Una mirada sobre las estrategias de combate al prohibicionismo
El prohibicionismo como política de drogas es responsable de diversas violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Este artículo presenta algunas de esas violaciones y repasa lo que las ONG de derechos humanos pueden hacer para combatirlas. Como idea central, el autor indica que el medio más eficaz para ello pasa por ampliar derechos y limitar los poderes de control estatal.
“Parece imposible, hasta que se hace.” Una de las frases más célebres atribuidas a Nelson Mandela (1918-2013) puede aplicarse perfectamente al debate cada vez más consistente y riguroso que cuestiona la política prohibicionista de drogas en todo el mundo. En la maraña de cuestionamientos respecto al tema, uno en particular merece una reflexión más atenta: ¿por qué las organizaciones de derechos humanos deben actuar en este debate, y de qué forma?
Si en 1971 el entonces presidente estadounidense Richard Nixon anunciaba que “el enemigo público número uno de los Estados Unidos es el abuso de drogas”11. “Richard Nixon,” The American Presidency Project, June 17, 1971, visitado en julio de 2015, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3048. —momento que se considera como el hito inicial de la llamada “guerra contra las drogas”—, hoy un joven habitante de Denver, en el estado de Colorado, puede ir a la esquina y comprar legalmente hasta 28 gramos de marihuana al mes para su consumo recreativo. Si estuviera en San Francisco, California, desde 1996 podría usar marihuana medicinal para luchar contra los dolores crónicos.
“Si buscamos un mundo cuyo eje principal se base en el respeto a los derechos humanos, el antiprohibicionismo debería ser el modelo de todos”
¿A qué se debe que se estén produciendo tantos cambios, de modo relativamente rápido, no solo en Estados Unidos, sino también en países tan diversos como Portugal, Holanda, Finlandia, España y Uruguay, donde se han aprobado políticas en materia de drogas que avanzan en mayor o menor grado en dirección opuesta al prohibicionismo?
Resulta difícil esbozar una única respuesta que dialogue con tantas realidades distintas, pero parece cierto que, si buscamos un mundo cuyo eje principal se base en el respeto a los derechos humanos, el antiprohibicionismo debería ser el modelo de todos.
Algunas de las características intrínsecas a la lógica represora de la guerra contra las drogas son las violaciones de derechos de las comunidades afectadas por la violencia, el encarcelamiento masivo, la selectividad de la justicia penal, las prácticas policiales abusivas en las calles, la militarización de las políticas de seguridad y las deficientes políticas de salud.
“La constatación del fracaso y del inaceptable grado de violaciones que representa la guerra contra las drogas no es nada exclusivo de los países en desarrollo o periféricos”
A pesar de las violaciones que perpetúa, la política prohibicionista es, también, uno de los principales incentivos para la formación de organizaciones criminales armadas, ya que la violencia es el modo principal de regulación de los mercados ilegales. Como consecuencia, el tráfico de estupefacientes va necesariamente acompañado del tráfico de armas, de disputas de territorios, corrupción y solapamiento de las instituciones democráticas, especialmente de las policías, la justicia y las instituciones de gobierno. Países como Colombia,22. Michael Reid, “Una región amenazada por el narcotráfico” in Diego Gárcía Sayán, Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes (Bogotá: Comisión Andina de Juristas, 2013). México,33. Véase el informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana en el Examen Periódico Universal de México: “Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal a México,” 4 de marzo de 2013, visitado en julio de 2015, http://www.iccnow.org/documents/informe_conjunto_presentado_por_organizaciones_de_la_sociedad_civil_mexicana.pdf. Brasil44. Como atesta Maria Lucia Karam en “Proibição às drogas e violações a direitos fundamentais” (Leap Brasil, agosto de 2013, visitado en julio de 2015, http://www.leapbrasil.com.br/media/uploads/texto/72_Proibição%20às%20drogas%20e%20violação%20a%20direitos%20fundamentais%20-%20Piau%C3%AD.pdf?1376532185). y los países centroamericanos55. Como atesta Maria Lucia Karam en “Proibição às drogas e violações a direitos fundamentais” (Leap Brasil, agosto de 2013, visitado en julio de 2015, http://www.leapbrasil.com.br/media/uploads/texto/72_Proibição%20às%20drogas%20e%20violação%20a%20direitos%20fundamentais%20-%20Piau%C3%AD.pdf?1376532185). son (algunos de los) destacados ejemplos de esas nefastas consecuencias.
Foto por Eric / CC BY-NC-SA 2.0
En el continente africano, una mirada más detenida en países como Guinea Bissau, Mozambique y algunos del África occidental destapa también las fallas del prohibicionismo. En esa nueva frontera del comercio ilícito de estupefacientes, las redes de tráfico de drogas establecieron raíces explotando los débiles sistemas de gobernanza y las lagunas de la legislación en esos países, lo que ha alimentado la creencia de que esa región es un refugio relativamente seguro para los traficantes. La penalización del uso de drogas y de su tenencia está sometiendo a una considerable presión a la justicia penal, ya de por sí sobrecargada, incitando la corrupción dentro del sistema de justicia y de los cuerpos de policía, provocando un aumento de la violencia y de violaciones de derechos humanos.66. West Africa Commission on Drugs (WACD), Not Just in Transit: Drugs, The State and Society in West Africa (WACD, June, 2014), visitado en julio de 2015, https://www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/IO/WACD_report_June_2014_english.pdf
Pero la constatación del fracaso y del inaceptable grado de violaciones que representa la guerra contra las drogas no es nada exclusivo de los países en desarrollo o periféricos. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, poseen menos del 5% de la población del mundo, pero casi el 25% de la población penitenciaria mundial, lo que le da el título de mayor encarcelador del planeta: una auténtica jailhouse nation77. Expresión utilizada por The Economist: “Jailhouse Nation,” The Economist, 20 de junio de 2015, visitado en julio de 2015, http://www.economist.com/news/leaders/21654619-how-make-americas-penal-system-less-punitive-and-more-effective-jailhouse-nation. (nación prisión). Según los analistas de esa política de encarcelamiento masivo, el resultado es un sistema represivo desigual, que afecta principalmente a negros y latinos.88. Véase el estudio completo en: Drug Policy Alliance, “The Drug War, Mass Incarceration and Race,” junio del 2015, visitado en julio de 2015, http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA_Fact_Sheet_Drug_War_Mass_Incarceration_and_Race_June2015.pdf. Otra fuente sobre el tema: Michelle Alexander, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (New York: The New Press, 2010). Según Loïc Wacquant, la única explicación posible para la desproporcionalidad racial que existe en las prisiones estadunidenses es precisamente la política de guerra contra las drogas lanzada por Nixon y ampliada por las administraciones posteriores.99. Loïc Wacquant, “Deadly symbiosis: When ghetto and prison meet and mesh,” Punishment and Society 3, no. 1 (2001): 95–133, visitado en julio 2015, http://loicwacquant.net/assets/Papers/DEADLYSYMBIOSISPRISONGHETTO.pdf. Destaca el mismo autor que en 10 de los 38 estados en que aumentó la proporción negros x blancos, los negros son encarcelados diez veces más que sus compatriotas de origen europeo.
“Una inmensa variedad de violaciones de derechos humanos es actualmente efecto directo de la política prohibicionista”
Además, la lógica prohibicionista es absolutamente contraproducente: la prohibición del cultivo y consumo de determinada substancia no hace sino aumentar su valor de mercado y, consecuentemente, el interés de sus comerciantes.1010. LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy, Ending the Drug Wars (London: LSE, May 2014), visitado en julio de 2015, http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/LSE-IDEAS-DRUGS-REPORT-FINAL-WEB01.pdf.
En términos generales, podemos afirmar que la política prohibicionista ha generado al menos cinco grandes consecuencias, de carácter mundial: 1. El crecimiento de un considerable mercado negro criminal, financiado por los gigantescos beneficios obtenidos por el tráfico que abastece a la demanda internacional de drogas ilegales; 2. La transposición de experiencias con políticas de drogas de un lugar (región, país, ciudad, etc.) a otro, sin tener en cuenta los contextos locales, o sin acciones coordinadas de cooperación; 3. El desplazamiento geográfico de la producción de drogas, que migra de una región o país a otro —el denominado efecto globo— para eludir la represión sin que la producción y el tráfico disminuyan; 4. El paso de los consumidores de una substancia a otra, debido a que a menudo la represión dificulta el acceso a una determinada droga, pero no a otra, en ocasiones aún más nociva para la salud y la seguridad de las personas; y 5. La estigmatización y marginalización de los consumidores de drogas, tratados como criminales y excluidos de la sociedad.1111. Comisión Global de Políticas sobre Drogas, Guerra contra las drogas, junio de 2014, visitado en julio de 2015, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Portuguese.pdf.
En suma, una inmensa variedad de violaciones de derechos humanos es actualmente efecto directo de la política prohibicionista. Por lo tanto, en cualquier lugar del mundo, una agenda de defensa de los derechos humanos debe pasar necesariamente por la reforma de ese modelo, que se agotó hace mucho tiempo.
Eso es lo que están haciendo diversas organizaciones de derechos humanos, de forma cada vez más coordinada, sustancial y con mayores impactos. Entre las actividades de las organizaciones de derechos humanos, podemos citar brevemente algunas acciones y estrategias, con el fin de apuntar posibles caminos de incidencia real y concreta:1212. Acciones de que hemos tenido conocimiento, principalmente a través de otras organizaciones próximas.
(i) realización de estudios empíricos que indiquen el perfil del preso por tráfico de drogas, a fin de explicitar y denunciar la penalización de los sectores más vulnerables de la sociedad;
(ii) la defensa en juicio de consumidores autocultivadores de marihuana, que en muchos países son detenidos y procesados como traficantes;
(iii) actividades de incidencia legislativa dentro de los países para evitar nuevos retrocesos en leyes sobre la materia y proponer avances que tiendan hacia la despenalización del consumo o la reglamentación de la producción, el comercio y el consumo de determinadas substancias;
(iv) la búsqueda de una reglamentación del acceso a la marihuana medicinal, mediante acciones judiciales centradas en el acceso a la salud o a través de cambios legislativos;
(v) la aproximación a entidades y personalidades de referencia en la sociedad que se posicionen públicamente a favor de la reforma de la política prohibicionista;
(vi) investigaciones sobre el impacto en la salud y la justicia penal de políticas alternativas de drogas en países que ya aplican políticas públicas diferentes;
(vii) la aproximación, intercambio de información y articulación estratégica con actores de diferentes especialidades, como psiquiatras, antropólogos, juristas, sociólogos, policías, etc., para la mejora de posiciones y estrategias de incidencia de forma interdisciplinar;
(viii) la utilización de los mecanismos internacionales de derechos humanos, denunciando los impactos de la política prohibicionista;
(ix) acciones judiciales que cuestionen la constitucionalidad de la prohibición del consumo de determinadas substancias, desde el punto de vista de la libertad individual;
(x) un debate público constante con diferentes sectores de la sociedad (estudiantes, religiosos, funcionarios, periodistas, etc.);
(xi) la producción sistemática de contrainformación, derribando mitos y falsas verdades sobre las alternativas a la política prohibicionista; y
(xii) la utilización de diversas estrategias de comunicación, en todos los medios, especialmente con el fin de fomentar espacios de debate y reflexión para la población.
Estos constituyen meros ejemplos de lo que las organizaciones de derechos humanos han hecho para combatir las violaciones de derechos humanos derivadas de políticas de drogas ineficaces y abusivas. Así, aunque no pretenden ser exhaustivas respecto al tipo de acciones y estrategias posibles, ponen de manifiesto que ha sido mucho lo que se ha hecho. En suma, toda esa enumeración apunta al binomio ampliación de derechos y limitación de poderes como medio eficaz de remediar las violaciones de derechos humanos en este terreno. Y empiezan ya a aflorar resultados por todas partes. Parece imposible…
