La deriva autoritaria en Argentina: orígenes, contexto de crisis y estrategias desde los derechos humanos
El artículo está organizado en tres partes. Por un lado rastrea las particularidades de la ultraderecha en la Argentina, caracterizando sus rasgos específicos e identificando allí lo que es propio y lo que comparte un aire de familia con otras propuestas de la ultraderecha regional y global. En esa línea, se hace un esfuerzo crítico y conceptual que nos sirve como referencia sobre la ultraderecha en general. Por otro, trata de explorar a qué responden estos gobiernos y sobre qué crisis montan su propuesta. La democracia liberal muestra en distintos puntos del mapa sus límites y su falta de esfuerzo para contener las consecuencias de la concentración cada vez mayor de la riqueza en pocas manos, que se verifica no solo en la degradación de derechos para las mayorías populares, sino también del medio ambiente. Este escenario permite pensar que la ultraderecha no es el único problema al que nos enfrentamos, sino también la falta de democratización de la riqueza y la participación. Finalmente, el artículo explora qué podemos hacer las organizaciones de derechos humanos para contrarrestar esta avanzada en la región, con qué alianzas y qué desafíos.
Tenemos geografía y tenemos historia. En los mapas de los últimos quince años vemos que aumenta la cantidad de países gobernados por partidos de ultraderecha. Uno a uno van pintándose del mismo color en los informes que se suelen publicar luego de elecciones en distintos continentes. La historia sin embargo nos hace notar que, aunque tengan colores parecidos, lo que los trajo a este presente es un camino diverso, sinuoso y, de acuerdo a las regiones donde están ubicados, parte de tramas políticas particulares. El avance de las extremas derechas en distintas regiones del mundo plantea una amenaza común para los derechos humanos y un desafío urgente para quienes buscamos que la democracia sea una expresión de la justicia social. En cada país esa experiencia se particulariza, aunque haya puentes.
En Argentina, la memoria activa de las violencias estatales en la dictadura y la fuerte tradición de luchas por derechos no alcanzaron para obturar la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al gobierno de un país marcado por otra crisis económica más. En este artículo intentaremos reconstruir tres dimensiones: las características propias de esta derecha de nuevo tipo, los modos concretos en que despliega su proyecto cultural y político autoritario desde el gobierno argentino y los desafíos que esto impone a las organizaciones de derechos humanos y los feminismos. Lo hacemos desde una certeza: no estamos ante un problema meramente económico, de neocolonialismo o de gobernabilidad. La ultraderecha no es apenas un programa de ajuste neoliberal, sino un proyecto de reorganización autoritaria de las sociedades, en donde las violencias se vuelven rizomáticas. Un proyecto que tiene en su núcleo central el control de los cuerpos ―en la calle, en la expresión digital, en el trabajo, en la escuela―, el disciplinamiento sexual, la violencia hacia los pueblos originarios y la reducción de la experiencia vital a las valoraciones que de ella haga el mercado.
Como señalan las investigadoras Rosana Pinheiro-Machado y Tatiana Vargas-Maia,11. Pinheiro-Machado, Rosana y Tatiana Vargas-Maia. “Why We Need a New Framework to Study the Far Right in the Global South”, Global Dialogue, 9 de marzo de 2023, visitado el 24 de agosto de 2025, https://tinyurl.com/2bbn6mnm. las nuevas derechas reaccionarias operan con un repertorio que tiende a universalizarse: se nutren de los efectos de la recesión global, del colapso de los Estados de bienestar, del resentimiento de las clases medias empobrecidas y de la revuelta contra las promesas incumplidas de la democracia liberal. En la Argentina, ese repertorio se entrelaza con una cultura conservadora minoritaria pero intensa, que tensiona con ―y presiona por― los avances legislativos progresistas, como las leyes igualitarias de género, y la movilización transfeminista. Reacciona a una historia de lucha por los derechos humanos que estructuraron sentidos comunes democráticos. Ataca la memoria y el proceso de justicia por los crímenes de la última dictadura cívico-militar y reivindica el accionar ilegal de los militares. Y se monta sobre las frustraciones sociales con una economía periférica, dependiente, atravesada por el endeudamiento externo y las expectativas de salvación en la reprimarización y el extractivismo.
La ultraderecha local viene construyendo sus enemigos desde hace más años que el actual gobierno. Decimos enemigos y no adversarios políticos porque la retórica es de polarización extrema, odio y, en algunos casos, deshumanización. No se trata solo de una confrontación política intensa, sino de mecanismos de desdemocratización que erosionan la posibilidad misma del disenso y la reemplazan por una lógica de aniquilación simbólica del adversario. Todas estas son operaciones de clausura del debate público. Los discursos que promueven el odio contra periodistas, pueblos originarios, migrantes, feministas, disidencias sexuales, personas que trabajan en el sector público o en sectores políticamente antagónicos habilitan prácticas discriminatorias y violencia política: despojan de valía a quienes nombran como “otras/os”. En Argentina comenzamos a notar que esa agresividad promovida desde sectores del gobierno se horizontaliza, es decir, es tomada socialmente de forma capilar ―si miramos con detenimiento los recorridos de quienes atentaron contra Cristina Fernández,22. La expresidenta sufrió un intento de asesinato en la puerta de su domicilio, cuando saludaba a manifestantes que se habían acercado a solidarizarse con ella, en medio de un proceso judicial en su contra denunciado por numerosas irregularidades. El perpetrador gatilló una pistola dos veces, pero no salió la munición. vamos a encontrar que participaban de la afectividad polarizante, odiosa, hacia el partido de la expresidenta―. Sabemos que no hay democracia sin disenso y que, de base, requiere reglas compartidas, mutuo reconocimiento y un lenguaje común. Esto está amenazado por la retórica política actual.
La reducción del espacio cívico y la criminalización de la protesta han sido pilares de esta nueva configuración autoritaria con el gobierno de Milei. El Ministerio de Seguridad impulsó, con mensajes de ley y orden, un Protocolo Anti Protestas33. Ministerio de Seguridad, Presidencia de la Nación, República de Argentina, “Resolución 943/2023” del 14 de diciembre de 2023, visitado el 22 de julio de 2025, https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215. que convirtió casi cualquier manifestación pública en un delito. Esta norma establece que cualquier protesta que se realice con cortes de calles o rutas constituye un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. Con el correr de los meses, el gobierno agudizó su postura y pasó a inscribir las manifestaciones en una narrativa antiterrorista y de desestabilización institucional. A partir de la implementación del protocolo se habilitó como regla el uso de la fuerza, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, los allanamientos a organizaciones sociales y se intensificó la estigmatización de la militancia. Y es que también contiene disposiciones que permiten recabar información para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas. La represión no se presenta como un exceso ni como un error: es una política deliberada orientada a desalentar la protesta y aislar a quienes reclaman.
En paralelo, la reestructuración económica y el achicamiento del Estado implicó una transferencia brutal de recursos desde las mayorías populares y clases medias hacia los sectores más ricos. Se recortaron políticas jubilatorias, de salud, educación, cuidados y subsidios a los servicios, mientras se otorgaban beneficios fiscales y regulatorios a grandes empresas y evasores. Estas medidas están impactando a las familias en general y directamente a las personas mayores ―sobre cuyas pensiones recayó el grueso del ajuste―, a las mujeres que ven reprivatizados los cuidados, a las personas trans, y a las personas con discapacidad. Las políticas de salud sexual y reproductiva fueron desfinanciadas en los primeros días de gobierno, en 2024.
El modelo económico adoptado se sostiene en una matriz extractivista, desindustrializadora y alejada de cualquier proyecto igualitario. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) cristaliza un modelo de economía orientada a la exportación de bienes primarios, sin protección ambiental ni respeto por los derechos de las comunidades locales. Los pueblos originarios han sido criminalizados por ocupar territorios ―cuya propiedad ancestral reclaman― codiciados por el capital extractivo. El gobierno lleva adelante una política de “seguridad productiva”, que le permitiría hasta militarizar los territorios para garantizar la continuidad de las actividades empresariales, desactivando así conflictos sociales por la fuerza.
En este contexto, el gobierno fortaleció el sistema de vigilancia estatal. La ampliación de la noción de “terrorismo” y la habilitación a la militarización de zonas de la seguridad interna, como la frontera norte del país, presionan sobre todo sobre las organizaciones sociales, los movimientos populares y las disidencias. El aparato de inteligencia también recuperó protagonismo, presupuesto, discrecionalidad en el uso de fondos y nuevas facultades amparado en un discurso de combate a supuestas amenazas globales y nacionales.
El gobierno también avanzó con una estrategia explícita de ataque a la memoria democrática de la dictadura. Reivindicó la violencia estatal e ilegal de aquellos años, vació las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y atacó a los organismos de derechos humanos. La figura de Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y nexo con los militares condenados por delitos de lesa humanidad, expresa con claridad este proyecto: reescribir la historia reciente.
En el corazón de este proyecto autoritario se encuentra el control de la posibilidad reproductiva de los cuerpos, el retorno a un orden sexual y régimen político centrado en la familia nuclear heterosexual, la anulación de las formas disidentes de vida, como las de las existencias trans. En los meses recientes, en distintos países, y sin dudas en Estados Unidos y Argentina, buscan instalar como problema la baja de natalidad, con el consecuente ataque a las políticas de autonomía corporal de mujeres y niñas. No se trata de un aspecto secundario, sino del ataque frontal al movimiento global más potente y articulado de emancipación. Este objetivo disciplinador es el núcleo ideológico y estratégico de la ultraderecha contemporánea y en este punto se intersectan todas las extremas derechas del mundo.
A su vez, el gobierno de Milei expresa un fuerte coloniaje cultural y simbólico. La política exterior del Estado pasó a estar alineada automáticamente con Estados Unidos e Israel. Viene desplegando una política hostil hacia el sistema internacional de protección de los derechos humanos: desde el desprecio explícito a los organismos multilaterales por considerarlos “ideologizados”, hasta desestimar acuerdos de protección y deslegitimar el sistema con argumentos nacionalistas ante lo que considera una cultura “globalista” contraria a la soberanía. Estas posiciones aparatosas y por momentos bufonescas juegan a rechazar los compromisos asumidos por el Estado argentino sobre protección de los derechos humanos y buscan desanclar la política pública de los estándares jurídicos internacionales. Esto no hace más que debilitar los mecanismos de protección y justificar renovadas arbitrariedades estatales.
No todos los gobiernos neoliberales son desdemocratizadores ―aunque podamos coincidir en que con desigualdad se desdibuja el sentido profundo de la democracia―. Pero hay una forma específica de gobierno ―la de la ultraderecha autoritaria― que combina neoliberalismo extremo con prácticas institucionales y culturales de erosión democrática. Lo que distingue a estos gobiernos es la forma en que reorganizan el poder político, gobiernan por decreto, desarticulan los mecanismos de control y niegan la diversidad, la otredad y el pluralismo y la organización colectiva como principios básicos de convivencia democrática.
Como parámetro, podríamos decir que un gobierno es desdemocratizador cuando no solo limita el acceso a derechos, sino también cuando modifica las condiciones materiales y simbólicas que hacen que esos derechos sean exigibles, defendibles y disputables colectivamente. Se vuelve autoritario cuando vacía de contenido el sistema representativo, debilita las instituciones de contrapeso, criminaliza el disenso, estigmatiza o deshumaniza grupos sociales, convierte el disentimiento en amenaza política y utiliza el aparato del Estado para consolidar un modelo de exclusión.
Nos parece importante mostrar la cara fascista del fenómeno político actual. Esta caracterización política no sólo parte de la experiencia y la memoria militante, sino también desde perspectivas analíticas. Con fascismo nos referimos a un fenómeno que puede ser político, ideológico y una práctica social. Para el investigador Robert Paxton,44. Robert O. Paxton, Anatomía del fascismo (Madrid: Capitán Swing Libros, 2019). se despliega en una secuencia de etapas en las que un movimiento autoritario crece, se inserta en la política formal, accede al poder y lo ejerce con métodos represivos y excluyentes. El corazón de este movimiento no está en sus principios doctrinarios, sino en su capacidad de movilizar frustraciones colectivas y canalizarlas contra enemigos internos, reales o construidos. Sus características pueden variar de país en país, pero ―y porque― no es una ideología rígida, sino una dinámica de poder sumamente plástica.
A diferencia de los gobiernos neoliberales que ya vivimos en nuestra región latinoamericana, estos gobiernos naturalizan y moralizan la desigualdad: quienes no tienen derechos no se esforzaron lo suficiente. No sólo desfinancian las políticas sociales sino que atacan a quienes demandan un Estado presente. Los derechos son presentados desde ese prisma, como un robo y una apropiación ilegítima e inmoral de la renta. El sustrato de esa retórica es racista, patriarcal y colonial. Mientras tanto se fortalecen las oligarquías económicas que, en muchos países con gobiernos de ultraderecha, son parte de la gestión del Estado. A través de la búsqueda de restauración de viejas jerarquías sociales de género, de clase, de etnia, de sexualidad, vemos cómo el control sobre los cuerpos se presenta tan central como el ajuste fiscal.
En este contexto, la perspectiva de derechos humanos es no sólo un instrumento jurídico o una tradición política acordada luego del horror de la Segunda Guerra Mundial, sino un marco para analizar las formas que adopta el desgaste de la democracia. Desde esta mirada, no basta con observar la legalidad de los actos de gobierno: es necesario indagar qué instituciones se vacían, cuáles se fortalecen, qué grupos son objeto de represión o exclusión sistemática, cómo circula la violencia social, qué relatos sobre la historia y la sociedad se imponen y qué condiciones de posibilidad quedan abiertas o clausuradas para la participación política.
Otro vector a tener en cuenta son las acciones de gobierno que mantienen intactas algunas formas de la democracia, como las elecciones, la división de poderes, mientras vacía de sentido otros contenidos democráticos fundamentales: el control real entre los poderes institucionales y la apertura al control popular, el principio de igualdad, la inclusión, el reconocimiento de la diferencia, la justicia social. Es ahí donde se anudan las derechas autoritarias contemporáneas: en el simulacro democrático.
Si bien no estamos frente a regímenes totalitarios o autoritarios clásicos, muchas de sus dinámicas políticas, sociales y, sobre todo, afectivas persisten y se actualizan en estas democracias con gobiernos de ultraderecha. Lo que está en juego no es solo la concentración del poder, sino también el tipo de movilización social que se promueve: una movilización reaccionaria, emocional, que se nutre del resentimiento y del miedo. Así construye enemigos internos, que resultan expulsados del campo de lo humano o ciudadano.
Los desafíos, por lo tanto, se multiplican, no hay recetas ni planes infalibles. Durante 2024 y 2025, las calles argentinas, como las de Estados Unidos, Serbia, Alemania, mostraron que la crisis de representación no es necesariamente una crisis de la política. Hubo creatividad social, formas nuevas de protesta y movilización y articulaciones inesperadas.
Desde las organizaciones de derechos humanos tenemos el desafío de resistir el avance autoritario, sin quedar atrapadas en discursos conservadores o formalistas. Necesitamos poder imaginar el mundo en que queremos vivir, con nuevas tramas, más amplias, que incluyan a los transfeminismos, los movimientos ambientales, los sindicatos, las juventudes y los pueblos originarios.
En este contexto de peligro, los derechos humanos no pueden ser un piso de aspiraciones mínimas, sino un dispositivo político que levante la voz para imaginar un horizonte de transformación radical. Estamos disputando el sentido de la democracia. Frente a una ultraderecha global que se presenta como cambio y como orden, proponemos radicalizar desde nuestras propias rupturas: con la desigualdad, con la opresión sexogenérica, con el colonialismo y con los poderes concentrados.
Nombrarnos defensoras y defensores de derechos humanos, antifascistas, hoy, es nombrar una ética y una práctica. Es aportar a recobrar el sentido común jaqueado por la ultraderecha, un sentido común democrático que dice cuestiones básicas: que rechazamos la tortura y los crímenes contra la humanidad, que defendemos la libertad de expresión, que defendemos el derecho al aborto, que las vidas trans importan y son valiosas, que tener salud y educación son acuerdos democráticos emancipatorios, que la libertad es otra cosa diferente al consumo, que la vigilancia política debe estar prohibida, que el medio ambiente es un legado y no un bien a explotar.
La disputa es ahora. Y es por todo.
