.

1.4 Nosotros vs. ellos: ¿nuevas divisiones y nuevas alianzas?

Al contrario de los dilemas anteriores, la última tensión se refiere no al objeto de la protección de los derechos humanos, sino al movimiento de derechos humanos como actor en este proceso. Involucrase en las cuestiones de desarrollo exige del movimiento una mirada crítica hacia los tradicionales antagonismos y las tradicionales dicotomías entre nosotros-ellos.

En la discusión conceptual y aún más en el aspecto operacional, es posible percibir una falta de claridad sobre los límites entre aliados-enemigos. Con frecuencia, la cuestión del desarrollo radicaliza las tensiones internas al movimiento de derechos humanos.

Hay acuerdo sobre el hecho de que uno de los principales retos del movimiento es conciliar – conceptual y estratégicamente – el deber de protección de los derechos de los afectados con los imperativos del bien común. Sin embargo, no es fácil articular críticas en contra del desarrollismo porque éste crea una alianza inter-clases (empresarios, sector financiero, tecnocracia, algunos sectores sindicales). En este contexto, muchas veces aquellos que critican este modelo son vistos como los traidores.

Las tensiones entre algunas organizaciones de derechos humanos y parte del movimiento sindical son un buen ejemplo de esta compleja relación. En las actividades mineras o las grandes obras de infraestructura, la protección de los intereses de la clase trabajadora –concentrada en la creación de puestos de trabajo- no siempre converge con los intereses de los afectados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Una segunda división surge entre las organizaciones de derechos humanos y la izquierda política, especialmente en contextos en los que los gobiernos desarrollistas provienen de sectores de izquierda. Así, hoy es común ver divisiones entre una izquierda desarrollista y una izquierda ambientalista.

Una tercera división ocurre en el posicionamiento y estrategias del movimiento frente a los múltiples retos. Mientras algunas organizaciones se detienen en el cuestionamiento de los efectos colaterales del modelo (con herramientas como la Responsabilidad Corporativa y la filantropía estratégica). Otras, vislumbran un objetivo de largo plazo de intentar cambiar las estructuras del modelo económico intentando producir un diálogo hacia alternativas más allá de la economía verde. Para las que actúan junto a las corporaciones, el soft law de Ruggie puede ser una herramienta9, para las otras, fortalecer el hard law de los tribunales es la mejor alternativa.

Surgen visiones contradictorias acerca del papel de las empresas en la construcción de un puente entre los atores del movimiento de derechos humanos y el mundo del desarrollo. Para algunos la incorporación de la ética a la economía precisa de todos: Estado y mercado y, por lo tanto, la Responsabilidad Social Corporativa es un avance necesario y trae cambios importantes. Inversamente, hay otros que lo ven apenas como una forma marketing (o greenwashing) que ha solamente empeorado la situación global.

Paralelamente, para algunos es posible constatar que las empresas no son homogéneas y que existe un margen de maniobra para un diálogo. ¿Es posible lograr formular estrategias para trabajar con la resistencia y la intención de cambio internas? Sea cual sea la respuesta, para involucrase en la cuestión, el movimiento debe simultáneamente lograr buscar en las corporaciones interlocutores legítimos para un diálogo constructivo y superar los desafíos jurídicos del acceso a justicia en casos de violaciones envolviendo – directa o indirectamente – corporaciones.

2. Capacidades que el movimiento de derechos humanos debe fortalecer

Más allá de las complejidades conceptuales inherentes al marco derechos humanos y desarrollo, es posible identificar algunas de las deficiencias colectivas del movimiento de derechos humanos para trabajar con el tema y que pueden servir como “hoja de ruta” para pensar en futuras acciones.

Desarrollar nuevas herramientas conceptuales. El primer vacío es la ausencia de herramientas conceptuales para pensar las alternativas al modelo dominante de desarrollo económico, sea por intermedio de la economía en red, sea por el modelo de los bienes comunes. Sólo la acumulación sistemática de evidencias nos permitirá construir un piso mínimo de información y comprensión entre las organizaciones de la región. Nos falta igualmente actuar de manera crítica y propositiva, incluso interviniendo en la producción de conocimiento en especial, en las ciencias jurídicas y económicas.

Repensar la unidad de acción, las alianzas y los foros más adecuados. Hoy necesitamos nuevos aliados e identificar nuevos espacios de lucha cada vez más transnacionalizados. Para ello, precisamos no sólo de estrategias propositivas, sino de estrategias creativas (como el diálogo y el litigio delante de otros foros como los Tribunales de Cuentas o la creación de organizaciones científicas quecontribuyan a la investigación de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de iniciativas de crecimiento económico). Necesitamos también realizar alianzas multisectoriales y multidisciplinarias, incluso con técnicos de otras áreas tradicionalmente lejanas a la gramática de los derechos humanos (como por ejemplo la biología y la ingeniería). Igualmente, precisamos complementar el trabajo en los espacios de acción clásicos (las instituciones del Estado nación o del sistema universal de derechos humanos) con trabajo en unidades de acción distintas (p.ej. zonas biogeográficas) en las que tienen lugar los procesos que queremos enfrentar (p.ej., la deforestación de la Amazonía, que comprende varios estados-nación).

Mapear las capacidades instaladas y disponibles. Finalmente, el mapeamiento de nuestras capacidades instaladas es crucial para que se pueda buscar lo que todavía nos falta. Sería igualmente importante tener un panorama de atores involucrados en la cuestión que nos permita tener una mayor claridad en torno de los posibles socios, interlocutores y opositores.

3. A modo de conclusión

La primera conclusión es que aún no hay consenso en relación con la agenda de derechos humanos referida al desarrollo económico, ni entre las organizaciones de derechos humanos ni entre éstas y los demás sectores sociales en cada uno de nuestros países. Enfrentamos hoy una nueva ola de violencia y criminalización en contra de aquellos que defienden valores y modelos alternativos al crecimiento económico entendido solamente como expansión del consumo.

La segunda conclusión es que en este contexto, nuestras acciones deben ser prioritariamente locales, y caso a caso. Pero es justamente la conexión de múltiples acciones simultáneas ocurriendo localmente que acaba por disputar la estructura económica global. En este sentido, la acción colectiva local fortalece (y es fortalecida por) por acciones colectivas transnacionales.

Es posible hoy intensificar las redes de colaboración y difusión de información gracias principalmente al internet y las redes sociales. Algunos conceptos como la confianza y la reciprocidad emergen como cuestionadores de los viejos modelos, primordialmente del neoliberalismo y el desarrollismo.

La percepción colectiva es que la mejor manera de actuar en este contexto es seguir debatiendo nuestros particularismos y inserirlos en una gramática universal. Seguir luchando estratégicamente en el micro, caso a caso, pero con un discurso claro y sólido de principios.

Queda también pendiente discutir con mayor profundidad si el marco de derechos humanos es el adecuado para tratar de esta cuestión. Algunos señalan que la gramática de derechos, por su aspecto principista y de valores absolutos puede llevar a tensiones sin solución. En contextos en los cuales las comunidades locales se ven obligadas a negociar, el discurso de derechos que deja menos lugar para trade-offs puede aumentar la conflictividad, y no llevar a soluciones reales.

Sólo el cúmulo de experiencias lleva a transformaciones sostenibles. Debemos ser persistentes y creativos para lograr transformar las prácticas y las ideas sobre desarrollo económico y derechos humanos.