Recuperando el espacio cívico

Duterte y la retirada de los donantes

Jonas Bagas

Los políticos populistas y los recortes de financiación en el Sudeste Asiático requieren una acción inmediata

Mirona Iliescu

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RESUMEN

La guerra contra las drogas de Duterte es representativa de la amplia represión sobre la sociedad civil, especialmente contra las comunidades marginadas y la oposición política en Indonesia, Filipinas y Tailandia. Apunta a la fragilidad de los espacios democráticos en la región, que están en riesgo de quedar más debilitados todavía por la transición y retirada de los donantes internacionales. Este artículo analiza los motivos de las retiradas antes de describir cómo la sociedad civil y los donantes deben responder a fin de ayudar a construir grupos comunitarios resilientes y hacer frente al declive de los espacios democráticos.

Palabras Clave

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El presidente Filipino Rodrigo Duterte ganó la presidencia en 2016 con un programa de miedo y violencia. Como candidato presidencial, ignoró los datos gubernamentales oficiales sobre el uso de drogas y exageró para su conveniencia el número de adictos a las drogas hasta una cifra ficticia de 3 a 4 millones.11. Esto contradice los datos existentes del gobierno, que cifra el número de usuarios de drogas de una única vez, no adictos a las drogas, en 1,2 millones. Ver más aquí: “PCIJ Findings: What’s Flawed, Fuzzy With Drug War Numbers?,” Philippine Center for Investigative Journalism, 8 de junio de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://pcij.org/stories/pcij-findings-whats-flawed-fuzzy-with-drug-war-numbers/. Insistió en que los usuarios de drogas tienen los cerebros podridos, y que violan a bebés, prometiendo abiertamente que cuando fuese presidente mataría a miles de delincuentes de drogas.22. Ver: Marlon Ramos, “Junkies Are Not Humans.” Inquirer, 28 de agosto de 2016, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://newsinfo.inquirer.net/810395/junkies-are-not-humans. Una promesa que su gobierno está cumpliendo: en un año de gobierno, miles han sido asesinados extrajudicialmente, ya sea en operaciones policiales antidroga o matados por vigilantes, con estimaciones que van desde los 7.000 hasta los 13.000 casos.33. No hay estimaciones definitivas del número total de personas asesinadas en la guerra contra las drogas, y la policía ha prohibido recientemente a los medios tener acceso a los informes policiales sobre muertes relacionadas con las drogas. La guerra contra las drogas de Duterte está sumiendo a Filipinas en una crisis de derechos humanos sin precedentes, cuyo impacto va más allá de la cuestión de las drogas. Su presidencia puede ser vista como parte de la amplia represión sobre la sociedad civil.

Los asesinatos registrados bajo Duterte están siendo cometidos principalmente en las comunidades urbanas pobres, superando ya el número de asesinatos extrajudiciales bajo la brutal dictadura de Marcos.44. Ver: “Philippines: Duterte’s Bloody and Lawless Year in Power,” Amnistía Internacional, 29 de junio de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/philippines-dutertes-bloody-and-lawless-year-in-power/. Asimismo, la impunidad de la policía es generalizada, como se ve en su papel en los asesinatos relacionados a las drogas, incluso de niños y menores de edad. El gobierno de Duterte también ha atacado abiertamente a instituciones políticas para entorpecer los mecanismos constitucionales de frenos y contrapesos. En un año, su “supermayoría” en el Congreso ha minado las investigaciones legislativas sobre la guerra contra las drogas, despreciado una petición de inhabilitación, y puesto en la cárcel a un tenaz senador de la oposición por delitos de drogas completamente inventados. Ha desestimado la importancia del proceso debido y los derechos humanos, de las instituciones de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, y sus aliados han intentado cortar la financiación55. Los aliados de Duterte en la Cámara de Representantes votaron abrumadoramente por la reducción del presupuesto de 2018 de la CDH a 20 dólares estadounidenses pero como desencadenó una condena generalizada volvieron a la cantidad; Maila Ager, “CHR Budget Restored: ‘People Power in Age of Social Media’.” Inquirer, 21 de septiembre de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://newsinfo.inquirer.net/932255/news-liberal-party-chr-people-power-social-media-house-of-representatives-chito-gascon-budget. de la Comisión de Derechos Humanos (CDH). Funcionarios del gobierno de Duterte y aliados políticos trabajan estrechamente con fanáticos “Partidarios Radicales de Duterte” (“Duterte Die-hard Supporters”), o DDS, un juego de siglas de su Escuadrón de la Muerte de Davao (Davao Death Squad), que operan en la ciudad de Davao, donde fue alcalde.66. Ver, por ejemplo: Diehard Duterte Supporters, canal de YouTube, (n.d.), https://www.youtube.com/channel/UCjuCIbuwmMbvH8e8U04hT8g. Philip Alston, antiguo relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, informó del escuadrón de la muerte Davao de Duterte en su informe de misión 2008 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston,” OHCHR, 2014, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.hr-dp.org/files/2014/06/27/Mission_to_Philippines_2008.pdf. Diseminan historias falsas contra la oposición y medios independientes, tildando a periodistas y líderes políticos que critican la guerra contra las drogas de presuntos criminales de drogas o protegidos de narcotraficantes, con un efecto amedrentador en aquellos que plantean preocupaciones legítimas sobre los abusos del gobierno.77. La senadora de la oposición, Risa Hontiveros, ha sido mencionada repetidamente en estas historias falsas y, en una de ellas, fue acusada falazmente de defender los derechos del Grupo Maute, un grupo terrorista del sur de Filipinas: “Hontiveros on Fake News of Her Backing Maute Group: Nothing is Farther from Truth,” GMA News, 8 de junio de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/613694/hontiveros-on-fake-news-of-her-supporting-maute-group-nothing-is-farther-from-truth/story/. Una de las celebridades pro-Duterte que habitualmente promueve historias falsas es Mocha Uson, ex cantante y gurú del sexo que hizo campaña a favor de Duterte y ha sido designada por el gobierno como parte del equipo de comunicaciones del presidente; Kate Lamble y Megha Mohan, “Trolls and Triumph: A Digital Battle in the Philippines.” BBC, 7 de diciembre de 2016, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.bbc.com/news/blogs-trending-38173842.

Los abusos conducidos por el Estado no son una novedad en Filipinas, un país que ha sufrido el autoritarismo durante la dictadura de Marcos. Pero aunque los abusos de derechos humanos persistieron en los regímenes sucesivos, las normativas políticas post-Marcos sobre democratización, transparencia y el mantenimiento de una sociedad civil vibrante dificultaban la ocurrencia violaciones a gran escala.

Sin embargo, la guerra contra las drogas de Duterte puede revertir fácilmente los logros alcanzados tras décadas de esfuerzos de los movimientos sociales por construir instituciones políticas que sean democráticas y cumplan las normas de derechos humanos. Como defensor de los derechos LBGT y VIH, he presenciado la impunidad policial en la forma de redadas policiales en locales gays que han resultado en abuso físico, extorsión y estigmatización. Al documentar estos casos y al intentar facilitar ayuda jurídica a los arrestados, es habitual que la policía limite el acceso a los arrestados, fiche a los defensores de derechos humanos a miras de vigilar sus pasos, o lleve a cabo conscientemente una detención ilegal. Un uso del poder descontrolado e ilegítimo, aun cuando sea ejercido en una escala limitada, ya puede mostrar sus efectos directos, si bien escalonados: cómo la impotencia conduce a la deshumanización, y cómo el uso del miedo y la amenaza de violencia posibilitan otros abusos.

Considerada anteriormente como un bastión de los derechos humanos y la democracia en el Sudeste Asiático, debido a su incruenta “Revolución del Poder del Pueblo de 1986” y la incorporación extensiva de los derechos humanos en su Constitución,88. Aquí se lee una narración sobre la Revolución del Poder del Pueblo de 1986 que derrocó la dictadura de Marcos: “EDSA People Power Revolution,” Philippine History, 30 de julio de 2009, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.philippine-history.org/edsa-people-power-revolution.htm. Las características de la constitución post-Marcos están explicadas en: “Constitutional History of the Philippines,” ConstitutionNet, 11de febrero de 2012, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-philippines. Filipinas está ahora en una carrera competitiva para ver, de entre sus países vecinos, quién comete más violaciones de derechos humanos. Es por tanto fundamental examinar las implicaciones más generales de los ataques conducidos por el Estado de Filipinas contra la sociedad civil, incluyendo la “guerra contra las drogas” de Duterte, sus efectos inmediatos sobre las frágiles democracias del Sudeste Asiático, y cómo la sociedad civil puede sobrevivir en este entorno en declive.

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Una tendencia regional

La brutal guerra contra las drogas de Duterte ha ganado impulso entre los líderes políticos de la región. Camboya comenzó su campaña antidroga a comienzos de 2017,99. David Hutt, “In Duterte’s Footsteps, Hun Sen Launches a Drug War.” Asia Times, 9 de febrero de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.atimes.com/article/dutertes-footsteps-hun-sen-launches-drug-war/. suscitando temores de que la nueva campaña también conllevará abusos de los derechos humanos. En Vietnam, donde las organizaciones de la sociedad civil han establecido intervenciones comunitarias en el uso de drogas, los defensores han registrado un aumento de arrestos y detenciones de personas que usan drogas. Lo más preocupante de todo es la nueva postura del presidente de Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, que imita la retórica violenta de Duterte. “Matadlos, no tengáis compasión,” ordenó supuestamente Jokowi a las autoridades policiales.1010. “Joko Widodo: Police Should Shoot Suspected Drug Dealers,” Al Jazeera, 22 de julio de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.aljazeera.com/news/2017/07/joko-widodo-police-shoot-suspected-drug-dealers-170722104559016.html.

Las minorías sexuales y de género también han tenido que enfrentar nuevas amenazas de las autoridades y grupos conservadores indonesios. Un aumento en las declaraciones anti-LGBT por políticos alineados con grupos islámicos conservadores en 2016 fue seguido de ataques contra hombres gays en 2017: un apaleamiento involucrando a dos hombres en Aceh, el único lugar en Indonesia que tiene una política contra la sodomía, y una redada de una sauna gay en Jakarta tratada de modo muy sensacionalista.1111. Ben Westcott, “‘Never Seen Anything Like This’: Inside Indonesia’s LGBT Crackdown.” CNN, 1 de junio de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://edition.cnn.com/2017/05/31/asia/indonesia-lgbt-rights/index.html. La redada acabó con la detención de docenas de personas, la mayoría de las cuales fueron puestas en libertad al poco tiempo precisamente por la falta de alguna ley que prohibiese el sexo gay; los pocos que permanecieron detenidos fueron acusados de delitos relacionados a las drogas. La situación en Indonesia está todavía desenmarañándose, con grupos conservadores solicitando al Tribunal Constitucional que penalice el sexo gay, entre otros comportamientos sexuales supuestamente no islámicos.1212. Ibíd.

Igual de preocupante es que los gobiernos de la región estén seleccionando y defendiendo los temas de derechos humanos que no ponen en cuestión su poder para mejorar sus credenciales en materia de derechos humanos. Tailandia, por ejemplo, está promoviendo un enfoque de reducción de daños en materia de drogas, incluso la despenalización. Tal reforma en la política de drogas, aunque es bienvenida, debe ser leída en el contexto de la corta pero sangrienta guerra contra las drogas de Tailandia en 2003, que condujo a “unos 2.800 asesinatos extrajudiciales”.1313. Ver el informe conjunto de la guerra contra las drogas de Tailandia por la International Harm Reduction Association y Human Rights Watch: “Thailand’s ‘War on Drugs’,” Human Rights Watch, 12 de marzo de 2008, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.hrw.org/news/2008/03/12/thailands-war-drugs. El órgano legislativo designado por los militares también ha aprobado una ley de igualdad de género que, según el gobierno, proporciona protección a las personas transexuales contra la discriminación. También está pendiente una propuesta del Ministerio de Justicia que busca reconocer las parejas de hecho de personas LGBT.1414. “Being LGBT in Asia: Thailand Country Report,” UNDP, USAID, 2014, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Thailand_Country_Report.pdf. Sin embargo, estas reformas están teniendo lugar sin una amplia participación de la comunidad LGBT y la sociedad civil de Tailandia, haciendo pensar que el gobierno militar está lavando en rosa sus sombrías credenciales en derechos humanos. Como señala un activista, la represión de la democracia por parte de la junta militar es una “mancha” en la bandera arcoíris de Tailandia.1515. Paisarn Likhitpreechakul, “IDAHOT or IDA-not? A Blatant Stain on the Rainbow Flag.” Prachatai, 17 de mayo de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://prachatai.com/english/node/7146.

El gobierno de Duterte no es distinto. Ha conseguido crearse una reputación de estar a favor de las mujeres y las personas LGBT tras apoyar leyes locales en su ciudad que protegen los derechos de estos grupos.1616. Aquí un estudio escrito por un partidario exponiendo el historial de Duterte en temas LGBT y derechos de las mujeres: Jan Albert Suing, “Why I Am Voting for Rodrigo Duterte.” Huffington Post, 12 de abril de 2016, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.huffingtonpost.com/jan-albert-suing/why-i-am-voting-for-rodri_b_9684538.html. Sus aliados en el Congreso también han presentado recientemente un proyecto de ley para introducir un proyecto de ley de unión civil inclusiva de la orientación sexual e identidad de género y expresión (SOGIE, por sus siglas en inglés). Esta agenda, sin embargo, está avanzando sin realizar ninguna consulta a la sociedad civil.

Estos acontecimientos muestran la volatilidad de la situación de derechos humanos en el Sudeste Asiático. Los políticos populistas están utilizando la histeria, sobre las drogas, el sexo, o ambas cosas, para aumentar el apoyo a regímenes no democráticos, llevando a una reducción de los derechos civiles y a una constricción de los espacios civiles. También están utilizando una estrategia en la que defienden los derechos de comunidades particulares para encubrir sus sombrías violaciones de derechos humanos.

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Financiación de donantes: crucial pero bajo amenaza

Las amenazas a comunidades vulnerables, incluyendo personas LGBT y usuários de drogas, sea en conjunción con la reducción de espacios democráticos o no, no son nuevas. Sin embargo, en países como Indonesia, Filipinas y Tailandia, en ocasiones anteriores estas comunidades han sido capaces de organizarse y responder a estas amenazas con la ayuda de la asistencia al desarrollo, especialmente subvenciones internacionales para la salud, el VIH y los derechos reproductivos.

Donantes, socios de desarrollo e instituciones internacionales de financiación, como las agencias de la ONU1717. Varias agencias de la ONU proporcionan ayuda en la forma de apoyo técnico en diferentes países del Sudeste Asiático. Entre ellas destacan ONUSIDA, que apoya la movilización comunitaria en la respuesta al VIH; PNUD, implementando actualmente el programa Ser LGBT en Asia; y UNICEF, que implementa programas para jóvenes y VIH y orientación sexual e identidad de género. y el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (el Fondo Mundial),1818. “Breaking the Chains of AIDS,” The Global Fund, 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.theglobalfund.org/en/. han reestructurado las normativas sobre cómo los países que reciben ayuda para el desarrollo deberían aplicar los programas dirigidos a las comunidades vulnerables.1919. En el contexto del VIH, por ejemplo, las agencias de la ONU como ONUSIDA y PNUD han desarrollado orientación técnica para países sobre la operatividad de los derechos humanos en los programas de VIH. Ver ejemplos de esto en: “UNDP’s Work on Human Rights, Key Populations and Gender,” UNDP, (n.d.), visitado el 11 de diciembre de 2017, http://undphealthimplementation.org/functional-areas/human-rights-key-populations-and-gender/undp-s-work-on-human-rights-key-populations-and-gender/; y aquí “Human Rights and the Law,” UNAIDS, 2014, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2014unaidsguidancenote_humanrightsandthelaw_en.pdf). El Fondo Mundial, por su parte, ha incorporado “comunidad, derechos y género” (CRG, por sus siglas en inglés) en su estrategia y ha hecho esto operativo en su trabajo. Ver el informe CRG del Fondo Mundial: “Community, Rights and Gender Report 2016,” The Global Fund, 2016, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.theglobalfund.org/media/4239/bm35_15-communityrightsgender_report_en.pdf. Las condiciones para la obtención de subvenciones requieren con frecuencia la implementación de espacios seguros para las comunidades criminalizadas2020. El Fondo Mundial, por ejemplo, exige diálogos nacionales entre las partes interesadas, que incluyan representantes de las comunidades y poblaciones que son afectados desproporcionalmente por el VIH, TB, y malaria, incluyendo aquellas que son criminalizadas. Aquí una explicación del proceso de financiación del Fondo Mundial, incluyendo aquellos espacios seguros donde las comunidades pueden participar: “Funding Process,” APCASO, (n.d), visitado el 11 de diciembre de 2017, http://apcaso.org/apcrg/funding-process/. y espacio para la participación comunitaria, tales como gobernanza o funciones de supervisión, o la financiación directa a grupos comunitarios para que implementen los programas.

El Fondo Mundial, por ejemplo, tiene uno de los enfoques más preceptivos sobre cómo las comunidades y poblaciones afectadas desproporcionalmente por epidemias de VIH, TB y malaria son incluidas en sus iniciativas en cada país. Requiere la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas por la enfermedad en los mecanismos de coordinación del país (MCP – las principales plataformas de gobernanza y supervisión de los países elegibles del Fondo Mundial) para determinar los programas sobre enfermedades prioritarios. También tiene sus propias políticas de derechos humanos y género para garantizar que los programas nacionales y de múltiples países que está financiando estén basados en los derechos humanos y sean inclusivos en cuestión de género.2121. “HIV, Human Rights and Gender Equality,” The Global Fund, abril de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.theglobalfund.org/media/6348/core_hivhumanrightsgenderequality_technicalbrief_en.pdf.

Este enfoque a la ayuda al desarrollo es criticado con frecuencia por ser imperialista y por vincular la disponibilidad de dinero para la asistencia a la cuestión de derechos humanos.2222. Conor Foley, “Beware Human Rights Imperialism.” The Guardian, 23 de junio de 2009, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/jun/23/human-rights-imperialism-western-values. Sin embargo, estas condiciones han establecido normas para la participación y compromiso de la sociedad civil que de otro modo estaría excluida de los espacios civiles y los procesos de toma de decisiones. Cuando los espacios de la sociedad civil son suprimidos o cuando ciertas comunidades son criminalizadas, estas condiciones han proporcionado a las comunidades un escenario para organizar y promover reformas, o para acceder a apoyo financiero con el fin de aplicar sus propios programas. Por ejemplo, en Tailandia, tras la guerra contra las drogas de Thaksin, que mató a miles de supuestos criminales de drogas, la ayuda internacional fue decisiva para el establecimiento de servicios de reducción de daños dirigidos por comunidades. Esto contribuyó a la organización de comunidades para personas que usan drogas. También sirvió como elemento de presión para apoyar la incidencia política a fin de cambiar el enfoque sobre las drogas de Tailandia.2323. Sutthida Malikaew, “Harm Reduction: A Lifeline for Drug Users We Cannot Afford to Lose.” The Nation, 27 de julio de 2014, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.nationmultimedia.com/opinion/Harm-Reduction-A-lifeline-for-drug-users-we-cannot-30237160.html.

Pero el panorama político y económico que determina la forma de la ayuda al desarrollo está cambiando. Cuando los espacios democráticos son constreñidos en países como Filipinas, Indonesia y Tailandia, la función de la ayuda al desarrollo de ofrecer amparo a las comunidades vulnerables también sufre menoscabo. Hay varios factores que están afectando estos cambios.

Primero, las prioridades en materia de desarrollo de los países donantes están cambiando. Los múltiples objetivos y subobjetivos de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible están proporcionando a los países más opciones, permitiéndoles priorizar unos pocos imperativos del desarrollo e ignorar otros. En el Norte global, podemos constatar un foco en los temas más próximos a las prioridades del público, tales como el cambio climático y la crisis de refugiados.2424. Por ejemplo, los compromisos de financiación de EE.UU. al Fondo Mundial, una ayuda vital para muchas ONG que trabajan por las poblaciones criminalizadas, ha estado disminuyendo. “With Global Fund Replenishment Falling Short, Will Secretary Clinton Lead Us To An Aids-Free Generation?,” Heath Gap, 16 de septiembre de 2016, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.healthgap.org/globalfundreplenishment.

Segundo, la elección de gobiernos populistas de derechas en los países donantes ha creado incertidumbre en torno al compromiso del Norte global de financiar la ayuda internacional al desarrollo, ya sea por medio de acuerdos bilaterales como plataformas multilaterales.2525. Robbie Gramer, “Proposed U.S. Cuts to AIDS Funding Could Cause Millions of Deaths: Report.” Foreign Policy, 1 de diciembre de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://foreignpolicy.com/2017/12/01/proposed-u-s-cuts-to-aids-funding-could-cause-millions-of-deaths-report-world-aids-day-hiv-global-health-pepfar-state-department-trump-one-campaign/; Nick Duffy, “UK Government Defends 22% Cut to Global HIV Prevention Funds.” Pink News, 6 de diciembre de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.pinknews.co.uk/2017/12/06/uk-government-defends-22-cut-to-global-hiv-prevention-funds/. Además, cuando países donantes como Estados Unidos de América y el Reino Unido se vuelven más insulares, es menos probable que la defensa de los derechos humanos sea un prerrequisito para la ayuda internacional o el comercio mundial.

Finalmente, cuando los niveles de ingresos de países como Indonesia, Filipinas y Tailandia aumentan, la retracción de algunos donantes o su transición fuera de países en desarrollo se vuelve inevitable. La previsión es que los países, al volverse más ricos, serán capaces de financiar programas de desarrollo que antes eran financiados por donantes externos. Se asume asimismo que los países incorporarán los enfoques inclusivos de comunidades, concebidos en función de los donantes, tales como los procesos consultivos e inclusivos del Fondo Mundial en el desarrollo y supervisión de los programas de salud y los integrarán en sus propios sistemas; un serio desafío en los contextos donde persisten barreras estructurales a los derechos humanos y a la democracia.

Cuando son llevadas a cabo de modo descuidado, la retracción y transición de los donantes puede exacerbar los efectos de las actuales represiones de la sociedad civil, debido a las cuales las comunidades vulnerables están particularmente en riesgo. Aparte de posibles recortes de financiación para los programas inclusivos de salud y desarrollo necesarios para estas comunidades, la retracción de donantes también puede provocar la disolución de mecanismos que han forzado a los actores gubernamentales a interactuar con la sociedad civil. Asimismo, este proceso puede debilitar las intervenciones iniciadas por las comunidades que han sido creadas en respuesta a las disparidades de desarrollo que los gobiernos se han negado a abordar. La retracción y transición de los donantes son inevitables, pero esta posibilidad no debería basarse únicamente en una clasificación por ingresos o indicadores epidemiológicos o biomédicos. En medio de las crecientes amenazas a la democracia y los derechos humanos, se debería dedicar la misma consideración a la supervivencia de la sociedad civil tras la transición.

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¿Cómo deben responder la sociedad civil y los donantes?

En primer lugar, la sociedad civil debe buscar aperturas en los espacios domésticos que puedan ser exploradas para la financiación. Por ejemplo, la descentralización y transferencia de competencias en Indonesia, Filipinas y Tailandia han hecho más fácil, en algunos casos, recibir financiación de gobiernos locales para programas de base comunitaria. Los gobiernos locales con frecuencia tienen sus propias fuentes de ingresos y sus propios mecanismos para financiar grupos no gubernamentales que están prestando servicios al gobierno. En ámbitos descentralizados, la participación en la gobernanza local puede ser tediosa, pues a menudo implica tratar con “múltiples reinos” dentro del país, pero proporcionan espacios que deben ser explorados. El autor es consciente de que en Filipinas, mientras el gobierno nacional libra su guerra contra las drogas, algunos gobiernos locales están trabajando con grupos de la sociedad civil para aplicar un enfoque alternativo a fin de contrarrestar los asesinatos y establecer un programa de reducción de daños de base comunitaria. De modo similar, en Indonesia, mientras aumentan los ataques sectarios contra personas LGBT, algunos gobiernos de distrito han abierto puertas para apoyar programas de VIH y de salud para hombres gays y personas trans.

Los “Estados débiles”2626. En su trabajo, Migdal se refiere a “Estados débiles” como aquellos caracterizados por la “fragmentación social” debido a la incapacidad del Estado de guiar a la sociedad. Tales Estados producen a menudo hombres fuertes que utilizan abordajes opresivos para garantizar el control social. Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988). de la región también ofrecen otras oportunidades de participación. La naturaleza desordenada de las políticas en esta región implica que los gobiernos nacionales no deberían ser vistos como instituciones monolíticas. Los grupos de la sociedad civil deben explorar periódicamente el paisaje político nacional en busca de potenciales aliados y defensores dentro del gobierno. Esto puede dar lugar a nuevos espacios para la participación dentro de las estructuras nacionales. En Filipinas, por ejemplo, el gobierno de Duterte ha dedicado un elevado monto de financiación a agencias del gobierno nacional para programas de rehabilitación de drogas.2727. Bea Cupin, “PNP Asks P900M Budget for Drug War Ops for 2018.” Rappler, 7 de septiembre de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, https://www.rappler.com/nation/181451-dilg-pnp-budget-war-on-drugs-brosas. Sin embargo, no tienen ideas claras sobre el tipo de intervenciones que deberían llevar a cabo. Algunos han recurrido a organizar sesiones de zumba para presuntos criminales de drogas, carreras populares, o estudios bíblicos.2828. “Philippine Government Prescribes Zumba Classes for Drug Addicts,” The San Diego Union-Tribune, 16 de julio de 2016, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://www.sandiegouniontribune.com/hoy-san-diego/sdhoy-philippine-government-prescribes-zumba-classes-2016jul16-story.html. Esto ofrece oportunidades de colaboración para mejores abordajes del tema de las drogas.

La sociedad civil debe incitar a los donantes a mejorar sus políticas de transición y mirar más allá de los parámetros económicos y de enfermedades que generan las transiciones y retiradas de los donantes. Primero, la disponibilidad de espacios democráticos que favorezcan la participación de comunidades estigmatizadas debe ser un indicador del grado de preparación para la transición, pues son fundamentales para ayudar a las comunidades estigmatizadas a participar en los procesos del país, garantizar la financiación doméstica, y finalmente, crear respuestas comunitarias a los problemas estructurales que llevaron a su exclusión. Responder a los desafíos planteados por los espacios civiles constreñidos debería ser parte del plan de transición del país.

Los donantes deberían monitorizar de cerca los procesos de transición para garantizar la inclusión de las comunidades y la sociedad civil. Algunas comunidades están profundamente estigmatizadas y criminalizadas, y cada vez más en un contexto de reducción del espacio civil. Los donantes deben ser preceptivos para garantizar la inclusión de estos grupos marginados en los procesos de transición y para proporcionar espacios seguros para su participación. Esto también debería incluir asegurarse de que los países no tengan políticas restrictivas que obstaculicen la financiación de la sociedad civil.

Las transiciones no deberían llevarse a cabo de modo desordenado provocando más daño a las comunidades que ya están estigmatizadas y criminalizadas, la mayoría de las cuales depende sobremanera de los donantes para sustentar a sus organizaciones y mantener las respuestas comunitarias sobre cuestiones de salud y derechos humanos. Por tanto, incluso después de que un país haya sido considerado no apto para la ayuda de los donantes, los donantes deberían mantener mecanismos para financiar grupos comunitarios sobre el terreno que puedan ser perjudicados por la transición, debido a los recortes en financiación o a repentinas situaciones hostiles en el país.

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Más allá de la financiación: resiliencia y construcción de movimientos

Cuando las amenazas a los espacios democráticos continúan intensificándose en el Sudeste Asiático, y con el cambio en el panorama de la financiación para la ayuda al desarrollo, las estrategias de resiliencia, solidaridad y construcción de movimientos también tienen que ser repensadas para garantizar la supervivencia de la sociedad civil.

Los ataques a comunidades específicas están vinculados inextricablemente a un déficit democrático común a muchos países del Sudeste Asiático. Hay una ausencia de instituciones públicas resilientes, representativas y responsables que puedan defender y promocionar los derechos humanos y los espacios civiles, pese a la presión de tendencias populistas, autoritarias o sectarias. Las llamadas “democracias representativas” en la región continúan operando a exclusión de los grupos vulnerables, con políticos subvirtiendo con facilidad los mecanismos constitucionales existentes de protección para consolidar su poder, alimentando el miedo y la histeria al perseguir a las minorías o sus oponentes políticos, y restringiendo los espacios civiles.

Para abordar este déficit democrático, la sociedad civil debe construir coaliciones que respondan a las emergencias a las que se enfrentan las comunidades que son directamente atacadas, pero que también persigan objetivos de democratización a medio y largo plazo. Los objetivos monotemáticos son inadecuados e insostenibles a la vista de las complejas causas de las actuales crisis de derechos humanos en estos países. Para los grupos comunitarios que han dependido del apoyo de los donantes, como las personas que usan drogas o la comunidad LGBT, esto significa abandonar la protección creada por la ayuda internacional al desarrollo. Deben colaborar con otros movimientos y comunidades “excluidas” para presionar a favor de reformas democráticas más amplias. Esto significa formular sus luchas desde una perspectiva política.

Las colaboraciones entre movimientos también beneficiarán a distintas partes interesadas que están directa e indirectamente afectadas por las crisis de derechos humanos en la región. En Filipinas, donde la guerra contra las drogas sigue siendo popular,2929. La mayoría de los filipinos, aunque se oponen a los asesinatos de supuestos criminales de drogas, apoya el enfoque general de la guerra contra las drogas del gobierno. Ver aquí: Nestor Corrales, “88% of Pinoys Support War on Drugs; 73% Say EJKs Happen - Survey.” Inquirer, 16 de octubre de 2017, visitado el 11 de diciembre de 2017, http://newsinfo.inquirer.net/938201/breaking-news-pulse-asia-ejks-extrajudicial-killings-war-on-drugs-drugs-survey. estas colaboraciones permitirán la creación de un frente amplio que pueda abordar los distintos problemas relacionados con la guerra contra las drogas, desde señalar la desinformación que está siendo diseminada hasta mantener el apoyo contra los abusos policiales. Los defensores de políticas contra el VIH y por la reducción de daños, que tienen los conocimientos para desarrollar una alternativa a la guerra contra las drogas basada en la salud y los derechos humanos, pueden trabajar con comunidades urbanas pobres que están siendo ahora atemorizadas por los asesinatos extrajudiciales pero que también tienen acceso a grupos que pueden movilizar la exigencia de un cambio. Esto último también puede facilitar la organización de personas que usan drogas, necesaria para apoyar las iniciativas por la reducción de daños, reparación jurídica y litigación estratégica en relación a los abusos policiales y reformas políticas de largo plazo.

Los vínculos entre los movimientos prodemocráticos y las comunidades estigmatizadas como la LGBT y la de gente que usa drogas también deben ser fortalecidos. Las coaliciones amplias pueden proporcionar abrigo político a grupos comunitarios acosados y darles espacio para organizarse y defenderse cuando las fuerzas del Estado los usan para justificar acciones represivas. Asimismo, los compromisos políticos pueden dotar a las comunidades estigmatizadas de legitimidad política, una herramienta importante para afianzar reformas que resistan los cambios de régimen.

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Conclusión

La guerra contra las drogas en Filipinas nos permite entrever la fragilidad de los espacios democráticos en muchos países del Sudeste Asiático. Las agresiones dirigidas por el Estado contra poblaciones específicas, desde personas que usan drogas y la comunidad LGBT hasta la oposición política, reflejan la tendencia más general de un debilitamiento de las instituciones políticas democráticas y el cierre del espacio civil en la región.

La situación se ve agravada por la eventual retirada de fondos internacionales. Muchos grupos comunitarios dependen de los donantes internacionales para sobrevivir económicamente. Este apoyo de los donantes ha proporcionado, en cierta medida, a las comunidades estigmatizadas o criminalizadas una plataforma donde organizarse, resistir y comprometer a actores gubernamentales debido a las diversas condiciones impuestas a la ayuda. Sin embargo, poco a poco, esta plataforma está desapareciendo.

Por lo tanto, los grupos comunitarios dependientes de donaciones deben desarrollar nuevas estrategias para responder a esta realidad. Para abordar las amenazas inmediatas y la supervivencia a largo plazo de las comunidades estigmatizadas y criminalizadas (tales como la gente LGBT y las personas que usan drogas), deben evitar enfocar sus luchas en un único tema y ayudar a construir coaliciones amplias que puedan proporcionar el espacio para organizarse con la firmeza y la legitimidad política necesarias para apoyar reformas democráticas más profundas. Los grupos comunitarios también tienen que ser ágiles en sus colaboraciones con el gobierno para encontrar oportunidades de financiación a nivel nacional y local.

Por otro lado, los donantes deben reexaminar su marco para la transición y retirada, a fin de asegurarse de que este proceso no inflija daños adicionales a las comunidades ya marginadas. La transición debería llevar a la sustentación de las comunidades y de sus contribuciones a la sociedad civil. Los donantes entonces deberían ampliar sus instrumentos para determinar el ritmo apropiado y las consecuencias de la retirada de las donaciones, a fin de incluir los riesgos para los espacios democráticos. También deberían desarrollar mecanismos para continuar apoyando a las comunidades estigmatizadas y criminalizadas incluso después de que un país ya no sea elegible para recibir el apoyo de donantes debido a los obstáculos estructurales a la inclusión que hay en los actuales procesos nacionales.

La combinación de políticos populistas como Duterte y el desafío de la retirada de donantes de países con ingresos medios, donde hay abusos graves de derechos humanos, presenta un conjunto complejo de retos para la sociedad civil, especialmente para los grupos comunitarios marginados. Pero esto también presenta oportunidades para asegurar la resiliencia de las comunidades atacadas y para subsanar los déficits de las democracias del Sudeste Asiático.

Jonas Bagas - Filipinas

Jonas Bagas es un activista filipino de derechos LGBT y del VIH que lleva años luchando por la inclusión de las personas LGBT filipinas en los espacios para la salud y políticos. También participa en el activismo político para promover la gobernanza participativa y la rendición de cuentas.

Recibido en septiembre de 2017.

Original en Inglés. Traducido por Sebastián Porrua.