Este artículo sostiene que los derechos humanos son un lenguaje relevante y un marco efectivo para el cambio social, sobre todo cuando se reconoce que han surgido históricamente de las luchas de los movimientos de base y que permanecen íntimamente ligados a las realidades vividas por personas y movimientos a favor de la justicia social de todo el mundo. Si bien proporciona una base para la unidad y la legitimidad moral y política, la defensa de los derechos humanos se enfrenta a relaciones sociales, condiciones económicas y estructuras políticas, desiguales. En este sentido, a quién representamos –en términos de alcance, naturaleza y liderazgo del “movimiento de los derechos humanos”- es una pregunta vital si nuestro objetivo final es hacer de la justicia social una realidad para todos. A pesar de los diferentes roles, perspectivas y localizaciones geográficas, nos reconocemos idealmente como parte de un movimiento común por la justicia social, liderado necesariamente por los pobres, oprimidos, explotados, y otros que se han comprometido en hacer de los derechos humanos una realidad para todos.
“¿A quién representamos?” “¿Los derechos humanos todavía constituyen un lenguaje efectivo para producir el cambio social?” Estas dos preguntas planteadas a las organizaciones de derechos humanos, de las varias que formula SUR para su veinteava publicación, parecen particularmente relevantes a la luz de los levantamientos populares que se han extendido de Túnez a Egipto a España, de Chile a EE.UU., de la India a Sudáfrica a Brasil. En Egipto, la reivindicación común fue “pan, libertad y justicia social”. En Chile, decenas de miles de estudiantes desafiaron a la educación con fines de lucro que excluía a mucha gente de una educación secundaria o universitaria de calidad, bajo la consigna “Chau, lucro!”. En España, los indignados protestaron contra el alto desempleo y un sistema electoral dominado por dos partidos que ya no representaban sus intereses. Practicaron métodos de democracia directa que pronto tuvieron eco en renovadas protestas anti-austeridad en Grecia y en el movimiento Occupy de los EE.UU. Durante varios años, Abahlali baseMjondolo, localizado en Durban, Sudáfrica, se ha unido al Movimiento de Pueblos sin Tierra (Landless Peoples’ Movement), a la Campaña Anti-desahucio de Cabo Occidental (Western Cape Anti-Eviction Campaign) y a otros movimientos de pobres para boicotear las elecciones bajo la consigna “¡Sin tierra! ¡Sin casa! ¡Sin voto!”. Los manifestantes de cada uno de estos lugares han tendido a combinar las reivindicaciones por derechos económicos, mayor participación y dignidad, mientras a menudo aprendían y expresaban solidaridad unos con los otros. A un nivel aún más básico, han desafiado la creciente desigualdad, ya sea como empobrecimiento en medio de la abundancia o como falta de una voz política en sistemas orientados hacia el beneficio de unos pocos (DAVIES et al., 2008; FUENTES-NIEVA; GALASSO, 2014).
Esta reflexión sostiene que los derechos humanos son un lenguaje relevante y un marco efectivo para el cambio social, sobre todo cuando se tiene en cuenta que han surgido históricamente de las luchas de los movimientos de base y que permanecen íntimamente ligados a las realidades vividas por personas y movimientos a favor de la justicia social de todo el mundo. Si bien proporcionan una base para la unidad y la legitimidad moral y política, el marco y la defensa de los derechos humanos se enfrenta a relaciones sociales, condiciones económicas y estructuras políticas, desiguales, que a menudo reflejan intereses ajenos al bienestar económico común y a la auténtica democracia. En este sentido, considero que a quién representamos –en términos de alcance, naturaleza y liderazgo del “movimiento de derechos humanos”- es una pregunta vital si nuestro objetivo final es hacer de la justicia social una realidad para todos.
Como la Revista Sur, la Red-DESC (Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) está celebrando su décimo aniversario y surgió de una visión similar con el fin de fortalecer las relaciones entre ONG, activistas de movimientos sociales y académicos de todo el Sur Global, así como entre el Sur y el Norte, promoviendo un compromiso más firme a nivel internacional. Para la Red-DESC, esto fue resultado de darse cuenta de que las corporaciones transnacionales, los acuerdos de comercio e inversión internacionales, así como otros retos globales estaban afectando a comunidades de todo el mundo. A menudo estas comunidades eran incapaces de alterar estas tendencias o fuerzas individualmente. Trabajando “para construir un movimiento global para hacer de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos”, la Red-DESC ha intentado crear una plataforma para el intercambio estratégico y la defensa conjunta, ahora liderada por más de 200 organizaciones y 50 miembros individuales de 70 países. Como actual Director del Secretariado de la Red-DESC, aunque lo que sigue son mis propias conclusiones, estas se benefician del diálogo constante y del trabajo colectivo con estos miembros, varios de los cuales son citados en este texto.
Retomando los relatos de varios miembros de movimientos sociales, la idea de que los derechos humanos surgen “desde abajo” o emergen de aspiraciones compartidas y de luchas por la justicia es reforzada por numerosas historias que encuentran su origen en escuelas filosóficas de pensamiento, luchas sociales y tradiciones religiosas de todo el mundo. Desde este punto de vista, los derechos humanos se originan como reivindicaciones morales y a menudo políticas que se han incorporado a las normas en materia de derechos humanos en determinados momentos históricos. Desde una visión, la del movimiento abolicionista, las rebeliones de esclavos y la Revolución Haitiana, en su radicalización de la concepción reducida de los derechos que conformaron las revoluciones francesa y estadounidense, dieron lugar a los derechos humanos basados en la “libertad, igualdad y humanidad común”. Estos derechos fueron codificados tras la Segunda Guerra Mundial, con China y los Estados latinoamericanos reclamando por ambos, derechos políticos y económicos (BLACKBURN, 2011, p. 477). Siguiendo otra corriente, la US NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) formada en 1909 y liderada por W.E.B. DuBois, presentó un “Llamado al Mundo” en las Naciones Unidas en 1947. En él, condenaba la subordinación racial como una violación de los derechos humanos, defendiendo los derechos civiles y económicos y ligando la igualdad afroamericana a la descolonización (ANDERSON, 2003). En 1955, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue ratificada por el Movimiento de Países No Alineados en Bandung (INDONESIA, 1955). Por otro lado representando a una de las muchas luchas anticoloniales por el derecho a la autodeterminación, Amílcar Cabral, Secretario General del Partido Africano para la Independencia de Guinea y de las islas de Cabo Verde (PAIGC), habló de “derechos inalienables” y de las “aspiraciones legítimas de los pueblos africanos de vivir con dignidad”. De este modo, reforzaba la exigencia para convencer a los portugueses “de respetar la moralidad y legalidad internacionales”, en su discurso final ante la Asamblea General de la ONU en 1972 (CABRAL, 1973, p. 16-17).
Analizando a los movimientos de los pobres que se organizan en los EE.UU., más recientemente desde su co-liderazgo en la Poverty Iniciative, Willie Baptist y Liz Theoharis (2011) señalan tres razones por las cuales, ellos y otros líderes de movimientos de base, han utilizado el marco de los derechos humanos. En primer lugar, siguiendo el trabajo del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. en su apoyo a los derechos humanos y a la Campaña de los Pobres durante los últimos años de su vida, sugiere: “los derechos económicos ofrecen un marco para unir a la gente pobre y trabajadora por encima de las diferencias de color hacia una lucha común, apelando a ciertos valores fundamentales de la tradición y cultura estadounidense”. En segundo lugar, exigir “¡Derechos económicos para todos!” les ha permitido formular preguntas fundamentales sobre “por qué existe pobreza en el país más rico del mundo, y plantear otra cuestión fundamental sobre la relación entre el crecimiento de la pobreza en Estados Unidos y su crecimiento en todo el mundo”. Finalmente, hacer uso del reconocimiento internacional de los derechos humanos, sobre todo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha proporcionado legitimidad moral y política a estos movimientos (BAPTIST; THEOHARIS, 2011, p. 172-173).
En la lucha por garantizar los derechos humanos de sus comunidades ante las poderosas fuerzas transnacionales, los líderes indígenas también han vuelto la vista a “las normas internacionales, no únicamente a las soluciones locales”. Estos líderes han dedicado dos décadas a la ardua tarea de construir exigencias comunes, desempeñando un papel sin precedentes en la elaboración del texto y en la negociación para finalmente lograr la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 (GELBSPAN; PRIOSTE, 2013, p. 86-103). Al comienzo del Foro de los Pueblos sobre Derechos Humanos y Empresas de 2013, Legborsi Saro Pyagbara, presidente del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (en Nigeria), subrayó la importancia de construir una red global por los derechos humanos, que había sido vital en la lucha en Ogoniland pero también para garantizar las normas internacionales de derechos humanos que benefician a numerosas luchas. Señaló:
No importa el poder de las fuerzas contra las que tengamos que enfrentarnos, todavía creo con firmeza que con nuestro esfuerzo colectivo, con nuestro poder colectivo […] podemos lograr el objetivo de obtener una regulación internacional vinculante para las empresas […] Podemos cambiar nuestro mundo.
(PYAGBARA, 2013).
Éstas y otras luchas de movimientos de base han sido fundamentales en la codificación de los derechos humanos a nivel internacional y continúan guiando su incesante evolución, ya sea reforzando los derechos de pueblos indígenas, mujeres y personas con discapacidades o las obligaciones extraterritoriales de los Estados de regular las actividades de las corporaciones e inversores privados en el extranjero. Tras la Gran Depresión, el fascismo y el genocidio, inspirándose en diversas tradiciones filosóficas y luchas por la justicia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Así, se afirmó “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos disfrutarían de la libertad de expresión y la libertad de creencias y serían libres del temor y de la miseria, ha sido proclamada como la mayor aspiración de la gente común”. Recogiendo posiblemente la experiencia vivida de los pueblos, la DUDH ha sido traducida a 418 idiomas (UNITED NATIONS, 2014). En la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, representantes de 171 Estados y más de 800 grupos de movimientos de base y otras ONG reiteraron: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí” (UNITED NATIONS, 1993, art. 5). La Declaración de Viena llevó a la creación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; exigió el reconocimiento de los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dio lugar a la creación de un mecanismo internacional de reparación para violaciones de los DESC; e instó a la incorporación nacional de las normas de derechos humanos, con la Constitución Sudafricana proporcionando un modelo importante el año siguiente (UNITED NATIONS, 1993, art. 18, 75, 83).
Lo anterior comienza a responder a la pregunta: “¿Son los derechos humanos todavía un lenguaje efectivo para producir el cambio social?” Sin embargo, la cuestión puede ser replanteada como: ¿La justicia social se está convirtiendo en una realidad para una mayor cantidad de personas debido a la defensa de los derechos humanos? Yo defiendo un “sí” con reservas. Después de más de una década de renovada de advocacy sobre derechos humanos y las empresas en la ONU, pocas grandes corporaciones, sobretodo de marcas conocidas, pueden permitirse ignorar la responsabilidad social corporativa, al menos asintiendo a la defensa de derechos humanos y del medio ambiente. Procesos recientes de la ONU han producido los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, un mandato para un Grupo de Trabajo temático de la ONU para “hacer recomendaciones a nivel nacional, regional e internacional para promover el acceso a reparaciones efectivas” (UNITED NATIONS, 2011, Art. 6e), y más de 20 Estados exigiendo el desarrollo de una norma jurídicamente vinculante por el Consejo de Derechos Humanos en 2013 (ECUADOR, 2013). Asimismo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha profundizado el reconocimiento del derecho a que las inversiones empresariales en sus tierras requieran un consentimiento libre, previo e informado, mediante la inclusión del derecho tanto en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como en la Norma de desempeño 71 de la Internacional Finance Corporation, el derecho ha sido alegado en argumentaciones exitosas ante organismos regionales de derechos humanos (ver, por ejemplo, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 2012). Además, en un caso reciente, la cobertura mediática y la presión política se intensificaron el 1 de octubre de 2013, cuando 8 Expertos Independientes de la ONU emitieron un comunicado de prensa con las cartas que habían enviado a la India, Corea del Sur y a la corporación surcoreana Posco, resumiendo las obligaciones de cada actor en relación a la mayor inversión extranjera directa de la historia de la India (UNITED NATIONS, 2013). Sin embargo, a pesar de estos éxitos, muchas corporaciones siguen estando implicadas en violaciones generalizadas debido a la voluntariedad de las normas y la debilidad de las reparaciones.
Partiendo de la Constitución Sudafricana y el Tribunal Constitucional como organismo independiente del país, el Legal Resources Centre y el Community Law Centre, entre otras organizaciones de derechos humanos, fueron fundamentales para lograr los primeros avances jurisprudenciales en casos DESC decisivos. En estos casos, se incluyó la obligación de respetar el derecho a la vivienda, exigiendo al gobierno su responsabilidad en la adopción de las medidas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna, así como de proporcionar ayuda a los más necesitados y garantizar el derecho de acceso a la salud. De este modo, se forzó al gobierno a brindar en el país un medicamento que ayuda a prevenir la transmisión madre-hijo del VIH/SIDA (SOUTH AFRICA, Government of RSA & Others v. Grootboom & Others 2000; SOUTH AFRICA, Minister of Health & Others v. Treatment Action Campaign & Others, 2002). En 2013, el Centre for Human Rights and Development llevó un caso a la Corte Suprema de Mongolia, que estableció un precedente importante al considerar ilegales dos licencias de extracción y seis licencias de exploración de una corporación minera basándose en el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano y seguro (MONGOLIA, 2013). El Centro sugirió que la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) y la posibilidad de reclamar ante un órgano creado en virtud de un tratado internacional ayudó a garantizar una audiencia justa y en última instancia, justicia para los pastores involucrados en el caso. Aún así, aunque la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido demostrada en casos a todos los niveles, litigantes y abogados deben enfrentarse ahora con la frecuente falta de implementación de decisiones favorables. Además, a pesar de victorias legales monumentales, la pobreza y la desigualdad manifiesta aún azotan Sudáfrica, veinte años después del final del apartheid, mientras que la industria extractiva continúa reformando Mongolia en modos que a menudo vulneran los derechos humanos.
Los derechos humanos ofrecen un lenguaje relevante para construir unidad, proporcionar legitimidad, y enmarcar reivindicaciones internacionalmente reconocidas, al mismo tiempo que garantizan justicia en muchos casos individuales. Sin embargo, los párrafos anteriores sugieren que la “eficacia” de los derechos humanos se enfrenta a relaciones de poder enormemente desiguales. Cuando la largamente protestada presa de Belo Monte en la Amazonia brasileña siguió adelante a finales de 2013, el Padre Claret Fernandes, líder del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, movimiento de personas afectadas por las presas), afirmó:
La increíble velocidad del capital y sus prioridades pasa por encima de todo […]. La población indígena no fue consultada […] el día de los desalojos en Altamira es un crudo reflejo de este patrón histórico que es la violación de los derechos humanos causada por la construcción de presas.
(FERNANDES, 2014).
Frederick Douglass, antiguo esclavo y abolicionista, fue claro: “Toda la historia del progreso de la libertad humana muestra que todas las concesiones hechas a sus prestigiosas reivindicaciones han nacido de luchas laboriosas […]. El poder no concede nada si no es exigido. Nunca lo hizo y nunca lo hará” (DOUGLASS, 1950 [1857], p. 437). El movimiento abolicionista implicó una lucha moral e incluso física, negociación política, cambio legislativo y batallas legales., El final de la esclavitud fue el primero de muchos pasos hacia la igualdad formal en los EE.UU., que todavía no se ha consolidado en una igualdad sustantiva completa. Esto conduce al debate y añade urgencia a la pregunta: ¿A quién representamos?
En general, con suerte nos representamos a nosotros mismos, a nuestras familias y amigos, a nuestras propias comunidades enfrentadas a diferentes formas de injusticia, a los movimientos de base a los que muchos de nosotros pertenecemos en nuestros propios países y a los compromisos políticos y morales que hemos contraído. El Consejo de la Red-DESC es escogido por los miembros entre los miembros, basándose en principios de diversidad regional, igualdad de género e inclusión de movimientos sociales.
Dos de nuestros siete miembros actuales del consejo son líderes de movimientos sociales; el resto son representantes oficiales de ONG. Sin embargo, esto quizá da una imagen demasiado simple. Todos los miembros del consejo han estado la mayor parte de sus vidas comprometidos políticamente y luchando por los derechos humanos. En nuestra última reunión del consejo, comenzamos con las preguntas: ¿Qué te llevo a convertirte en un defensor de derechos humanos? ¿Por qué te has comprometido a liderar y ayudar a construir una red o movimiento global para promover los DESC? Dos de nuestros miembros del consejo, uno de un movimiento social y otro de una ONG, comenzaron a involucrarse políticamente en la universidad luchando contra gobiernos represivos, pasaron un tiempo en la clandestinidad y dedicaron sus vidas a promover los derechos humanos. Otro representante de una ONG habló de haber visto la pérdida de una pequeña granja familiar y ante esto, tomar conciencia de las tendencias generales que impactan tanto al Norte como al Sur Global.
Pero hay diferencias sustanciales y tensiones periódicas entre muchos movimientos sociales y ONG, así como entre diferentes tipos de movimientos. Los líderes de los movimientos sociales deben rendir cuentas directamente a sus comunidades, surgiendo con frecuencia de las mismas y enfrentándose también al empobrecimiento, la desposesión, la discriminación o la represión. Los académicos, que no surgen necesariamente de movimientos determinados, a menudo ofrecen análisis útiles y muchas ONG proporcionan conocimientos necesarios sobre las leyes o los medios de comunicación, o acceso a los responsables de las tomas de decisiones. Sin embargo, el análisis estratégico, los procesos de toma de decisiones y la importancia política de los movimientos sociales es a veces infravalorada o ignorada. Desde las primeras protestas desafiando la desposesión y el desplazamiento en Durban, Sudáfrica, el movimiento Abahlali baseMjondolo ha sido acusado de ser liderado por una “Tercera Fuerza” de agitadores externos. El término fue utilizado originariamente para describir el apoyo encubierto de fuerzas de seguridad blancas a los nacionalistas Zulúes que luchaban contra el ANC (Congreso Nacional Africano) en los últimos años del apartheid en Sudáfrica. Hoy en día, el término sugiere la manipulación de los blancos y la falta de poder de decisión sobre sus propias vidas de los pobres. S’bu Zikode, un habitante de las chabolas, encargado de una gasolinera y primer Presidente de Abahlali baseMjondolo, desafió convincentemente a varias ONG, académicos y críticos del gobierno, que no se habían comprometido seriamente con el movimiento pero escogieron hablar sobre él o en su nombre:
Debo advertir a aquellos camaradas, oficiales del gobierno, políticos e intelectuales que hablan de la Tercera Fuerza que no tienen ni idea de lo que están hablando. Están demasiado lejos para sentir realmente lo que nosotros sentimos. Siempre quieren hablar en nuestro nombre y sobre nosotros pero deben permitirnos hablar a nosotros sobre nuestras vidas y nuestras luchas. […] La Tercera Fuerza es todo el dolor y el sufrimiento al que los pobres estamos sometidos cada segundo de nuestras vidas. […] A nosotros nos conduce la Tercera Fuerza, el sufrimiento de los pobres. Nuestros traidores son la Segunda Fuerza. La Primera Fuerza fue nuestra lucha contra el apartheid. La Tercera Fuerza se detendrá cuando llegue la Cuarta Fuerza. La Cuarta Fuerza es la tierra, la vivienda, el agua, la electricidad, la salud, la educación y el trabajo. Sólo estamos pidiendo lo básico- no pedimos ningún lujo. Esta es la lucha de los pobres. El tiempo ha llegado para que los pobres se demuestren a sí mismos que pueden ser pobres en la vida pero no en la mente.
(ZIKODE, 2006, p. 185).
A pesar de esta crítica, Abahlali baseMjondolo ha establecido fuertes alianzas –aprobadas por miembros del movimiento- con el Socio-Economic Rights Institute of South Africa para que proporcionen asesoría legal, con Sleeping Giant para crear el documental Dear Mandela y con el apoyo de académicos como Richard Pithouse.
En lugar de “a quién representamos”, la pregunta podría ser también: ¿Quién debe ser fundamental en nuestro movimiento? Por un lado, la respuesta de la Red-DESC, SUR, y de un número creciente de actores que trabajan por la defensa de los derechos humanos durante la última década, ha sido las organizaciones de sociedad civil de todas las regiones del mundo, con especial atención al Sur Global. Puesto que es en este Sur Global que se ha enfrentado a menudo la desposesión y la explotación debido a las políticas de gobiernos e instituciones financieras internacionales del Norte Global. No obstante, también hay desigualdades dentro de los países y las regiones. Algunas organizaciones de la sociedad civil tienen acceso, aunque imperfecto, a la opinión nacional e internacional y a las personas que toman las decisiones mientras otras permanecen marginadas. Lo que es más importante, es que una organización individual de la sociedad civil, independientemen de su perfil o localización, tiene a menudo una capacidad ínfima de promover un cambio social y garantizar los derechos humanos a nivel sistémico, si trabaja aislada. Esto habla a favor de un movimiento en crecimiento e interconectado de grupos de base y organizaciones reconocidas de todas las regiones del mundo.
Al convocar una marcha de la Campaña de los Pobres hasta Washington, DC, meses antes de ser asesinado, Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. resumió su análisis de cómo ocurriría el cambio social:
Los desposeídos de esta nación -los pobres, tanto blancos como negros- viven en una sociedad cruelmente injusta. Deben organizar una revolución contra esa injusticia, no contra las vidas de las personas que son sus conciudadanos, sino contra las estructuras a través de las cuales la sociedad se está negando a tomar las medidas demandadas y que están a mano, para levantar la carga de la pobreza. Hay millones de pobres en este país que tienen muy poco, o incluso nada, que perder. Si se les puede ayudar a que actúen conjuntamente, lo harán con una libertad y un poder que será una fuerza nueva y perturbadora en nuestra complaciente vida nacional.
(KING, 1967, p. 59-60).
La desposesión y el empobrecimiento han crecido en EE.UU. y en la mayor parte del mundo, y muchos de entre los pobres y precarios han comenzado a condenar las injusticias perpetradas por los sistemas económicos y políticos existentes. La centralidad y el liderazgo de este grupo social fueron vitales para el Dr. King, pero también se imaginó que muchos “de todos los grupos en la vida de un país” se unirían y al final se convertirían en líderes, como él mismo, en este movimiento para terminar con la pobreza y la injusticia. En segundo lugar, entendió que este movimiento debería convertirse en última instancia, en un movimiento internacional, señalando que “nosotros en Occidente debemos tener en cuenta que los países pobres son pobres principalmente porque nosotros los hemos explotado” y llamando a la unidad con los movimientos de Latinoamérica y las luchas contra el apartheid en Sudáfrica (KING, 1967, p. 62).
Un estudio reciente que recoge las “Protestas Mundiales 2006-2013”, documentó 843 protestas en 87 países, sugiriendo que la mayoría (488) desafiaba la injusticia económica y la austeridad, seguido por quejas sobre el fracaso de la representación política. Muchos utilizaron el lenguaje de derechos y 70 eran “globales” u organizadas entre varias regiones. Después de señalar el crecimiento y el tamaño de estas protestas como “otro periodo de indignación y descontento creciente” comparable a los de 1848, 1917 o 1968, el autor propone:
Aunque la magnitud de la reivindicación por la justicia económica tiene serias consecuencias, el descubrimiento más aleccionador del estudio es la abrumadora exigencia (218 protestas), no de justicia económica per se, sino de lo que evita que los temas económicos sean abordados: la falta de “democracia real” que es resultado de una creciente conciencia de los pueblos de que el diseño de las políticas no los han priorizado –incluso cuando lo han reclamado- y la frustración con la política de siempre y la falta de confianza en los actores políticos existentes, de la izquierda y de la derecha.
(ORTIZ et al., 2013, p. 5-6).
Quiero resaltar la gravedad de las protestas recientes, tanto su amplitud como su contenido. La desigualdad económica y los temas sistémicos que han hecho que las protestas perduren. Mientras la incertidumbre, la devaluación de las monedas y un capital menguante acosan a las economías emergentes, la tibia recuperación de países más ricos aparece principalmente como una recuperación del sistema financiero. Esta ha evitado la adquisición pública e incluso una regulación sustantiva a pesar de una condena generalizada y de los rescates con los impuestos de los contribuyentes. Cuando las tasas de desempleo están cayendo, esto se debe a menudo a una disminución en la tasa de participación de la población activa y el crecimiento de puestos de trabajo temporales y con salarios bajos. Las revoluciones en la informática y la robótica pueden ofrecer beneficios que podrían repartirse ampliamente en el futuro., Sin embargo, bajo nuestro actual modelo económico, parece augurar un largo período de dislocación, mano de obra redundante y creciente desigualdad. Además, en muchos países ha aumentado aparentemente la criminalización, difamación y represión de los defensores de derechos humanos y de la protesta social. Se cierra así el espacio para la participación que es fundamental para la “democracia real” y el intento de silenciar el debate público acerca de la naturaleza de nuestro futuro compartido.
En el caso de los levantamientos y movimientos populares, creo que debemos reconocer el potencial de los derechos humanos de plantear preguntas fundamentales sobre nuestros sistemas económicos y políticos a través de un marco internacionalmente reconocido, que surgió de la lucha social y que encarna la reivindicación de una sociedad justa. Incluso cuando muchos de nosotros exigimos reformas legislativas y políticas, mayor rendición de cuentas y una cooperación internacional en sintonía con la evolución de las normas de los derechos humanos; nuestros orígenes como organizaciones de derechos humanos alientan una conexión constante con la indignación moral que condena la pobreza en medio de la abundancia global, defiende la plena igualdad y eleva el bien común por encima del privilegio de unos pocos. Asimismo, a pesar de los diferentes roles, perspectivas y localizaciones geográficas, nos reconocemos idealmente como parte de un movimiento por la justicia social y los derechos humanos, liderado por los pobres, oprimidos, explotados y el resto de nosotros, que ha tomado un compromiso en hacer de los derechos humanos una realidad para todos. Este no es un movimiento para algún otro de algún lugar distante. Desde las fuerzas del cambio tecnológico y del capital global hasta los impactos del cambio climático y el conflicto militar, nuestra profunda interdependencia global nos muestra que éste debe convertirse en un movimiento para nuestro futuro común, dignidad humana y bienestar colectivo.
1. La CFI – una agencia del grupo del Banco Mundial dirigida al sector privado- ha establecido normas que sus clientes deben cumplir durante una inversión de la CFI. La Norma de Desempeño 7 sobre los pueblos indígenas, ahora explícita las circunstancias que requieren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas a los pretendidos desarrollos.
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