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Hace cinco años, el 26 de abril de 2012, Chut Wutty, un valiente defensor camboyano del derecho a la tierra, fue asesinado a tiros por la policía militar camboyana. Fue esta muerte la que llevó a Global Witness a iniciar una campaña que documentaría anualmente los asesinatos de defensores de la tierra y del medioambiente de todo el mundo, y es que Chut Wutty era un viejo colega nuestro y su muerte nos despertó a la terrible realidad de las amenazas a las que se enfrentan cada día muchas personas comunes defendiendo sus tierra y sus derechos.
Desde entonces nuestros informes anuales han documentado un creciente aumento de estos asesinatos. Aun así, sabemos que probablemente solo estemos viendo la punta del iceberg, pues este es un tema sobre el que hay muy poca información, y además el informe anual no incluye las amenazas y acoso jurídico y físico al que se enfrentan miles de personas más, principalmente porque son muy difíciles de documentar.
Los defensores de la tierra y del medioambiente son personas comunes que han descubierto de repente que las tierras de sus comunidades han sido vendidas, sin su conocimiento ni consentimiento, para desarrollo industrial, como una represa, mina, bloque petrolero, concesión de explotación forestal o plantación agrícola. Estos acuerdos son por lo general corruptos, lo que quiere decir que los políticos y funcionarios involucrados se han beneficiado personalmente de algún modo y ahora deben su lealtad no a los ciudadanos a los que deberían representar, sino a alguna u otra corporación. Si el poder judicial y las fuerzas policiales también han sido comprados, estas comunidades locales están solas. Los órganos estatales que deberían protegerlas se han convertido en el propio mecanismo que las amenaza y las despoja de las vías legales de reparación. Así que hacen lo único que pueden hacer, protestan; se manifiestan, bloquean carreteras de acceso, deshabilitan maquinaría, y por estas acciones son amenazados, golpeados y, demasiado a menudo, asesinados.
Estos asesinatos son una puerta de entrada a un tema mucho mayor. Los recursos naturales valen mucho dinero y cuanto más escasos son, más las empresas quieren controlarlos. El afán por la riqueza de los recursos naturales dio lugar a las empresas de bucaneros y el colonialismo privado ejemplificado por la Compañía Británica de las Indias Orientales y el Congo del rey Leopoldo en los siglos XVIII y XIX, y esto ha continuado de una manera similar desde entonces, aunque con otros actores.
Hoy el sistema funciona según unos principios bien parecidos, pero en muchos aspectos importantes es menos visible. Los recursos continúan saliendo de modo inexorable hacia los países consumidores ricos, al igual que durante el colonialismo de explotación, pero ahora gran parte del dinero ingresado desaparece en cuentas secretas a nombre de empresas con propietarios anónimos, en paraísos fiscales o jurisdicciones que aplican el secreto fiscal. Solo en algunas ocasiones, gracias a alguna filtración de datos como la de los Papeles de Panamá, se vuelve posible identificar a los verdaderos propietarios de estas empresas y conocer la escala del saqueo que sufren algunos de los países más pobres del mundo.
Los artículos en esta edición de la Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos reúnen algunos estudios de caso impresionantes y críticos que muestran que la explotación de los recursos naturales es una de las principales causas de violaciones de los derechos humanos. El acaparamiento de tierras, la inestabilidad, la exacerbación de la pobreza, la destrucción y contaminación de tierras esenciales para las comunidades indígenas y otras y, en el peor de los casos, los asesinatos y las guerras, son demasiado a menudo resultados directos de la extracción de petróleo y minerales, proyectos de energía renovable, tala de bosques y agricultura industrial.
El papel de la ley en evitar la explotación
Afganistán tiene una plétora de legislación y reglamentos para proteger su enorme riqueza mineral; recursos que la coalición internacional que trabaja para traer la paz al país pregona como su salvación. Sin embargo, Javed Noorani (Afganistán), presenta una imagen perturbadora sobre cómo funciona la explotación de los recursos naturales en el contexto de la corrupción, inestabilidad y mala gobernanza. Su estudio de caso describe cómo, a pesar de un marco jurídico teóricamente robusto, los políticos corruptos, los señores de la guerra y los insurgentes talibanes están todos sacando provecho de los minerales, enriqueciéndose, financiando sus guerras y saqueando al Estado. Silas Siakor (Liberia) ofrece una imperiosa descripción del daño causado por la corrupta explotación de recursos naturales en Liberia. Cuenta en detalle cómo la sociedad civil del país se unió para exigir un mejor marco jurídico, concretamente en el sector forestal, con el objetivo de garantizar que las graves violaciones de derechos humanos infligidas sobre la población local no se volviesen a repetir. Fue la organización de Silas, junto con Global Witness, quienes trabajaron para documentar, exponer y luchar contra el comercio de madera-por-armas del (entonces) presidente Charles Taylor, el cual condujo en última instancia a las sanciones de las Naciones Unidas sobre la madera liberiana.
El papel del Estado y de las empresas privadas en la explotación de los recursos naturales
Aseil Abu-Baker (EE.UU.) describe cómo, además de la fuerza militar y la construcción del muro de Cisjordania, Israel ejerce un control definitivo de los territorios ocupados, a través de la empresa de agua Mekorot de propiedad del Estado, al utilizar el agua como arma de poder y golpear así el corazón mismo de los derechos de las personas. Las órdenes militares, un acuerdo no equitativo sobre el uso compartido del agua, y un régimen de planificación y permiso discriminatorio, crean y mantienen un sistema de control exhaustivo sobre los recursos hídricos, garantizando que los palestinos no puedan ejercer sus derechos soberanos sobre sus recursos hídricos. Aseil pasa a describir cómo Israel ha creado de hecho un sistema de “apartheid del agua”. De modo similar, Renzo Alexander García (Colombia) ofrece un breve resumen del reciente, y muy innovador, referéndum popular en el municipio de Cajamarca, Colombia. Aunque la población local ha demostrado abrumadoramente que no quiere una presencia minera en su región, el gobierno de Colombia está amenazando anular una decisión democrática, a pesar de que el modo como fue obtenida esté protegido por la Constitución colombiana. Las consecuencias devastadoras de la avaricia e inactividad corporativa y estatal están pormenorizadas en la contribución de Michael Power y Manson Gwanyanya (Sudáfrica). Ellos describen con detalles estremecedores las circunstancias que condujeron a la masacre de 34 mineros, perpetuada por la policía en 2012 en Marikana, en la provincia noroccidental de Sudáfrica. Finalmente, Caio Borges (Brasil) y Tchenna Fernandes Maso (Brasil) discuten cómo la destrucción de la cuenca del río Doce con la ruptura de la represa de desechos de minería de la empresa Samarco en 2015 es un caso emblemático de la tensa relación entre garantizar derechos humanos dentro de los estándares internacionales y la acción de las empresas, especialmente las empresas transnacionales en los países del Sul Global.
La explotación de recursos naturales y el cambio climático
Los acontecimientos en Marikana, Sudáfrica y en Mariana, Brasil muestran, con una claridad devastadora, las consecuencias inmediatas de la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, con demasiada frecuencia se olvida el impacto de la explotación de los recursos naturales en el clima. Tessa Khan (Bangladesh/Australia) no solo muestra que el cambio climático es uno de los impulsores más poderosos, incluso apocalípticos, de las violaciones de derechos humanos, sino que señala también la necesidad de que rindan cuentas aquellos que no limitan las emisiones de carbono, y enumera una serie de ejemplos de creativos procesos judiciales iniciados contra empresas y gobiernos, que los obligan a emprender acciones. Vemos la necesidad de exigir responsabilidades a los gobiernos en la contribución de Michael Klare (Estados Unidos). Las empresas petroleras son maestros consumados en blandir su poder de influencia y practicar la corrupción directa para esquivar o debilitar las regulaciones económicas y medioambientales en el Sur Global, y ahora, en el boom de la fracturación hidráulica (fracking), están utilizando las mismas estrategias en los EE.UU. y Canadá que emplearon antes por todo el Sur Global. Además, en un intento de ilustrar que el cambio climático ya está teniendo un impacto muy real en la vida de los individuos, está edición de la revista incluye el trabajo de dos fotógrafos: Jashim Salam y Khaled Hassan (Bangladesh). Sus bellas, si bien inquietantes imágenes, muestran cómo se están adaptando dos comunidades del delta del Ganges a su nueva realidad, ya que el cambio climático causa estragos en su vida cotidiana.
El papel de los individuos en la protección de nuestros recursos naturales
Son los individuos quienes deben estar en el centro de cualquier debate sobre la explotación de los recursos naturales. No solo porque son sus derechos humanos los que están siendo violados sistemáticamente en la explotación de los recursos naturales sino también porque son estos individuos quienes están resistiendo a las empresas estatales y privadas, arriesgando a menudo sus vidas al hacerlo. La vida y misión de Berta Cáceres, una de las más importantes defensoras de derechos humanos de nuestro tiempo, es celebrada con elocuencia por Patricia Ardón y Daysi Flores. Lejos de silenciarla, el asesinato de Berta en 2015 elevó su trabajo a una escala global. Su legado principal es ser una inspiración para los movimientos sociales liderados por comunidades de todo el mundo, y para el papel de liderazgo de las mujeres en estos movimientos. El filántropo Alex Soros (EE.UU.), escribe un artículo de opinión sobre el papel crucial desempeñado por los defensores de derechos humanos y del medioambiente y la responsabilidad que tienen aquellos con recursos de apoyar su trabajo.
Sur 25 también presenta los perfiles de tres mujeres que luchan por los derechos humanos y ambientales, inspiradas por sus creencias religiosas y que pertenecen a comunidades fuertemente afectadas por la explotación de los recursos (deforestación, extractivismo, monocultivo, etc.). Beata Tsosie Peña (EE.UU.), Jennifer Domínguez (Guatemala) y Jôice Cleide Santiago dos Santos (Brasil) fueron tres de las participantes de la conferencia multireligiosa “Fe y Clima” que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en mayo de 2017. El objetivo del encuentro era discutir sobre el cambio climático y fortalecer una red de defensa de derechos.
Reconociendo la necesidad de encontrar otras maneras de conectarse con nuevos públicos, la Revista Sur se complace en presentar el extracto de una historieta gráfica, La Lucha: La historia de Lucha Castro y los derechos humanos en México, idea original de Front Line Defenders. La historieta relata los peligros del trabajo cotidiano de los defensores de derechos humanos en México, y está contextualizada con un prefacio de Lucha Castro, sobre cuyo crucial trabajo está basada la historieta.
Siguiendo en México, tenemos el honor de presentar dos contribuciones del país. En primer lugar, Alejandro Anaya Muñoz examina el desarrollo de los regímenes internacionales de derechos humanos, en un contexto de relaciones internacionales. El texto es de fundamental importancia para cualquier persona interesada o estudiando RI o derechos humanos. Una serie de autores (Santiago Aguirre Espinosa, Stephanie Brewer, Sofía de Robina y María Luisa Aguilar) del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) discuten la innovadora manera en que el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigó el caso de 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y analizan por qué su metodología puede ser considerada un ejemplo de mejores prácticas para investigaciones similares en el futuro.
Basándose en un reciente informe que sostiene que la violencia en México llega a ser un crimen contra la humanidad, Marlon Alberto Weichert (Brasil) se pregunta si lo mismo se puede decir sobre Brasil y la desproporcionada violencia infligida sobre la joven población negra. Completando nuestra serie de artículos en profundidad, Vincent Ploton (Francia) analiza los recientes desarrollos en los organismos creados en virtud de tratados de la ONU, enfocándose en particular en cómo sus recomendaciones podrían ser más eficaces. Se basa en el éxito de recientes innovaciones emprendidas por el Comité contra la Tortura.
Juan E. Méndez (Argentina) conversa con la Revista Sur sobre sus seis años como Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.. Explica cómo sus tempranas experiencias en Argentina influenciaron el trabajo al que ha dedicado su vida, cómo fue asignado Relator Especial y sus logros durante su mandato.
Sur siempre intenta incluir material que sus lectores puedan poner en práctica. Irit Tamir (EE.UU.) ofrece excelentes sugerencias sobre cómo crear una campaña eficaz, basándose en la campaña extremamente exitosa de Oxfam “Tras la marca” (Behind the Brands, en su denominación original en inglés) que buscó influenciar las políticas de suministro de las diez mayores empresas de comida y bebida del mundo.
Médicos Sin Fronteras (MSF) apareció en los titulares de la prensa internacional tras su decisión de rechazar en 2016 más financiamiento de la Unión Europea (UE), argumentando que estaba en contra de la política migratoria de la UE. Aquí Susana de Deus (Portugal) y Renata Reis (Brasil) hablan del proceso y la controversia, detrás de esta decisión.
El miembro del consejo asesor de la Revista Sur y académico internacionalmente reconocido de los derechos humanos, Philip Alston (Australia) ofrece su perspectiva sobre la situación del movimiento de derechos humanos y cómo este debe – urgentemente – responder para conservar su importancia.
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Finalmente queremos destacar que esta edición de la Revista Sur ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Ford, Instituto Clima e Sociedade (Instituto Clima y Sociedad o iCS), Open Society Foundations, Oak Foundation, Sigrid Rausing Trust, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA por sus siglas en inglés), además de algunos donantes anónimos.
También estamos extremadamente agradecidos a las siguientes personas por ayudar con esta edición: Akemi Kamimura, Ana Carolina Alfinito, Aparecida H. Soares, Bonita Meyersfeld, Bruno Huberman, Caio Borges, Celina Lagrutta, Daniella Hiche, Evandro Lisboa Freire, Fernando Campos Leza, Fernando Sciré, Josua Loots, Karen Lang, Kristina Ardaga, María José Guembe, Muriel Asseraf, Renato Barreto, Sebastián Porrúa, Stephen Carter, Tom Lomax y Vivian Calderoni. Adicionalmente, Conectas Derechos Humanos está particularmente agradecida a la colaboración de los autores y autoras así como al trabajo duro del equipo editorial y el consejo ejecutivo de la Revista.
Y finalmente el equipo de comunicación de Conectas merece un gran reconocimiento por su dedicación en esta edición. Como siempre apreciamos enormemente el inestimable apoyo y asesoramiento proporcionado por los directores de Conectas Derechos Humanos, Juana Kweitel y Marcos Fuchs.
