Voces

Reflexionar para avanzar

Laura Dupuy Lasserre

Diez años del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

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RESUMEN

En la celebración del décimo aniversario del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU), Laura Dupuy Lasserre examina sus logros y cómo el Consejo puede mejorar en los próximos años. Dupuy Lasserre analiza en particular el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) y su importancia como mecanismo de lucha por la realización de los derechos humanos. Ella señala que una mayor coordinación entre los mecanismos de protección regional de los derechos humanos en África, Europa, las Américas y el CDH de la ONU puede fortalecer los debates internacionales. En su texto, recuerda que los países del Sur Global tuvieron un papel positivo en el Consejo, planteando cuestiones que muestran la interdependencia de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. Ella llega a la conclusión de que la CDH aseguró la existencia de un foro que, al mismo tiempo, ofrece un rol a cada país participante y un espacio de trabajo en conjunto para construir un mundo más justo basado en los principios de la ONU.

Palabras Clave

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A diez años del establecimiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es bueno reflexionar sobre los logros en este ámbito y sobre las mejoras posibles para atender los desafíos en materia de pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas.

Sin lugar a dudas el Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU ha sido un mecanismo innovador, de evaluación entre pares, que conlleva una representación de alto nivel al momento de la presentación país. Ello, unido a que también participan de una manera u otra, en las distintas etapas del proceso, actores de la sociedad civil, como ONG o INDH, redunda en un impacto mayor en el terreno, a la hora del seguimiento de recomendaciones formuladas.

El proceso del EPU tiende a reflejar las formas de convivencia social y participación política de cada uno de los países y a su vez, asumido de buena fe, tiene el potencial de incidir en la profundización de una sociedad democrática, al ser una oportunidad de diálogo y participación social. El riesgo es que sea asumido de manera superficial como un trámite más para aportar respuestas a veces vacías de contenido o no sinceras ante el Consejo, sin la etapa nacional previa y posterior de intercambio de ideas interinstitucional, con todos los Poderes del Estado y con representantes de la sociedad civil. En tal sentido el seguimiento de todas las recomendaciones se torna muy relevante, y a ello pueden contribuir desde fuera – entre otros – los órganos de tratados, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, los sistemas regionales de derechos humanos, además de las oficinas de la OACNUDH y de Naciones Unidas y las ONG.

Respecto al foro internacional propiamente, el mismo brinda la oportunidad a los Estados de comprometerse públicamente una vez más en valores, mostrar los esfuerzos realizados – dentro de los recursos disponibles –, identificar falencias que ameritan nuevos esfuerzos – y eventualmente apoyo de la comunidad internacional –, y compartir buenas prácticas.

Si hay algo que ha quedado en claro es que cada país – sin importar su nivel de desarrollo – puede sentirse orgulloso de algún logro y mostrarlo, lo cual por su parte resulta inspirador para otros países.

Los Estados que participan en el diálogo lo hacen con críticas constructivas, buscando una superación de su par, y ello en sí mismo es un cambio de tono y espíritu, pasándose de una crítica aislada por tema o por país a una lógica de estímulo a la mejora integral de un país, que permite identificar áreas a priorizar o donde cooperar, siempre conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Más allá del EPU, merece la pena destacar la evolución positiva – salvo excepciones que entendemos puedan ser transitorias – hacia un compromiso con la democracia por parte de los países, siendo una sociedad democrática en que impere el estado de Derecho la garantía para el goce de los derechos humanos.

Si bien este nexo entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos y libertades fundamentales es bien conocido, no era siempre valorado y vocalizado por líderes políticos.

Es indudablemente igual de fundamental para que una sociedad sea estable y pacífica y, por lo tanto, para prevenir conflictos internos y externos. De ahí que la agenda de derechos humanos a futuro deba profundizarse con esa perspectiva, de que se trata de una inversión, no de un gasto y que tiene un alto impacto o potencial preventivo.

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Este énfasis en la democracia – entendida no solo como elecciones periódicas –, Estado de Derecho y derechos humanos y libertades fundamentales se refuerza por compromisos regionales o subregionales varios. De ahí la importancia de los sistemas de derechos humanos como el europeo, el interamericano, o el africano – que ha venido fortaleciéndose tanto con informes país, como con análisis temáticos en cuestiones sensibles en muchas sociedades – y otros sistemas más recientes, prácticamente en construcción, pues generan sinergias con el sistema universal de la ONU. La coordinación entre estos mecanismos debe incrementarse.

Estos sistemas, además de brindar un seguimiento más cercano a las realidades de los países de la región o subregión, pueden llegar a consensos en temas, que luego puedan llevarse a la arena internacional como un insumo valioso.

Pudiera ser el caso del sistema interamericano trabajando en torno al combate a las distintas formas de discriminación, sea vía un instrumento jurídico, sea vía un compromiso de autoridades sectoriales como las de la salud, por ejemplo al abordar la inclusión de las personas LGBTI. Fue el caso de la decisión tomada en la Organización Panamericana de la Salud, que incluye a los países del Caribe, luego llevada a la Organización Mundial de la Salud por el GRUA,11. Grupo Regional de Naciones Unidas, en este caso, el GRULAC. como ejemplo de la necesaria superación de prácticas, políticas o normas nacionales de larga data que requieren ser revisadas para abordar integral y adecuadamente – conforme a derechos – una problemática de salud. En el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, en 2014 algunos países latinoamericanos tuvieron la iniciativa de volver a abordar la temática de la orientación sexual e identidad de género para contribuir al combate a la violencia y la discriminación por estos motivos y promover en cambio la inclusión social y el respeto de los derechos propios a toda persona.

Del mismo modo, en lo intergubernamental, países de una determinada región, tras intercambios de experiencias valiosas, pueden llegar a compromisos políticos de avanzar en normas, políticas públicas o prácticas que han demostrado ser eficaces y eficientes. Entre los mismos podría citarse el seguimiento en América Latina y el Caribe, con el apoyo de la CEPAL, a la Declaración de El Cairo de 1994 sobre población y desarrollo, de Naciones Unidas, que diera lugar al Consenso de Montevideo de 2013 y ahora a una guía operativa que aborda muy diversos temas, muchos sensibles aún, como la salud sexual y reproductiva, tema fundamental para las mujeres y muy especialmente para evitar embarazos adolescentes y muertes maternas prevenibles.

En definitiva, los países en desarrollo no han evitado los debates sobre temas sensibles en el Consejo de Derechos Humanos, aunque es cierto que tienden a polarizarse innecesariamente, al reflejar muchas delegaciones la normativa país o posicionamiento de algunos líderes políticos. Los temas sensibles requieren cambios culturales y ello difícilmente se haga de la noche a la mañana vía un único debate público, que justamente por ser público rigidiza más las posiciones.

El compromiso de otros países del Sur puede contribuir a una evolución de posiciones nacionales, especialmente si se constata que no se trata de imponer formas de pensamiento único, ni de condicionar toda la cooperación a un tema de interés del donante y, por el contrario, se muestra una experiencia exitosa desde el punto de vista social, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían ser el marco para progresar en ese sentido, al permear la agenda de derechos humanos todas las metas.

Los países en desarrollo han traído al Consejo de Derechos Humanos con más fuerza las cuestiones que hacen al goce de los derechos económicos, sociales y culturales, como interdependientes de los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales. Han sido pioneros en varios temas como el derecho al agua potable y al saneamiento, derechos humanos y cambio climático, derecho a una vivienda adecuada, ejemplos de estrategias de políticas sociales para el combate a la pobreza extrema y superación de la pobreza y de relevancia en situaciones de crisis, etc.

Igualmente, en base a sus experiencias históricas, han trabajado fuertemente en el derecho a la verdad, la negociación de una Convención contra las desapariciones forzadas, entre otros.

Si bien la diversidad en el mundo es grande, el camino a no seguir es el del relativismo cultural en lo que se refiere a valores que son comunes a la Humanidad y que hacen a la dignidad de la persona.

El Consejo ha permitido mostrar el rol que cabe a cada uno de los países de la comunidad internacional, trabajando con un mismo objetivo, en base a los principios y propósitos de las Naciones Unidas, teniendo presente que los pilares de derechos humanos, paz y seguridad y desarrollo están entrelazados.

Laura Dupuy Lasserre - Uruguay

V. Exa. Embajadora Laura Dupuy Lasserre fue Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (junio 2011 al diciembre 2012, 6º ciclo, nombrada por el GRULAC) y fue Representante Permanente de Uruguay junto a la Oficina de la ONU y otras organizaciones especializadas en Ginebra (octubre 2009 al octubre 2014). Fue también Presidente-Relatora del Foro Social 2010 del Consejo de Derechos Humanos: “Cambio Climático y Derechos Humanos” (4 al 6 de octubre 2010). Actualmente, es Directora-General de Asuntos Técnicos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Recibido en mayo de 2016

Original en español